La confirmación de una nueva pastera de UPM a orillas del río Negro en Uruguay, reverdeció un conflicto ambiental que aún aguarda resolución. Desde el país vecino, el fiscal Enrique Viana se refirió al anuncio de la nueva pastera y reconoció el papel de la resistencia de Gualeguaychú en la preservación del ambiente en la región.
Un nuevo conflicto dentro de un conflicto que transcurre hace más de 12 años. Tiempo atrás el presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo en declaraciones a medios uruguayos que la nueva pastera de UPM se instalará en la cuenca del río Negro, 'en el corazón del Uruguay'. En este sentido argumentó que por esa razón no habría inconvenientes con los países vecinos, como sucedió con Argentina en el pasado. Y advirtió: 'El país es soberano. La decisión es del pueblo uruguayo'. Desde otra mirada que recupera la mirada regional del proyecto artiguista, Enrique Viana -el reconocido fiscal uruguayo- reflexiona la instalación de la nueva pastera en su país, en un contexto que dista bastante de la defensa de la soberanía y de un pueblo con herramientas reales para decidir sobre su futuro.
'Estamos transitando un camino que se trazó el país desde hace largo tiempo; en ocasión de la instalación de Botnia-UPM nosotros dijimos que Uruguay aumentaría su número de planta de celulosas llegando al menos hasta cuatro, una por cada punto cardinal del país. La idea original era instalar al menos dos o tres sobre el río Uruguay, pero el conflicto con Gualeguaychú operó como un freno y se logró que solo funcione una en esa costa. Sin embargo, se anunció otra sobre el río De la Plata, la pastera de la que se habla ahora sobre el río Negro y, en el pasado cercano, se habló también de otra sobre la Laguna Merin, al otro lado del país', explicó el reconocido fiscal uruguayo, Enrique Viana, en diálogo con Beat 99UNO.
'Uruguay es un estado contratado'
'Creo que, lamentablemente, se está cumpliendo ese cronograma que es propio de los estados contratados; un fenómeno que no solo le ocurre a la República Oriental del Uruguay sino también a Estados Unidos, México o Argentina cuando se imponen intereses privados de la minería o de los agro-negocios por sobre los intereses de sus comunidades', opinó.
Y profundizó: 'Esto supone que los estados se transforman en casi marionetas transitorias de estas grandes corporaciones. La industria de la celulosa va a ser coyuntural, porque va a tener una vida temporal en el territorio uruguayo y, tarde o temprano, se van a ir dejando un gran pasivo ambiental mientras buscan otro sitio del planeta para colocarse. Muchas veces se habla de forma teórica de las generaciones futuras y las responsabilidades intergeneracionales; yo creo que muchas de las decisiones que hoy están tomando nuestros gobernantes durarán cuando ellos ya no estén. Se trata de algo muy importante porque tienen un grado de irresponsabilidad muy grande para nuestros nietos o bisnietos'.
'Un ejemplo concreto es el tema del agua: nosotros tenemos grandes problemas de abastecimiento de agua en Montevideo y el área metropolitana con un río contaminado como lo es el Santa Lucía. Ya tenemos identificados graves problemas de contaminación en el río Negro y vamos a colocar una planta de celulosa de dos millones de toneladas anuales sobre un río que es mucho menos caudaloso que el Uruguay y que es fundamental para la generación hidroeléctrica o el abastecimiento de agua', ejemplificó Viana.
'Siempre repito una frase de Raúl Estrada Oyuela -representante de las negociaciones ambientales de la Cancillería Argentina entre 2000 y 2007-: 'No hay plantas de celulosas en ríos interiores', refiriéndose al Uruguay. Si uno busca información encontrará que no hay plantas de celulosa de un millón de toneladas en ríos interiores. Lo hay en un pequeño curso de agua que vuelca la contaminación en el océano Pacífico, en Chile. O se puede encontrar alguna característica similar en Brasil. Por ejemplo, en Finlandia se dice, si bien no lo he podido confirmar aún, que habrá una pastera de circuito cerrado de un millar de toneladas, pero estará contra el mar. ¿Porqué aquí sí puede instalarse una empresa como ésta?', cuestionó el fiscal.
'Nosotros somos la consecuencia de un apriete ambiental en materia de controles, exigencias y de baja de emisiones que desarrolla la Comunidad Europea desde hace 20 años. La llegada de estas industrias con plantas gran porte al territorio uruguayo es para sustituir la contaminación que los europeos no toleran más. Con una peculiaridad dramática: ese traslado de las industrias sucias del norte hacia el sur, significan que la instalación de ese 'basurero' permite mantener el desarrollo del norte por las grandes exoneraciones impositivas que le concede el sur. Nosotros tenemos las fábricas en las zonas francas, por lo tanto, lo único que vendemos es la madera para que el producto final salga sin pagar ningún impuesto', señaló.
Y continuó: 'Subvencionamos la forestación y les regalamos el agua. La zona franca, entonces, es un territorio expresamente aislado porque el estado no puede cobrar tributos. Es decir, es casi territorio extranjero y por eso es muy difícil o casi imposible ejercer controles desde el punto de vista ambiental. La zona franca construye una especie de fortaleza alrededor de la cual funciona esta empresa extranjera'.
El estado uruguayo como 'socio del gran contaminador'
'El ex ministro de Medio Ambiente uruguayo -Mariano Arana- en su momento, había dicho que Botnia era tan seria que se auto controlaba. En realidad, eso ocultaba la propia incapacidad para controlar en un doble sentido: no tenemos profesionales ni capacidad técnica o instrumental para esos controles ya que no sabemos nada de la industria celulósica. La otra es una incapacidad jurídica que es la ausencia de voluntad porque somos socios del gran contaminador al actuar de Estado contratado. Es decir, no hay policía ambiental para el ladrón contaminador, porque son socios', señaló.
'El estado contratado deja de ser República, pasa a ser un vasallo, sirviente o gestor de negocios de estas grandes corporaciones. Mariano Grondona definió, en 1993, dos formas de corrupción: una es la coima directa y la otra es llamada 'desnaturalización del estado'. Estamos en un proceso deconstituyente, donde se deja de ser República en el sentido que fuimos formados históricamente y, en el presente, vemos ambos tipos de corrupción combinadas', dijo Viana.
'La mayoría de los uruguayos están de acuerdo con la instalación de una tercera planta de celulosa, de la misma manera que lo estuvieron en el pasado con las dos anteriores, porque se trata de un acto de necesidad. Yo coincido en que necesitamos inversiones, de la misma manera que ocurría en 2002. Parece que las vamos a buscar justo en los momentos de crisis para que tiren alguna moneda o el país pueda mantener grados de inversión que luego abren la puerta a nuevos préstamos; pero: ¿cuál es el precio que debemos pagar?', cuestionó el fiscal.
'Por otro lado un grupo minúsculo empezó a entender para qué fue la forestación en la década de 1980 y, por lo general, en este grupo se encuentran ambientalistas que advierten del peligro de esta industria, aunque al principio tenían mucho miedo, siguen batallando. Se ha conseguido alguna reacción con la minería a cielo abierto de Aratirí y la contaminación del Río Santa Lucía', destacó.
'Sé que en mi país no cae bien que yo reconozca que Uruguay le debe mucho a Gualeguaychú, así como los argentinos también están en deuda con esa ciudad porque si no se hubiesen instalado tres o cuatro plantas de celulosa sobre el río Uruguay. A partir de la lucha de Gualeguaychú, hay sólo una y desde ese punto de vista el daño es inferior al costo ecológico proyectado', remarcó Viana.
Sufrir en la actualidad el fracaso del proyecto artiguista
'Teniendo perspectiva histórica vale la pena destacar que tuvimos un proyecto de Confederación en el cual la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, algo de las Misiones y Río Grande Do Sul, hubieran dado un país mucho más viable de lo que hoy conocemos como Uruguay y Argentina. Eso era el proyecto artigüista de quien, a lomo de caballo, se dio cuenta de lo que era un estado factible. Sin embargo, Gervasio Artigas fracasó, por eso nunca más regresó a Uruguay y falleció después de 30 años de exilio. Esta es la moraleja histórica de hace 200 años a nuestros días: pudimos ser algo que no fuimos y por lo cual ahora estamos sufriendo'.
'Las corporaciones y el Banco Mundial nos tratan como una región sólo para expoliarnos y no para alcanzar aquella integración artiguista que desconoce esta conformación artificial de los Estados-Nación. Creo que debemos aprender de lo ocurrido 200 años atrás para comprender lo que nos está ocurriendo hoy', concluyó.
Un nuevo conflicto dentro de un conflicto que transcurre hace más de 12 años. Tiempo atrás el presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo en declaraciones a medios uruguayos que la nueva pastera de UPM se instalará en la cuenca del río Negro, 'en el corazón del Uruguay'. En este sentido argumentó que por esa razón no habría inconvenientes con los países vecinos, como sucedió con Argentina en el pasado. Y advirtió: 'El país es soberano. La decisión es del pueblo uruguayo'. Desde otra mirada que recupera la mirada regional del proyecto artiguista, Enrique Viana -el reconocido fiscal uruguayo- reflexiona la instalación de la nueva pastera en su país, en un contexto que dista bastante de la defensa de la soberanía y de un pueblo con herramientas reales para decidir sobre su futuro.
'Estamos transitando un camino que se trazó el país desde hace largo tiempo; en ocasión de la instalación de Botnia-UPM nosotros dijimos que Uruguay aumentaría su número de planta de celulosas llegando al menos hasta cuatro, una por cada punto cardinal del país. La idea original era instalar al menos dos o tres sobre el río Uruguay, pero el conflicto con Gualeguaychú operó como un freno y se logró que solo funcione una en esa costa. Sin embargo, se anunció otra sobre el río De la Plata, la pastera de la que se habla ahora sobre el río Negro y, en el pasado cercano, se habló también de otra sobre la Laguna Merin, al otro lado del país', explicó el reconocido fiscal uruguayo, Enrique Viana, en diálogo con Beat 99UNO.
'Uruguay es un estado contratado'
'Creo que, lamentablemente, se está cumpliendo ese cronograma que es propio de los estados contratados; un fenómeno que no solo le ocurre a la República Oriental del Uruguay sino también a Estados Unidos, México o Argentina cuando se imponen intereses privados de la minería o de los agro-negocios por sobre los intereses de sus comunidades', opinó.
Y profundizó: 'Esto supone que los estados se transforman en casi marionetas transitorias de estas grandes corporaciones. La industria de la celulosa va a ser coyuntural, porque va a tener una vida temporal en el territorio uruguayo y, tarde o temprano, se van a ir dejando un gran pasivo ambiental mientras buscan otro sitio del planeta para colocarse. Muchas veces se habla de forma teórica de las generaciones futuras y las responsabilidades intergeneracionales; yo creo que muchas de las decisiones que hoy están tomando nuestros gobernantes durarán cuando ellos ya no estén. Se trata de algo muy importante porque tienen un grado de irresponsabilidad muy grande para nuestros nietos o bisnietos'.
'Un ejemplo concreto es el tema del agua: nosotros tenemos grandes problemas de abastecimiento de agua en Montevideo y el área metropolitana con un río contaminado como lo es el Santa Lucía. Ya tenemos identificados graves problemas de contaminación en el río Negro y vamos a colocar una planta de celulosa de dos millones de toneladas anuales sobre un río que es mucho menos caudaloso que el Uruguay y que es fundamental para la generación hidroeléctrica o el abastecimiento de agua', ejemplificó Viana.
'Siempre repito una frase de Raúl Estrada Oyuela -representante de las negociaciones ambientales de la Cancillería Argentina entre 2000 y 2007-: 'No hay plantas de celulosas en ríos interiores', refiriéndose al Uruguay. Si uno busca información encontrará que no hay plantas de celulosa de un millón de toneladas en ríos interiores. Lo hay en un pequeño curso de agua que vuelca la contaminación en el océano Pacífico, en Chile. O se puede encontrar alguna característica similar en Brasil. Por ejemplo, en Finlandia se dice, si bien no lo he podido confirmar aún, que habrá una pastera de circuito cerrado de un millar de toneladas, pero estará contra el mar. ¿Porqué aquí sí puede instalarse una empresa como ésta?', cuestionó el fiscal.
'Nosotros somos la consecuencia de un apriete ambiental en materia de controles, exigencias y de baja de emisiones que desarrolla la Comunidad Europea desde hace 20 años. La llegada de estas industrias con plantas gran porte al territorio uruguayo es para sustituir la contaminación que los europeos no toleran más. Con una peculiaridad dramática: ese traslado de las industrias sucias del norte hacia el sur, significan que la instalación de ese 'basurero' permite mantener el desarrollo del norte por las grandes exoneraciones impositivas que le concede el sur. Nosotros tenemos las fábricas en las zonas francas, por lo tanto, lo único que vendemos es la madera para que el producto final salga sin pagar ningún impuesto', señaló.
Y continuó: 'Subvencionamos la forestación y les regalamos el agua. La zona franca, entonces, es un territorio expresamente aislado porque el estado no puede cobrar tributos. Es decir, es casi territorio extranjero y por eso es muy difícil o casi imposible ejercer controles desde el punto de vista ambiental. La zona franca construye una especie de fortaleza alrededor de la cual funciona esta empresa extranjera'.
El estado uruguayo como 'socio del gran contaminador'
'El ex ministro de Medio Ambiente uruguayo -Mariano Arana- en su momento, había dicho que Botnia era tan seria que se auto controlaba. En realidad, eso ocultaba la propia incapacidad para controlar en un doble sentido: no tenemos profesionales ni capacidad técnica o instrumental para esos controles ya que no sabemos nada de la industria celulósica. La otra es una incapacidad jurídica que es la ausencia de voluntad porque somos socios del gran contaminador al actuar de Estado contratado. Es decir, no hay policía ambiental para el ladrón contaminador, porque son socios', señaló.
'El estado contratado deja de ser República, pasa a ser un vasallo, sirviente o gestor de negocios de estas grandes corporaciones. Mariano Grondona definió, en 1993, dos formas de corrupción: una es la coima directa y la otra es llamada 'desnaturalización del estado'. Estamos en un proceso deconstituyente, donde se deja de ser República en el sentido que fuimos formados históricamente y, en el presente, vemos ambos tipos de corrupción combinadas', dijo Viana.
'La mayoría de los uruguayos están de acuerdo con la instalación de una tercera planta de celulosa, de la misma manera que lo estuvieron en el pasado con las dos anteriores, porque se trata de un acto de necesidad. Yo coincido en que necesitamos inversiones, de la misma manera que ocurría en 2002. Parece que las vamos a buscar justo en los momentos de crisis para que tiren alguna moneda o el país pueda mantener grados de inversión que luego abren la puerta a nuevos préstamos; pero: ¿cuál es el precio que debemos pagar?', cuestionó el fiscal.
'Por otro lado un grupo minúsculo empezó a entender para qué fue la forestación en la década de 1980 y, por lo general, en este grupo se encuentran ambientalistas que advierten del peligro de esta industria, aunque al principio tenían mucho miedo, siguen batallando. Se ha conseguido alguna reacción con la minería a cielo abierto de Aratirí y la contaminación del Río Santa Lucía', destacó.
'Sé que en mi país no cae bien que yo reconozca que Uruguay le debe mucho a Gualeguaychú, así como los argentinos también están en deuda con esa ciudad porque si no se hubiesen instalado tres o cuatro plantas de celulosa sobre el río Uruguay. A partir de la lucha de Gualeguaychú, hay sólo una y desde ese punto de vista el daño es inferior al costo ecológico proyectado', remarcó Viana.
Sufrir en la actualidad el fracaso del proyecto artiguista
'Teniendo perspectiva histórica vale la pena destacar que tuvimos un proyecto de Confederación en el cual la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, algo de las Misiones y Río Grande Do Sul, hubieran dado un país mucho más viable de lo que hoy conocemos como Uruguay y Argentina. Eso era el proyecto artigüista de quien, a lomo de caballo, se dio cuenta de lo que era un estado factible. Sin embargo, Gervasio Artigas fracasó, por eso nunca más regresó a Uruguay y falleció después de 30 años de exilio. Esta es la moraleja histórica de hace 200 años a nuestros días: pudimos ser algo que no fuimos y por lo cual ahora estamos sufriendo'.
'Las corporaciones y el Banco Mundial nos tratan como una región sólo para expoliarnos y no para alcanzar aquella integración artiguista que desconoce esta conformación artificial de los Estados-Nación. Creo que debemos aprender de lo ocurrido 200 años atrás para comprender lo que nos está ocurriendo hoy', concluyó.
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