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“La guerra es paz”. Reciclaje de cascos azules celestes

“La guerra es paz”. Reciclaje de cascos azules celestes




Como el que está desesperado por salir en la foto “Vázquez viaja a Nueva York y se reúne con Barack Obama”, tituló la Presidencia de la República en su web el 2 de setiembre. Y esa reunión nunca se realizó ... porque nunca estuvo prevista. lo que sucedió [fue] una cumbre de los países que participan en las misiones de paz... cuando se generan expectativas altas y basadas en cosas irreales, es lógico que luego los resultados sean bajos. Así, el gobierno sigue alejando la posibilidad de lograr que las relaciones exteriores sean un salvavidas para tener logros políticos concretos”. (1)

Las cosas no le salieron a Tabaré tan bien como pensaba, y entonces, cuando le tocó hablar en la Asamblea General de la ONU, se pasó hablando de combatir el tabaco.

Vamos al contexto. En el mundo hay unos 26 millones de efectivos militares y 7 mil millones de habitantes, hay un uruguayo cada 2100 personas pero un militar uruguayo cada mil. El mundo tiene un militar cada 260 personas, Uruguay uno casi cada 130. Tenemos el doble del promedio mundial.

Las “fuerzas de paz” de Naciones Unidas (o sea, su ejército) tienen 125 mil efectivos, son menos del medio por ciento de los ejércitos del mundo. Uruguay forma parte de esas fuerzas, y con ciertos altibajos en los últimos años han sido unos 2600 efectivos, la décima parte de los funcionarios del Ministerio de Defensa. Eso es un 2% de las fuerzas de la ONU, ya no el doble sino más del cuádruple del promedio mundial de participación en éstas. Y veinte veces más de lo que cada país del mundo toma en promedio de su propio ejército para aportar a ese ejercito mundial.

Ahora, Naciones Unidas quiere aumentar sus fuerzas en 25%, Uruguay acompañará esto con un incremento del 13% de sus efectivos en “misiones de paz”.

Un extranjero que no conociese Uruguay podría pensar que esta militarización desproporcionada se debería al espíritu guerrero o militarista de los uruguayos, historia de guerras, necesidades de defensa nacional o intereses de su propio “complejo militar-industrial”. Curiosamente, la justificación que acá escuchamos para esa participación desproporcionada, es la tradición PACIFISTA de Uruguay. Un pensamiento orwelliano, “La guerra es paz”.




Supongamos que así fuese, que el gobierno uruguayo tuviese verdaderamente intención de contribuir a la paz mundial participando en eso que se llama “misiones de paz” de Naciones Unidas, creyendo que así ayuda a ese objetivo. Pero ¿cuál ha sido la realidad de estos casi 70 años de la aventura de “paz armada ONU”? Uruguay no está solo en este pensamiento orwelliano, Naciones Unidas también.

Dejemos eso por el momento, todos sabemos que las “misiones de paz” en nada han servido a la paz en todo este tiempo. A poco de iniciadas evolucionaron a ser el “biombo colonialista” que denunció Patricio Lumumba hace 50 años. Ahora, debido a graves problemas en su acción, la propia ONU se plantea una reformulación. El incremento de fuerzas propuesto es parte de este plan; ya vamos a eso.

Primero veamos el caso uruguayo. Sería absurdo buscar en la alta participación en las misiones de paz, algo que comienza en 1993 y alcanza su apogeo entre 2004 y 2010, la motivación para la hipertrofia militar que arranca a comienzos del Siglo XX, un siglo antes. Las razones reales de esta participación desproporcionada no tienen nada que ver con un pretendido pacifismo, todo lo contrario.

Tomo como referencia los trabajos de investigación de Julián González Guyer, uno en especial (2). La forma de hablar de Julián no es la mía, no me parece lo mejor decir las cosas a medias, pero si leemos más allá de sus pruritos académicos resulta obvio que lo que quiere decir es esto que vamos a traducir al liso y llano.

Urugay no precisa fuerzas armadas para su defensa territorial. En toda nuestra historia nunca sirvieron para eso, ni lo pretendieron siquiera. La hipertrofia militar es un chantaje sistemático que el Estado capitalista hace a la sociedad para disuasión de cualquier rebeldía, además de instrumento último de represión, como lo hemos visto.

De esta manera, nuestra tradición en política internacional fue siempre la solución pacifica de los conflictos. Todo lo contrario al intervencionismo militarista.

La salida de las dictaduras militares en el continente planteó a los gobiernos burgueses que las sucedieron, un problema. Se intentó una solución de compromiso buscando tareas fuera de frontera para los militares. El asunto funcionó bien en general en el continente durante un tiempo, pero la hipertrofia militar en Uruguay era un hueso más duro de roer.




“Nuestras” fuerzas armadas conservan un bunker dentro del Estado, retienen bajo su órbita en forma anti-constitucional instituciones civiles como fuente de recursos adicionales, llevan como cosa normal una contabilidad oculta ilegal con compras ficticias y desvíos de fondos, tienen privilegios jubilatorios excepcionales y el déficit es cubierto por Rentas Generales, un Hospital Militar estamentario pagado por toda la sociedad que es en realidad un hospital de la “familia militar”. A eso se suman sus privilegios políticos, la impunidad por sus crímenes del pasado y la impunidad por sus constantes apologías del delito e intervenciones políticas prohibidas por la Constitución, que la clase política tolera.

Pero la realidad irracional de este peso desmedido de las fuerzas armadas no ha podido contra la fuerza de las cosas. El presupuesto del Ministerio de Defensa ha venido disminuyendo en todos estos años, porque no ha habido más remedio. Se ha llegado a un punto en que mantener sin cambios este tipo de fuerzas armadas es imposible; al mismo tiempo la clase política del Estado burgués no ha encontrado forma de resolver el problema. Su obsecuencia hacia el militarismo es aun más notoria en el gobierno del Frente Amplio, porque debe compensar la débil confianza que ofrece a la clase dominante. Como el travesti que sobreactúa a la mujer, el gobierno frentista sobreactúa su servilismo a la corporación militar.

En nuestro continente, la participación en “misiones de paz” fue una solución intentada para “reinsertar” a los militares. La ocupación Haití fue la forma principal de instrumentar esa propuesta. Una verdadera vergüenza, la “hermandad” latinoamericana basada en el abuso del hermano más débil.

Pero dos cosas hicieron que esto no le funcionase a nuestro gobierno. La lucha del pueblo haitiano, y lo aberrante de las fuerzas armadas uruguayas.

Luego de once años, la MINUSTAH ha demostrado ser un total fracaso. En Haití sigue habiendo una dictadura que el pueblo rechaza cada vez más, la situación social es cada vez más grave y la intervención militar la ha agravado encubriendo el desvío corrupto de la ayuda humanitaria y agregando por su cuenta una cadena de abusos, las Naciones Unidas ya no saben como mantener o como sustituir a la MINUSTAH, los gobiernos latinoamericanos acuciados por problemas han comenzado a abandonar a su suerte la aventura colonialista.






Luego de algunos vaivenes, el gobierno frentista terminó, en su tercer período, inclinándose por lo peor. Intentará permanecer en Haiti luego de haber fundamentado abiertamente el retiro (“No ser guardia pretoriana de una dictadura”), y ha asumido ese compromiso a pesar de la resolución expresa del parlamento, y a pesar del reiterado rechazo de las principales organizaciones sociales y amplios sectores del Frente Amplio (porque como todos sabemos, no es una organización con democracia interna).

La participación en la ocupación de Haití ha sido el punto en que el conflicto interno del gobierno frentista ha llegado a su extremo, único caso que ha provocado tres renuncias de diputados a sus bancas por no acatar, por razones de principios, la disciplina militar interna, militar por su estilo y por su verdadera finalidad.

También el tema militar es el punto de quiebre de esa disciplina militar al otro lado del espectro frenteamplista. Por primera vez en diez años tres disputados -tres otros- han roto abiertamente la disciplina por la derecha al no votar el artículo del presupuesto que reduciría el llenado de vacantes en las fuerzas armadas, una forma aunque fuese mínima de ahorrar en esta costosa cáscara inútil, no seguir llenando puestos de nada. Pero, como hemos dicho, la clase política uruguaya es incapaz de resolver este problema.

(Un breve paréntesis. Nuestra bola de cristal nos dice que la dama justiciera no resultará tan ciega al comparar indisciplinas. Ninguno de estos rebeldes por derecha perderá su banca. El desacato ni siquiera servirá para aflojar la presión sobre quienes no quieren votar las peores cosas del presupuesto. Sendic “comprendería la decisión de los tres legisladores si no hubiera habido lugar a la discusión y el análisis, pero sí lo hubo”. Nunca fue el caso de la intervención en Haiti, año tras año escuchamos la queja de los que votan “en disidencia”, que el Frente debería darse la oportunidad de discutir etc etc . En diez años, no lo hicieron).

No solo para Haití, también para Uruguay las misiones de paz han traído lo peor. Recrudecer los vicios de la institución militar ya de por sí enferma, desarrollar sus abusos y llevar al gobierno a cubrirlos, hacer campo de orégano a la corrupción, preparar al personal militar técnica y psicológicamente para reprimir a la población civil. Y, pese a que el gobierno pretendía presentar con esto una buena imagen de Uruguay ante el mundo, terminó en todo lo contrario.

A cambio, las fuerzas armadas podrían cumplir así con la necesidad de prepararse para la defensa de nuestro territorio entrenándose en “combates reales” (en la selva africana, por ejemplo), sin importar quién muere en ese “entrenamiento”, o quién tiene razón en ese conflicto. Pero dejemos también eso. Todos sabemos que esos “combates reales” nunca ocurrirán.

Vamos exclusivamente al fundamento bolichero de las misiones de paz para Uruguay. Como el mantenimiento de estas fuerzas armadas absurdas es insostenible, se ha buscado vender sus servicios como forma de solventar sus gastos, como ocurre con cualquier boliche deficitario. Esa es la carne del asunto, lo demás es publicidad.





El canciller Rodolfo Nin Novoa ha hablado del negocio para Uruguay que son las misiones de paz, porque pagamos a la ONU 10 millones y pico de dólares por año (por distintos aportes) y en cambio la ONU "nos paga" 55 millones por nuestra participación en las misiones. La entrevista (3) tuvo algo de resonancia porque Nin confundió a Johnny Jean, jóven haitiano violado por militares uruguayos, con Johnny Sosa, personaje de una novela de Mario Delgado Aparaín.

Dijo además sobre ese caso que “Uruguay tiene un protocolo para investigar y sancionar si es el caso a soldados que puedan incurrir en algún desvío de esa naturaleza... [que] ha sido incorporado por el secretario general de Naciones Unidas...” .

Esto nos desvía un poco del tema de las cuentas del boliche, que es de lo que queremos hablar. Aunque es difícil de ignorar, el tema ya ha sido tratado extensamente en las contribuciones de la “Coordinadora por el retiro de tropas de Haití”. Un informe completo sobre los hechos, contestando todos esos argumentos, puede bajarse del sitio de la Institución Nacional de DDHH (4). Solamente agregaremos un comentario a esto que dice Nin.

Si se quiere contribuir a la solución de un problema, no vengan con lo que se hace tratando de arreglar el AGRAVAMIENTO del problema que se provocó. ¿Es mérito el esfuerzo en apagar el incendio que, además, hicieron? ¿No sería mejor provocar incendios? Mejor no enviar violadores que inventar protocolos para “investigar y sancionar” los actos de esos violadores.

Ya conocemos el argumento ante esto. “...la exigencia de comportamiento que se hace sobre la Minustah es casi monacal... Es muy duro estar aquí seis meses o un año, para los hombres sobre todo pero también para las mujeres, que en la tarde tienen que salir a correr para gastar las energías”. (4)

¡Pobres muchachos, pobres muchachas! ¿Nadie les enseñó el otro método, por qué no lo incluyen en los cursos? En todo caso, no provocar situaciones que pueden degenerar en estos hechos abominables, no enviar a la institución más proclive a esas conductas.

Pero Nin tiene razón en que la forma en que Uruguay trata estos casos responde a los estándares de Naciones Unidas, la misma “celeridad y transparencia” como lo demostró el caso reciente de violaciones por tropas de la ONU en República Centroafricana. Celeridad en tratar de ocultar todo, transparencia en su objetivo real.

Vayamos entonces a las cuentas del boliche, que nos muestra Nin. En primer lugar, para nada dudamos de su condición de buen hombre de negocios, debe serlo si pudo multiplicar por veinticinco su patrimonio en sus cinco años de vicepresidente.

Nin estima en 55 millones anuales la contribución de la ONU a solventar las misiones uruguayas (Parte de un presupuesto de “Defensa” de 550 millones y hace una cuenta que no es muy difícil, 10%). Queda corto, toma solamente las retribuciones al personal y olvida el aporte para mantenimiento y pertrechos de armas y equipos en escena, que es solo eso porque es Uruguay el que debe comprar esos chiches.

El aporte de ONU, según el estudio de Julián, equivale a un 15% del presupuesto del Ministerio de Defensa (un 15% que se agrega desde afuera a ese presupuesto), que se desglosa en 10% en retribuciones y 5% en ese mantenimiento y pertrechos. La misma relación (2 a 1) es aproximadamente la que hay en el Ministerio de Defensa entre sueldos y todo lo otro. Y en escena y según Julián, Uruguay y ONU empardan en cifras, en ambos rubros. Redondeemos en 500 millones de dólares anuales para el presupuesto en Defensa, simplificando para no enloquecer al lector. Son 2500 millones en el quinquenio. A esto hay que agregar un proyecto ya comprometido de compras de armamentos y equipos por 500 millones más. Eso por ahora no lo veremos porque es futuro. Empecemos en lo que es realidad actual.

Por lo tanto, ONU paga 50 millones anuales en viáticos al personal en operaciones, y otros 25 millones en mantenimiento y pertrechos en escena, un total de 75 millones de dólares anuales.

Uruguay iguala esas cifras en escena, 50 millones en sueldos y sobresueldos (que se pagan a los que van en misión), 25 en compra de armas, municiones y equipos. Los conceptos son distintos pero las cifras resultas similares al final. Estos chiches salen caros pero también es caro mantenerlos porque la guerra es estresante también para los fierros. Al final queda una chatarra inútil que saldría más caro traerla al país que lo que vale. Esos 25 millones que pone Uruguay en fierros, balas, etc, es guita perdida.

Pero Uruguay debe pagar también la retaguardia de esas fuerzas en escena, un contingente en preparación para relevar a los que fueron, y bancar la recuperación, atención médica y psicológica, y licencias de los que han vuelto. Eso triplica la gente, aunque los que están acá no tienen ese 50% extra, todavía no o ya no, según el caso. Pero los gastos que generan tanto en preparación (incluyendo esos cursos sobre el respeto a los Derechos Humanos) como en recuperación (incluyendo investigaciones, juicios y cana en algún caso), son grandes.

De modo que en relación a las retribuciones del personal en misión (50 millones que paga Uruguay) tenemos, tomando los sueldos pelados pero del doble de gente, y la parte correspondiente de fierros, infrestructura etc, todo eso, suma 100 millones.

Uruguay gasta 175 millones de dólares anuales en las misiones (75 en la escena, 100 en retaguardia), la ONU "ayuda" con 75. El costo anual total es de 250 millones. Equivale a LA MITAD del presupuesto de “Defensa”. ¿Y como se distribuye? 70-30, Uruguay paga el 70%, la ONU pone 30.

Más simple, unos 20 millones por mes. Uruguay paga 14, la ONU 6.

Muy cierto es, Uruguay no paga él solo ese equivalente a la mitad del presupuesto de “Defensa”, destina a pagar las misiones un 35% de ese presupuesto, lo pagamos nosotros.

Estas son las cifras reales del boliche. Nin acomoda las cuentas para que le cierren, porque la otra opción es cerrar el boliche.

Hay que agregar algunas cosas.

Como se ha dicho, el gobierno ya se ha comprometido (a espaldas del parlamento, después votarán por “disciplina partidaria”) a una partida extra-presupuestal de 500 millones para compra de armas y chiches varios. Es asombroso el lenguaje de Fernández Huidobro al decir que se pagará en “varios gobiernos”. SE PAGARÁ, ese es el tema. Si es en gobiernos futuros peor aun, porque el que toma la decisión es ESTE gobierno, hipoteca el futuro, le deja la cuenta para que paguen los que van a venir. Vaya viveza.

Es un incremento presupuestal de un 20%, que pagaremos todos. Un incremento que es simultáneo al recorte presupuestal general que tanto problema crea, y que se contrabandea por el costado. Pero veamos la cifra más de cerca. Ese 20% es en gastos en equipos militares y armas, un rubro que es la tercera parte del presupuesto de “Defensa”. Entonces, 20 sobre 33 es un aumento del 60% en gastos en armamentos y equipos militares.

Obviamente, ni siquiera allí queda la cosa. A nadie se le ocurre comprar armas y equipos que no se van a usar. Para usarlos habrá gente. No será porque el personal de “Defensa” aumente, sino porque su distribución interna se distorsionará más todavía. Hoy, por el mecanismo rotativo, hay un 30% de ese personal afectado a las misiones. PASARÁ A SER EL 50%.

Y hay que decir algo más. Que no es algo más, es la clave de todo.

Todo ese costo implica un beneficio para alguien. ¿Para quién? Naciones Unidas es socio minoritario en los costos, paga un 30. Pero se queda con TODO el beneficio, el 100%. No es que la ONU ayude a Uruguay con un 30% de “nuestros” gastos, porque es la ONU quien usa el producto, URGUAY FINANCIA A LA ONU.

Voy a pintar a la casa del vecino, y él también pinta. "Generosamente" pone la mitad de la pintura para pintar SU casa. La otra la pongo yo. Y me dicen que eso que pone el vecino es su "ayuda" para mí. ¿Acaso soy tarado?

Pero no, el argumento para decir que ese no es su beneficio, es que no es "su" casa. ¡Cierto! Es la casa de otro flaco en la que él se metió de prepo y me llevó a mí. A la hora de la verdad, resulta que no me llevaron para pintar sino para robar gallinas. De cada 10 gallinas que logro con mi "afanoso esfuerzo", al generosidad del jefe de la gavilla me permite treer 3 a casa. Es la "ayuda" que recibo.

¿Es todo esto la forma de contribuir a la paz mundial? Lo veremos en otra oportunidad. Nos quedan otros temas por tratar.

La discusión presupuestal ha puesto nuevamente en primer plano la utilidad o no de las fuerzas militares para Uruguay. Ya nadie gasta saliva pretendiendo que estas fuerzas sirvan para “defensa nacional” que es título que tienen, y el cometido constitucional. De modo que la saliva se viene usando en otras cosas, como ser “vigilancia” (mar territorial, espacio aéreo). Este sofisma merece un capítulo aparte, ya lo veremos. Pedir más mar a vigilar para justificar el aumento en gastos de vigilancia, o vigilar la riqueza ictícola al mismo tiempo que se funde la industria pesquera, y similares; queda para otra oportunidad.

Habría que hacer también un pequeño comentario sobre las “otras cosas” que harían las fuerzas armadas según se alega, llevar comida a los evacuados de las inundaciones, juntar basura si los que deberían juntarla no lo hacen, estar en perímetros carcelarios para bajar a balazos a los que se fuguen, y demás. No entraremos ahora en esos disparates, luego los veremos. Solo una cosa. Si son tan importantes esas “otras funciones” de las fuerzas de defensa que no sirven para defensa, tengamos presente que los que no estén en el país (o están para irse o recién volvieron) no podrán cumplir con esas funciones tan útiles. El 50% no podrá hacerlo.

Nos queda un último tema, la famosa “casita” que se pueden comprar los pobres soldados que salen en misión.

Si el Estado uruguayo quiere tener una función de asistencia social a la pobreza, mayor a la poca que tiene, me parece bien. Si se quiere que la gente así asistida responda con una contraprestación, cosa que se ha discutido mucho, discutamos también si es la mejor contraprestación esa que no queda en el país, la que hace daño a otros y también a nosotros. El argumento es que las misiones dejan unas casitas. Habría que ver si hay una forma más digna de llegar a esas casitas, pero ahora nos concentraremos en el costo y beneficio, en cifras.

Lo que sí es interesante es el argumento de considerar a las fuerzas armadas como paliativo del desempleo. Los mismos que hablan pestes del exceso de empleos públicos, hablan como algo imprescindible del exceso de empleo militar, reconociendo así que son empleos parasitarios. Y, de paso, que no hay políticas productivas de creación de empleo.

Pero vayamos a los números, que es el tema de esta nota.

Dos tercios de la tropa han pasado por las misiones. En el caso de la oficialidad es un porcentaje bastante mayor, un 75%. Ya eso marca un sesgo indiscutible. Ese 15% más indica que este dispositivo es más importante para la oficialidad y los mandos, por su motivación, por su impacto estructural, y también por los beneficios personales que resultan. Pero de esto no se habla, el tema son las casitas para la tropa, de modo que centrémonos en eso, aunque la alternativa resulte obvia: podrían atenderse más las necesidades de la tropa ahorrando en los privilegios de los oficiales.

En este punto no hay estudios, tendremos que hacer las cosas a ojo.

De los 26 mil funcionarios del Ministerio, 20 mil son tropa militar, y de eso 2/3, son 14 mil. Tomemos el período significativo de participación uruguaya en misiones de la ONU, unos 20 años. Para que un soldado pueda costearse una casita necesitará 3 o 4 misiones como mínimo, le llevará unos años y no todos llegarán a ese grado. Una estimación muy generosa diría que habrían llegado a esa meta tal vez la mitad, 7000 casitas en 20 años. Eso es lo que le queda en definitiva a Uruguay de las misiones.

Es una estimación grosera pero más que generosa, una casita por día. De ser así, sin duda habría un periodista con una cámara mostrando la casita, si además fuese presentable. Pero estimemos eso. Estimemos además el valor de esa modesta casita en unos 20 mil dólares. Simplificamos las cifras, 7000 casitas en 20 años a 20 mil dólares c/u, son 7 millones por año.

​TODO ESTE ROLLO viene porque la ONU nos ayuda con el 30% de este torpe plan asistencial, 2 millones por año. De 350 casitas, nosotros pagamos 250. La ONU pagó 100. (Estamos redondeando 70 y 30% sobre 350, que sería 245 y 105). Es todo lo que nos dejó, y se llevó el 35% de los recursos de “defensa” del país; ahora pasaría a llevarse el 50%. Y el gran negocio para el país, es que en vez de 100 casitas, al cabo de unos diez años serían 140. ​



Esas son las cuentas del boliche. El problema es que cuando uno tiene un boliche hay que hacerlo rendir, o cerrarlo. Este boliche tiene hoy graves problemas, produce un servicio de “guardias pretorianas”. La forma de hacerlo rendir y que las cuentas cierren es aumentar su productividad. Para eso hay que invertir, ese es el plan. Invertir y renovar el boliche tratando de evitar que cierre.

Pero con eso no hacemos nada, se necesita conseguir clientes, porque sin eso no habrá mayor productividad de valga. A eso fueron a Nueva York, clientes para guardias pretorianas.

Dictaduras, por supuesto. Guardias pretorianas de dictaduras. Los gobiernos democráticos , generalmente, no compran esos servicios.





1)http://www.elobservador.com.uy/el-viaje-vazquez-eeuu-expectativas-altas-bajos-resultados-n682926

2) La contribución de Uruguay para operaciones de paz de Naciones Unidas: acerca de las motivaciones y la interpretación de su record. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-499X2014000100002&script=sci_arttext

3) http://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/nin-novoa-afirmo-que-uruguay-esta-tomando-protagonismo-en-el-panorama-diplomatico/

4)http://inddhh.gub.uy/wp-content/uploads/2013/09/Coordinadora-por-retiro-de-las-tropas.pdf

5) http://historico.elpais.com.uy/13/01/12/pnacio_687903.asp

No creemos en las fintas del imperio ni de sus secuaces


No creemos en las fintas del imperio ni de sus secuaces

EE.UU. amenaza con retirar protección a Israel en la ONU por diferencias sobre Palestina



EE.UU. anunció que revisará su apoyo diplomático a Israel en las Naciones Unidas, si el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu cierra la puerta a una solución de dos Estados con Palestina.


Al cierre de la campaña para las elecciones parlamentarias en Israel, que concluyeron con victoria del partido oficialista, Netanyahu dijo que no permitirá la creación de un Estado palestino si continúa al frente del Ejecutivo.

"Ha dado marcha atrás en los compromisos asumidos previamente por Israel, lo que ha provocado que EE.UU. evalúe cuál es el camino a seguir", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, citado por 'The Financial Times'.

Earnest advirtió que habrá "consecuencias" si Israel rehúye las negociaciones de paz con Palestina, entre ellas el fin de la protección que Washington da al Estado judío en la ONU, por ejemplo, para evitar que sea juzgado por crímenes de guerra y lesa humanidad.

"Los pasos que EE.UU. ha dado en Naciones Unidas se han basado en la idea de que la solución de los dos Estados es la mejor posible. Ahora, nuestro aliado en estas conversaciones ha dicho que ya no está comprometido con ella", agregó el portavoz de la Casa Blanca.

ONU: Tortura impune socava el derecho internacional


ONU: Tortura impune socava el derecho internacional


Zeid Ra'ad Al-Hussein, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señala que pocos países admitirán que su aparato estatal practica la tortura, aunque las cicatrices sean visibles en las víctimas que logran escapar.



No es de sorprender que los medios de comunicación hayan acosado al portavoz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Stephane Dujarric, con preguntas sobre la reacción del secretario general Ban Ki-moon ante esta situación.

“El secretario general cree que la prohibición de la tortura” por la convención de la ONU “es absoluta e innegociable”, declaró Dujarric a los medios el miércoles 10.

“No creo que el secretario general haya tenido una comunicación directa con alguien del gobierno de Estados Unidos” después de la divulgación el informe de ese país el martes 9, agregó.

“Nadie toma al informe como si fuera el evangelio. Y no le corresponde al secretario general decir que sea un informe definitivo. Hay un debate abierto y este es el comienzo de un proceso”, respondió el portavoz de la ONU.

Los dos informes, uno del Comité de Inteligencia del senado de Estados Unidos sobre las técnicas de interrogatorio de la CIA y el otro de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, que documenta 434 asesinatos y desapariciones políticas y el uso generalizado de la tortura en este país durante un período de 42 años, incluida la dictadura militar (1964-1985), se divulgaron en el Día de los Derechos Humanos, que la ONU conmemora cada 10 de diciembre.

“Extraña coincidencia”, comentó Vijay Prashad, profesor de estudios internacionales de la estadounidense universidad Trinity College. El informe del senado de Estados Unidos demuestra que eran muy conscientes que las revelaciones “apestan”, añadió.

“Hay una sección muy reveladora donde dicen que” el secretario de Estado de Estados Unidos entre 2001 y 2005 “Colin Powell no debe ser informado, porque si no se enfurecería”, recordó Prashad, autor de 15 libros sobre política internacional.

“Sabían que se habían pasado de la raya, lo ocultaron a su propio pueblo, y sin embargo nadie tendrá que rendir cuentas”, subrayó.

Estados Unidos ratificó la Convención contra la tortura (1987) en 1994 y Brasil lo hizo en 1989.

En respuesta a los dos informes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, instó a los 193 estados miembros del foro mundial a actuar de manera inequívoca en su esfuerzo por acabar con la tortura.

Dijo que el informe de Estados Unidos muestra que la tortura sigue practicándose en un buen número de los 156 países que ratificaron la Convención y donde está prohibida por la legislación nacional.

“Que se haya confirmado con tanta claridad que un país como lo es Estados Unidos la practicó recientemente como parte de su política es un recordatorio muy crudo de que tenemos que hacer mucho, mucho más para acabar con ella en todo el mundo”, observó.

Esto es particularmente cierto en este momento de creciente terrorismo internacional, cuando hay una tendencia a caer de nuevo en la práctica, disfrazada de eufemismos, incluso en países donde está claramente fuera de la ley, continuó Zeid, exrepresentante permanente de Jordania ante la ONU.

Sin embargo, Zeid elogió los informes del senado estadounidense y de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil.

La comisión brasileña, creada en mayo de 2012, investigó las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1946 y 1988, como el encarcelamiento ilegal y la tortura, la violencia sexual, las ejecuciones y posterior ocultamiento de los cadáveres y las desapariciones forzadas.

“Cuando se practican masiva y sistemáticamente contra la población, estas violaciones se convierten en un crimen contra la humanidad”, señala el documento.



El informe de la CIA reveló que los sospechosos de terrorismo capturados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos fueron sometidos a privación del sueño, submarino e hidratación por vía rectal. Algunos “literalmente estaban enganchados como un perro en su jaula”, añade.

La CIA defendió sus técnicas con el argumento de que el tratamiento dado a los sospechosos buscaba proteger al país de nuevos atentados terroristas.

“Aunque existen diferencias muy significativas entre estos dos informes excepcionalmente importantes, sobre todo en su alcance y en los períodos que cubren, felicito a los gobiernos de Brasil y Estados Unidos por permitir su difusión”, expresó Zeid.

Pocos países admitirán que su aparato estatal practica la tortura, y muchos siguen negándolo, incluso cuando esta está documentada por organismos internacionales de derechos humanos y las cicatrices son visibles en las víctimas que logran escapar, agregó.

“Aunque llevará tiempo analizar a fondo el contenido de estos dos informes emblemáticos… de todas formas podemos sacar algunas conclusiones sobre el fracaso para erradicar este grave delito internacional, para el cual no debe haber estatutos de limitaciones ni impunidad”, declaró Zeid.

Una pregunta que los informes no podrán responder es cómo harán los dos países para cumplir con la obligación de llevar a los responsables de los delitos cometidos ante la justicia, añadió.

En todos lados, si alguien comete un asesinato, una violación o un robo a mano armada es procesado y encarcelado, dijo.

“Si ordenan, habilitan o practican la tortura, reconocida como un crimen internacional grave, no se les puede simplemente conceder la impunidad con fines de conveniencia política”, afirmó Zeid.

Si eso sucede “estamos socavando esta Convención excepcional, y como varios dirigentes políticos de Estados Unidos claramente reconocieron… minamos nuestras propias pretensiones de ser sociedades civilizadas arraigadas en el Estado de derecho”, concluyó.

http://www.ipsnoticias.net/2014/12/onu-tortura-impune-socava-el-derecho-internacional/

Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU

Observaciones preliminares 

del Relator Especial de la ONU



Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, 

la justicia,  la reparación y las garantías de no repetición.

Sr. Pablo de Greiff


Imágenes integradas 3

Observaciones preliminares al final de su visita oficial 

a la República Oriental del U

Montevideo,  4 de octubre de 2013

Miembros de la prensa, 

señoras y señores,

Me satisface mucho estar con ustedes hoy para compartir observaciones preliminares al final de mi visita oficial a la República del Uruguay.

Permítanme comenzar agradeciendo cordialmente al Gobierno del Uruguay por haberme invitado  a  llevar  a  cabo  esta  misión  oficial  y  por  haber  facilitado  un programa  de reuniones extremamente interesantes respetando al mismo tiempo la independencia de mi mandato.

Durante mi visita, tuve el privilegio de reunirme con el Presidente de la República, Su Excelencia José Mujica. Asimismo, me reuní con distintas instituciones de lospoderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro del Interior y el Equipo especial auxiliar de la justicia en crímenesde terrorismo  de Estado, altos representantes en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura, el Fiscal de Corte y Procurador General de laNación, la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Institución Nacional deDerechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, la Suprema Corte de Justicia, así como con diversos sectores de la sociedadcivil, incluyendo asociaciones de víctimas, académicos y abogados.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que me han dado de su tiempo para compartir sus opiniones y perspectivas, en muchoscasos, recordando experiencias dolorosas.

Quiero también agradecer a la oficina de las Naciones Unidas en Montevideo por su amable y efectiva colaboración.

El propósito de la visita fue evaluar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las serias violaciones a los derechos humanos cometidas durante ladictadura cívico- militar en las áreas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, los cuatro pilares de mi mandato.
El informe final sobre la visita se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre  de 2014, me limitaré  ahora a presentar algunasobservaciones  y recomendaciones preliminares.

Observaciones preliminares

Uruguay  es  parte  de  una  comunidad  internacional  de  derecho  y valores.  El  país  se encuentra comprometido  con los derechos humanos y el derechointernacional  y está haciendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos. Sin embargo tiene aún un capítuloimportante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente. Avanzar realmente hacia el futuro y continuar en el camino del  desarrollo  supone  necesariamente que  la  verdad,  la  justicia,  la  reparación  y  las garantías de no repetición sean cumplidas. No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado sino que se tratade crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa y que permita a las nuevas generaciones abordar los retos del futuro.

Las violaciones  masivas  a los derechos humanos ocurridas en el Uruguay durante la dictadura  cívico-militar  y en el período inmediatamente  precedente  yadistan más de treinta años en el tiempo. Durante una buena parte de este período, a pesar de que los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil no cesaron,hubo poco progreso (y en todo caso no constante) en cada una de las áreas de este mandato. Desde hace menos de 10 años al presente, el paso de estas iniciativasha acelerado – en algunas áreas más que otras – pero la pregunta es si de forma suficiente,  y si las medidas tienen suficiente alcance.

Uruguay  es  un  país  con  instituciones  históricamente  fuertes;  lo  fueron  antes  de  la dictadura, como expresión de un estado garantista que buscó activamenteel bienestar de sus ciudadanos. La dictadura hizo uso de la fortaleza de esas instituciones para promover lo que sin exageración los uruguayos mismos llamanterrorismo de estado, que llevó a decenas  de  miles  de Uruguayos  a dejar  el país,  a la mayor  población  per-cápita  de detenidos y de torturados de todas lasdictaduras del Cono Sur, y a más de doscientas desapariciones. Estos son los legados que el país intenta superar, como muchos otros con experiencias similares,mediante la implementación de medidas de verdad, justicia, reparaciones  y  garantías  de  no  repetición,  entre  otras.  Hoy  Uruguay  es  un  país sólidamenteinstalado en la democracia.

En cada una de estas áreas ha de reconocerse que se han logrado ciertos avances que merecen  reconocimiento. 


Intentaré  en  lo  que  sigue  dar  cuenta  de  algunos  de  estos avances, así como también de señalar retos pendientes.

Reparación

Uruguay  cuenta  hoy  con  dos  principales  leyes  de  reparación  para  las  víctimas  de violaciones a los derechos humanos. Los beneficios materiales estipulados porestas leyes se  han  distribuido.  Estas  leyes  incluyen  pensiones indemnizatorias,  restitución  de beneficios pensionales, y acceso a servicios de salud. 


Estos son logros significativos que contribuyen a satisfacer derechos de las víctimas y a mejorar sus condiciones de vida, lo cual es de suma importancia teniendo encuenta la gravedad de las secuelas que las violaciones a los derechos humanos dejan tras de sí.

Parte de los retos pendientes en esta área se desprenden de las leyes mismas que crean estos programas; las leyes adolecen de una cierta confusión entre losderechos que atañen a las víctimas  en tanto  víctimas  de violaciones  a sus derechos  humanos,  y derechos laborales, incluyendo derechos pensionales,obligándolas a escoger entre beneficios de reparación y los pensionales; las leyes no incluyen a todas las categorías relevantes de víctimas y los procedimientos decalificación han terminado excluyendo a muchos beneficiarios potenciales, aparte de que, según informes al Relator, el proceso es administrado por personal que nosiempre tiene la capacitación o la sensibilidad necesaria para tratar con víctimas y evitar formas innecesarias de re-victimización.

Justicia

El área de la justicia ha concentrado más atención en el Uruguay que cualquiera de las otras. Es alrededor de este tema que la mayor parte de los debates se handado y la que ha canalizado,  de hecho la mayor parte de los esfuerzos,  incluyendo  las movilizaciones alrededor  de  un  referéndum  y un  plebiscito.  Dejando  a un  lado  la  cuestión  a  nivel popular, es alrededor de causas judiciales – de la posibilidad de iniciarlas, si iniciadas de su ritmo y curso, y de su desenlace final –que giran una buena parte de los esfuerzos de las víctimas, sus asociaciones, y sus representantes.

Es bien sabido que entre otras razones, debido  a la adopción de la llamada ‘Ley de Caducidad de las Pretensiones Punitivas del Estado’, las aspiraciones dejusticia de las víctimas se vieron frustradas casi en su totalidad hasta recién, cuando algunas causas comenzaron a moverse. La adopción de la ley que restablece lapretensión punitiva del Estado se pensó que establecería las condiciones que permitirían mayores progresos.

De nuevo, me interesa enfatizar que aún en el área de la justicia se han conseguido ciertos avances.  En  Uruguay  se procesó  penalmente  a  un  ex  Presidente electo  y  uno  ex Presidente de facto, a un ex ministro, y algunos miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas. Hay un número importante de causas abiertas,alrededor de 140.

De momento, sin embargo, nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área  de  la  justicia  que decisiones  recientes  de  la  Suprema  Corte  de Justicia.  Estas decisiones   han  despertado   alarma  tanto  en  el Uruguay   como   en  la  comunidad internacional.


Parecen representar un cambio de rumbo por parte de una Corte que había, en el 2009 en el caso Sabalsagaray, encontrado inconstitucional la aplicación de la ley de Caducidad. En las decisiones recientes la Corte encuentra inconstitucionales los artículos 2, 3 y 4 de la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado y en elcurso de la decisión adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partesdel mundo, las cuales, enfrentando cuestiones similares a las que consideró la Corte Uruguaya, han llegado a conclusiones  diferentes.  


Esto  incluye  temas  tan  básicos  como  la  forma  de integrar obligaciones   internacionales,   el  uso  de  tipos criminales   comunes   en  el  derecho internacionalcomo los crímenes de lesa humanidad, y en últimas, la forma de dar cumplimiento a sentencias de tribunales regionales con cuya jurisdicción Uruguay se ha comprometido. Lo que está en juego no es poco. En últimas, estas son obligaciones del Estado de Uruguay y la Corte, es por supuesto parte de ese Estado.

El efecto que estas decisiones  recientes tendrán sobre los casos en curso, y sobre la posibilidad de iniciar nuevas causas está por verse todavía. En opinión demuchos, incluyendo  algunos  operadores  judiciales,  las  causas continuarán,  a pesar  de que  las señales que envía la Corte – y no sólo a través de sus sentencias –no son particularmente alentadoras. Es de esperarse que la Corte Uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se hanenfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados, como tambiénlos derechos de las víctimas.

Aun en ausencia de cualquier obstáculo impuesto por decisiones particulares de la Corte Suprema, el proceso judicial en Uruguay, sin embargo, merecería algunoscomentarios para solucionar  su lentitud, la debilidad de la capacidad  investigativa,  y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal – a pesar deque por la misma debilidad de la capacidad investigativa del sistema de las víctimas se espera prácticamente todo lo que permite iniciar las causas. Al final de miintervención hoy, y de forma más extensa y sistemática en mi reporte, haré algunas recomendaciones al respecto.
Verdad

En el campo de la verdad también se han logrado ciertos avances, particularmente con respecto  a  las  víctimas desaparecidas,  comenzando  desde  el establecimiento  de  la Comisión  para  la  Paz,  la  Comisión  de  Seguimiento, hasta  la  conformación  de  la Secretaría  de  derechos  humanos  para  el  pasado reciente  bajo  la  Presidencia  de  la República que ahora integra trabajo valioso tanto de historiadores como de antropólogos forenses de la Universidad de laRepública. Todo esto ha de celebrarse. Además se ha dado también movimiento con respecto a la recuperación, organización y reglamentación de acceso a archivos,una pieza clave en cualquier esfuerzo por develar la verdad de lo ocurrido. Queda todavía camino por recorrer en este último campo, pues no se cuenta todavía contodos los archivos relevantes especialmente de las Fuerzas Armadas, que, vale decirlo, como todos los otros, son propiedad y deberían estar bajo el control de laNación.


El reto fundamental en el área de la verdad, sin embargo, desde mi punto de vista, aparte del hecho de que la mayor parte de los casos de desaparición no acabande ser resueltos del todo, tiene que ver con el enfoque mismo de los esfuerzos. Desde el punto de vista de la  experiencia  internacional  comparada  resulta llamativo  que  la  mayor  parte de  los esfuerzos con respecto al pasado en Uruguay se han concentrado en el universo de casos de desaparecidos.  


El universo mucho mayor de víctimas de detención (muchas veces prolongada) y de tortura (sistemática), ha recibido, comparativamente hablando, menos atención.Vale la pena recordar lo que se ha apuntado ya, que Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región, sumidacomo estaba bajo regímenes autoritarios. 


Mi punto por supuesto, no es que los casos de los desaparecidos merecen menos atención de la que han recibido. Por el contrario, merecen más y mejor atención. Peroel país no debe darle la espalda a la manifestación más clara del modus operandi del control social ejercido por la dictadura, que en este país no fuepredominantemente  la desaparición  o la ejecución sino la detención y la tortura. Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido. Y lasociedad merece los beneficios que puedan derivarse del esclarecimiento de los hechos en términos del fortalecimiento y reforma de las instituciones.  Si es cierto quela verdad, por sí sola no reforma  las  instituciones,  la verdad,  aparte  de ser también  asunto  de derecho  de las víctimas, contribuye a catalizar y a guiar procesosde reformas tendientes a superar los vicios y déficits de instituciones que se supone que protegen los derechos de los ciudadanos, en particular los servicios deseguridad y el poder judicial. Dada la avanzada edad de las víctimas, esta es una tarea que no debe postergarse.

Garantías de no repetición

El cuarto pilar del mandato que tengo el honor de ocupar, las garantías de no repetición, es una categoría especialmente amplia, pues hace referencia no a medidasparticulares solamente, como verdad, justicia, y reparación, sino a una función.  Bajo esta categoría podría hacerse referencia a medidas de diversa índole, que van,por ejemplo, desde la efectiva incorporación de temas relacionados con la educación sobre el pasado, en la educación formal a niveles tanto medios comoprofesionales, a la capacitación continuada de  operadores  judiciales  y  de  las  fuerzas  de seguridad  a  todos  los  niveles,  como  a reformas institucionales dediferente envergadura, tendientes, por ejemplo, a reforzar la efectividad  en  las  investigaciones  judiciales,  a  la  definición  de  competencias  y a  la coordinación de entidades involucradas  en la formulación de políticas sobre derechos humanos,  y al mejoramiento  y modernización del poder judicial,  entre  otras.   En elreporte que presentaré al Consejo de Derechos Humanos ampliaré este tema.


Recomendaciones preliminares


Paso   ahora   a   derivar   algunas   recomendaciones   de   carácter   preliminar   de   las observaciones hechas anteriormente.

En el área de las reparaciones, llamo a la revisión de la legislación existente de forma que se aumente la cobertura de los programas, se eliminen lasincompatibilidades entre los derechos a la reparación por un lado y a los derechos de otra naturaleza, incluyendo los pensionales que esta legislación genera, y queelimine también procesos de calificación que arriesgan  la  re-victimización  de  algunos  de  sus  beneficiarios,  incluyendo  a  las víctimas de abusos sexuales,especial pero no exclusivamente, las mujeres.

En el área de la justicia, hago un llamado especial a la Suprema Corte, respetando su apreciable celo por el concepto de independencia judicial, y consistente con laidea de que tal independencia es un concepto normativamente demarcado, marco que incluye por supuesto las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, ahacer esfuerzos para
asegurar que en sus decisiones se presta tanta atención a los derechos de las víctimas como a los derechos de los imputados.

En esta misma área, aplaudo las iniciativas tendientes a la modernización del Código Penal  para  ponerlo  al día con estándares  internacionales,  incluyendo  entérminos  de tipificación de delitos, como de aquellas iniciativas tendientes a introducir reformas al Código de Procedimiento Penal para darle mayor participación a lasvíctimas en todas las etapas del proceso penal.

Así mismo aplaudo iniciativas para la adopción de una Ley de Fiscalía que aumente la autonomía y fortalezca el rol de los fiscales. La Fiscalía debe tener la autonomíapara establecer   directrices   generales   y   para   establecer  unidades   especializadas,   que, compatible con la autonomía de los fiscales permita formularestrategias de investigación que correspondan a la naturaleza sistemática del terrorismo de estado, fenómeno que no queda exhaustivamente comprendido mediante la investigación aislada de casos particulares, como si fueran asunto de crimen común.

Aplaudo  la  formación  del  Equipo  Especial  auxiliar  de  la  justicia  en  crímenes  de terrorismo de Estado bajo el Ministerio del Interior, por razones similares, ycomo forma de enfrentar los déficits en materia de investigación del aparato judicial en general, pero hago un llamado para dotar a esta y a otras instancias similaresde los recursos tanto humanos   como   materiales   necesarios   para   que   puedan   hacer   una   contribución significativa.

En el área de la verdad, hago un llamado a que todas las instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas de Seguridad satisfagan su obligación de hacer valer losderechos de todas las víctimas. Esto incluye tanto presentar la información requerida como cumplir con las obligaciones  legales que le correspondan. Eso debe cubrirtanto los casos no resueltos de desaparición forzada (la mayoría), como también los casos de detención y tortura, a los que debe prestársele una atención mucho másdecidida. Cuál es la forma institucional más adecuada para cumplir este objetivo debe ser asunto de debate.  


Pero no cabe duda de que los testimonios de estas víctimas han de ser recogidos, que información acerca de todas las dimensiones que dieron lugar a ese cúmuloinmenso de violaciones debe ser recolectada, sistematizada, y diseminada. Las víctimas lo merecen, pero también lo merece la sociedad. El precio de no hacerlo es no sólo incumplir los derechos de las víctimas sino también dejar instalada lo que puede decirse que es la ‘naturalización’ de la tortura, como por ejemplo,  el precio dela protesta, que una sociedad  democrática  y comprometida con los derechos humanos no debe consentir.
Mencioné ya algunas de las medidas que pienso que pueden hacer una contribución a las garantías de no repetición y dije que en el reporte las elaboraría en detalle yagregaría las de mayor envergadura que requieren más espacio del que tengo ahora. Sólo menciono, por el momento, dos puntos: no recibí informaciónsuficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas que se han hecho a las fuerzas de seguridad y a aquellas todavía en desarrollo paraasegurar que las violaciones pasadas no se repetirán.

Hago un llamado especial a formular y discutir públicamente proyectos tendientes a ese objetivo. De la misma forma hago un llamado especial a invertir recursoshumanos y materiales  en  la  capacitación  efectiva  de  jueces  y  fiscales en  materia  de  derechos humanos.

Finalmente, recomiendo darle todo el apoyo que sea necesario a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, uno de los grandes logros enmateria de protección  de  los  últimos  años.  Esta  institución merece  no  sólo  las  herramientas  y recursos  necesarios  para  su  buen  desempeño,  sino  que  sus conceptos  y  directrices merecen ser tomadas con la máxima seriedad.


Y como siempre en procesos transicionales celebro a los grupos de sociedad civil que a pesar de todo han seguido luchando por la justicia en Uruguay. Hago un llamadoespecial para que esos grupos reciban no sólo el reconocimiento merecido sino el apoyo de todas las instancias del Estado.   En el reporte haré algunas sugerenciasconcretas al respecto también.

Muchas gracias.


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