Los crímenes de lesa humanidad ¡NO PRESCRIBEN!

Los crímenes de lesa humanidad ¡NO PRESCRIBEN!

ARGENTINA: MARCOS LEVIN, DE LA VELOZ DEL NORTE, POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN 1977
El primer empresario que va a juicio

El de Levín puede ser el primer caso de complicidad civil con la represión que llega a juicio.

La Justicia acaba de elevar la causa por secuestro y torturas de un delegado de la empresa de larga distancia, combinado en Salta por el dueño con policías del centro clandestino que funcionaba en la comisaría 4ª.

Página 12

Si la causa sigue avanzando con este ritmo, Marcos Jacobo Levín podría convertirse en el primer empresario en sentarse en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El juez federal Julio Leonardo Bavio elevó a juicio el expediente en el que se lo investiga por haber instigado la persecución, detención irregular y torturas de Víctor Manuel Cobos, que trabajaba en su empresa de transportes La Veloz del Norte y era representante gremial de sus compañeros. Con el empresario están acusados los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Víctor Cardozo y Víctor Almirón. En caso de demorarse el armado del juicio por parte del tribunal oral, otro poderoso empresario podría quitarle el podio: el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, de complicada situación procesal.

Los policías Bocos y Cardozo están acusados como coautores materiales de torturas, en tanto a Almirón, que era jefe de la comisaría 4ª de Salta, se le atribuye participación primaria. En la resolución de elevación a juicio el juez rechazó un pedido de sobreseimiento realizado por la defensa oficial de Bocos, Cardozo y Almirón, y desestimó también un planteo del abogado René Gómez, que asiste a Levín.

A principios de 1977, los policías participaron en la detención de unos veinte empleados de La Veloz del Norte, que fueron trasladados a la comisaría 4ª de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención. Allí fueron torturados y obligados a firmar declaraciones en las que se responsabilizaban de un presunto fraude contra la empresa. Los fiscales Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila establecieron que ésa fue la manera en que Levín se valió de su estrecha relación con integrantes del aparato estatal represivo para acallar los reclamos de mejoras laborales y reivindicaciones de sus empleados. Entre los detenidos estaba Cobos, que integraba la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, y era delegado de los empleados de La Veloz en Salta. También fue secuestrado Enrique Vázquez, delegado de los empleados en Tucumán.

El juez Bavio sostuvo que el análisis de la responsabilidad de Bocos está vinculada con la de Levín porque “está fehacientemente acreditado que el uniformado cumplía funciones en la Policía de la Provincia de Salta, pero también trabajaba para la empresa La Veloz del Norte”. Esta relación era tan estrecha que varios empleados detenidos afirman haber escuchado la voz de Levín en la comisaría. “Levín usó como nexo para reprimir a sus empleados a Víctor Bocos”, que “a su vez era subjefe de la seccional cuarta de la Policía de la Provincia de Salta”. Para el magistrado, Bocos fue funcional a Levín con el objetivo de conseguir “confesiones” de sus empleados para despedirlos sin indemnización. En el expediente hay testimonios que señalan que Bocos dirigió las sesiones de tortura, y que Cardozo, Ramón Inecio Figueroa y el Sapo Toranzos (fallecido) eran los ejecutores. El jefe de personal de La Veloz, José Antonio Grueso, también estuvo imputado por estos hechos, obtuvo un sobreseimiento que fue revocado por la Cámara Federal y ahora el juez Bavio formó un expediente por separado. Los empleados identifican a Grueso como quien habría armado las listas de quienes eran problemáticos para la empresa. Y otra de las causas que debe ser activada es la investigación sobre los tormentos sufridos por quince trabajadores de La Veloz, que también fueron detenidos y torturados en la comisaría 4ª, algunos de ellos detenidos por la Brigada de Investigaciones de Tucumán y trasladados a Salta en un colectivo de La Veloz del Norte.

La confirmación del caso Levín había sucedido en abril y el gran cuestionamiento de la fiscalía en aquel momento era que la resolución dejó afuera a otros catorce trabajadores de la empresa secuestrados y sometidos a tormentos en la misma comisaría.

El año pasado fueron confirmados los procesamientos de Blaquier, como también de tres directivos de la automotriz Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores Juan Etchebarne. Sin embargo, en muchas de las causas donde están imputados los empresarios que aportaron su poder a la dictadura persisten las demoras. En el caso de Blaquier, aunque los procesamientos de este empresario y de su administrador, Alberto Lemos, por su participación en 29 secuestros y otros delitos de lesa humanidad están apelados, según fuentes judiciales nada impide que el juez federal Fernando Poviña eleve las causas a juicio oral. Sea cual fuere el primero que llegue al banquillo, en esos procesos orales tomará estado público que la colaboración de estos empresarios con el terrorismo de Estado fue algo más que el aporte de los vehículos de sus firmas: camionetas en Libertador General San Martín, Jujuy, y colectivos y autor particulares de La Veloz, en Salta.

Los crímenes de lesa humanidad se someten a la justicia universal. Pueden ser juzgados en cualquier otro país. Varios procesos en marcha son prueba cabal de que la Suprema Corte uruguaya ha violado la legalidad internacional sobre este tipo de crímenes al declararlos "delitos comunes" que prescriben.

Memoria Pública

La querella argentina pide la imputación de otros 15 franquistas

Los abogados piden prisión perpetua para cinco ex ministros del régimen de Franco, y para el resto, entre 8 y 25 años de cárcel. Entre ellos, figuran los tres ministros que dictaron la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich y el jurista que la redactó.

ANA DELICADO Buenos Aires 04/04/2014 09:02 Actualizado: 04/04/2014 11:17 Público

Licinio de la Fuente, Alfonso Osorio y Antonio Carro.

Noticias relacionadas

• La jueza Servini viajará a España para escuchar a las víctimas del franquismo

• El torturador Muñecas esgrimirá hoy la Ley de Amnistía para eludir la extradición a Argentina

• Una querella de supervivientes del nazismo y familiares puede acabar con la impunidad del franquismo

• La querella argentina pide la imputación del excomisario de Leganés y otros seis policías

• Argentina se personará en la causa contra los torturadores franquistas

Fueron ministros de Franco, y ahora encabezan el listado de imputaciones que este viernes presentan los abogados de las víctimas del franquismo ante la Justicia argentina. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio, son, en realidad, parte de un elenco que incluye también a dos ex miembros de la Judicatura militar y a ocho policías.

El abogado de la querella Carlos Slepoy presenta este viernes, junto con Máximo Castex, este elenco de nombres ante el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga los crímenes del franquismo. Lo hace un día después de la vista pública que celebró la Audiencia Nacional para estudiar el reclamo argentino de extradición sobre el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y a seis de la que se celebrará para dilucidar lo mismo con respecto al ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Público ha tenido acceso en exclusiva al escrito, en el que se pide a la jueza que "dicte órdenes internacionales de detención respecto de Antonio Carro Martínez [ex ministro], Licinio de la Fuente de la Fuente [ex ministro], Antonio Barrera de Irimo [ex ministro], José María Sánchez-Ventura Pascual [ex ministro], Alfonso Osorio García [ex ministro], Jesús Quintana Saracíbar [policía], Carlos Rey González [ex miembro de la Judicatura], Antonio Troncoso de Castro [ex miembro de la Judicatura], Jesús González Reglero [policía], Ricardo Algar Barrón [policía], Félix Criado Sanz [policía], Pascual Honrado de la Fuente [policía], Jesús Martínez Torres [policía], Benjamín Solsona Cortés [policía]  y Atilano del Valle Oter [policía], a efectos de que sean detenidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y luego sean extraditados".

En total son cinco ex ministros franquistas, ocho policías, y dos ex miembros de la Judicatura militar de la dictadura: 15 acusados que se suman a los nueve presentados el año pasado. Sobre dos de estos últimos, Muñecas y Billy el Niño (más otros dos que en realidad habían fallecido), la jueza solicitó en septiembre del año pasado la detención internacional y la consecuente extradición.

 

Los cinco ex ministros, el ex miembro de la Judicatura Carlos Rey y el policía Jesús Quintana Saracíbar podrían enfrentar penas de reclusión perpetua, según los abogados, por "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas". Troncoso de Castro, por tentativa de homicidio agravado, podría ser condenado a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que a los otros siete policías les correspondería la pena de entre 8 y 25 de cárcel por los delitos de torturas. "A Atilano del Valle Oter le resulta asimismo aplicable la pena de 15 a 20 años de reclusión por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", sostiene el texto.

Para todos ellos se pide la fijación de audiencias indagatorias, órdenes de detención internacional por medio de Interpol, y la solicitud a España de que curse prisión preventiva contra los acusados como paso previo a la extradición diplomática. "Los delitos han sido instrumentales para la comisión de un genocidio o, subsidiariamente, constituyen crímenes de lesa humanidad", concluye el escrito, "por lo que, en uno u otro caso, la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de justicia universal". Con la información que se presenta en el nuevo escrito, quedan representados, entre otros, el Proceso de Burgos y el caso Puig Antich, muy significativos en la causa que se impulsa desde Argentina.

Más pedidos de captura internacional

El juzgado de Servini de Cubría, mientras tanto, trabaja todavía en posibles pedidos de extradición, como el de los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), que fueron los primeros miembros del Ejecutivo franquista en ser denunciados ante la Justicia argentina.
Entre los pedidos de procesamiento hay ocho policías, como ya adelantó este diario, entre los que se encuentra Jesús Martínez Torres, jefe de policía en San Sebastián, y desde 1982 y hasta 1994, comisario General de Información (a cargo del espionaje policial) durante el Gobierno del PSOE. En 2013 le fue concedido el título comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía.

Ex ministros franquistas de los que se pide la imputación

Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923)

Firmó la sentencia de muerte que ejecutó por garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974. Doctor en derecho, fue el último ministro de la Presidencia que tuvo el Gobierno de la dictadura (cargo que mantuvo de enero de 1974 a diciembre de 1976). Como tal, firmó también las últimas condenas de muerte que ordenó el régimen, y que ejecutaron por fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.
También ha sido profesor en la Universidad de Madrid y letrado en el Consejo de Estado. Se mantuvo en política como diputado en la Legislatura Constituyente de España (1977-1979) y a lo largo de cuatro legislaturas más como diputado electo del PP en la provincia de Lugo. Algunas de las víctimas del franquismo que se han querellado contra él son Merçona Puig Antich; María Vitoria Sánchez Bravo Xolla; Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco.
Licinio de la Fuente ( Noez, Toledo, 1923)
Al igual que Carro Martínez, firmó la sentencia de muerte de Puig Antich mientras era vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, puesto que tuvo entre 1974 y 1975. De 1969 a 1975 fue también ministro de Trabajo. Después se convertiría en uno de los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular (PP), antes de desembarcar en el ámbito privado y convertirse en consejero de hasta siete empresas (Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc, Ibermutua). Merçona Puig Antich se querella contra él.
Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, Lugo, 1929)
Antes de dimitir como vicepresidente segundo del Gobierno franquista en 1974, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Un año antes se desempeñó como ministro de Hacienda, siempre con Carlos Arias Navarro como presidente. Se licenció en Derecho y Economía. Su trabajo en la esfera privada comenzó a desarrollarse antes de llegar al Gobierno. Fue presidente de Telefónica de 1964 a 1973. En la actualidad, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A, y presidente de Autogrill España. Su nombre figura en la querella presentada por Merçona Puig Antich.
José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922)
A los cuatro meses de ser nombrado ministro de Justicia, en marzo de 1975, firmó la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975 (mencionados arriba). Licenciado en Derecho, ocupó varios puestos de relevancia antes de llegar al Ejecutivo franquista. De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid. Entre 1966 y 1970 fue Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967, además, estuvo al frente del Consejo de Administración del periódico Informaciones. Está inculpado en los testimonios de Flor Baena Alonso. María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, entre otros.
Alfonso Osorio García (Santander, 1923)
Fundador de la UDE y diputado de la UCD, fue Ministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de la monarquía, (diciembre de 1975-julio de 1976, con Arias Navarro). Licenciado en Derecho, y tras ser Subsecretario de comercio en 1965 y presidente de RENFE en 1968, fue vicepresidente de la petrolera British Petroleum en España. Los años que no estuvo en el Gobierno, entre 1965 y 1990, fue presidente de PETROMED. Se lo considera responsable, junto con otros, de la matanza de Vitoria del 3 de septiembre de 1976, que terminó con la vida de cinco personas. Está imputado en las querellas de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.
Ex miembros de la Judicatura militar franquista

Antonio Troncoso de Castro (Vitoria, 1941)
Diplomado en Derecho Penal Militar, fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Ex fiscal del Tribunal Supremo, Ex vocal del Tribunal Marítimo Central y abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Durante la dictadura, fue vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que se aplicó contra 16 miembros de ETA acusados del asesinato de tres personas, en lo que se conoció como el Proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Además participó en varios consejos de guerra y causas militares que enjuiciaron a opositores antifranquistas entre 1963 hasta el fin del régimen.
Como vocal ponente de los consejos de guerra, estaba encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal y de redactar la sentencia. Ante el Proceso de Burgos, sentenció con dos condenas de muerte a Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola y Xabier Izko de la Iglesia; Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez y Unai Dorronsoro Ceberio fueron sentenciados a una pena de muerte; y Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta, a 50 años cada uno. Estos dos últimos son los que contra él se querellan.
También figura en las querellas de Ignacio García Arramberri y Jon Arrizabalaga Basterretxea, que fueron juzgados en el proceso 28/69 que sentenció a muerte al hermano de este último, Andoni, y de Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia, enjuiciados a su vez en el proceso 66/69 (el llamado proceso a los curas vascos).
Carlos Rey GonzálezComo vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich, fue el único redactor de la sentencia a muerte por garrote vil que sentenció al antifranquista. Hoy es abogado en Barcelona, y ha representado a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, ya archivado. Contra él ha testimoniado Merçona Puig Antich.


Aquí tampoco se consideran "delitos comunes"

Ecuador: juicio de lesa humanidad contra 8 represores

Publicado el 3/22/14 • en Contrainjerencia

EL TELEGRAFO – Por primera vez en la historia de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia da paso para que se inicie un juicio por delitos de lesa humanidad en contra de ocho exoficiales del Ejército y del excomandante de la Policía general Édgar V., acusados de ser los autores de la detención ilegal y posterior tortura, violencia sexual y desaparición forzada que sufrieron Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín en 1985, después de que fueron detenidos por una patrulla militar en la ciudad de Esmeraldas.
En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, suspendida el viernes de la semana pasada, la jueza Lucy Blacio mencionó que los sindicados ejercieron cargos de dirección en unidades militares y ministeriales durante el gobierno de León Febres-Cordero, que implementó una política de persecución y eliminación sistemática de los grupos opositores que consideraba subversivos, por eso las altas esferas del Estado prepararon un plan tendiente a eliminar a los que consideraban “el enemigo interno” y montaron un aparato para destruir a grupos como Alfaro Vive Carajo, lo cual fue evidenciado por el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, quien presentó pruebas que hacen presumir la implicación de los procesados en esa clase de delitos tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Chiriboga: “Por primera vez en la historia del país se judicializa un caso de lesa humanidad”.
Por esos motivos, la magistrada resolvió dictar auto de llamamiento a juicio a los procesados: Luis P., exministro de Defensa; Jorge A., exministro de Defensa y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Marcelo D., exdirector de Inteligencia; Juan V., excomandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar (AIM) de Conocoto; Mario A., exdirector del AIM; Nelson E., exjefe del Servicio de Inteligencia Quito (SIQ); Guillermo R., exdirector del SIQ; Fernando R., exmédico de la AIM.
También, está llamado a juicio Édgar V., exjefe del SIC 10 y excomandante de Policía, que se encuentra en Estados Unidos. La magistrada dijo que se presume que él pertenecía a la cadena de mando y poder instalado en el país entre 1984 y 1988.
Proceso
Originalmente, Chiriboga sindicó a 14 personas en este caso, pero luego de la indagación previa decidió no acusar a 3 de ellos: M. L., E. M. y W. Ch; otro encausado falleció. Por tanto, en la resolución, la jueza dictó el sobreseimiento parcial de la causa y el definitivo del procesado J. C., exmilitar del Ejército.
Además, mantuvo las medidas cautelares de los acusados, por este motivo están prófugos el exgeneral Édgar V. y el excoronel del Ejército Fernando R., ya que sobre ellos pesan órdenes de prisión preventiva. Para los demás procesados se mantiene el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país, con excepción del excoronel del Ejército Juan V., quien debe presentarse una vez a la semana hasta que el juicio concluya.
Resolución a sorteo de tribunal
Con esta resolución el proceso pasará a la Sala de Sorteos para la designación del tribunal penal de la CNJ, que se encargará de la etapa de juzgamiento, en la que se emitirá una sentencia.
El abogado Marcelo Dueñas, defensor de Édgar V., adelantó que presentará un recurso de nulidad a la resolución, lo cual dilatará el inicio del juicio hasta que se resuelva ese pedido.
La Fiscalía anunció que en la etapa de juicio convocará a unos 60 testigos, a fin de demostrar las violaciones a los derechos humanos y la autoría de los procesados en los delitos de lesa humanidad.
“De ninguna manera este es un proceso contra las Fuerzas Armadas, estamos enjuiciando a funcionarios que no cumplieron con sus funciones.
En este último día de audiencia no faltaron los familiares de los procesados que se colocaron en los exteriores del edificio de la Corte con carteles de protesta.
Antecedentes
Este caso se remonta a noviembre de 1985, cuando Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca fueron arrestados por militares en Esmeraldas, sin ninguna orden judicial.
Luego los tres ciudadanos fueron trasladados al ‘Batallón de Inteligencia Militar’, ubicado en Conocoto, Pichincha.
A pesar de que las autoridades negaban haberlos detenido, se corroboró que sí lo hicieron.
Cajas y Jarrín estuvieron arrestados 15 días, tiempo en el cual recibieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Luego fueron liberados, según consta en el expediente.
En la etapa de juicio la Fiscalía convocará a 60 testigos para evi- denciar las violacio- nes de DD.HH.
Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante 3 años. Eliminaron su registro de filiación del Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.
La Comisión de la Verdad, creada por el presidente Rafael Correa, inició una investigación de los hechos cometidos en la década del 80 y una vez finalizada entregó el caso a la Fiscalía.
La Dirección de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, a cargo de Fidel Jaramillo, emprendió el proceso por el delito de lesa humanidad que ayer pasó a la etapa de juicio.
FISCALÍA DESTACA JUDICIALIZACIÓN DE ESTE DELITOEl artículo 7 del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: Asesinato, Exterminio, Esclavitud, Deportación o traslado forzoso de población”.
Al respecto, al concluir la audiencia, el fiscal Galo Chiriboga manifestó que es una obligación en un Estado democrático defender los derechos humanos, por lo que este punto procesal representa un serio avance en la judicialización de delitos de “lesa humanidad”.
Y reiteró que para la Fiscalía estos procesos no buscan una venganza contra nadie, sino reparar el daño causado a las víctimas.
“Respetamos la decisión de la jueza. Resaltamos que cada día se va creando historia con respecto a los crímenes de lesa humanidad en Ecuador”, dijo Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía.
Estos juicios “no se llevan únicamente en contra de los perpetradores materiales, sino también en contra de quienes diseñaron, planificaron la manera de violentar derechos humanos contra la población civil”, sostuvo Jaramillo.
Susana Cajas al salir de la Corte se reunió con otros compañeros. Todos se colocaron pañuelos con el color de su desaparecido movimiento como una señal de triunfo judicial, por las torturas que vivieron. Ella estuvo presente en las cuatro audiencias de preparación de juicio.