ARGENTINA: CASACION CONFIRMO QUE LA MASACRE DE TRELEW FUE UN DELITO DE LESA HUMANIDAD
Con dos nuevos culpables
El tribunal revisó la sentencia del juicio oral y coincidió en considerar los fusilamientos como parte del terrorismo de Estado. Además, anuló los sobreseimientos del juez militar que llevó el caso en su momento y del jefe de la Base Almirante Zar.
Por Ailín Bullentini - Página 12
Para la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, no hay lugar a dudas: los fusilamientos de 16 jóvenes militantes en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, aquello que desde entonces y hasta la eternidad se conocerá como la Masacre de Trelew, fueron, son y serán delitos de lesa humanidad. “Es histórico”, celebró Daiana Fusca, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales y representante junto a su colega Eduardo Hualpa de la querella de los familiares de aquellos muertos. En un fallo bastante parejo –la mayoría de los puntos cuenta con la unanimidad de los votos– los camaristas Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Alejandro Slokar anularon las absoluciones de Rubén Pacagnini, quien fue el jefe de la Base en donde tuvieron lugar las muertes, y de Jorge Bautista, quien como juez militar ad hoc estuvo a cargo de la instrucción judicial de los hechos.
En un documento de poco más de cien páginas, a un año y medio de la sentencia original, la Casación dio lugar a casi todos los puntos de aquel fallo que la fiscalía y la querella de los familiares de las víctimas consideraron pertinente discutir. El más importante, coincidieron representantes de ambas partes en diálogo con este diario, radica en la confirmación de la Masacre de Trelew como delito de lesa humanidad. “La Cámara enmarca los hechos en el plan sistemático de exterminio del pueblo argentino que luego recrudeció cuando comenzó la dictadura: es histórico”, remarcó Fusca. “Coincidieron con el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia en ubicar los hechos ocurridos en 1972 dentro del terrorismo de Estado de aquellos tiempos”, añadió el fiscal general Dante Vega –quien trabajó en el debate oral junto con sus pares de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, y de Rawson, Fernando Gelvez– con relación a ese punto que no sólo es neurálgico desde lo político, sino también desde lo penal.
Las defensas se posaron en esa calificación para recurrir las condenas a prisión perpetua que el TOF les impuso a Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino en octubre de 2012. La consideración de los fusilamientos de 16 militantes políticos y las tentativas en otros tres casos como violaciones a los derechos humanos los impermeabilizó como delitos frente al paso del tiempo: la confirmación de esta cuestión por parte de los camaristas es, también, la confirmación de las condenas que deben afrontar los culpables.
Pero Marandino, Sosa y Del Real no son, desde ayer, los únicos condenados por la Masacre de Trelew. La Sala III de Casación anuló las absoluciones de Pacagnini y Bautista, los otros dos acusados en el debate oral –en el primer caso, el voto fue dividido; en el segundo, el acuerdo fue total– y dejó en manos del tribunal de origen la manera en que se resolverán las situaciones procesales de ambos. El TOF de Comodoro Rivadavia deberá decidir si revé las determinaciones vertidas por los camaristas en el fallo de ayer y redefine las sentencias en pos de tales cuestiones o si convoca a lo que se conoce como un “juicio de reenvío”, un nuevo proceso oral para condenar a los ex absueltos.
La unanimidad para anular la absolución de Bautista radicó en remarcar las “omisiones” en las que el TOF incurrió al analizar su actuación frente a los hechos como juez militar ad hoc entonces. En el caso de Pacagnini, por mayoría primó el razonamiento planteado por las partes acusatorias: es poco creíble que el jefe de la Base Almirante Zar no supiera del fusilamiento de 19 militantes políticos que allí tuvo lugar. En esta cuestión, fue Borinsky quien esbozó el fundamento más sólido al considerar que el voto mayoritario del TOF de origen que apuntó a la absolución de Pacagnini –la jueza Nora Cabrera de Monella había votado en contra– “no supera el test de fundamentación ya que la conclusión a la que arriba no es el corolario de una adecuada valoración de la prueba. Se advierten fisuras en el razonamiento lógico”, postuló. Slokar se plegó. Catucci opinó lo contrario. “Plantea algo que nosotros remarcamos en nuestro recurso: que el argumento del tribunal no es lógico si toman por dado los hechos pero descartan la responsabilidad de Pacagnini como jefe de la Base”, reflexionó Fusca. En ese sentido, Vega también se mostró conforme: “Insistimos desde un comienzo en que el considerar los fusilamientos de Trelew como delitos de lesa humanidad era contradictorio con la absolución de Pacagnini”.
La fiscalía, no obstante, se mostró insatisfecha en cuanto a lo que plantea el fallo sobre la detención de los condenados. Tras la sentencia de octubre de 2012, el tribunal original excarceló a los incriminados hasta la confirmación del fallo, un punto apelado por la acusación. En un fallo dividido, la Cámara ordenó a la fiscalía que reclame las detenciones nuevamente al TOF de Comodoro Rivadavia. “Criticamos desde un primer momento la impunidad lisa y llana que significó que los tres condenados por delitos de lesa humanidad quedaran en libertad. Fuimos muy severos. Y la Cámara no se ha pronunciado directamente sobre esto y dejó la cuestión en manos de los fiscales, lo cual sigue postergando una decisión que tiene que ser tomada inmediatamente”, evaluó Vega.
Una vez más se verifica que los crímenes de lesa humanidad NO PRESCRIBEN!. Una vez más se verifica que la Suprema Corte de INjusticia de Uruguay ha violado el derecho internacional reconocido para este tipo de crímenes al haber decretado que son "delitos comunes". Una vez se verifica que la prédica de Mujica al respecto ("este problema se va a terminar cuando todos los participantes estemos muertos") es también violatoria del derecho internacional y no corresponde que un Presidente dicte "de facto" este tipo de "punto final". Una vez más se verifica que la valiente Jueza Mariana Mota a quién Mujica hizo echar TUVO Y TIENE RAZON. Más tarde o más temprano la resolución cobijadora de crímenes de lesa humanidad de la SCJ va a caer y será barrida como lo que es: un intento retardado de darle impunidad a los criminales. La lucha de los familiares y de las personas decentes proseguirá barriendo también con las tesis de Mujica llevadas adelante en función de intereses politiqueros.
22 de agosto de 1972: la Masacre de Trelew
Con dos nuevos culpables
El tribunal revisó la sentencia del juicio oral y coincidió en considerar los fusilamientos como parte del terrorismo de Estado. Además, anuló los sobreseimientos del juez militar que llevó el caso en su momento y del jefe de la Base Almirante Zar.
Los familiares con las fotos de las víctimas durante el juicio oral que se realizó en 2012.
Imagen: Télam
Por Ailín Bullentini - Página 12
Para la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, no hay lugar a dudas: los fusilamientos de 16 jóvenes militantes en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, aquello que desde entonces y hasta la eternidad se conocerá como la Masacre de Trelew, fueron, son y serán delitos de lesa humanidad. “Es histórico”, celebró Daiana Fusca, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales y representante junto a su colega Eduardo Hualpa de la querella de los familiares de aquellos muertos. En un fallo bastante parejo –la mayoría de los puntos cuenta con la unanimidad de los votos– los camaristas Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Alejandro Slokar anularon las absoluciones de Rubén Pacagnini, quien fue el jefe de la Base en donde tuvieron lugar las muertes, y de Jorge Bautista, quien como juez militar ad hoc estuvo a cargo de la instrucción judicial de los hechos.
En un documento de poco más de cien páginas, a un año y medio de la sentencia original, la Casación dio lugar a casi todos los puntos de aquel fallo que la fiscalía y la querella de los familiares de las víctimas consideraron pertinente discutir. El más importante, coincidieron representantes de ambas partes en diálogo con este diario, radica en la confirmación de la Masacre de Trelew como delito de lesa humanidad. “La Cámara enmarca los hechos en el plan sistemático de exterminio del pueblo argentino que luego recrudeció cuando comenzó la dictadura: es histórico”, remarcó Fusca. “Coincidieron con el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia en ubicar los hechos ocurridos en 1972 dentro del terrorismo de Estado de aquellos tiempos”, añadió el fiscal general Dante Vega –quien trabajó en el debate oral junto con sus pares de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, y de Rawson, Fernando Gelvez– con relación a ese punto que no sólo es neurálgico desde lo político, sino también desde lo penal.
Las defensas se posaron en esa calificación para recurrir las condenas a prisión perpetua que el TOF les impuso a Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino en octubre de 2012. La consideración de los fusilamientos de 16 militantes políticos y las tentativas en otros tres casos como violaciones a los derechos humanos los impermeabilizó como delitos frente al paso del tiempo: la confirmación de esta cuestión por parte de los camaristas es, también, la confirmación de las condenas que deben afrontar los culpables.
Pero Marandino, Sosa y Del Real no son, desde ayer, los únicos condenados por la Masacre de Trelew. La Sala III de Casación anuló las absoluciones de Pacagnini y Bautista, los otros dos acusados en el debate oral –en el primer caso, el voto fue dividido; en el segundo, el acuerdo fue total– y dejó en manos del tribunal de origen la manera en que se resolverán las situaciones procesales de ambos. El TOF de Comodoro Rivadavia deberá decidir si revé las determinaciones vertidas por los camaristas en el fallo de ayer y redefine las sentencias en pos de tales cuestiones o si convoca a lo que se conoce como un “juicio de reenvío”, un nuevo proceso oral para condenar a los ex absueltos.
La unanimidad para anular la absolución de Bautista radicó en remarcar las “omisiones” en las que el TOF incurrió al analizar su actuación frente a los hechos como juez militar ad hoc entonces. En el caso de Pacagnini, por mayoría primó el razonamiento planteado por las partes acusatorias: es poco creíble que el jefe de la Base Almirante Zar no supiera del fusilamiento de 19 militantes políticos que allí tuvo lugar. En esta cuestión, fue Borinsky quien esbozó el fundamento más sólido al considerar que el voto mayoritario del TOF de origen que apuntó a la absolución de Pacagnini –la jueza Nora Cabrera de Monella había votado en contra– “no supera el test de fundamentación ya que la conclusión a la que arriba no es el corolario de una adecuada valoración de la prueba. Se advierten fisuras en el razonamiento lógico”, postuló. Slokar se plegó. Catucci opinó lo contrario. “Plantea algo que nosotros remarcamos en nuestro recurso: que el argumento del tribunal no es lógico si toman por dado los hechos pero descartan la responsabilidad de Pacagnini como jefe de la Base”, reflexionó Fusca. En ese sentido, Vega también se mostró conforme: “Insistimos desde un comienzo en que el considerar los fusilamientos de Trelew como delitos de lesa humanidad era contradictorio con la absolución de Pacagnini”.
La fiscalía, no obstante, se mostró insatisfecha en cuanto a lo que plantea el fallo sobre la detención de los condenados. Tras la sentencia de octubre de 2012, el tribunal original excarceló a los incriminados hasta la confirmación del fallo, un punto apelado por la acusación. En un fallo dividido, la Cámara ordenó a la fiscalía que reclame las detenciones nuevamente al TOF de Comodoro Rivadavia. “Criticamos desde un primer momento la impunidad lisa y llana que significó que los tres condenados por delitos de lesa humanidad quedaran en libertad. Fuimos muy severos. Y la Cámara no se ha pronunciado directamente sobre esto y dejó la cuestión en manos de los fiscales, lo cual sigue postergando una decisión que tiene que ser tomada inmediatamente”, evaluó Vega.
La Cámara de Casación confirmó las condenas y anuló las absoluciones en la causa por la Masacre de Trelew
La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy dos absoluciones y dejó firmes las penas de prisión perpetua impuestas en 2012 a otros tres acusados en el juicio oral por la Masacre de Trelew, el fusilamiento del 22 de agosto de 1972 que causó la muerte a 16 prisioneros políticos.
El máximo tribunal penal del país revocó las absoluciones y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento respecto del ex jefe de la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, Rubén Paccagnini y el ex juez militar Jorge Bautista.
El 22 de agosto de 1972, a las 3.30 de la madrugada, fueron asesinados 16 jóvenes integrantes de organizaciones guerrilleras que estaban detenidos en la base aeronaval Almirante Zar. Murieron fusilados Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos Del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla y Ana Villarreal de Santucho. Otros tres detenidos, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Reneé Haidar sobrevivieron con graves heridas y dieron su testimonio sobre estos crímenes, en el libro "La patria fusilada" de Francisco Urondo.
Los 19 jóvenes integrantes del ERP, de las FAR o de Montoneros, habían escapado de la cárcel U6 de Rawson con el objetivo de escapar a Chile en avión desde el aeropuerto de Trelew. El grupo no llegó a tiempo y el avión despegó con sólo seis evadidos que alcanzaron a abordarlo: Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna (PRT-ERP), Roberto Quieto y Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros). Cercados por tropas de la Armada, los otros 19 militantes se rindieron en el antiguo aeropuerto de Rawson después de pactar con los jefes navales que serían devueltos a la cárcel de Rawson con todas las garantías.
TELAMEl máximo tribunal penal del país revocó las absoluciones y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento respecto del ex jefe de la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, Rubén Paccagnini y el ex juez militar Jorge BautistaEl nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pacagnini y Bautista corresponderá al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que los juzgó y eximió de culpa en octubre de 2012, aunque con una nueva composición, indicaron fuentes consultadas por Télam. Por unanimidad, Casación calificó los crímenes como "delitos de lesa humanidad". Además confirmó las condenas a prisión perpetua impuestas en ese mismo juicio oral y público a los represores Luis Sosa, Emilio Del Real, ambos oficiales de la Armada, y Carlos Marandino, suboficial, al rechazar recursos de queja de sus defensas. En el caso de Paccagnini, los camaristas ordenaron además que se le prohíba salir del país, ya que podría ser condenado a una pena alta porque fue juzgado como responsable de la masacre. Los camaristas de la sala III, Liliana Catucci, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, encomendaron además a los fiscales del caso solicitar de inmediato las detenciones que consideren pertinentes sobre quienes hasta ahora permanecen en libertad. Consultados por Télam tras conocerse el tramo dispositivo del fallo, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, y el abogado Eduardo Hualpa, que representa a familiares querellantes, coincidieron en valorar el pronunciamiento de la Casación. "Mi primera impresión es que nuestro recurso de casación tuvo su efecto", dijo Gelvez sobre la presentación que realizó junto a los también fiscales Horacio Arranz y Dante Vega tras concluir el juicio de 2012. Por su parte, Hualpa subrayó que, "al confirmar las condenas y anular las absoluciones, se está avalando el núcleo de la investigación y las conclusiones que sacamos en el juicio" realizado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El letrado sostuvo que "el fallo es un gran paso hacia la justicia por la Masacre de Trelew. Su clara definición sobre el carácter sistemático de la persecución de la penúltima dictadura no deja dudas para el juicio y para la historia". "Nos queda trabajo pendiente, como es juzgar a los que el Tribunal de Comodoro había absuelto, extraditar a (el represor Roberto) Bravo", prófugo en Estados Unidos, y también "lograr la cárcel común para los condenados". "Pero sin dudas (el fallo de la Casación) es un reconocimiento a la lucha de los familiares y todo el pueblo argentino que, a treinta años de democracia, rechaza estas atrocidades del pasado sobre la base de la memoria y la justicia", concluyó Hualpa. La Masacre de Trelew fue perpetrada en la madrugada del 22 de agosto de 1972, cuando 16 jóvenes prisioneros políticos fueron asesinados y otros tres sufrieron heridas, en un fusilamiento seguido por disparos de gracia que la dictadura pretendió presentar como un "intento de fuga". La sala III de Casación leyó el fallo en una audiencia convocada en los tribunales federales del barrio de Retiro, que terminó con un cerrado aplauso por parte de familiares de víctimas y querellantes. Paccagnini fue juzgado como coautor responsable y Bautista como encubridor de los crímenes.
El 22 de agosto de 1972, a las 3.30 de la madrugada, fueron asesinados 16 jóvenes integrantes de organizaciones guerrilleras que estaban detenidos en la base aeronaval Almirante Zar. Murieron fusilados Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos Del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla y Ana Villarreal de Santucho. Otros tres detenidos, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Reneé Haidar sobrevivieron con graves heridas y dieron su testimonio sobre estos crímenes, en el libro "La patria fusilada" de Francisco Urondo.
Los 19 jóvenes integrantes del ERP, de las FAR o de Montoneros, habían escapado de la cárcel U6 de Rawson con el objetivo de escapar a Chile en avión desde el aeropuerto de Trelew. El grupo no llegó a tiempo y el avión despegó con sólo seis evadidos que alcanzaron a abordarlo: Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna (PRT-ERP), Roberto Quieto y Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros). Cercados por tropas de la Armada, los otros 19 militantes se rindieron en el antiguo aeropuerto de Rawson después de pactar con los jefes navales que serían devueltos a la cárcel de Rawson con todas las garantías.
Mujica ha intentado convencer a los familiares y a todo el Uruguay de que "el problema se terminará cuando todos los actores estén muertos". Quién se ha autoproclamado "gran conocedor" de la gente demuestra, o que no entiende nada de la condición humana y sus anhelos de justicia, o que simplemente ha tratado de desmoralizar a los familiares.Bernabé Sáez sostuvo: "existe un sufrimiento difícil de explicar que se va larvando en mi interior y que se engrandece conforme pasan los años. Un dolor que solo se paliará cuando sepa el paradero de mis hermanos asesinados. ¿Puede alguien ayudarme?”.
OBITUARIO: Bernabé Sáez, toda una vida buscando a sus hermanos fusilados
Recuperó los restos de Damián de una fosa con 133 cuerpos, pero le quedó Eusebio
Bernabé Sáez, con una foto de su hermano Damián.
Bernabé Saéz, nacido en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), murió el pasado miércoles en su casa de Logroño, a los 89 años, después de haber conseguido cumplir la mitad de un deseo que ocupó toda su vida: recuperar los restos de sus dos hermanos, fusilados por falangistas el mismo mes de 1936, como su padre, el único de los tres del que conocía su último destino (el cementerio de La Barranca, en la localidad riojana de Lardero). En agosto de 2012, con 88 años, los especialistas le dieron el 50% de la felicidad al rescatar de una fosa común en La Pedraja (Burgos) los restos de Damián Sáez, que yacía junto a otros 133 fusilados. “Llevaba buscándolo desde que tengo uso de razón. Ahora me falta Eusebio. Lo mataron en otro pueblo. Cuando lo encuentre, podré estar tranquilo”, declaró entonces a este diario. Le faltó tiempo. Porque durante más de 60 años nadie ayudó a los hijos y hermanos de fusilados como él a buscar a sus muertos.
Tras asesinar a su padre y a sus dos hermanos, expulsaron al resto de la familia del pueblo. Un desconocido les ofreció refugio en una caseta de campo, pero hasta allí fue a buscarles un falangista apodado El Tuerto que arrastró a Benita, la madre de Sáez, hasta la plaza del Ayuntamiento para raparle la cabeza y obligarla a ingerir aceite de ricino. “¡Asesino! ¡Mátanos aquí a todos!”, le gritaba ella, desesperada. Sus cuatro hijos presenciaron la atroz escena. Bernabé tenía solo diez años.
Tras humillar a Benita, el falangista les metió a todos en una camioneta que les llevó hasta otro pueblo con la prohibición de volver. Durmieron allí, pero por la mañana, el alcalde se apresuró a decirles que no se podían quedar y la familia se puso a caminar hasta que se instalaron en Treviana y allí Benita empezó a trabajar en la siega, y su hijo mayor, de 13 años, la ayudaba. De esta peregrinación y noches bajo puentes, escribió Sáez un libro titulado Desterrados por el franquismo.
El salario no les daba para mantener a toda la familia. Pasaban hambre. Muchos años después, Bernabé lo recordaba entre lágrimas, con verdaderos remordimientos: “Yo quería darle a mi madre una vida mejor, una comida mejor... y empecé a robar. Nos lo habían quitado todo. Nunca robé otra cosa que comida en casas, en tiendas...”.
Fue detenido, entró y salió de la cárcel en Madrid, en Gijón, en Santander... y cuando ya había terminado de cumplir su condena le enviaron dos años más a un batallón disciplinario en El Aaiún por deserción. Quedó libre en 1962. “Jamás, jamás volví a robar a nadie”, repetía.
Poder enterrar los restos de su hermano Damián junto a los de su padre fue una de las pocas satisfacciones que Bernabé Sáez tuvo en una vida muy difícil. Damián tenía solo 22 años cuando los falangistas le fusilaron. Tras el asesinato de su padre había huído al monte, pero un día bajó al pueblo y le detuvieron. Se lo llevaron a la prisión de Burgos y de ahí, a la fosa. “Lo mataron por ser de izquierdas. Era un trabajador del campo que además limpiaba botas en el café de Santo Domingo de la Calzada”, relató Sáez a este diario. Bernabé llevó su caja de limpiabotas a la emocionante ceremonia en la que en 2012 pudo reunir los restos de su padre y de Damián.
Dos años antes había escrito a un diario riojano: “Tengo 84 años y no quisiera morirme sin saber dónde se encuentran los restos de mis dos hermanos asesinado. (...) Mi madre ya murió y dos de mis hermanos pequeños también. Pero existe un sufrimiento difícil de explicar que se va larvando en mi interior y que se engrandece conforme pasan los años. Un dolor que solo se paliará cuando sepa el paradero de mis hermanos asesinados. ¿Puede alguien ayudarme?”.
Franco, uno de los mayores criminales de lesa humanidad qué los EE.UU. impidieron que fuera juzgado al término de la Segunda Guerra
por Brais Benítez
Tras asesinar a su padre y a sus dos hermanos, expulsaron al resto de la familia del pueblo. Un desconocido les ofreció refugio en una caseta de campo, pero hasta allí fue a buscarles un falangista apodado El Tuerto que arrastró a Benita, la madre de Sáez, hasta la plaza del Ayuntamiento para raparle la cabeza y obligarla a ingerir aceite de ricino. “¡Asesino! ¡Mátanos aquí a todos!”, le gritaba ella, desesperada. Sus cuatro hijos presenciaron la atroz escena. Bernabé tenía solo diez años.
Tras humillar a Benita, el falangista les metió a todos en una camioneta que les llevó hasta otro pueblo con la prohibición de volver. Durmieron allí, pero por la mañana, el alcalde se apresuró a decirles que no se podían quedar y la familia se puso a caminar hasta que se instalaron en Treviana y allí Benita empezó a trabajar en la siega, y su hijo mayor, de 13 años, la ayudaba. De esta peregrinación y noches bajo puentes, escribió Sáez un libro titulado Desterrados por el franquismo.
El salario no les daba para mantener a toda la familia. Pasaban hambre. Muchos años después, Bernabé lo recordaba entre lágrimas, con verdaderos remordimientos: “Yo quería darle a mi madre una vida mejor, una comida mejor... y empecé a robar. Nos lo habían quitado todo. Nunca robé otra cosa que comida en casas, en tiendas...”.
Fue detenido, entró y salió de la cárcel en Madrid, en Gijón, en Santander... y cuando ya había terminado de cumplir su condena le enviaron dos años más a un batallón disciplinario en El Aaiún por deserción. Quedó libre en 1962. “Jamás, jamás volví a robar a nadie”, repetía.
Poder enterrar los restos de su hermano Damián junto a los de su padre fue una de las pocas satisfacciones que Bernabé Sáez tuvo en una vida muy difícil. Damián tenía solo 22 años cuando los falangistas le fusilaron. Tras el asesinato de su padre había huído al monte, pero un día bajó al pueblo y le detuvieron. Se lo llevaron a la prisión de Burgos y de ahí, a la fosa. “Lo mataron por ser de izquierdas. Era un trabajador del campo que además limpiaba botas en el café de Santo Domingo de la Calzada”, relató Sáez a este diario. Bernabé llevó su caja de limpiabotas a la emocionante ceremonia en la que en 2012 pudo reunir los restos de su padre y de Damián.
Dos años antes había escrito a un diario riojano: “Tengo 84 años y no quisiera morirme sin saber dónde se encuentran los restos de mis dos hermanos asesinado. (...) Mi madre ya murió y dos de mis hermanos pequeños también. Pero existe un sufrimiento difícil de explicar que se va larvando en mi interior y que se engrandece conforme pasan los años. Un dolor que solo se paliará cuando sepa el paradero de mis hermanos asesinados. ¿Puede alguien ayudarme?”.
Contrariando la falacia de Mujica se demuestra que aún cuando "los participantes" están muertos, las profundas heridas continúan abiertas en las próximas generaciones.
Un libro analiza los traumas de los hijos y nietos de las víctimas del franquismo
“La gran pregunta que me hago –sostuvo el exfiscal- es cómo podemos convivir y cómo pueden convivir las familias de las víctimas cuando sigue habiendo miles de desaparecidos, sin que se haya impulsado ninguna investigación más allá de las llevadas a cabo por entidades de la sociedad civil y particulares, muy excepcionales”. “Imponer esa especie de desaparición, silencio, ninguneo, es lo peor que le puede pasar a una sociedad”, concluyó Barudy.
por Brais Benítez
Sábado, 29 de Marzo de 2014 17:53
¿De qué manera la violencia y la represión de la dictadura franquista han afectado a la sociedad española hasta nuestros días? ¿Los traumas que vivieron las personas represaliadas por el franquismo siguen latentes en las siguientes generaciones?
¿La falta de duelo provocada por el silencio y la ocultación de los hechos motivados por el miedo a hablar y la ausencia de una justicia transaccional genera psicopatologías en los hijos y nietos de las víctimas? Estas y otras cuestiones se las plantea la escritora Clara Valverde en su nuevo libro: Desenterrar las palabras. Transmisión generacional de la violencia política del siglo XX en el Estado español (Icaria, 2014).
Las conclusiones a las que llega la autora son claras: Los efectos nocivos de los traumas generados durante la Guerra Civil y la posterior represión de la dictadura interfieren en las futuras generaciones, creando efectos como la necesidad de tener enemigos, la polarización de la sociedad, el victimismo, la venganza y el miedo a denunciar al poder. “La generación de los nietos tienen un rol muy específico en la transmisión generacional. Tienen más posibilidades de sufrir trastornos, es la generación más impactada en el subconsciente”, señaló Valverde durante la presentación-debate sobre la obra que tuvo lugar el pasado martes en el Casal de Barri Pou de la Figuera, en Barcelona.
La charla contó con la participación de la analista especializada en psicogenealogía y colaboradora en la obra, Elena Álvarez Girón; el neuropsiquiatra chileno Jorge Barudy, fundador y actual director de EXIL Bélgica y España; y el abogado y exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. “El silencio, el miedo, las penas sufridas en España desde julio de 1936 conllevan una dificultad de las generaciones posteriores para asumirlo”, sostuvo Jiménez Villarejo. Principalmente, subrayó, por la ausencia de una Comisión de la Verdad “como forma de conocer la realidad de la violencia impuesta y el grado de violación de los Derechos Humanos que se produjo”. “En muchos países han cumplido un papel fundamental, y han generado un cierto grado de reconciliación”, apuntó el exfiscal.
Por ejemplo, en Canadá, donde la autora vivió muy de cerca las comisiones de la verdad y reconciliación impulsadas para tratar el trauma histórico de la colonización entre las comunidades indígenas, que tuvo unos de los episodios más negros en los abusos físicos y sexuales sobre los niños. “A mí me impresionaron muchísimo, las comisiones de la verdad iban de pueblo en pueblo, las personas tenían todo el tiempo que fuera necesario para hablar. Vi cómo tuvo un efecto enorme sobre la comunidad indígena. Cuando llegué a España, pensé que habría muchísima gente trabajando en el trauma generacional, pero ni mucho menos”, afirmó Valverde.
La escritora y enfermera se ha tenido que basar en toda la teoría elaborada a nivel internacional. “En cualquier país se ha investigado sobre el tema, como en Armenia, en Chipre… Aquí no, y es preocupante”, señaló. El duelo que quedó congelado cuando los familiares fueron asesinados, y que se tuvo que ocultar en la intimidad del hogar o en lo más profundo de cada uno, al no cerrarse, provocó que los traumas sigan latentes.
“Estamos hablando de un trauma no resuelto de toda una sociedad”, sentenció el neuropsiquiatra Jorge Barudy, víctima también de la represión pinochetista en Chile. “Este libro es un minitratado sobre la psico-traumatología, leyéndolo me he deleitado muchísimo. A nivel personal, estuve en contacto directo con la traumatización de toda una sociedad, si bien, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, lo que pasó en España es infinitamente mayor de lo que sucedió en mi país. En Chile hubo 8.000 desaparecidos, aquí estamos hablando de más de 100.000”.
“Cuando la sociedad hace todo lo posible por no reconocer los traumas, tiene todos los números para seguir traumatizada para siempre, sólo es posible superarlo si la sociedad lo permite”, afirmó Barudy. “Ella –la autora- llega a la conclusión de que el pasado no es pasado. Creo que está más presente que nunca. Si n,o sería inimaginable que a finales de 2013 haya estado en España el grupo de expertos en desapariciones de la ONU y el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, argumentó Jiménez Villarejo. “Las visitas del comité en 2013 fueron sólo a tres países: Nepal, Siria y España”, añadió.
“La gran pregunta que me hago –sostuvo el exfiscal- es cómo podemos convivir y cómo pueden convivir las familias de las víctimas cuando sigue habiendo miles de desaparecidos, sin que se haya impulsado ninguna investigación más allá de las llevadas a cabo por entidades de la sociedad civil y particulares, muy excepcionales”. “Imponer esa especie de desaparición, silencio, ninguneo, es lo peor que le puede pasar a una sociedad”, concluyó Barudy.
http://www.lamarea.com/2014/
Las conclusiones a las que llega la autora son claras: Los efectos nocivos de los traumas generados durante la Guerra Civil y la posterior represión de la dictadura interfieren en las futuras generaciones, creando efectos como la necesidad de tener enemigos, la polarización de la sociedad, el victimismo, la venganza y el miedo a denunciar al poder. “La generación de los nietos tienen un rol muy específico en la transmisión generacional. Tienen más posibilidades de sufrir trastornos, es la generación más impactada en el subconsciente”, señaló Valverde durante la presentación-debate sobre la obra que tuvo lugar el pasado martes en el Casal de Barri Pou de la Figuera, en Barcelona.
La charla contó con la participación de la analista especializada en psicogenealogía y colaboradora en la obra, Elena Álvarez Girón; el neuropsiquiatra chileno Jorge Barudy, fundador y actual director de EXIL Bélgica y España; y el abogado y exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. “El silencio, el miedo, las penas sufridas en España desde julio de 1936 conllevan una dificultad de las generaciones posteriores para asumirlo”, sostuvo Jiménez Villarejo. Principalmente, subrayó, por la ausencia de una Comisión de la Verdad “como forma de conocer la realidad de la violencia impuesta y el grado de violación de los Derechos Humanos que se produjo”. “En muchos países han cumplido un papel fundamental, y han generado un cierto grado de reconciliación”, apuntó el exfiscal.
Por ejemplo, en Canadá, donde la autora vivió muy de cerca las comisiones de la verdad y reconciliación impulsadas para tratar el trauma histórico de la colonización entre las comunidades indígenas, que tuvo unos de los episodios más negros en los abusos físicos y sexuales sobre los niños. “A mí me impresionaron muchísimo, las comisiones de la verdad iban de pueblo en pueblo, las personas tenían todo el tiempo que fuera necesario para hablar. Vi cómo tuvo un efecto enorme sobre la comunidad indígena. Cuando llegué a España, pensé que habría muchísima gente trabajando en el trauma generacional, pero ni mucho menos”, afirmó Valverde.
La escritora y enfermera se ha tenido que basar en toda la teoría elaborada a nivel internacional. “En cualquier país se ha investigado sobre el tema, como en Armenia, en Chipre… Aquí no, y es preocupante”, señaló. El duelo que quedó congelado cuando los familiares fueron asesinados, y que se tuvo que ocultar en la intimidad del hogar o en lo más profundo de cada uno, al no cerrarse, provocó que los traumas sigan latentes.
Una desgracia “producto de la mala suerte”
“En esa espiral infernal que causa el maltrato y la tortura —características esenciales de la represión franquista junto con la humillación y la aniquilación física y psíquica del «enemigo»— y en la que la víctima acaba sintiéndose culpable, el padre asesinado termina siendo el responsable de la desgracia familiar”, señala en el prólogo de la obra la documentalista Montse Armengou, autora de numerosos trabajos sobre la dictadura y la represión franquista. “He encontrado personas que creen —a excepción de aquellas que tenían una familia o un entorno social politizado— que la desgracia que se cernió sobre ellos fue producto de la mala suerte o del azar”, expone Armengou.“Estamos hablando de un trauma no resuelto de toda una sociedad”, sentenció el neuropsiquiatra Jorge Barudy, víctima también de la represión pinochetista en Chile. “Este libro es un minitratado sobre la psico-traumatología, leyéndolo me he deleitado muchísimo. A nivel personal, estuve en contacto directo con la traumatización de toda una sociedad, si bien, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, lo que pasó en España es infinitamente mayor de lo que sucedió en mi país. En Chile hubo 8.000 desaparecidos, aquí estamos hablando de más de 100.000”.
“Cuando la sociedad hace todo lo posible por no reconocer los traumas, tiene todos los números para seguir traumatizada para siempre, sólo es posible superarlo si la sociedad lo permite”, afirmó Barudy. “Ella –la autora- llega a la conclusión de que el pasado no es pasado. Creo que está más presente que nunca. Si n,o sería inimaginable que a finales de 2013 haya estado en España el grupo de expertos en desapariciones de la ONU y el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, argumentó Jiménez Villarejo. “Las visitas del comité en 2013 fueron sólo a tres países: Nepal, Siria y España”, añadió.
“La gran pregunta que me hago –sostuvo el exfiscal- es cómo podemos convivir y cómo pueden convivir las familias de las víctimas cuando sigue habiendo miles de desaparecidos, sin que se haya impulsado ninguna investigación más allá de las llevadas a cabo por entidades de la sociedad civil y particulares, muy excepcionales”. “Imponer esa especie de desaparición, silencio, ninguneo, es lo peor que le puede pasar a una sociedad”, concluyó Barudy.
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