Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU)
PROPUESTAS PARA EL 2º CONGRESO DEL PUEBLO
Por un programa alternativo a la actual política económica y social.
Albert Einstein decía:
“si uno sigue haciendo lo mismo,
es tonto esperar resultados diferentes”.
Transcurrida la mayor parte del período de gobierno, es posible sostener que no se ha impulsado un proyecto de política económica diferente al de los gobiernos anteriores. El rumbo y los resultados abonan la desesperanza y falta de entusiasmo popular.
“Otro Uruguay es posible”, y “Uruguay productivo con equidad” son consignas muy justas, pero la realidad demostró que quedaron en promesas. Es más, el rumbo adoptado, de respetar estrictamente las decisiones de los empresarios en el mercado, totalmente alejado del compromiso por un “Estado activo y orientador”, y “participativo”, profundiza la desigualdad social y la fragilidad de la economía.
Luego de 2003 y 2004, en que se superó el caos, hasta 2007 la producción creció 21%, pero el salario real sólo lo hizo 14.5%; la diferencia se la apropiaron los grupos dominantes de siempre. Inaceptable para un gobierno progresista o de izquierda; la concentración del ingreso empeoró, en perjuicio de los trabajadores y sectores medios. Se continúa “desarrollando un modelo de país, una visión del mundo y de la vida que ha concentrado recursos y poderes en unos pocos, en perjuicio de los trabajadores, las capas medias”[1].
Esto se agrava con un sistema tributario que perjudica a los trabajadores y sectores medios y favorece al capital.
Lejos estamos de defender la soberanía:
- La deuda externa aumenta como bola de nieve, y la “pateamos para adelante”, cargándosela irresponsablemente a las próximas generaciones.
- Nos peleamos con la región, y desaprovechamos oportunidades muy concretas que nos brinda, en aras de una búsqueda obsesiva por un vínculo estrecho con EE.UU., desconociendo lo afirmado de que “El gobierno progresista inscribirá en su política internacional la lucha contra este orden (internacional) expoliador e injusto”, y la decisión de que "rechazamos al actual proyecto ALCA y los eventuales acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos”[2].
- Se recibe con loas y sin más trámite al capital extranjero; proliferan las Zonas Francas, esa “invasión silenciosa” en áreas que escapan a la soberanía nacional.
- La tierra y las principales agroindustrias se extranjerizan rápidamente sin que el gobierno reaccione.
- Se rechaza el diálogo con las organizaciones sociales que buscan soluciones colectivas con el argumento de que los corporativismos atentan contra la sociedad toda, pero se acepta el precio de los corporativismos que representan a la burguesía y el gran capital.
Estos resultados explican por qué el pueblo “no siente” los cambios prometidos; la bonanza de algunos indicadores macroeconómicos no le llegan, y se pregunta: ¿qué pasó?
Por nuestra parte, preguntamos: ¿las inversiones corresponden a una estrategia de desarrollo y se llevan a cabo con la participación ciudadana?; las privatizaciones incrustadas en sucesivas Rendiciones de Cuentas –además de violentar la voluntad ciudadana expresada en los referéndums- ¿benefician al país de acuerdo a una estrategia participativa? Pasar a ser “socios estratégicos” de Estados Unidos ¿es fruto de la voluntad popular y garantiza nuestro desarrollo soberano?
Lo importante es que los resultados son lógicos, coherentes con la política económica implementada, con el rumbo adoptado, contrario al prometido.
El cambio por el que hemos luchado por décadas, acumulando fuerzas a través de la luz y de la sombra, hasta tener el gobierno, es esencial: se trata de romper el dominio del bloque de poder que ha puesto en primer lugar sus pequeños intereses para construir un país que ponga en primer lugar las necesidades de las grandes mayorías y del Uruguay soberano y autónomo.
Los instrumentos son simples y profundos. En su momento, el Dr. Tabaré Vázquez fue preciso: “¿Cómo se hace ese ¿Uruguay productivo? En primer lugar entre todos y progresivamente. En la construcción de las naciones no hay milagros ni atajos. Tampoco pueden haber exclusiones”[3]
O sea: estrategia a favor del pueblo, más participación. Y no puede ser de otra manera, pues las estrategias, para ser eficaces, no pueden ser cosa de unos pocos, sino de millones.
Por todo lo anterior proponemos otra política económica y social, cuyos aspectos centrales se presentan para debatir, enriquecer y acordar un Programa integrado, de izquierda, que rescate la ética de la izquierda estos 50 años. Con una cabeza nueva para un nuevo Uruguay pero las mismas
convicciones ideológicas.
Para reencontrarnos con los compromisos esenciales, presentamos estas propuestas, que fundamentamos y desarrollamos en nuestro libro “50 años de lucha; 3 años de gobierno. El necesario golpe de timón. El pueblo recuperará su programa.
Las propuestas que aquí presentamos no son un acabado Programa de Gobierno; son elementos centrales y medidas concretas, para el debate y el enriquecimiento en este2º Congreso del Pueblo.
La alternativa es clara: o se crea una nueva trayectoria hacia un desarrollo comunitario y viable o se consolida el predominio del capital trasnacional y sus aliados locales.
Creemos que existe un conjunto de medidas que son la base para cuestionar la hegemonía del bloque de poder dominante. Este conjunto de medidas las podríamos resumir en grandes consignas, en líneas de trabajo que rescaten la historia del pueblo y señalen rumbo con claridad. A modo de gran síntesis proponemos:
1 – Ubicación del Estado como motor y orientador de la economía. Es necesario que el Estado encare emprendimientos productivos de alto impacto pues, junto con las eventuales ganancias que se generen, serán garantía de alta calidad e innovaciones en lo tecnológico y organizativo, lo que incidirá en la elevación de la calidad del sistema productivo uruguayo.
2 – Estímulo y Control de la Inversiones. A través de convenios de producción entre particulares y el Estado fomentar la inversión realmente productiva de acuerdo a los objetivos sociales en un horizonte de mediano y largo plazo.
3 – Programación y Control del Comercio exterior. Articular el comercio exterior con la estrategia de desarrollo nacional, y restringir el movimiento de capitales que no apoyen un desarrollo nacional sustentable e independiente del capital extranjero. Apoyo al MERCOSUR y el Alba, en busca de consolidar un desarrollo Latino Americano independiente.
4 – Política agraria – Fomentar el uso intensivo de la tierra e impedir su extranjerización. Desarrollar instrumentos que permitan la distribución de la riqueza en ella generada, en apoyo de otros desarrollos productivos.
5 – Deuda externa – Condicionar el pago de la deuda y sus intereses a la riqueza generada y las necesidades del desarrollo nacional.
6 – Mejor distribución de la riqueza – Desarrollar instrumentos que permitan orientar la riqueza hacia los sectores menos beneficiados a fin de disminuir la brecha entre ricos y pobres.
7 – Propiedad social – Fomentar y respaldar legislativamente la propiedad social de la tierra, de los recursos naturales y los instrumentos de trabajo (medios de producción), fomentando redes sociales y productiva que la respalden.
8 – Fomento de instrumentos colectivos de trabajo - Los emprendimientos colectivos basados en la solidaridad, la autogestión, la democracia directa y la propiedad social, en lucha ideológica conciente y permanente con el capitalismo y las políticas neoliberales deben ser los gérmenes de una sociedad más justa y solidaria..
9 – Establecer y promover la participación – Fomentar la participación de la sociedad civil en el poder, a través de compartir el diseño y la toma de decisiones, la ejecución y el control de los resultados. Sólo apoyados en la sociedad civil es posible respaldar y defender las medidas anteriores.
10 – Control de los recursos naturales no renovables – Considerando la importancia fundamental de la explotación petrolera y minera – incluido minerales radiactivos – es imprescindible modificar el Código Minero aprobado en 1982 que, entre otros aspectos, deja todas las potestades de negociación en el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de salvaguardia parlamentaria.
11 - Defensa del patrimonio empresarial del Estado – Esto implica crear mecanismos legales que impidan que se utilice el derecho privado para regular el funcionamiento de empresas públicas, la creación de empresas mixtas, la desmonopolización de áreas estratégicas y las privatizaciones totales y parciales.
A continuación, proponemos un conjunto integrado de medidas e instrumentos para llevar a la práctica las líneas de trabajo. Las agrupamos en 4 ejes:
1. Una política económica centrada en los intereses nacionales
2. Políticas públicas para atender las necesidades sociales.
3. Reales niveles de participación democrática.
4. Cambios institucionales para una nueva sociedad,
1. Una política económica para el Uruguay productivo y natural centrada en los intereses nacionales
Inversión
1.1. Estimular y fomentar la inversión realmente productiva, y no las compras de tierras que realizan extranjeros o la adquisición de empresas ya en funcionamiento que son simples cambios jurídicos de titular. Del mismo modo, las inversiones puramente financieras tampoco generan más producción. Con este fin y en el marco de ese programa de desarrollo colectivamente construido, un instrumento privilegiado a impulsar debe ser la creación de Convenios de Producción entre particulares y el Estado. En estos Convenios ambas partes se comprometen por escrito con una producción determinada; con los créditos necesarios; eventualmente con aportes de capital; facilitando y agilizando todos los trámites; con convenios saláriales de largo plazo; con estímulos o fomentos precisos, etc.
Bienvenida la inversión extranjera, pero que responda al programa nacional de desarrollo.
Empleo
1.2. Los programas de empleo deben ser ante todo programas de producción acordes a lo señalado en el punto anterior. Sólo así obtendremos su sostenibilidad en el tiempo y, en consecuencia, un efecto multiplicador y de aporte a la producción nacional.
Comercio Exterior y MERCOSUR
1.3. A diferencia del énfasis actual, lo primero debe ser el desarrollo nacional, debiendo el sector externo responder a esta lógica.
1.4 Impulsar los acuerdos comerciales de gobierno a gobierno, con especial énfasis en los países del MERCOSUR y el ALBA., impulsando inversiones para la complementación concreta de sectores productivos.
1.5. Se deben privilegiar los acuerdos intergubernamentales de financiamiento, en especial del MERCOSUR y el ALBA, el Banco del Sur, y otras líneas especiales de complementación y articulación para desarrollar proyectos productivos. El comercio en la región debe efectuarse en las monedas locales.
Tierra
Para garantizar el abastecimiento de alimentos y de materias primas para la industria, repoblar el campo y elevar la calidad de vida de toda la población para esta generación y las siguientes, es estratégico:
1.6. Aplicar prácticas productivas sustentables ecológica y socialmente y prohibir aquellas depredadoras de nuestros recursos naturales y humanos. Puesta en marcha efectiva y consecuente de los mecanismos ya existentes de combate a la erosión.
1.7. Una Ley de Ordenamiento del Territorio que regule el uso de la tierra, tomando como base las cuencas hidrográficas
1.8. Limitar la tenencia de la tierra, estableciendo superficies máximas para las diferentes actividades. Sin excepciones, quedan excluidas de la tenencia las sociedades con acciones al portador.
1.9. Democratizar el acceso a la tierra. Fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización y elaboración de un Plan para instalar 2.000 familias cada año.
1.10. Reivindicamos las detracciones como una herramienta válida que, aplicada correctamente, garantiza la soberanía alimentaria, promueve la exportación de productos con mayor valor agregado, protege los precios internos de las variaciones de los precios internacionales y redistribuye ingresos extraordinarios. Reintroducir el Impuesto a la Producción Mínima Exigible (IMPROME). La tendencia debe ser que los gravámenes al sector agropecuario alcancen el mismo nivel respecto a su PBI que los del resto de la economía.
1.11. Los pequeños productores (que viven sólo de y en su predio y no emplean mano de obra asalariada) serán protegidos de los probables efectos negativos de estas medidas fiscales.
1.12. Moratoria forestal hasta que el Estado, a través del Ministerio de GAP, en conjunto con las instituciones de investigación, incluida la Universidad y en consulta con la sociedad civil decidan una nueva política forestal…
Investigación científica, innovación y desarrollo.
1.13. Meta general: llegar en poco tiempo al 2% del PBI de inversión en la misma, con vistas a superar esa cifra. Los organismos privado-públicos (INIA, INASE, Plan Agropecuario, etc.) deberán pasar a la órbita estatal; coordinarán con la Universidad de la República.
Banca y finanzas
1.14. En defensa de la seguridad de los fondos de pensión y control nacional del excedente económico (aproximadamente similar al ahorro) nacional: supresión de las AFAP, y pasaje de sus fondos al BPS.
1.15. Eliminación explícita de la garantía estatal implícita de los depósitos, conservando el respaldo estatal de los mismos exclusivamente a los colocados en bancos públicos
1.16. Supresión de la posibilidad de realizar contratos denominados en moneda extranjera en el país, como primer paso hacia la defensa de la moneda nacional.
1.17. Es necesario poner restricciones al movimiento de capitales de corto plazo, para que la tasa internacional de interés no genere flujos desestabilizadores, y para poder defender la moneda nacional.
Equilibrios macroeconómicos
1.18. Es preciso considerar equilibrios macroeconómicos que contemplen la inversión, el empleo, el comercio exterior, la distribución del ingreso. En la historia económica se les conoce genéricamente como los equilibrios clásicos. Con base en lo anterior, concluimos que el criterio neoliberal de déficit fiscal cero (o mejor dicho, un superávit fiscal con destino al pago de la deuda, lo que es peor) debe sustituirse por un equilibrio relativo en el largo plazo, de manera de posibilitar un impulso estatal a la actividad económica y a la recuperación de salarios, y otros ingresos de los trabajadores.
Deuda Externa
1.19. Todo financiamiento deriva del trabajo de los uruguayos. Por lo tanto, los frutos de ese trabajo deben ser, primero, para los uruguayos. Lo primero y coyuntural es no seguir endeudándonos. Priorizando nuestro desarrollo y la “deuda” interna con los necesitados. Los pagos a los acreedores externos se resolverían a posteriori.
Una vez que resolvamos las prioridades de nuestro desarrollo, nuestra propuesta es:
a) el monto total de la deuda pública en moneda extranjera no debe aumentar;
b) el pago de intereses no podrá ser superior al 10% de los ingresos del Gobierno Central;
c) el pago de amortizaciones deberá ser postergado a través de una refinanciación que permita crear las condiciones económicas para afrontar los pagos de la deuda que resulte de una auditoría.
Renegociar la deuda presupone una plena información a la ciudadanía y una movilización social que la respalde.
Ubicar el Estado como motor del progreso
1.20. La inflexión hacia el desarrollo depende de que el Estado encare emprendimientos productivos de alto impacto (sin excluir acuerdos con privados).
1.21. Devolver al Estado su papel como actor fundamental del proceso económico. El Estado, en el marco de una disputa de la clase trabajadora, incluyendo pequeños productores agropecuarios o industriales, intelectuales, y algunos sectores medios por la hegemonía con los sectores dominantes puede enfrentar el poder económico que se expresa fundamentalmente en el mercado. El cual, por su propia lógica, no atiende las demandas de los que no tienen capacidad de pago, no tiene una visión de largo plazo e impulsa procesos de centralización y concentración de la riqueza. Un Estado socialmente legitimo, económicamente fuerte y políticamente soberano permitiría favorecer el desarrollo del país productivo, del mercado interno y mejorar la distribución del ingreso.
1.22. La defensa del patrimonio nacional pasa indefectiblemente por la defensa de las empresas del Estado y el control nacional de los servicios públicos estratégicos tales como, combustibles, telecomunicaciones, energía, transporte ferroviario, terminales aéreas y portuarias.
1.23. A su vez cuestionamos y proponer revertir los cambios de reglas que buscan reducir el papel del poder político en el proceso económico, por ejemplo, la autonomía que se pretende otorgar al Banco Central, y los Tratados de Protección de Inversiones. .
1.24 El área de la propiedad pública debe ampliarse selectivamente, tanto, para participar efectivamente en el sistema de formación de precios (entes testigos), como para captar una parte del excedente económico.
1.25. El Estado debe dejar de ser simple garante y sustento de decisiones de los empresarios para pasar a ser el orientador general de las actividades económicas del país. No sólo como regulador sino como impulsor y responsable del desarrollo económico y social.
1.26. Un Estado incluyente, que tome en cuenta los distintos intereses sociales, pero privilegiando a los más desposeídos e incluyendo en su quehacer a los trabajadores, y se comprometa con ellos; de forma democrática y participativa.
1.27. Una nueva política presupuestal destinada a impulsar la producción nacional y la atención de las necesidades básicas lo que implica aumentar la inversión pública y el gasto social en salud, alimentación, educación y vivienda.
1.28. Respecto a la vivienda popular, se debe encarar un plan basado en tres aspectos clave: a) un sistema de gravámenes que fuerce a los propietarios de viviendas ociosas a volcarlas al mercado. b) Destinar en forma inmediata los fondos obtenidos hace años por el descuento a los trabajadores para construir viviendas nuevas. Utilizar fondos adicionales para tal fin, priorizando el método cooperativo. En conjunto, se debe construir no menos de 14.000 viviendas al año. c) Conservar el plan MEVIR por su impacto positivo en los niveles de vida de la población rural.
2. Políticas publicas para la inclusión y la justicia social
2.1. Se debería implementar un programa permanente que garantice la alimentación en las Escuelas Públicas a todos los niños hasta superar la edad escolar. En locales ampliados, con personal adecuado, articulando programas de producción de alimentos sanos de diversos sectores, con horario extendido que, a su vez, permita enriquecer labores docentes, cumpliendo actividades lúdicas, cuidando su salud, etc.; esto constituiría un claro mojón de la refundación del nuevo Uruguay.
2.2. Nivel salarial progresivamente superior al actual (salario mínimo nacional a $8.500). A breve plazo, la masa salarial debe llegar al nivel de 1998, tanto lo referente al salario real como en su participación en el PBI (30%).
2.3. Una política decidida y creativa en política urbana a los efectos de desarrollar impactos positivos sobre la población. Incentivando una “ciudad cultural y productiva” al estimular la integración, la riqueza social, y el turismo.
2.4. Salud. Sistema general, financiado con aportes de rentas generales, que cubra toda la población. Criterios definitorios: a) existirá un sistema privado, regido por las leyes del mercado, con control del MINSAP en cuanto a la calidad de sus prestaciones. Éste sistema se financiará exclusivamente con dinero privado. b) el sistema público se financiará con el dinero público. En principio, salvo tecnologías muy específicas que no justifiquen su duplicación a nivel nacional, no habrá transferencia alguna entre ambos sistemas. c) nadie podrá trabajar en los dos sistemas. Se deberá optar por uno u otro.
2.5. El gasto en educación, en los próximos cinco años, debe alcanzar el 6% del PBI.
3. Ampliar la democracia y los canales de participación.
3.1. La participación de los diferentes actores sociales debe contemplar el análisis y la toma de decisiones sobre la realidad inmediata como forma de ejercicio del poder. El Estado debe combinar la necesidad de tomar decisiones estratégicas en tiempo y forma con la necesaria participación de los involucrados con cada decisión.
3.2. El movimiento popular y sus organizaciones gremiales y partidarias han defendido siempre, y con total justicia, la plena democracia como uno de los pilares ineludibles de una sociedad justa y solidaria. Su lucha concreta, durante muchos años, construyó efectivamente y paso a paso los componentes democráticos fundamentales. Por su propia historia, y por convicción, las formas democráticas se deben aproximar progresivamente a la máxima artiguista: mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana.
3.3. Prohibir la publicidad electoral en medios electrónicos. Todos los partidos aceptados con derechos iguales a espacios gratuitos en los medios electrónicos, a costa de éstos, que usan (y se benefician de) ondas que son de todos. Para expresarlo como consigna “transformar la plutocracia en democracia”. Tomar como referencia las normas electorales de Brasil
3.4. Pero también nuevos ámbitos se incorporan a la participación. En especial, el ámbito estatal, lo que implica el conjunto de decisiones e impulsos ejecutivos concretos para orientar el futuro del país, y que debe abrirse a la participación, convocando a los ciudadanos y, en particular, a los trabajadores. Así debería ocurrir, por ejemplo, con la propuesta del Presupuesto Nacional; la reforma tributaria; proyectos concretos, empresas públicas, etcétera.
3.5. La movilización popular, cada vez más conciente y organizada, es a la vez el mejor respaldo de un gobierno de objetivos nacionales y populares, y el mejor objetivo, el más trascendente a lograr en esta etapa. Como decía el Che, en aquella famosa carta al Dr. Quijano: “nosotros no somos mas libres por tener más horas para ir a la playa, sino por ser más conscientes”.
4. Nuevas instituciones para una nueva sociedad
La implementación de la política económica, las políticas públicas y mayores niveles de participación democrática exigen cambios institucionales.
Hacia una nueva ética solidaria
4.1 El cambio institucional comienza por el individuo y su ética. Se trata de construir un círculo virtuoso entre ética solidaria, poder democrático, incluyente y participativo e instituciones destinadas a atender las necesidades sociales y el proyecto nacional de largo plazo. Superando el circulo perverso de la ética individualista y egoísta, el poder tecnocrático excluyente y las instituciones del mercado cortoplacista.
Control de cambios
4.2. Un Tipo Cambio (TC) “atrasado” es un seguro desestímulo a la inversión; si se encuentra algo “adelantado” es muy probable que los particulares decidan invertir. Sin considerar que el TC sea la única variable, ni siquiera la fundamental, es necesario tener un tipo de cambio competitivo.
4.3. Implantar un sistema de control de cambios a fin de asignar la mayoría de las divisas al desarrollo nacional; restringir progresivamente las transacciones en moneda extranjera en el mercado nacional y la adquisición de tierras y demás recursos naturales a extranjeros o a sociedades anónimas.
Control de Zonas Francas
4.4. Se debe reducir el ámbito de acción de las zonas francas al procesamiento de insumos importados, evitando que compitan en condiciones de privilegio con los productores nacionales por materia prima nacional. Eso implicar revisar la leyes de Inversiones y creación de Zonas Francas y los tratados de protección reciproca de inversiones,
Reforma Tributaria
4.5. Una nueva reforma tributaria que elimine el carácter dual del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, asumiendo que para que efectivamente paguen más quienes tienen más es imprescindible gravar el patrimonio y la renta acumulada por todo ingreso. El mínimo no imponible de los hogares deberá ser igual a la canasta básica de una familia tipo. La carga sobre la renta del capital será, necesariamente, mayor que sobre los ingresos del trabajo. La política tributaria tendrá carácter finalista y deberá ser utilizada para propiciar un cambio estructural de la economía acorde con los objetivos de desarrollo nacional.
4.6 Reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, establecer el impuesto a las herencias como mecanismo que favorece la igualdad de oportunidades.
4.7 Gravar los capitales de uruguayos en el exterior.
Derechos
4.8. El gobierno debe actuar defendiendo los derechos de organización sindical y de negociación, Junto con los cambios en normas e instituciones que aseguren el trabajo formal, estable, seguro, de calidad y para todos. Es necesario corregir las serias insuficiencias estatales para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva, así como para prevenir o sancionar los abusos frecuentes a los derechos sindicales.
4.9. La protección del derecho de los trabajadores pasa por la elaboración de normas que favorezcan, tanto la organización sindical y el fortalecimiento de los espacios tripartitos de negociación, como la fijación de un salario mínimo en función de la línea de pobreza y la eliminación de los impuestos al trabajo.
Propiedad Social
4.10. La propiedad social tendrá preferencias sobre otras formas de capital. Incluir en el marco normativo el principio de que la propiedad social tiene preferencia respecto a otras formas de capital en todos los ámbitos de la economía. Dicho marco no puede sustentarse, como se sostiene actualmente, en un principio de “neutralidad” respecto a las diferentes formas de capital. Es fundamental desarrollar un área de propiedad social a partir de las unidades productivas viables (industriales, comerciales y agropecuarias) cerradas, en proceso de cierre o que no son utilizadas para el desarrollo productivo. Se impulsará la creación de unidades cooperativas y se las capacitará para aprovechar las capacidades instaladas no utilizadas.
4.12. Tal como lo señala nuestra Constitución, lo reafirma Naciones Unidas, y se acaba de aprobar en la Ley de Ordenamiento Territorial, el interés colectivo prima sobre el derecho a la propiedad privada de los recursos productivos del país.
4.13. El avance de un país productivo requiere, además, el uso eficiente de los recursos, por lo cual deberá combatirse seriamente la tierra improductiva y la no utilización plena de la capacidad instalada en la industria. En los casos que se considere necesario expropiar bienes privados en función de estos criterios, se pagarán las compensaciones correspondientes, destinando hasta el 10% de ingresos del Gobierno Central a esos fines. Lo cual puede ser financiado a través de la reducción de los intereses de la deuda pública, posibilitando así una revolución productiva gradual, un verdadero cambio estructural: reforma agraria, reforma industrial y reforma urbanaNada de lo que se propone será posible sin movilización popular, sin la radicalización de la democracia, sin un proceso de articulación solidaria y convergencia programática entre las fuerzas sociales y políticas dispuestas a preservar el carácter emancipador el proyecto histórico de la izquierda uruguaya.
Este material, así como los documentos que lo fundamentan, están disponibles en:www.rediu.org
¿“Profundizar los cambios”? Esta consigna implica continuar con este rumbo que concentra ingresos, extranjeriza nuestros recursos, etc. Más correctas y fecundas son las ideas de la Proclama del 2º Congreso del Pueblo:profundizar los cambios en beneficio de las mayorías; hacer lo prometido y que todavía no se hizo, y corregir lo que sea necesario. |
[1] FA: IV Congreso Extraordinario. Lineamientos programáticos para el gobierno.
[2] Plenario Nacional FA; Inserción Internacional.
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