CRYSOL: Somos pecadores


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Somos pecadores
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Justificando los disparates que emitió al referirse a las críticas formuladas por Serpaj, el Ministro de Defensa ha señalado que el problema de fondo es que se discrepa con la política de DDHH que lleva adelante el actual gobierno y la fuerza política que la integra. Se deduce de sus palabras y de su reacción que tener opiniones diferentes y distintas es prácticamente un sacrilegio merecedor de la excomunión en la terminología religiosa. Lo confesamos sin pruritos y públicamente: somos impenitentes pecadores.

No compartimos que los militares procesados, con sentencia firme cobren sus jubilaciones. Es un privilegio inaceptable que tienen los integrantes de las fuerzas armadas ya que los ciudadanos cuando son condenados por la justicia pierden el derecho a cobrar sus jubilaciones que, además, tienen topes, establecidos por la dictadura militar que hasta el día de hoy se mantienen. Homologar el fallo del Tribunal de Honor que posibilitó que Gilberto Vázquez pueda cobrar el 100% de su jubilación por “tener buena conducta” es rascarle el lomo a uno de los principales criminales del proceso y darle aliento a la impunidad.

Tampoco nos parece razonable que a los militares que se encuentran prófugos de la justicia, fuera del país para evitar ser procesados se les continúe abonando sus jubilaciones y pensiones. En este caso el Ministerio de Defensa financia la clandestinidad de los prófugos y obstaculiza de manera activa y militante la actuación de la justicia para avanzar en la búsqueda de la verdad y del justo castigo.

Que un Tribunal de Honor militar al juzgar la actuación del Cnel ® Gilberto Vázquez procesado y condenado por la justicia por crímenes aberrantes pueda ser considerado como una persona con buena conducta, demuestra claramente que las Fuerzas Armadas continúan en democracia rigiéndose por una escala de valores absolutamente distinta y opuesta a los principios constitucionales vigentes en el país.

El hecho comprobado de que en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas los militares que se opusieron al proceso y por ello sufrieron torturas, prisión prolongada y fueron expulsados de la institución, reciban un trato discriminador y despreciativo, ignorando las leyes vigentes al respecto, sin que ningún general haya sido observado y/o sancionado por ello es una política de DDHH con la cual no estamos de acuerdo. En un país democrático las Fuerzas Armadas tienen que respetar las normas constitucionales y las leyes vigentes. Los militares que en su momento fueron expulsados de las filas, en base a leyes aprobadas por el Parlamento, han recuperado sus grados militares y deben recibir el trato que corresponde.

De acuerdo a la normativa legal en el país, todos los militares cuando son procesados y condenados por la justicia, deben ser sometidos a Tribunales de Honor, para recibir además de la sanción penal, la sanción administrativa que corresponda en base a la gravedad de los delitos. Hasta el momento ningún militar de los procesados y con sentencia firme, por crímenes que deberían tipificarse de Lesa Humanidad,  ha sido sometido a un Tribunal de Honor debido a la actuación de la justicia. Aunque parezca una broma de Showmatch, el Cnel. ® Gilberto Vázquez fue sometido a un Tribunal de Honor por haberse fugado del Hospital Militar pero no por las desapariciones forzadas de ciudadanos en las cuales participó, ni por los asesinatos, ni por las torturas ni mucho menos por los comprobados abusos sexuales a los prisioneros. La lógica militar prevaleciente en los mandos naturales está imbuida de Impunidad y es contraria a los principios de la institucionalidad democrática.

La obligación de Repetir

Cuando los Estados violentan los derechos humanos de las personas tienen la obligación de reparar el daño de una manera integral, tal como lo establece la Resolución 60/147 de la ONU, lo cual incluye entre otros elementos otorgar una indemnización. Para cumplir con sus obligaciones estipuladas en las normas de DDHH, el Estado uruguayo ha tenido que destinar importantes sumas de dinero para indemnizar  a los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados. El Artículo 26 de la Constitución establece que el Estado tiene la potestad de repetir contra los funcionarios involucrados en los delitos, los costos que el accionar de los mismos le ha ocasionado al erario público. Hasta el momento esta disposición constitucional no se ha aplicado para ninguno de los militares procesados y condenados por más de 25 desapariciones forzadas y asesinatos de ciudadanos.

Historias de combatientes

El proyecto político que culminó con la dictadura militar y el terrorismo de Estado se inició el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad y convocó a las fuerzas armadas para reprimir al movimiento sindical mediante la militarización de los bancarios y otros gremios. Los combatientes eran las masas trabajadoras, los asalariados rurales, los estudiantes universitarios y secundarios enfrentando la congelación salarial y la Intervención. El enfrentamiento armado al proyecto autoritario alcanzó mayores proporciones a medida que cada vez era más claro el destino final en el marco de una estrategia continental diseñada en Washington. Las violaciones a los DDHH que se cometieron por parte de los funcionarios del Estado no son justificables bajo ningún concepto y no merecen ser perdonadas legalmente, no por razones de revanchismo o venganza, sino para no alentar su repetición tal como lo establece la normativa de DDHH en general y la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

El desprestigio y la condena social a las FFAA en amplísimos sectores de la población, que ha sido incluso reflejado en las páginas de El País, obedece al enorme daño que en su momento le causaron al país como institución, al sufrimiento ocasionado en forma directa a miles de uruguayos, a la persistencia, en sus mandos y en la oficialidad, de una justificación injustificable de lo actuado, a no haber dado muestras hasta el momento de arrepentimiento, a una complicidad permanente con los delincuentes y los nucleamientos sociales que ofician de voceros públicos de los mismos, a negarse a brindar la información detallada y pormenorizada de lo ocurrido con los ciudadanos detenidos desaparecidos para hallar sus restos óseos.

En nuestro sistema democrático republicano de gobierno corresponde esencialmente a la justicia la investigación, el esclarecimiento y el castigo de las graves violaciones a los DDHH. Es su potestad constitucional. Los jueces que han asumido su obligación al respecto han debido trabajar en pésimas condiciones en todos los planos, sin contar con dedicación exclusiva a pesar de tratarse de delitos complejos, han sido perseguidos, incluso sancionados como ocurrió con la Dra. Mariana Mota. Tampoco han contado con la colaboración del Ministro de Defensa que ha interferido en algunas causas y no ha proporcionado en tiempo y forma la información que le ha sido solicitada, tal como lo denunció estos días IELSUR en un comunicado de prensa.


La tesis de los dos demonios, la teoría de los combatientes es un relato discursivo elaborado por quienes promovieron, apoyaron y sostuvieron el proyecto socio político del terrorismo de Estado para ocultar su responsabilidad, diseminar las culpas y mantener, en lo posible la impunidad que la lucha social ya ha resquebrajado restableciendo plenamente la pretensión punitiva del Estado a través del Artículo 1 de la Ley 18 831 y logrando el enjuiciamiento   de un núcleo significativo de represores seriales.

Los expresos políticos agrupados en Crysol que hemos levantado las banderas de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, mantendremos en alto nuestras banderas también en el 2015 que se avecina. 


Las recomendaciones formuladas al Estado uruguayo  por el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff  para superar las heridas del pasado reciente y el cumplimiento a cabalidad de la Sentencia de la Corte IDH para el caso Gelman son las medidas que impulsaremos, recordando que el 14 de marzo se cumplirán 30 años de la liberación de todos los prisioneros.
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*  Se adjunta el informe del Relator Especial para las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
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Paul Craig Roberts: "el 'cisne negro' de Rusia podría acabar con la OTAN"

Paul Craig Roberts: "el 'cisne negro' de Rusia podría acabar con la OTAN"Paul Craig Roberts:
El politólogo y exsubsecretario del Tesoro de EE.UU., Paul Graig Roberts, opina que Rusia podría desatar el 'cisne negro', destruyendo así el sistema financiero de Occidente.
Paul Craig Roberts, en una entrevista con King World News, declaró que "si quiere, Rusia podría destruir el sistema bancario de Occidente, que nada más representa un castillo de naipes".
Al economista le sorprende la opinión de los "tontos", que creen que "Rusia está acabada". Roberts considera que si Rusia, como respuesta a los ataques contra el rublo, que tienen carácter político, decide pagar el tramo anual de sus deudas más tarde de lo previsto, eso terminará con los sistemas bancarios de los Estados europeos, muchos de los cuales están terriblemente descapitalizados. 
Pero lo más peligroso para Occidente, según Roberts, podría ser el 'cisne negro' de Rusia: "Si Putin deja de vender gas o cualquier otro tipo de energía a los países de la OTAN, que intentan hundir su economía, esa maniobra podría acabar con la Alianza. Ningún país dejará que su población se hiele o que la industria se paralice".
El politólogo subraya que "las cartas están en manos de Putin y no de Washington, y la alegría por la crisis en Rusia es anticipada". 

LA MESA PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD REPUDIÓ DICHOS DE HUIDOBRO


LA MESA PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD REPUDIÓ DICHOS DE HUIDOBRO

Que pase el que sigue

"El ministro Fernández ha emprendido un camino sin retorno, caracterizado por el menosprecio a las víctimas del terrorismo de Estado", asegura la Mesa Contra la impunidad.



Foto: Presidencia

A la larga lista de organizaciones y sectores del FA que salieron a repudiar los dichos de Eleuterio Fernández Huidobro sobre el Servicio de Paz y Justicia se sumó este fin de semana la Mesa Permanente Contra la Impunidad.
La organización, integrada por miembros del Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista y asociaciones como Mujeres de Negro, ya había pedido la renuncia del ministro de Defensa en octubre, al asegurar que se había convertido en un "obstáculo" para conocer la verdad.
En su nuevo comunicado, la Mesa Permanente Contra la Impunidad "expresa su más enérgico repudio a las declaraciones y actitudes del señor ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, conocidas en los últimos días".
"Consideramos que el ministro Fernández ha emprendido un camino sin retorno, caracterizado por el menosprecio a las víctimas del terrorismo de Estado, las organizaciones defensoras de DD.HH, y la ciudadanía toda, ya que día tras día dobla la apuesta y lejos de demostrar un atisbo de pudor, profundiza sus desbordes verbales en agravios e insultos injustificados e intolerables", agrega.
"Compartimos el informe de SERPAJ que desató la ira del señor ministro, en cuanto éste expresa, inequívocamente, que desde el MDN se retacea y enlentece la información solicitada para avanzar en los procesos judiciales iniciados contra los agentes del Estado responsables de delitos aberrantes cometidos contra civiles indefensos en el marco del desborde institucional que sufrió nuestro país.Expresamos nuestra solidaridad con el SERPAJ y la compañera Madelón Aguerre, ante a los agravios y ataques injuriosos lanzados por el ministro Fernández, haciéndole notar al señor secretario de Estado de nuestro actual gobierno, que cuando se habla del SERPAJ, se habla de un referente en la lucha por los derechos, como lo fue nuestro querido ‘Perico' Pérez Aguirre, por quien debería demostrar un profundo respeto y a quien también el señor Fernández ha agraviado con sus exabruptos e irresponsables acusaciones", continúa la Mesa.
"Apelamos, finalmente, a la sensibilidad y la reflexión del señor presidente de la República para que, dando una señal de solidaridad y de apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado, que todos esperamos, proceda a la remoción del ministro Eleuterio Fernández al frente de la cartera de Defensa Nacional", concluye.

Tomado de Montevideo Portal

Constanza Moreira, "la curiosa confirmación de Fernández Huidobro..."



La cartera de la dama

Para Constanza Moreira, "la curiosa confirmación de Fernández Huidobro al frente de la cartera tampoco está en sintonía con los logros y el espíritu del FA".


Una columna de la senadora Constanza Moreira para Montevideo Portal analizó lasdeclaraciones de Eleuterio Fernández Huidobro que tanto revuelo causaron en la interna del Frente Amplio.
Moreira explica por qué a su entender las palabras del ministro entran en conflicto con una de las banderas del Frente Amplio y son bastante más que expresiones irónicas, como ilustra con el título "La punta del iceberg".
"SERPAJ es una institución reconocida por su lucha por la verdad y la justicia y merece reconocimiento. Responder a sus reclamos por información con ironías que aluden a la tortura como método es, como mínimo, una perversión del orden original de las cosas. Es como si el actual ministro considerara que la única manera de obtener información es la tortura. O como si considerara que hacer presión sobre los mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA) para obtener información fuera literalmente imposible", razona Moreira.
"Los militares no han aportado casi nada de información y la búsqueda de los restos de los desaparecidos, treinta años después, sin informaciones precisas, es como arar en el mar", consideró, en respuesta a las declaraciones de Huidobro en las que afirmaba que casi toda la información obtenida se debe a los militares.
"El FA ha colocado a la causa de los derechos humanos en un primer lugar en el orden de prioridades. Y en función de ello se ha desactivado la Ley de Caducidad (con la ayuda de la declaración de inconstitucionalidad de la Justicia) y los actos administrativos de los gobiernos anteriores. El ministro Fernández Huidobro fue un firme defensor de no anular la Ley de Caducidad en 2003, cuando en una intensa discusión en el Congreso del FA con Hugo Cores, triunfó la idea de ‘no hacer olas' con este tema, porque el Frente Amplio no estaba suficientemente preparado para esta lucha. Ocho años más tarde, cuando en 2011 el FA se disponía a anular la Ley de Caducidad con una ley ‘interpretativa' -ya bastante más firme y preparado que en el gobierno ‘de estreno'-, el entonces senador Fernández Huidobro decidió renunciar a su banca en forma intempestiva, desviando, por un segundo, la atención de la importante ley que votábamos, para su propia peripecia personal", recuerda la senadora.
La senadora cree que "la curiosa confirmación de Fernández Huidobro al frente de la cartera tampoco está en sintonía con los logros y el espíritu del FA, ni honra uno de sus emblemas principales: la lucha por verdad y justicia como una causa ética, universal y de principios". También considera significativo "el apoyo explícito de los militares del Foro Libertad y Concordia al actual ministro".
Constanza Moreira recordó el fortalecimiento de los privilegios de la cúpula militar desde que está Fernández Huidobro. "La inacción que hemos experimentado en estos años respecto del recorte de los privilegios por un lado, y del anacronismo jurídico que significa la mantención de la Justicia Militar por el otro, son indicativos de una ‘no-política' con respecto a las FFAA que es toda una definición política. En un país donde el Frente Amplio fue capaz de realizar profundas transformaciones, las FFAA han quedado cómodamente sostenidas por un conjunto de actores (el actual ministro es sólo uno de ellos pero hay todo un sistema en torno a él que sigue estos lineamientos) que responden a la fuerza de la corporación".
"También el Sistema de Educación Militar, consagrado en una ley aprobada en este período sin mayores discusiones, es algo que contradice la lógica del FA de promocionar una educación militar conectada con el resto del sistema de educación pública y no un compartimento estanco tendiente a fortalecer el carácter aislacionista de la corporación militar", agrega.
Por último, se refiere a la prórroga de las Misiones de Haití, que se vota hoy en el Senado. "La prórroga de las Misiones en Haití, es simplemente inaceptable. Mientras el gobierno de Michel Martelly va hacia una deriva que lo transformará prontamente en un gobierno ilegítimo (el presidente se niega a convocar elecciones para la renovación del Senado haitiano con lo cual el mismo quedará absolutamente inoperante en los próximos meses), el Uruguay sigue con sus tropas -aunque reducidas de acuerdo al proyecto que se vota en el Parlamento-, validando, de hecho, la situación ilegítima de un gobierno autoritario".

Tomado de Montevideo Portal

"Dimos esperanza al pueblo afgano": ¿cómo queda Afganistán tras la marcha de EE.UU.?


"Dimos esperanza al pueblo afgano": ¿cómo queda Afganistán tras la marcha de EE.UU.?
Publicado: 28 dic 2014 15:57 GMT | Última actualización: 28 dic 2014 15:57 GMT
.NOORULLAH SHIRZADA / AFP
La OTAN ha llevado a cabo una ceremonia en Kabul para marcar oficialmente el fin de su misión en Afganistán, comunican los medios. Pero tanto la hora como el lugar de celebración del evento se han mantenido en secreto para evitar un posible atentado por parte del movimiento talibán. El acto llega después de más de una década de supuesta lucha antiterrorista en el país.
"Todos juntos hemos sacado al pueblo afgano de la oscuridad de la desesperación y le hemos dado esperanza para el futuro. Habéis hecho que Afganistán sea más fuerte y nuestros países, más seguros", dijo el general John Campbell dirigiéndose a los soldados reunidos, según recoge el diario británico 'The Daily Mail'.
La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, la misión de la OTAN en Afganistán presidida por EE.UU., ha existido durante 13 años. Costó más de un billón de dólaressolo al presupuesto de EE.UU. y se llevó las vidas de 3.485 militares (más de 2.300 de efectivos estadounidenses). ¿Qué es lo que realmente deja detrás de sí ahora, al retirarse?

Bajas civiles de la guerra

El pueblo afgano al que "se sacó de la desesperación" perdió a hasta 20.000 civiles, víctimas de fuego cruzado y ataques dirigidos equivocados, tanto terrestres como aéreos. Afganistán es el país donde más bombardeos se han lanzado contra civiles: en total, solo entre 2009 y 2013, EE.UU. fue responsable de al menos 18.274 bombardeos, algunos de los cuales realizados con drones, enfatiza el periodista Phillip Butler en 'Op Edge' de RT.
.REUTERS/Fabrizio Bensch

Terrorismo

En un Afganistán "más seguro", no solo la OTAN se ve obligada a organizar eventos solemnes en secreto por temor a un atentado, sino que los ciudadanos de a pie tampoco pueden dejar de temer por su vida cada vez que salen de sus casas: en 2013, más de 3.000 personas murieron en ataques terroristas. Solo durante la primera mitad de 2014, 1.208 civiles afganos cayeron víctimas de los insurgentes, según la cifra de la UNAMA (Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán).

Los esfuerzos de las tropas estadounidenses en el país no lograron ni reprimir a los talibanes ni acabar con Al Qaeda. Es más: a pesar del asesinato de Bin Laden en Pakistán en 2010, las ramas de Al Qaeda lograron penetrar en Siria e Irak bajo la forma del Estado Islámico, una 'exfilial' de Al Qaeda con la que los talibanes habían formado una alianza.
.FARZANA WAHIDY / AFP

Refugiados

Según la cifra de la UNHCR, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el número de afganos desplazados debido a la situación de inseguridad en su país alcanza a finales de este año las 765.000 personas. El organismo calcula que dentro de un año la cifra aumentará en un 25% y llegará a 900.000 personas.

Droga

"La estancia de EE.UU. en Afganistán convirtió al país en el primer productor de opio del mundo: la producción de droga en Afganistán se multiplicó por 40", insiste el director del Centro de Análisis del Comercio Internacional de Armas (Rusia), Ígor Korotchenko.

El director del también ruso Servicio Federal de Control de Drogas, Víktor Ivánov, da unas cifras más precisas: "En 2014, calculamos que el territorio donde se cultiva el opio habrá aumentado hasta 250.000 hectáreas". Según detalla, anualmente Afganistán produce hasta150.000 millones dosis de heroína, una cifra 21 veces superior a la población de la Tierra.
.Reuters
"La misión de la OTAN en Afganistán falló", concluye Nikolái Bordiuzha, secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza político-militar entre varios Estados del espacio postsoviético, Rusia incluida. El motivo de este fracaso es que intentaron resolver todos los problemas "con métodos militares", acentuó. "No se puede asesinar a centenares, a miles de civiles. No se puede atacar a los periodistas, a los niños. No se puede matar a las mujeres y bombardear bodas con drones", insistió en una entrevista a la agencia TASS.

Familiares de desaparecidos: "Huidobro mantiene un silencio cómplice" con FFAA


SE SOLIDARIZAN CON SERPAJ

Familiares de desaparecidos: "Huidobro mantiene un silencio cómplice" con FFAA

23.12.2014

MONTEVIDEO (Uypress) — Muestras de solidaridad con SERPAJ se han sumado en las últimas horas tras las declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos consideró que el jerarca mantiene un “silencio cómplice” con las Fuerzas Armadas y lamentaron su continuidad en la cartera en el próximo gobierno.

Compartimos el comunicado íntegro, emitido en la tarde de este martes 23:
Frente a las declaraciones del ministro de Defensa, Fernández Huidobro, en las que agrede al Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), a la compañera Madelón Aguerre y a todos los que en este país reclamamos verdad y justicia, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresa:
- Su más absoluto repudio a las mismas y su solidaridad, respeto y reconocimiento a la actividad que Serpaj viene desarrollando en nuestro país desde el año 81. No debe olvidarse la labor constante que ha asumido, a compañeros como Perico Pérez Aguirre entre otros, apoyando las más diversas causas sobre los derechos de los ciudadanos que han encontrado en esa institución respaldo, compromiso y solidaridad. Nos cobijó y apoyó en los duros años de la dictadura, y continuó haciéndolo en democracia como organización hermana en la lucha por verdad y justicia, contra la impunidad de ayer y de hoy. Particularmente en apoyo a las poblaciones más vulnerables, haciendo visibles situaciones que no debemos tolerar, como son el maltrato, el abuso de poder y trabajando por una cultura de inclusión y respeto a la diversidad de opinión.
- Compartimos con Serpaj, sus opiniones sobre el triste (negativo) papel que ha jugado el ministro de Defensa al frente de esa cartera, defendiendo a militares denunciados, acusados y condenados por gravísimos delitos de tortura, homicidio y desapariciones forzadas.
- Nos preocupan muy especialmente sus "conceptos" sobre la tortura que, al igual que Serpaj, repudiamos, al entender gravísimo que desde su cartera banalice y escude en meras palabras su poca voluntad política en la búsqueda de los archivos y testigos militares que colaboren con la verdad en la búsqueda de los desaparecidos; llegando a interferir en procedimientos judiciales, recusando fallos sin aportar datos que respalden su defensa, ni archivos imprescindibles que existen en su Ministerio, para avanzar en el conocimiento y accionar del terrible papel que jugaron las Fuerzas Armadas en ese período. Asimismo, no cumplió con su promesa de tribunales de honor para los condenados por la Justicia por estos graves delitos, catalogados de lesa humanidad.
- Lamentamos que el nuevo gobierno haya considerado su continuidad en la cartera, cuando su gestión ha sido cuestionada por todas las organizaciones de DDHH, y también evaluada por la ciudadanía con un pobrísimo caudal de votos en las elecciones nacionales pasadas.
- Siendo el ministro de Defensa quien ejerce la autoridad sobre las FFAA, no le preocupó y ni le preocupa, que éstas nunca se hicieran responsables por el "Terrorismo de Estado", manteniendo un silencio cómplice por el cual las consecuencias las pagarán las futuras generaciones.
Por tanto nos solidarizamos con SERPAJ y expresamos nuestro más profundo rechazo a las expresiones y actitudes asumidas por el ministro Fernández Huidobro.
Por verdad y justicia.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Comunicado del COLECTIVO Que se vaya Fernández Huidobro


COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ante la repercusión causada por la pegatina que llevamos a cabo en la madrugada del 22 de diciembre, con la consigna “Otra Navidad con Impunidad”, en que se mostraba una imagen del actual Ministro de Defensa Nacional Sr. Eleuterio Fernandez Huidobro, luciendo un gorro de Papá Noel, las personas autoconvocadas que llevamos adelante esta actividad solicitamos al Presidente electo Dr. Tabaré Vázquez que no designe al actual ministro en su futuro gabinete.
Somos un colectivo de ciudadanos entre los que se encuentran militantes de distintas organizaciones de la sociedad civil relacionados a la causa de los derechos humanos, personas de todas las edades comprometidas con su presente –tanto- que lucharán incansablemente para que el pasado no lo condene.
Nuestra solicitud no se reduce a una respuesta puntual a las recientes e infelices declaraciones del Ministro ni a su controversia con SERPAJ, sino que busca representar en su imagen nuestro rechazo a la persistente falta de voluntad política y de respeto a las víctimas. El Ministerio de Defensa y otros actores claves del Estado, continúan generando discursos y acciones que sistemáticamente entorpecen los caminos de búsqueda de verdad y de justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Dictadura civil-militar.
Manifestamos nuestro total apoyo y agradecimiento al Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) por su lucha contra el Terrorismo de Estado, especialmente a Madelón Aguerre por la claridad y valentía de su respuesta ante los absurdos ataques recibidos.
Ninguna persona, ni siquiera quienes tuvieron un rol protagónico como militantes políticos en los años 60 y 70, pueden considerarse árbitros iluminados de los caminos que transitamos en el presente. El atropello atroz que significó la violencia del Terrorismo de Estado castigó masivamente a una ciudadanía desarmada, mal que le pese a quiénes se aferran tristemente a la épica oscura de un protagonismo senil.
Ninguna persona, ni Ministro de Defensa, ni Presidente de la República, pueden decretar la caducidad de la memoria porque esta es una construcción popular.
Nadie nos impedirá que sigamos buscando y exigiendo enjuiciar, con todas las garantías del debido proceso, a los criminales impunes de delitos de Lesa Humanidad.
Nadie nos convencerá que acatar un silencio cómplice y complaciente será reparador, ni que es hora de que dejemos de buscar y exigir a los responsables la verdad histórica sobre nuestros/as compañeros/as detenidos desaparecidos. Porque ellos, como la justicia, nos faltan a todos.
Verdad, Justicia y Nunca Más.
COLECTIVO Que se vaya Fernández Huidobro


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Lo puntual y lo de fondo
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En los tiempos más duros del terrorismo de Estado, Serpaj fue parte de la resistencia del pueblo uruguayo, una destacada militante en defensa de quienes éramos prisioneros políticos en ese momento, demandando una amnistía general e irrestricta que posibilitara nuestra inmediata liberación. Nuestra gratitud, como colectivo organizado y plural, fue, es y será una piedra fundamental en la cual se asienta el edificio de nuestro relacionamiento institucional, forjado, además, en una década larga de lucha común y fraternal contra la maldita impunidad.
Rechazamos la actitud agresiva y despreciativa ante opiniones recientemente formuladas por Serpaj en el marco de un sistema democrático en el cual las organizaciones de la sociedad civil nos hemos ganado el derecho a opinar libremente. Además de la ausencia de argumentos sólidos para desmentir lo afirmado por Serpaj, sorprende  el tono y la maledicencia con la actitud y la complacencia mantenida ante reiteradas opiniones, intentando justificar el pasado, de organizaciones que nuclean y representan a los perpetradores de graves hechos delictivos.
El Ministerio de Defensa no ha contribuido en los últimos años a la investigación, el esclarecimiento y la sanción de los graves hechos represivos ocurridos durante el terrorismo estatal. Incluso ha obstaculizado, de manera contumaz y alevosa, la búsqueda de la verdad y de la justicia. El episodio, entre otros, en el cual se impidió fotografiar a la Dra. Mariana Mota dentro de un conocido centro clandestino de detención y tortura es un ejemplo contundente de lo que afirmamos.
A casi 30 años del retorno a la institucionalidad democrática es inconcebible que continúen vigentes normas legales que otorgan beneficios extraordinarios, que no tienen los ciudadanos comunes, a los criminales de guerra. Es inaudito que los tribunales militares manejen códigos, criterios y valores anacrónicos que ofenden los principios más elementales de la democracia. Se llega al absurdo de que el Estado uruguayo pague jubilaciones militares a quienes se han fugado del país y son prófugos de la justicia por ser responsables de desapariciones, asesinatos y torturas. Es una barbaridad que en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas se siga dispensando un tratamiento VIP a criminales confesos y con sentencia firme en tanto se destrata y desprecia a los militares que en su momento se enfrentaron y opusieron al malón fascista. Impacta que se abogue por prisión domiciliaria para quienes expresamente están excluidos de los beneficios de ella por la gravedad de los delitos cometidos.
La dictadura cívico militar fue una gran tragedia nacional cuyo legado, secuelas y efectos de todo tipo perduran hasta el día de hoy, impidiendo y obstaculizando el progreso y desarrollo del país. La democracia solo será sólida y perdurable si se asienta sobre la Verdad, la Justicia, sobre la implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas hasta sus últimas consecuencias para que los hechos no vuelvan a repetirse.
La investigación, el esclarecimiento y la sanción, penal y administrativa de todos los involucrados, autores intelectuales y materiales,  de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron: desapariciones, asesinatos, crímenes, tortura sistemática, masiva y generalizada, incluyendo abusos sexuales a miles de uruguayos, es el camino irrenunciable para construir un país de justicia. Las nuevas generaciones no deben ser forzadas a seguir cargando la mochila de los crímenes del pasado.
Las 22 recomendaciones formuladas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, Pablo de Greiff, luego de su visita a Uruguay invitado  por el gobierno, son las medidas básicas e indispensables a transitar a corto, mediano y largo plazo para seguir profundizando la transición democrática iniciada en 1985. Involucran a todo el Estado, a los tres poderes del sistema republicano. El Poder Ejecutivo, el Parlamento y el Poder judicial tienen tareas pendientes tal como lo ha señalado la Institución Nacional de DDHH (INDH), la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman y recientemente el Relator Especial. El sistema político en su conjunto debe tomar cartas en el asunto. Es lo que reclamamos como colectivo organizado. La sensibilidad humanitaria debe enfocarse hacia las víctimas, a sus familiares y sobrevivientes. Hoy, Serpaj, somos todos.
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Opinando – Año 3 – Martes 23 de diciembre de 2014
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