Silencio oficial


Silencio oficial


Ministerio de Defensa y la ex Comipaz no contestaron el pedido de acceso a los archivos por parte de los testigos de la Mega Causa Cóndor que se iniciará el 12 de febrero próximo en Italia. La causa incluye los casos de los mercedarios Nebio Melo, Winston Mazzuchi, Carlos Cabezudo y Ricardo Blanco.

El 12 de febrero se realizará en Roma (Italia) la primera audiencia por la causa Mega Causa Cóndor que como oportunamente informáramos pone en el banquillo de los acusados a 31 militares latinoamericanos que fueron acusados por el fiscal Gianncarlo Capaldo como responsables de la desaparición de ciudadanos italianos en los años de la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur de América, conocida como Plan Cóndor.
Esa causa incluye los casos de los mercedarios Nebio Melo, Winston Mazzuchi, Carlos Cabezudo y Ricardo Blanco; y tendrá como acusados, entre otros al ex dictador Gregorio Alvarez y al Marino Jorge Tróccoli, prófugo de la justicia uruguaya, que actualmente residente en Italia.

El doloreño Lewis Rostán junto a nuestro colega y habitual colaborador de @gesor Roger Rodríguez serán dos de una veintena de testigos uruguayos de estas instancias judiciales que se realizarán en Roma, y que seguramente se extenderá por varios meses.
Hace poco más de una semana el Presidente electo Tabaré Vázquez afirmó “vamos a trabajar por verdad y justicia y hasta que la situación del último de los desaparecidos sea revelada” dando señales claras del rumbo que tomará su gobierno en materia de Derechos Humanos (ver @gesorhttp://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=15000 ). Pero ese mensaje del Presidente electo Tabaré Vázquez parece no ir en la misma dirección que los organismos que tienen en su poder los archivos y la información necesaria para continuar en la profundización de las investigaciones por estos casos. Mientras el Ministerio del Interior aportó documentación a los testigos que concurrirán a Roma por esta mega causa, el Ministerio de Defensa y la ex Comipaz no contestaron el pedido realizado por esa información.
El pasado jueves 29 de enero venció el plazo donde los testigos de esta mega causa debían aportar un resumen de los testimonios que aportarán y que pretendía ser respaldados con la documentación oficial correspondiente de los archivos que se sabe existen de la época de la dictadura cívico-militar, y que probarían una vez más la existencia del plan Cóndor entre los gobiernos del río de la Plata; y la práctica sistemática de secuestro, tortura y posterior desaparición de un sinnúmero de compatriotas.
Precisamente en el Ministerio de Defensa y la ex Comipaz es donde se concentra la mayor cantidad de documentación sobre el período de facto, pero transcurrió el tiempo, venció el plazo y no la aportaron. Lewis Rostán quien viajará a Roma como testigo experto en el PCR (Partido Comunista Revolucionario) en la causa de la desaparición de Héctor Giordano Cortazzo, de nacionalidad ítalo-uruguaya, en diálogo con @gesor se quejó por esta situación. “Sin el apoyo de los dos organismos oficiales que tienen concentrada la documentación que necesita la justicia (Ministerio de Defensa y la ex Comipaz) es muy difícil sostener que el gobierno uruguayo tiene voluntad de investigar en serio”. Agregando “confío obtener esos documentos por un cambio de actitud de los responsables de dichos organismos o por un cambio de personas que no se alinean con la política oficial”.
Hace apenas tres días el Presidente José Mujica se lamentaba “hay una muralla de silencio” de los militares que participaron en violaciones a los Derechos Humanos, que hace difícil avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido (ver La República: http://www.republica.com.uy/mujica-sobre-los-desaparecidos-hay-una-muralla-de-silencio/499846/ ). Ante estos nuevos hechos parecería ser que no solamente desde el lado militar existe ese pacto de silencio.

EEUU E ISRAEL HABRÍAN ASESINADO AL LÍDER DE HEZBOLLAH


EEUU E ISRAEL HABRÍAN ASESINADO A IMAD FAYEZ MUGHNIYAH

Del lado de Israel


Estados Unidos e Israel prepararon el coche bomba que mató al líder del grupo islamista Hezbolá Imad Fayez Mughniyah el 12 de febrero de 2008, según una información exclusiva del Washington Post.





 información fue confirmada al diario por cinco ex altos cargos de la Inteligencia estadounidense.
Según estas fuentes, la bomba fue activada de manera remota desde Tel Aviv por agentes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí en el exterior, que estaban en comunicación con agentes sobre el terreno en Damasco.
Estados Unidos, de acuerdo al diario, colaboró en la preparación de la bomba, que se probó hasta 25 veces en una instalación de Carolina del Norte para asegurar que no habría daños colaterales, una participación en el coche bomba que el país norteamericano nunca ha reconocido.
"Detonamos 25 bombas para asegurarnos de que saldría bien", explicó uno de los ex altos funcionarios de la Inteligencia estadounidense al Post.
Hezbolá culpó en su momento a Israel del asesinato de un líder del grupo chií que estuvo implicado en algunos de sus atentados más graves, como los perpetrados contra la Embajada de Estados Unidos en Beirut (Líbano)de 1983 y el de la Embajada de Israel en Argentina de 1992.
Hasta ahora había trascendido escasa información sobre esta operación conjunta del Mossad y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), explica el diario Washington Post.
El rotativo explica asimismo el debate legal que plantea el hecho de que el atentado contra el líder de Hezbolá se produjo en un país contra el que Estados Unidos no estaba en guerra.
Además, fue asesinado con un coche bomba, una técnica que algunos expertos legales considera una violación de las leyes internacionales, que prohíben matar con perfidia.
"Es un método de asesinato usado por terroristas y gánsters. Viola una de las más antiguas reglas de la batalla", consideró en declaraciones al Post Mary Ellen O'Connell, profesora de derecho internacional de la Universidad de Notre Dame.
EFE

¡Sí, se puede!

UNA MAREA HUMANA INUNDA MADRID PIDIENDO EL CAMBIO PROMETIDO POR PODEMOS

Las cosas del poder

''¡Sí se puede!'', es el grito de decenas de miles de personas reunidas en Madrid en una "Marcha del Cambio" convocada por el partido Podemos que, alentado por el éxito de Syriza en Grecia, promete transformar el país.





 En una soleada y gélida mañana de invierno, la multitud desfiló desde la céntrica plaza de Cibeles hasta la emblemática Puerta del Sol ondeando banderas republicanas e insignias violetas de este pequeño partido, nacido hace a penas doce meses y que ya está en cabeza de los sondeos al inicio de un año con varias citas electorales.
"¡Luego diréis que somos cinco o seis!", gritaban al unísono en un ambiente más reivindicativo que festivo.
"Esto es histórico, hay que vivirlo", decía emocionada Blanca Salazar, una auxiliar de geriatría de 53 años, desempleada desde hace tres, que había viajado en coche desde Bilbao, en el norte, con sus sobrinos y su marido, empleado en una imprenta "donde cobra mil euros al mes".
"Por fin creo que se va a generar el cambio tan esperado, desde hace tanto tiempo", afirmaba, pidiendo "un cambio de verdad, que no nos engañen más".
Tras siete años de crisis, España vivió en 2014 una reactivación económica que llevó su PIB a crecer un 1,4%, pero el coste ha sido alto: fuertes recortes en gasto público -especialmente en sanidad, educación y ayudas sociales- reformas para abaratar el empleo y el despido y la segunda tasa de pobreza infantil más elevada de la UE tras Rumanía.
Con un desempleo de cerca del 24%, el país cuenta 1,79 millones de hogares en los que nadie trabaja y cientos de miles de familias perdieron sus viviendas al no poder hacer frente a los créditos inmobiliarios, mientras los bancos españoles recibían un rescate europeo de 41.000 millones de euros.
Al mismo tiempo el país ha visto multiplicarse los escándalos de corrupción, que implican a políticos de izquierdas y derechas, banqueros, sindicalistas, famosos e incluso una hija del rey Juan Carlos, que en junio abdicó a favor de su hijo Felipe VI en el momento más bajo de su popularidad.
"Romper todo lo que había"
"Como se puede comprobar hay muchísima gente que está de acuerdo con un cambio. Ya está bien de que roben, de que los corruptos se lo estén llevando todo y no podamos hacer nada", se indigna Dori Sánchez, una maestra de 23 años, desempleada, que viajó a Madrid desde Alicante, en el este del país, junto a una veintena de amigos.
De Podemos aprecia "la implicación social que tienen". "Cuando los oyes hablar y cuando ves su programa, todo es social, todo es para la gente, no se centran en los bancos y en el capital", afirma.
Para muchos manifestantes, los dos grandes partidos, el gubernamental Partido Popular de Mariano Rajoy  y el Partido Socialista forman parte de una misma clase política, "la casta" como la denomina el líder de Podemos, el carismático Pablo Iglesias, un profesor de ciencias políticas de 36 años.
"La política siempre ha estado apartada de lo social y esto debía cambiar", afirma esperanzado José, un informático de 24 años que prefiere no dar su apellido. "La gente tenía ganas y estaba esperando algo como Podemos, gente joven que entrara con ganas a romper todo lo que había", agrega.
Esta gran manifestación tiene lugar menos de una semana después de la victoria en Grecia del parido de izquierda Syriza, cuyos dirigentes han hecho regularmente campaña junto a los de Podemos.
Surgidos en dos de los países europeos que más han sufrido la crisis, ambos partidos rechazan las consignas de austeridad de la troika formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea.
España celebrará elecciones municipales y regionales en mayo, y a finales de año legislativas a nivel nacional. Y la victoria de Syriza podría impulsar a Podemos, que en mayo ya dio la sorpresa en los comicios europeos obteniendo 1,2 millones de votos y cinco diputados.
El partido de Iglesias es duramente criticado por PP y PSOE, que lo acusan de populismo y de poner en peligro la frágil recuperación económica prometiendo "la luna e incluso el sol".
Fuente. AFP

Causa Plan Cóndor en Italia

Causa Plan Cóndor en Italia


La información al instante


El testigo de la causa que investiga el Plan Cóndor en Italia Lewis Rostán criticó a la Secretaría de DDHH de Presidencia y al Ministerio de Defensa y a quienes acusó de no brindar información: “Chiarino por lo menos decía no tengo conocimiento”.

Lewis Rostán y el periodista de Agesor Roger Rodríguez declararán en la causa que investiga el Plan Cóndor y el asesinato de varios ciudadanos italianos durante las dictaduras de la década del setenta. Según informó Agesor, los testigos pidieron información a varios organismos del Estado pero el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia no se las dieron.
La documentación, que sí fue entregada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe ser presentada antes del 12 de febrero para que sea incorporada al expediente.
Vencido ese plazo, se podría habilitar la incorporación de nueva documentación el día que el testigo va a declarar, pero siempre con el aval del Tribunal que entiende en la causa.
Según dijo Rostán a Montevideo Portal en la Secretaría de Derechos Humanos no estaba Graciela Jorge y le dijeron que no podían darle la información en ese momento porque tenían otras prioridades.
En tanto en el Ministerio de Defensa, no le respondieron: “He pedido entrevistas con el ministro desde que asumió”, afirmó Rostán que dijo que para el nuevo gobierno que asume el 1º de marzo, esperaba “un cambio de criterios o de nombres”.
Consultado, sobre si desde el Ministerio de Defensa no se daba la información deliberadamente o se trataba de otro tipo de razones, Rostan respondió: “Yo no puedo juzgar la intención, pero no responden nada. Me hace acortar a (Juan Vicente Chiarino), aunque Chiarino por lo menos decía ´no tengo conocimiento´.
En cuanto a la posibilidad de haber realizado un pedido de acceso a la información, tal como lo habilita la ley 18.381, Rostán señaló que no se hizo por la feria y también porque se pensó que no era necesario dado que el gobierno es querellante en la causa.
El juicio en primera instancia comenzará el próximo 12 de febrero en el Tribunal de Roma y en él estarán imputados un total de 32 personas, entre los que se encuentran los uruguayos Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Álvarez y Ernesto Soca.


Montevideo Portal

Lo que de verdad nos deja el capitalismo

Lo que de verdad nos deja el capitalismo




Nos ha dejado una crisis global económica, financiera, social y moral como nunca se ha visto. Y la destrucción del llamado estado de bienestar que, sin ser como para lanzar cohetes, era lo más próximo a un estado social que redistribuyera con alguna justicia parte de la riqueza. Una democracia vacía. Junto a la mayor violación sistemática conocida de derechos humanos.
 Casper Gutman, personaje de la novela El halcón maltés, de Dashiell Hammet, es un gángster de modales exquisitos, capaz de incitar al asesinato para conseguir una valiosísima estatua de un halcón esculpido en oro y piedras preciosas. Cuando un detective privado le pregunta qué derecho tiene sobre esa joya, Gutman responde: “Un objeto de tal valor pertenece indudablemente a quien lo coja”.
La inmoralidad de la respuesta coincide con la de la minoría que controla la economía. Lo que buscan es quedarse con todo y, para lograrlo, en los 80 tuvieron la desfachatez de pretender que no había alternativa al capitalismo, cuyo triunfo sobre el comunismo prometía estabilidad y desarrollo sin fin. Treinta años después sabemos que es falso y sabemos también lo que nos ha dejado en verdad el capitalismo realmente existente.
Nos ha dejado una crisis global económica, financiera, social y moral como nunca se ha visto. Y la destrucción del llamado estado de bienestar que, sin ser como para lanzar cohetes, era lo más próximo a un estado social que redistribuyera con alguna justiciaparte de la riqueza.
El capitalismo nos deja la existencia impune de los paraísos fiscales. Perversa realidad, pues la evasión de impuestos masiva (imposible sin paraísos fiscales) reduce en los países pobres o empobrecidos del 30 al 40% de ingresos del Estado. Por lo mismo, la Unión Europea deja de ingresar anualmente 200.000 millones de euros y Estados Unidos 100.000 millones de dólares. Mientras el terrorismo mueve impunemente 500.000 millones de dólares que le permiten perpetrar violencias y crímenes, en tanto que el crimen organizado lava su dinero negro. Gracias a los paraísos.
Nos deja también este capitalismo realmente existente el hambre con visos de ser crónico. En 2007 solo especulaban en el mercado de derivados de alimentos básicos 13.000 millones de dólares, pero en 2008 ya lo hacían 320.000 millones de dólares, que contribuyen a subir indecentemente los precios de alimentos esenciales. Olivier de Schutter, relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, acusa directamente a los especuladores financieros de ser responsables de que no se acabe el hambre.
El capitalismo realmente existente nos deja el asalto sistemático a las tierras fértiles de África, América Latina y Asia por poderosos grupos capitalistas para producir de modo intensivo para exportar. Así expulsan al campesinado local que aseguraba cierta soberanía alimenticia en esos lugares. Nos deja por tanto el capitalismo, como denuncia Ziegler, estructuras económicas criminales que fabrican la masacre cotidiana del hambre; principal causa de muerte, más que guerras, enfermedades cardiovasculares o cáncer.
Este capitalismo realmente existente nos deja la arremetida contra el agua, pues se la quieren apropiar, y por cuyo derecho y uso hay que luchar ya con uñas y dientes.
Y nos deja una letal desigualdad creciente. Según Credit Suisse (nada sospechoso de izquierdismo), un muy minoritario 10% de población mundial posee el 85% de la riqueza del planeta y, un aún más reducido 1% de la población mundial es dueño del 43 % de la riqueza.
Finalmente nos deja el capitalismo un decorado de democracia. Una democracia vacía. Junto a la mayor violación sistemática conocida de derechos humanos.
Un legado a beneficio, honra y gloria de la minoría rica. De los llamados mercados, que no son anónimos sino la minoría misma. En realidad, unos 700 bancos, compañías de seguros y corporaciones industriales que controlan 43.000 empresas multinacionales, según han demostrado Stefano Battiston, James Glattfelder y Stefania Vitali. El 0,1%.
John Houston retrató el talante de la minoría rica en el filme Cayo Largo. En un hotel coinciden un soldado, que vuelve a casa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gángster deportado que vuelve a Estados Unidos clandestinamente para un negocio sucio. La proximidad de un huracán pone nerviosa a la gente y, en un enfrentamiento entre el gángster y el dueño del hotel, el soldado intenta pacificar con la pregunta, ¿qué quiere Rocco? Y él mismo responde: Quiere más. Rocco confirma: Eso es, quiero más. El soldado pregunta de nuevo: “¿alguna vez Rocco tendrá bastante?” Y contesta Rocco: “Nunca tengo bastante”.
Es lo que ocurre con quienes se apropian de la riqueza del mundo. Quieren más y nunca tienen bastante. Pero no podemos permitírselo. Porque nos va la vida, la justicia y la dignidad en ello.
EcoPortal.net
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)

“Hay 240 causas” de la dictadura “paralizadas por inacción” oficial


“Hay 240 causas” de la dictadura “paralizadas por inacción” oficial


Wilder Tyler, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, considera que Defensa y la Suprema Corte frenan investigaciones

El observador – 25 1 15 – Por Lucía Núñez




La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que integra la ONU, publicó el lunes un informe sobre los pasos dados en la recuperación democrática y resolución de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), luego de que una misión de juristas estudió el caso uruguayo. Según el informe, Uruguay tiene un serio problema de derechos humanos “vista la forma como sus autoridades han abordado –sobre todo en el último período de gobierno–, los dilemas del pasado reciente y permitido que un importante grado de impunidad prevalezca en el país hasta este momento”. El secretario general de la CIJ, Wilder Tyler, habló con El Observador acerca de los resultados del informe.


¿Por qué estudiar el caso uruguayo?

Esta organización ha seguido el caso uruguayo por décadas. Hacía tiempo que no se hacía una misión, pero empezamos a recibir una serie de pedidos, sobre todo de familiares de desaparecidos y abogados en causas de este tipo, que nos dijeron que estaban pasando una serie de cosas raras. Después tuvimos las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que creó una conmoción porque estableció que no son crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos por la dictadura. Allí ya se empezó a generar un tanto de alarma. Este último episodio del ministro de Defensa (Eleuterio Fernández Huidobro) y las críticas a Serpaj, de alguna manera precipitó toda esta recepción sobre el tema.


¿Han tenido algún comentario sobre el informe por parte de las autoridades?

Aún no tuvimos respuesta del gobierno porque es muy reciente todo, pero nosotros vamos a tratar de seguir el diálogo. Yo creo que dentro de poco vamos a estar contactándonos con el gobierno del Frente Amplio para discutir, porque hay una legitimidad acá. Esta organización se preocupó durante muchísimos años por la suerte de las víctimas de la dictadura y nos parece importante ir ocupándonos ahora.


El informe trata de una nueva “tendencia de la inacción” a resolver los crímenes de la dictadura por parte del gobierno, ¿en qué consiste esta tendencia?

Se han notado cosas que vienen, sobre todo, de las autoridades más altas a nivel presidencial. Una cosa que yo presencié, fue que el presidente de la República (José Mujica) dijo en un reportaje televisivo que la Justicia tiene “un olor a venganza” al hablar sobre este tema. Cosa que también sorprendió mucho porque, básicamente, nosotros vemos que es necesaria la Justicia para que no haya venganza. También que no se pronuncien en absoluto sobre el tema de la verdad. Después de esfuerzos que se hicieron durante un tiempo, los resultados para saber lo que pasó con los desaparecidos han sido muy magros.


¿Cuáles son los principales obstáculos?

Por un lado, por el ministro de Defensa y la respuesta sistemática de que no existe información sobre ciertos temas, y que nos parece muy extraño porque las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo son bien conocidas por ser instituciones que registran todo. Esto aunado al tema de la SCJ que, enfrentada a situaciones de este tipo, toma opciones que son las más conservadoras posibles para cerrar estos casos. Tiene que quedar claro que, para este tema, cortes de Justicia de otros países muy cercanos al nuestro, como Argentina o Chile, hicieron opciones de justicia, no de impunidad. De alguna manera, esto pone a Uruguay en contravención de la normativa internacional, de la cual es parte.



¿Qué intereses podría tener el gobierno en la búsqueda de impunidad?

En primer lugar, hay una falsa apreciación del valor de este tema. Hay quienes dicen la impunidad trae o acarrea tranquilidad y armonía social, cosa que está probado que es incorrecto. La impunidad acarrea antagonismo a nivel social. Está clarísimo que este tema no se liquida por decreto. Si el tema sigue vigente es porque hay una necesidad de que algo no ha sido terminado. El tema de los desaparecidos es un tema que no se termina hasta que no se sabe lo que pasó. En segundo lugar, las personas que están a cargo de esto, el presidente y el ministro, quizá ven esto como un tema nada más entre aquellos que estuvieron involucrados en el conflicto armado, digamos los tupamaros y las Fuerzas Armadas. Pero la verdad es que una enorme mayoría de las víctimas no estuvo involucrada en el conflicto armado, no fueron combatientes, sino que fueron víctimas civiles. Entonces, es incorrecto que se trate a todo el mundo como si hubieran sido combatientes. Los niños desaparecidos y las mujeres violadas, ¿de qué combatientes se nos habla? Es un tema en el que creo que hay una apreciación histórica muy equivocada de lo que fueron aquellos años.


Durante la investigación se habló con legisladores, ¿qué opiniones tienen al respecto?

Hubo diferentes versiones porque los investigadores hablaron con gente de todos los partidos políticos. No hablaron con la SCJ, no porque no quisieran, sino porque la corte no los recibió. A pesar de que se les pidió con anticipación, la corte dijo que estaba muy ocupada para hablar de estas cosas.


¿Se extrajo alguna cifra de la cantidad de casos resueltos y los que quedaron sin resolver?
Hay una veintena de militares procesados para miles y miles de casos de tortura. Hay alrededor de 240 causas judiciales que se han ido paralizando progresivamente en este último período como resultado de algunas de las sentencias de la SCJ, por inacción de los fiscales y también porque este tema necesita que haya cierta iniciativa política de parte del gobierno. Si el gobierno empieza a decir que “la Justicia tiene mal olor” está claro que se desalienta el fenómeno.


¿Considera paradójico que sea el Frente Amplio desde el gobierno y con Mujica de presidente quien realiza lo que ustedes denuncian?

No solo es paradójico porque Mujica está en el gobierno, sino también porque es un gobierno que ha hecho mucho en materia de derechos humanos en otros ámbitos: derechos de los niños, las mujeres, matrimonio igualitario. Hay una cantidad de aspectos en los que se han avanzado y, de alguna manera, rechina que sobre un tema tan pesado, tan cargado, tan enraizado en la conciencia del país y del debate nacional, adopten una posición de este tipo.


¿En qué sentido consideran la clemencia humanitaria (arresto domiciliario) como evidencia de la impunidad del gobierno?

Nos llama la atención que, justamente, sean los presos que están en mejores condiciones. Además, desde el Derecho Internacional, la clemencia incluso está considerando si el violador de derechos humanos ayuda a esclarecer el destino de la víctima. Pero está claro que en estos casos no se trata de gente que esté ayudando a esclarecer nada. Más bien que hay un acto mafioso de no decir qué fue lo que pasó. Suena muy raro este tema de pedido de clemencia para individuos que no tienen la más mínima consideración por sus propias víctimas.


¿Cómo es el vínculo del gobierno con las ONG involucradas?

El tema fue generado por el ataque contra Serpaj que tuvo un efecto conmovedor en mis colegas. Nos preocupó que no hubiera reprimenda pública sobre esto por parte del presidente porque el ministro de Defensa representa al Estado y al gobierno y además tiene bajo sus órdenes nada más y nada menos que la fuerza. La verdad, fue un exabrupto antidemocrático que nos dejó a todos muy perplejos.


¿Seguirán analizando el tema?

Nos interesa mucho hablar con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez porque su gobierno hizo muchos progresos en esta materia. Queremos alentarlos a retomar aquel espíritu de trabajo que fue tan importante en Uruguay.

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Para leer el informe completo hacer doble click en el enlace de abajo

http://www.icj.org/uruguay-la-lucha-por-verdad-y-justicia-en-la-encrucijada-nuevo-informe/

Expansión cuantitativa en la UE: "Redistribución de la riqueza a favor de las élites financieras"



Expansión cuantitativa en la UE: "Redistribución de la riqueza a favor de las élites financieras"



La flexibilización cuantitativa aprobada por el Banco Central Europeo favorece a la banca e industriales, dañando los estándares de vida de la gente común y corriente, según expertos.

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Vasili Koltashov, jefe del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto de Globalización y Movimientos Sociales, afirmó que el liderazgo comunitario, que representa los intereses de banqueros y financieros, se dio cuenta de que la política de austeridad dejó de generar suficientes ganancias.

Por eso "la UE tiene que buscar nuevos métodos de apoyo a los bancos, simultáneamente asegurando la estabilidad elemental en la economía".

"El BCE lanzará la 'impresora' para facilitar dinero a la banca, activamente subvencionar y respaldar el sistema no mediante los recortes directos sociales sino por vía inmediata:emitiendo y entregando dinero a los bancos", explicó Koltashov, citado por el portal 'SvPressa'.

Recordó que conforme a las leyes de las relaciones monetarias-mercantiles, el "aumento de la masa monetaria hace subir los precios de las mercancías", algo que reduce la solvencia y la calidad de vida de la población".

"De hecho, las emisiones son una forma de retirar fondos a la población y un mecanismo de redistribución de la riqueza pública a favor del Estado y las élites financieras", resumió el experto.

Koltashov prevé que la devaluación del euro también beneficiaría a los industriales con la natural bajada del coste de la mano de obra, junto con la tasa del euro, dejando fuera a los sindicatos y parlamentos locales.

A tres minutos del Apocalipsis: el mundo, tan cerca de la fatalidad como en la Guerra Fría

A tres minutos del Apocalipsis: el mundo, tan cerca de la fatalidad como en la Guerra Fría







El grupo de patrocinadores del llamado 'Reloj del Apocalipsis', también conocido como 'del Juicio Final', ha adelantado el reloj dos minutos, quedando en la misma posición que durante la Guerra Fría. A tres minutos de la destrucción del planeta, "la probabilidad de una catástrofe mundial es muy alta", afirman los miembros del Boletín de Científicos Atómicos.

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El comité de miembros del Boletín de Científicos Atómicos, que cuenta con 17 Premios Nobel, ha adelantado dos minutos el llamado 'Reloj del Apocalipsis', quedándose a tres minutos de la medianoche. Esto indica, según el citado Boletín, que la Tierra se encuentra "en su punto más vulnerable desde la Guerra Fría", informa 'The Independent'.

El Boletín de Científicos Atómicos fue fundado en el año 1947 por miembros de la Universidad de Chicago, que habían participado en el Proyecto Manhattan de la primera bomba atómica, y tienen como máxima controlar las agujas estáticas de un reloj convertido en un indicador universalmente reconocido de la vulnerabilidad del mundo.

"El cambio climático desenfrenado y la carrera de armamento nuclear resultante de la modernización de enormes arsenales supone una extraordinaria e innegable amenaza para la existencia de la humanidad", afirma Kennette Benedict, director ejecutivo del Boletín de Científicos Atómicos, quien añade que "los líderes mundiales no han podido actuar con la velocidad y medidas requeridas para proteger a los ciudadanos de una potencial catástrofe. Estas faltasconstituyen un peligro para cada persona de este planeta".

"Desde el final de la Guerra Fría, ha predominado un prudente optimismo acerca de la capacidad de las armas nucleares para mantener la carrera nuclear en jaque y retroceder lentamente desde el abismo de la destrucción nuclear", afirma la miembro Boletín de Científicos Atómicos Sharon Squassoni, que destaca que actualmente "este optimismo se ha evaporado".

El punto en que ha estado más cerca de la medianoche este reloj fue cuando marcó las 11:58, a solo dos minutos de la medianoche, en 1953, año en que EE.UU. y la Unión Soviética probaron sus artefactos termonucleares con tan solo nueve meses de diferencia.

Lea también: Científicos escoceses dan la fecha del fin del mundo

Oficina de ONU acusa a Uruguay de ser obstáculo para aclarar crímenes en dictadura


Oficina de ONU acusa a Uruguay de ser obstáculo para aclarar crímenes en dictadura


Defensa y Suprema Corte frenan investigaciones, dice un informe de juristas de esa organización internacional


Cercano al trigésimo aniversario del fin de la dictadura militar (1973-1985) y al inicio de un nuevo gobierno, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que integra la ONU, publicó un informe que analiza los pasos dados en la recuperación democrática y resolución de los delitos de Lesa Humanidad cometidos durante el régimen.
El estudio al que accedió El Observador concluye que Uruguay tiene un serio problema de derechos humanos “vista la forma como sus autoridades han abordado -sobre todo en el último periodo de gobierno-, los dilemas del pasado reciente y permitido que un importante grado de impunidad prevalezca en el país hasta este momento”.
Según detalla el informe, la investigación fue impulsada por las peticiones que juristas, familiares y víctimas de la represión política, así como también  la ONU y la Organización de Estados Americanos, realizaron al Consejo. Fue así que en 2013 la CIJ envió dos misiones a Uruguay para estudiar el funcionamiento del sistema de justicia y otros poderes del Estado respecto a los crímenes de la dictadura y la aplicación de las sanciones pertinentes.
A pesar de las diferencias en la interpretación del pasado, el estudio explica que ambas partes del enfrentamiento “parecen coincidir, en la práctica, en cuanto a que la inacción es la mejor forma de operar respecto de la persecución penal de las atrocidades de aquella época”. Si bien la tendencia a “dejar quietas las cosas” es evidente en los militares y policías implicados, el documento explica que “parece haber emergido una corriente coincidente entre quienes estuvieron enfrentados a los servicios de seguridad”.
Como signos que evidencian esta tendencia, el estudio puntualiza “las frecuentes referencias –desde el Ejecutivo- a la necesidad de clemencia humanitaria en forma de prisión domiciliaria para los represores; las alegaciones a las falsas simetrías del ‘combate’ de los años 60 y 70; y la resistencia a proporcionar informaciones necesarias para conocer la verdad sobre los desaparecidos”. Además, destacan el hecho de que, en este tiempo, solo un grupo de 20 oficiales hayan sido procesados y condenados a prisión. 
“Los peores obstáculos se han encontrado en el Ministerio de Defensa Nacional”, prosigue el informe, acusando al Ministerio de haber negado a la CIJ y a los Jueces Letrados a cargo de las investigaciones la listas de militares que integraron la unidad militar, los legajos personales de altos oficiales, direcciones de soldados a quienes los abogados de las víctimas querían hacer comparecer ante el Juzgado y otras informaciones fundamentales bajo argumentos poco válidos como “este tipo de documentación no se ha conservado en el Ministerio”.
De igual modo acusa a “los legisladores del grupo político predominante en el gobierno, (que)mayoritariamente han seguido la posición antes descrita, acompañando al gobierno o simplemente guardando silencio”.
En materia legislativa también cuestiona las leyes aprobadas hasta la fecha, como la ley Nº 18.596, que busca reparar a las víctimas pero redujo a 10% la cantidad de beneficiarios.
Por úlitmo, concluye que “la SCJ ha asumido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos”. En ese sentido,  el informe recuerda los casos en que  jueces de lo penal fueron penados por continuar procesos contra miembros de las fuerzas armadas, con sanciones que “aparecen disfrazadas como traslados de sus cargos, que se dan de manera inconsulta e infundada, pero con el obvio resultado de obstaculizar los avances en los procesos penales pendientes”.

Tomado de El Observador

Encuesta plantea: "¿A quién torturaría Jesucristo?"

Encuesta plantea: "¿A quién torturaría Jesucristo?"


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Más de dos terceras partes de los cristianos apoyan el uso de la tortura contra personas sospechosas de terrorismo, frente al 41% que secunda dicha actuación entre las personas ateas. ¿A qué se podría deber esta diferencia?


Una encuesta realizada por 'The Washington Post' tras la revelación de documentos clasificados sobre las torturas de la CIA a presuntos terroristas establece que un 68% de los evangelistas blancos cree que "la tortura de presuntos terroristas" puede estar justificada "a menudo" o "en cierto modo". Un porcentaje en la línea del de los católicos blancos (68%) y los protestantes (63%) que también la justificarían, mientras el 41% de los ateos secundarían esta afirmación.

Citado por 'The Daily Beast', el escritor estadounidense Jay Michaelson establece cuatro razones por las que se pueden deber estas diferencias:

Hipocresía: Para los progresistas, esta puede ser la respuesta más persuasiva. ¿Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra (Lucas 6:29) y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra (Juan 8:7)? Jesús dijo "ama a tus enemigos" (Mateo 5:44) en relación a los adversarios, no instó a hacerles 'waterboarding' (táctica de ahogamiento empleada por la CIA).

La religión es el mal: Esta es la razón favorita de la corriente neoateísta, y establece que especialmente los cristianos son sistemáticamente "malos". Se basa para demostrarlo en evidencias como las torturas de la Inquisición, los abusos de poder, la misoginia y la homofobia entre otros.

Republicanismo: Como halló la escritora Sarah Posner, el porcentaje de evangelistas blancos que apoya la actividad de la CIA era afiliado al Partido Republicano estadounidense. Además, el 75% de los protestantes blancos que justifican las torturas eran republicanos.

Justicia moral: La palabra "moralidad" tiene un significado diferente en función de la persona o colectivo. Para los conservadores incluye no sólo la minimización del daño y la promoción de la igualdad, sino valores como la lealtad y el respeto a la autoridad. De esta forma puede producirse que, mientras los liberales estén furiosos porque se permita la tortura a un ser humano, los conservadores estén indignados porque ese individuo en concreto haya intentado atentar en suelo estadounidense.

Pasado reciente

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Pasado reciente

Organización mundial de jueces defendió a Serpaj y cuestionó a Defensa y la SCJ por investigaciones de delitos en dictadura.


La diaria – 20 1 15 – Por Facundo Franco

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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), ONG con sede en Ginebra, difundió ayer un informe de la situación de la “lucha por verdad y justicia” en los delitos ocurridos en la última dictadura cívico-militar, elaborado a través de varias misiones de la organización en Uruguay durante 18 meses. En el informe señala que en el país se generó “un muy elevado nivel de impunidad para los autores de violaciones graves a los derechos humanos” entre 1973 y 1985, al tiempo que sostiene que en los últimos años el Poder Ejecutivo “no ha tenido mayor interés en escudriñar el pasado reciente” y en “estrechos círculos gubernamentales” predominó la “teoría de los dos demonios”. Según el informe “Uruguay parecía haber galvanizado la resolución para avanzar en un enfoque a largo plazo de este tema durante la segunda mitad de la década pasada, pero ahora se ha estancado, y amenaza con retroceder”.
En su misión en Uruguay, la CIJ dice haber recibido “serias y fundadas quejas”sobre la “falta de apoyo” de algunas autoridades, “que debían colaborar con los elementos y pruebas que los jueces necesitan para actuar contra los violadores de derechos humanos”. Los testimonios que la organización consultó -principalmente ONG y abogados de las causas- mostraron que “los peores obstáculos se han encontrado en el Ministerio de Defensa Nacional”. “El Ministerio les ha negado -también a los jueces letrados que iniciaban investigaciones- las listas de militares que en un momento dado revistaron en una unidad militar, los legajos personales de algunos altos oficiales, direcciones de soldados a quienes los abogados patrocinantes de las víctimas querían hacer comparecer ante el Juzgado y otras informaciones fundamentales para dar impulso a los procesos”, destaca el informe. Además, sostiene que para eso se aducen razones “que no parecen válidas a simple vista”, como que “ese tipo de documentación no se ha conservado en el Ministerio”.
Otro poder
El informe también responsabiliza al Poder Judicial del escaso avance de las investigaciones, especialmente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La CIJ concluye que “la SCJ ha asumido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales durante la dictadura militar”. La organización considera que los contenidos de sus sentencias en estas causas “niegan y son violatorios del derecho internacional”, y también menciona la aplicación de sanciones “disfrazadas” -como traslados “inconsultos e infundados”- a jueces de lo penal que quisieron seguir con los procesos a miembros de las Fuerzas Armadas.
La organización internacional asegura que la SCJ tuvo “un grave y deplorable enfoque” cuando, “debido a su alta investidura, debería estar a la cabeza de los esfuerzos institucionales para que la sociedad uruguaya realice plenamente los ideales de verdad y justicia respecto de algunos de los peores crímenes cometidos en la historia del país”. Además, recomienda revisar los mecanismos de designación, ascenso, traslados y sanciones de los jueces, porque “parecería que la forma actual no alcanza a ser considerada como un procedimiento abierto, transparente y adecuado, que privilegie el mérito y el esfuerzo de los jueces por sobre otras consideraciones”.
El informe también recomienda la revisión del Estatuto de los Fiscales Letrados del Ministerio Público, porque en opinión de la CIJ, “los Fiscales hubieran podido desarrollar un papel más activo” en los casos de violación de derechos humanos denunciados al término de la dictadura. Además, recuerda que de acuerdo con la normativa internacional, “si la violación de los derechos humanos implicó delitos penales, esos delitos deben perseguirse ex officio sin necesidad de que exista queja o denuncia de parte”.
Organización
El informe también alude al vínculo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil en la materia -en particular Serpaj-, uno de los temas que estuvieron en agenda últimamente. La CIJ considera que estas organizaciones deben ser apoyadas, reconocidas y bienvenidas en un debate “abierto y respetuoso”, al tiempo que indica que “la injuria y los ataques” las perjudican, pero hacen lo mismo con “el gobierno que las tolera”. “La CIJ considera que sería muy importante que el gobierno entrante en Uruguay confirme que reconoce el rol que las ONG de los derechos humanos tienen en la sociedad, dando así un mensaje claro a todos los sectores involucrados”, agrega el informe. En el sitio web de la organización, el secretario general de la CIJ, Wilder Tayler, afirma que “los ataques del ministro de Defensa [Eleuterio Fernández Huidobro] contra las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura y han causado alarma en la comunidad internacional”.
Para leer el informe completo hacer doble click en el enlace de abajo

Se envía también como Archivo Adjunto
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Se precisan 8 donantes de sangre
en forma urgente

para Julio Santos Suárez

(Nº 2079 en el EMR Nº 1)

C.I. 1. 135 788 -2

que debe ser sometido a una delicada
intervención cardiológica.

Hay que donar en Casa de Galicia
(Millán y Raffo de 8 a 12 horas)

Contacto: Angélica 099 914 513
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16º Asado de fin de año de Crysol


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La sede de Crysol permanecerá cerrada
hasta el Lunes 2 de Febrero de 2015
                                                           

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