Oficina de ONU acusa a Uruguay de ser obstáculo para aclarar crímenes en dictadura

Defensa y Suprema Corte frenan investigaciones, dice un informe de juristas de esa organización internacional

Cercano al trigésimo aniversario del fin de la dictadura militar (1973-1985) y al inicio de un nuevo gobierno, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que integra la ONU, publicó un informe que analiza los pasos dados en la recuperación democrática y resolución de los delitos de Lesa Humanidad cometidos durante el régimen.

El estudio al que accedió El Observador concluye que Uruguay tiene un serio problema de derechos humanos “vista la forma como sus autoridades han abordado -sobre todo en el último periodo de gobierno-, los dilemas del pasado reciente y permitido que un importante grado de impunidad prevalezca en el país hasta este momento”.

Según detalla el informe, la investigación fue impulsada por las peticiones que juristas, familiares y víctimas de la represión política, así como también  la ONU y la Organización de Estados Americanos, realizaron al Consejo. Fue así que en 2013 la CIJ envió dos misiones a Uruguay para estudiar el funcionamiento del sistema de justicia y otros poderes del Estado respecto a los crímenes de la dictadura y la aplicación de las sanciones pertinentes.

A pesar de las diferencias en la interpretación del pasado, el estudio explica que ambas partes del enfrentamiento “parecen coincidir, en la práctica, en cuanto a que la inacción es la mejor forma de operar respecto de la persecución penal de las atrocidades de aquella época”. Si bien la tendencia a “dejar quietas las cosas” es evidente en los militares y policías implicados, el documento explica que “parece haber emergido una corriente coincidente entre quienes estuvieron enfrentados a los servicios de seguridad”.

Como signos que evidencian esta tendencia, el estudio puntualiza “las frecuentes referencias –desde el Ejecutivo- a la necesidad de clemencia humanitaria en forma de prisión domiciliaria para los represores; las alegaciones a las falsas simetrías del ‘combate’ de los años 60 y 70; y la resistencia a proporcionar informaciones necesarias para conocer la verdad sobre los desaparecidos”. Además, destacan el hecho de que, en este tiempo, solo un grupo de 20 oficiales hayan sido procesados y condenados a prisión. 

“Los peores obstáculos se han encontrado en el Ministerio de Defensa Nacional”, prosigue el informe, acusando al Ministerio de haber negado a la CIJ y a los Jueces Letrados a cargo de las investigaciones la listas de militares que integraron la unidad militar, los legajos personales de altos oficiales, direcciones de soldados a quienes los abogados de las víctimas querían hacer comparecer ante el Juzgado y otras informaciones fundamentales bajo argumentos poco válidos como “este tipo de documentación no se ha conservado en el Ministerio”.

De igual modo acusa a “los legisladores del grupo político predominante en el gobierno, (que)mayoritariamente han seguido la posición antes descrita, acompañando al gobierno o simplemente guardando silencio”.

En materia legislativa también cuestiona las leyes aprobadas hasta la fecha, como la ley Nº 18.596, que busca reparar a las víctimas pero redujo a 10% la cantidad de beneficiarios.

Por úlitmo, concluye que “la SCJ ha asumido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos”. En ese sentido,  el informe recuerda los casos en que  jueces de lo penal fueron penados por continuar procesos contra miembros de las fuerzas armadas, con sanciones que “aparecen disfrazadas como traslados de sus cargos, que se dan de manera inconsulta e infundada, pero con el obvio resultado de obstaculizar los avances en los procesos penales pendientes”.

Tomado de El Observador