por Veronika Engler y Jorge Zabalza
Los procesados por delitos de lesa humanidad continúan disfrutando de sus retiros militares. El Estado les paga por los servicios cumplidos, por los años de “trabajo sucio”: por torturar, violar, asesinar y desaparecer gente. Más allá de este absurdo, al coronel Gilberto Vázquez se le estaban reteniendo las dos terceras partes de su jubilación; lo habían sancionado por quebrar la promesa de no fugarse del Hospital Militar. A ninguno de estos criminales se les ha retenido un sólo peso por haber agredido los valores fundamentales de la humanidad, pero sí se los sanciona monetariamente cuando transgreden esa farsa llamada “honor militar”. Es más que una paradoja: ¡es una burla!
Como Vázquez ha tenido muy buena conducta en la cárcel privilegiada donde reside, el 18 de diciembre del 2012 una resolución del presidente Mujica le restituyó la porción retenida. Ahora el torturador, violador y asesino cobra el sueldo de un general en actividad, más de 60.000 pesos mensuales. La resolución fue vergonzosamente mantenida en secreto durante los últimos dos años. ¿Por qué la ocultaron a la opinión pública? No creemos que sientan vergüenza de sus actos políticos, aunque entrañen un mensaje de impunidad hacia los culpables del terrorismo de Estado.
Ahora que se descubrió el estofado, su autor intelectual, Eleuterio Fernández Huidobro, salió a defender este contrasentido de la política de olvido y perdón. En una carta enviada a la prensa, Fernández se horroriza de que “ciertos periodistas e internautas” le reclamen que no cumpla con las leyes que protegen el privilegio de las jubilaciones militares. Las leyes que contravienen los principios generales de los derechos humanos no se deben cumplir. Fernández se aferra a lo puramente formal porque si buceara en las honduras de lo ético y lo moral se horrorizaría de sí mismo.
Fernández fue fundador de un movimiento revolucionario. Fundamentó con convicción la necesidad de hacer la revolución armas en mano. Tras esa convocatoria, cientos de mujeres y hombres, sobretodo jóvenes, salieron a enfrentar el sistema y pasaron por las torturas y violaciones institucionalizadas y sistemáticas. Dieron la vida por un mundo de justicia e igualdad social. De un día para el otro, a Fernández le vino amnesia total: se convirtió en bastión de la impunidad, en el protector de los peores criminales de la historia del Uruguay. Abandonó los principios que habían pautado su vida y, con total frialdad y desparpajo, adoptó los des-valores del sistema, de la clase dominante, del imperio y del terrorismo de Estado. El brutal y acelerado cambio de paradigmas revela la catadura moral del personaje.
La necesidad de investigar y juzgar los crímenes del terrorismo de Estado es un imperativo ético y moral. No se lucha para cumplir con la legislación sobre los delitos de lesa humanidad, se lucha porque la memoria es imposible de apagar y la consciencia no deja dormir en paz. La condición humana no tolera tamaña injusticia, no puede soportarla, tiende naturalmente a crear mundos de justicia y libertad. Se lucha por un impulso ideológico, la sed de Verdad y de Justicia.
Fernández podría haber hecho de su ministerio de defensa un pilar en la investigación de la verdad y de la justicia con los culpables. Tenía todo en sus manos: archivos, cuarteles, calabozos... Eligió representar todo lo contrario, la cara oculta, lo moralmente reprobable, la defensa de los actos contra la humanidad, la sociedad de los seres sometidos por el terror y el poder de las armas. No brinda ninguna garantía ética o moral. Fernández debería renunciar al ministerio de defensa o, en caso de que no lo hiciera, ser despedido por la presidencia de la república.
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