DOSIER LA RED 21 : 40 AÑOS DEL GOLPE
JUNIO 26 DE 2019
Beatriz Benzano. ex-monja, tupamara, sometida a torturas y abusos en la dictaduraLo que hicieron los militares con las mujeres detenidas fue “un crimen de guerra”, asegura Beatriz, exmonja que luego militó en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), guerrilla urbana que se inició en la década del 60 y fue derrotada militarmente en 1972, antes que comenzara la última dictadura (1973-1985).
“El cuerpo de la mujer era usado como botín de guerra, en los cuarteles nos entregaban a la tropa para que hicieran lo que quisieran con nosotras. Y como campo de batalla, por eso lo hacían delante de compañeros o esposos”, relata Beatriz, quien estuvo encarcelada entre 1972 y 1976.
Ella es una de las 28 expresas políticas que presentaron en octubre de 2011 una denuncia contra más de un centenar de militares, policías, médicos y enfermeros que participaron de las torturas y abusos sexuales contra las detenidas.
La denuncia sostiene que las detenidas sufrieron especialmente “en su condición de mujeres”.
El ensañamiento era mayor “por el hecho de ser mujeres y por ser ellos una institución tan jerarquizada, autoritaria y machista”, sostiene Beatriz.
“No podían tolerar que nosotras nos hubiéramos salido del rol tradicional de esposas, madres, amas de casa”.
“La desnudez forzada era lo primero que nos hacían, al llegar al cuartel nos arrancaban la ropa. En esa situación de vulnerabilidad e indefensión empezaban a torturarnos y a hacer algunas prácticas de violencia sexual”, recuerda, con la mirada empañada.
Con el regreso de la democracia en 1985 y la aprobación un año después de una ley que frenó las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, los detenidos callaron las torturas.
“Lo que hicimos fue pelear por memoria y verdad, tratar de encontrar a los desaparecidos, nos parecía que era lo más urgente”, señaló Benzano.
Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara en 2011 a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura, las expresas evaluaron que ahora sí podían denunciar. Pero se toparon con la gran dificultad para hablar del tema.
“Hablamos con más de un centenar de compañeras, invitándolas a hacer la denuncia, algunas que sabíamos que habían sido violadas, y al final quedamos 28 haciendo la denuncia. Hay compañeras del grupo que jamás lo habían hablado con su compañero o durante 30 años de terapia no se lo habían dicho al terapeuta ni a nadie“, relata Beatriz.
Un proceso similar vivieron 90 expresos y expresas que presentaron una denuncia separada, también en 2011, por las torturas y tratos degradantes cometidos en las prisiones uruguayas, que llegaron a albergar unos 6.000 presos políticos.
También en este caso, “más allá de identificar a los responsables y castigarlos por un delito cometido, para nosotros lo fundamental es que se avance en la jurisprudencia en el país para que este tipo de delitos nunca más ocurran. Y que si ocurren, que haya instrumentos jurídicos reales y efectivos para castigarlos“, dijo a la AFP Clarel de los Santos, exdetenido y uno de los impulsores de esta denuncia.
De los Santos sostiene que “durante muchos años se negó que la tortura hubiera existido, una parte importante de la población no creyó”.
“Por eso nos parece ponerlo en el tapete: que existió tortura, que la tortura generó secuelas en una cantidad de gente que nunca pudo rehabilitarse, que en general cambió para siempre a las personas que fueron torturadas. Aunque hayan hecho esfuerzos por canalizar su vida no fue lo mismo”, enfatizó.
Beatriz coincide en que la sociedad uruguaya ha recibido las denuncias sobre torturas “con asombro, como si nunca hubieran oído hablar (de esto)”.
“Creo que también todo el mundo trató de olvidar lo peor: el horror del terrorismo de Estado”, sostiene.
“Que estaban todos los cuarteles y las comisarías del país convertidos en centros de tortura y de exterminio, con cuerpos colgados del aire, balanceándose como muñecos, desnudos siempre. Cuerpos tirados, amontonados, mugrientos, sangrientos, desfigurados por los golpes en la cara, en todo el cuerpo, en los genitales, donde se ensañaban, ultrajados, pisoteados”.
Ambas denuncias están actualmente en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para que el máximo tribunal resuelva si se pliega al pedido de la defensa de los acusados, que sostienen que los delitos prescribieron, basándose en un fallo emitido por la propia SCJ para otro caso este año.
Sin embargo, en estos dos casos las víctimas aseguran que seguirán adelante.
“Es urgente, no podemos dejar ese fardo a las generaciones venideras”, dice Beatriz.
“Los hijos y los nietos de ellos oyen que sus padres o abuelos siguen reivindicando lo que hicieron. El trabajo es de justicia pero también por un nunca más”.
“El cuerpo de la mujer era usado como botín de guerra, en los cuarteles nos entregaban a la tropa para que hicieran lo que quisieran con nosotras. Y como campo de batalla, por eso lo hacían delante de compañeros o esposos”, relata Beatriz, quien estuvo encarcelada entre 1972 y 1976.
Ella es una de las 28 expresas políticas que presentaron en octubre de 2011 una denuncia contra más de un centenar de militares, policías, médicos y enfermeros que participaron de las torturas y abusos sexuales contra las detenidas.
La denuncia sostiene que las detenidas sufrieron especialmente “en su condición de mujeres”.
El ensañamiento era mayor “por el hecho de ser mujeres y por ser ellos una institución tan jerarquizada, autoritaria y machista”, sostiene Beatriz.
“No podían tolerar que nosotras nos hubiéramos salido del rol tradicional de esposas, madres, amas de casa”.
“La desnudez forzada era lo primero que nos hacían, al llegar al cuartel nos arrancaban la ropa. En esa situación de vulnerabilidad e indefensión empezaban a torturarnos y a hacer algunas prácticas de violencia sexual”, recuerda, con la mirada empañada.
Cientos de denuncias
Si bien hay unos 15 condenados en los últimos años en Uruguay por delitos cometidos durante la dictadura -entre ellos los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry-, todos fueron culpados por el delito de homicidio.Con el regreso de la democracia en 1985 y la aprobación un año después de una ley que frenó las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, los detenidos callaron las torturas.
“Lo que hicimos fue pelear por memoria y verdad, tratar de encontrar a los desaparecidos, nos parecía que era lo más urgente”, señaló Benzano.
Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara en 2011 a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura, las expresas evaluaron que ahora sí podían denunciar. Pero se toparon con la gran dificultad para hablar del tema.
“Hablamos con más de un centenar de compañeras, invitándolas a hacer la denuncia, algunas que sabíamos que habían sido violadas, y al final quedamos 28 haciendo la denuncia. Hay compañeras del grupo que jamás lo habían hablado con su compañero o durante 30 años de terapia no se lo habían dicho al terapeuta ni a nadie“, relata Beatriz.
Un proceso similar vivieron 90 expresos y expresas que presentaron una denuncia separada, también en 2011, por las torturas y tratos degradantes cometidos en las prisiones uruguayas, que llegaron a albergar unos 6.000 presos políticos.
También en este caso, “más allá de identificar a los responsables y castigarlos por un delito cometido, para nosotros lo fundamental es que se avance en la jurisprudencia en el país para que este tipo de delitos nunca más ocurran. Y que si ocurren, que haya instrumentos jurídicos reales y efectivos para castigarlos“, dijo a la AFP Clarel de los Santos, exdetenido y uno de los impulsores de esta denuncia.
De los Santos sostiene que “durante muchos años se negó que la tortura hubiera existido, una parte importante de la población no creyó”.
“Por eso nos parece ponerlo en el tapete: que existió tortura, que la tortura generó secuelas en una cantidad de gente que nunca pudo rehabilitarse, que en general cambió para siempre a las personas que fueron torturadas. Aunque hayan hecho esfuerzos por canalizar su vida no fue lo mismo”, enfatizó.
Beatriz coincide en que la sociedad uruguaya ha recibido las denuncias sobre torturas “con asombro, como si nunca hubieran oído hablar (de esto)”.
“Creo que también todo el mundo trató de olvidar lo peor: el horror del terrorismo de Estado”, sostiene.
“Que estaban todos los cuarteles y las comisarías del país convertidos en centros de tortura y de exterminio, con cuerpos colgados del aire, balanceándose como muñecos, desnudos siempre. Cuerpos tirados, amontonados, mugrientos, sangrientos, desfigurados por los golpes en la cara, en todo el cuerpo, en los genitales, donde se ensañaban, ultrajados, pisoteados”.
Ambas denuncias están actualmente en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para que el máximo tribunal resuelva si se pliega al pedido de la defensa de los acusados, que sostienen que los delitos prescribieron, basándose en un fallo emitido por la propia SCJ para otro caso este año.
Sin embargo, en estos dos casos las víctimas aseguran que seguirán adelante.
“Es urgente, no podemos dejar ese fardo a las generaciones venideras”, dice Beatriz.
“Los hijos y los nietos de ellos oyen que sus padres o abuelos siguen reivindicando lo que hicieron. El trabajo es de justicia pero también por un nunca más”.
