Galeano sobre el juez Garzón

Baltasar Garzón ¿No resulta comprensible, en definitiva? En un país donde el nombre del Generalísimo designa las principales calles y plazas de la mayoría de los pueblitos, y cuyas iglesias –al menos en el corazón castellano– ostentan en sus fachadas placas de bronce con los nombres de las víctimas de los “rojos”; un país donde la referencia histórica se ancla –para aplaudir o denostar con una fuerza que no aminora así pasen siete décadas– en la invasión de Francisco Franco que desató la guerra civil española; en un tal país es comprensible que la Falange –esa estructura política y paramilitar que sembró el terror durante buena parte de la dictadura más larga de los tiempos modernos– acuse de prevaricación y abuso de autoridad a quien se proponía investigar las desapariciones, crímenes y fusilamientos cometidos por la propia Falange.  La víctima de esta subversión de la lógica es el juez Baltasar Garzón, un magistrado muy mediático y muy controvertido. Hasta ahora Garzón parecía revestido de amianto: se ganó el odio de buena parte del pueblo vasco al extender en forma tan laxa las acusaciones de complicidad con eta que nadie parecía fuera de peligro a menos que mantuviera una actitud de confesionario en la condena del terrorismo; se ganó el odio de buena parte de ese empresariado rapaz que consideraba una prueba de habilidad e ingenio las malversaciones en negocios inmobiliarios, financieros y especulativos; se ganó el odio de las mafias cuando arremetió contra el narcotráfico gallego; y ni que decir que se ganó el odio de la derecha cuando promovió la detención de Augusto Pinochet e impulsó los juicios por los crímenes del Plan Cóndor. Pero ahora parece haber desbordado el vaso al iniciar la investigación de los crímenes del franquismo. Debieron pasar 70 años desde que comenzaron los fusilamientos y desapariciones, y por lo menos 30 desde que el franquismo fue desplazado por “la transición”, para que la justicia se decidiera a escarbar en aquellos horrores. Es necesario decir que la mitad del pueblo español –la mitad que no añora al Generalísimo– se hacía el tonto con su propio pasado: aplaudía el revisionismo en la guerra de Vietnam, los juicios contra las juntas militares en Argentina, y en general todos los procesos por verdad y justicia contra el terrorismo de Estado; pero en España “las cosas fueron distintas”. Mejor no menearla: fue tan traumático el régimen de Franco que era juicioso no enterarse de las fosas comunes en Navarra, de los fusilamientos en el Cantábrico, de las desapariciones masivas allí por donde pasaban las tropas “libertadoras” y por donde después hicieron su trabajo de “limpieza” las formaciones fascistas. La voz débil de los grupos anarquistas, comunistas, sindicalistas, que nunca renunciaron a la denuncia, resultaba molesta. Esas nuevas generaciones que nacieron condenadas a acotar su existencia al consumismo, no es que pretendan ignorar las páginas escandalosas del pasado, no las conocen y no están en el horizonte de sus preocupaciones. No hay hoy, como pudo haberla hasta hace poco por estas latitudes, una ignorancia engendrada por el miedo. No se sabe, desde aquí no puede saberse, qué convulsiones está provocando la acusación contra el juez Garzón. Por lo pronto, la atención mediática en España está más centrada en el detalle de las formalidades del proceso judicial que en la raíz del episodio, que debería generar indignación y rechazo masivos: quizás estimulado por su actuación decidida en los crímenes de las dictaduras sudamericanas –quizás porque, de lo contrario, la más elemental coherencia se haría añicos–, Garzón inició una investigación sobre los crímenes del Estado español durante el régimen de Franco. El 9 de febrero pasado organizaciones de derecha –en particular la Falange Española– entablaron una acción penal contra el magistrado, por el delito de prevaricación. El Tribunal Supremo lo acusa de “la adopción de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la conciencia de dicha antijuricidad”. Traducido: al intentar esclarecer asesinatos y desapariciones, atendiendo a los reclamos de familiares de las víctimas, Garzón habría cometido abuso de autoridad. ¿Qué alega el magistrado del Tribunal Supremo que pretende lograr del Consejo General del Poder Judicial (máxima autoridad) la suspensión e inhabilitación de Garzón como juez? Que Garzón actuó a sabiendas de que una investigación contra el franquismo es inconstitucional porque los delitos cometidos durante la dictadura prescribieron y a la vez fueron amnistiados. Garzón inició las acciones judiciales en 2008 sosteniendo, como sostuvo en la causa del Plan Cóndor, que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles. Sus acusadores –en la estructura judicial y en la estructura política– parten de la base de que una investigación de los crímenes del franquismo implica, de por sí, un abuso de autoridad. Los argumentos son sobradamente conocidos por estos lares. En España el escenario se monta con 70 años de atraso, y es posible, por la relación de fuerzas en los ámbitos máximos de decisión judicial, que Garzón termine inhabilitado cuando el próximo 22 el Consejo General aborde el análisis de la querella. Acaso una iniciativa de Izquierda Unida modifique en algo el esquema. En una nota presentada ante la Cámara Foral afirma que el procesamiento del juez Garzón “por actuar contra los crímenes del franquismo humilla a la democracia y a las víctimas del terror franquista”. La nota subraya que “produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo contra muchos ciudadanos de nuestro país, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia”. Un hecho que se añade a la esquizofrenia: los familiares de las víctimas no están representados ni son parte en la querella por prevaricación. En cambio la Falange, que expresa a los verdugos, tiene el poder de decidir quién se sienta en el banquillo de los acusados, cuando debería ser ella quien debiera estar allí sentada. Garzón El juez Baltasar Garzón se sienta ahora en el banquillo de los acusados. Él ha amenazado la impunidad de los ladrones de los fondos públicos y ha perturbado la paz de los ladrones de la memoria colectiva. El Tribunal Supremo, cumbre del sistema judicial español, no disimula su decisión de condenarlo. De los quince miembros de este tribunal, diez han llegado a sus cargos jurando fidelidad al Generalísimo Franco. Y no lo olvidan, para que no se diga que ellos niegan el derecho de recordar. ¿Hasta cuándo la justicia seguirá persiguiendo a los justos? ¿Hasta cuándo la justicia seguirá siendo injusta? El escritor argentino Héctor Tizón, que mucho sabe de historia y de justicia, suele advertir que la justicia condenó a Sócrates y a Jesús, que fueron los dos hombres más justos de toda la historia de la humanidad. Eduardo Galeano