Un montón de gente fue a solidarizarse con Mariana Mota el 15 de febrero de 2013, era unánime el rechazo a la maniobra de trasladarla a un juzgado civil para enlentecer decenas de procesos por delitos de lesa humanidad.
La concentración venía siendo muy tranquila hasta que los supremos del poder judicial se espantaron con la indignación que había provocado su arbitrariedad y pidieron a la policía que desalojara el sagrado recinto. Ni lerdos ni perezosos, los milicos se
colocaron sus escafandras y chalecos antibala y comenzaron el operativo “empujón” con palos y escudos.
A nadie le gusta que le metan la pesada, por muy institucional que sea, menos todavía cuando se supone que se está en el templo de la justicia. Se dejaron oír desafinados coros con viejas consignas y hubo forcejeos, nada de fuerza ni violencia, reconoció después la jueza Graciela Merialdo. Finalmente, aplastadas por el muro de plástico y rostros pétreos, la gente terminó yéndose, de mala gana, por cierto, pero el edificio quedó “despejado”, como dicen en las series policiales.
El fiscal Gustavo Zubía eligió arbitrariamente a siete manifestantes de un total de 300 y los acusó judicialmente: Irma Leites, Patricia Borda, Aníbal Varela, Eduardo, Diego y Álvaro Jaume y Jorge Zabalza.
¡Qué puntería la del fiscal! Se trataba de criminalizar la
manifestación de solidaridad y de desalentar la lucha por Verdad y Justicia.
En realidad, Zubía actuaba con el respaldo de la Suprema Corte, en particular de Jorge Ruibal Pino, presidente del egregio cuerpo, quien afirmó que la Suprema sería la muralla donde se detendría la lucha por juzgar los crímenes de lesa humanidad. Con su muralla para violar el derecho internacional, Ruibal prejuzgaba inocentes a los acusados de asesinato, desaparición forzosa, violación o tortura. Ruibal, además, había actuado como encubridor en el caso de los cadáveres que llegaban a la costa de Colonia luego de arrojados por los famosos vuelos.
¿Qué justicia podíamos esperar de una Suprema presidida por tamaño atorrante?
Los siete fuimos conducidos e interrogados por el comisario Mieres al Departamento de Operaciones Especiales.
El fiscal gritó “atentado”, pero la jueza Merialdo nos procesó
sin prisión por haber participado en “la reunión tumultuaria que afectó el bien jurídico orden político interno del Estado”, es decir, un delito de asonada.
La jueza entendió que con “gritos e injurias” se impidió durante tres horas que los supremos celebraran la audiencia pública en que se designaba a Mariana Mota y otros jueces en nuevos cargos.
Los doctores Juan Fagúndez, Gustavo Salles, María de le la Fuente y Gonzalo Galíndez, abogados defensores de las víctimas de la arbitrariedad judicial, apelaron el auto de procesamiento por considerarlo inconstitucional. El 28 de abril del 2015, dos
años y pico después de los hechos, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el fallo que nos procesaba. Caso cerrado.
No estaba tan cerrado, sin embargo. El super fiscal Zubía volvió a la carga y exigió que se nos procesara por los mismos hechos que ya habíamos sido procesados, pero, esta vez, por el delito de Atentando Agravado.
Entendía que habíamos actuado con
violencia y que, para preservar a la sociedad, debíamos ir a prisión.
El nuevo expediente prosiguió su recorrido y fue a parar al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno. Finalmente, Ángel Cal Shaban, José Balcaldi y Daniel Tapié se avinieron a la acusación de Zubía y, a seis años y cuatro meses de manifestar solidaridad con la doctora Mota, nos procesó sin prisión por atentado, cuatro de los
procesados en calidad de autores y dos como cómplices. El séptimo caso debía correr por cuerda separada.
Los fundamentos de la división entre cómplices y autores permanecen en las sombras de las disquisiciones jurídicas de Cal Shaban, redactor del escrito que nos enviaron
mediante el cedulón N° 722/2019 IUE 94-35/2013, donde nos comunicaban que nos habían procesado dos veces por los mismos hechos.
El Tribunal de 4° Turno fue creado el 23 de abril de 2011 por la Suprema de Ruibal Pino. El periodista, investigador y luchador Roger Rodríguez historió la forma en que el tribunal se puso mano a la obra y, a los pocos meses de creado, modificaron de dos fallos judiciales trascendentales.
En primer lugar, decretaron la libertad del coronel Walter Gulla por el asesinato en prisión del compañero Horacio Ramos y, en segundo término, declararon inocente a Gregorio Álvarez, el hiper dictador, por el asesinato del compañero Roberto Luzardo,
cometido en el Hospital Militar.
El Tribunal de Cal Shabán fue creado como un adoquín
muy importante de la gran muralla protectora del terrorismo de estado.
Como el grupo de abogados defensores llevará el caso a Casación, los supremos tendrán la última palabra.
¿Qué podemos esperar de la “muralla”? Con toda seguridad,
el máximo órgano judicial ratificará el laudo del Tribunal, al fin y al cabo, es la “Suprema Corte de In-Justicia” como solía decir el inolvidable Daniel Viglietti.
La cruzada de Zubía habrá alcanzado su objetivo, continuación del espíritu con que se dio el golpe del 27 de junio de 1973. De todas maneras, continuará su lucha denodada por un sistema carcelario de castigo y venganza, que deje a un lado la rehabilitación
social de los privados de libertad. Su postura revela las características del horizonte político que persigue, un sistema basado en la autoridad vertical y uniformada, en el obedezco y mando, en esa rigidez disciplinaria que propugnaba la dictadura para domar al pueblo trabajador.
A medio siglo del terrorismo de estado -que comenzó antes del golpe de 1973-continúa la lucha por Verdad y Justicia.
Pese a los pronósticos de que la lucha llegaría a su fin con la muerte de verdugos y víctimas, la han hecho suya la generación de los biznietos, y bajo agua como el último 20 de mayo.
El procesamiento de siete de los cientos de luchadores es apenas una escaramuza de esa gran batalla y un botoncito de
muestra de lo que se viene.
