Los "perdones" que nadie pidió

Montevideo 10 agosto 2011         Ante las declaraciones del Sr. Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Alberto Breccia, en el Programa “Quien es quien” emitido por el Canal 5 el día 28 de julio del corriente año, la Asociación de Familiares de Uruguayos Detenidos- Desaparecidos se siente en la obligación de realizar las siguientes puntualizaciones:

1 - En primer término, si bien las declaraciones brindadas lo han sido a título personal - así se aclara en varias oportunidades por el entrevistado -, se entiende que difícilmente la ciudadanía interprete que ese sea el carácter de las mismas cuando son vertidas por un funcionario de alto rango de la Presidencia de la República. Es más, figuras de tal responsabilidad política del gobierno debieran saber perfectamente que las consecuencias de sus dichos no son ajenas a los cargos que invisten y, necesariamente, trascienden a su persona.

2 - En cuanto al fondo de las opiniones manifestadas, no desconocemos que un gobierno debe atender múltiples problemas, de diversa urgencia y prioridad en la agenda política; pero en forma alguna resulta aceptable ni razonable sostener que la resolución de la temática de la violación de los derechos humanos “paraliza” el quehacer político.

Antes bien, ello resulta de una falsa oposición que traslada responsabilidades políticas y en nada contribuye a la asunción de las que le son propias al gobierno en la materia; y, en tal sentido, parecería necesario recordarle al Sr. Secretario que la Desaparición Forzada es un crimen de Estado y que, en consecuencia, existe una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado uruguayo en tal marco conceptual, demandándole, entre otros aspectos, que investigue lo sucedido.

3 - Por su parte, recurrir al supuesto sentir de los más humildes de nuestra sociedad a efectos de resolver la disyuntiva que plantea el Sr. Secretario, amén de subestimar a los mismos en cuanto a su participación y posicionamiento en este debate, no elimina la discusión de qué sociedad queremos cimentar cuando a la vigencia plena de los derechos fundamentales nos enfrentamos, planteando un escenario en el cual los derechos humanos resultarían - a su entender - “divisibles” en su exigibilidad  e incompatibles en cuanto a su simultaneidad de vigencia, teoría que francamente contradice toda la construcción de la doctrina en la materia: La defensa y garantía de los derechos de las personas deben atravesar todas las políticas de los Estados.

4 -  Por su parte, el discurso construido por el Secretario de la Presidencia sobre la base del “perdón”, no hace más que tornar responsables a las propias víctimas de su obtención. Es decir, parecería ser desde tal óptica que son aquellos que han padecido graves violaciones de los derechos humanos, quienes deben asumir la responsabilidad de alcanzar la mentada paz social., olvidándolos y aceptando su impunidad.

Un discurso de tal naturaleza confunde a la población, pues olvida a quienes corresponde históricamente tal responsabilidad desde el punto de vista político, ético, social y jurídico en una sociedad como la nuestra desbastada por el terrorismo de Estado. A ellos pareciera, paradójicamente, que nada se les demanda desde la lectura de la “teoría del perdón” propuesta, aun cuando no han asumido actitud alguna de reconocimiento, ni institucional, ni personal que permita construir ningún tipo de “perdón” con los victimarios.

Es mas, pareciera desconocer que aún el “perdón” que propugna no puede construirse sobre el desconocimiento tanto de los hechos como de los responsables de los mismos, deberíamos preguntarle primero de qué debemos perdonar y a quiénes debemos perdonar, circunstancias históricas cuyo conocimiento a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad uruguaya toda, les han sido negada hasta la fecha.

5 - Por último, no debería preocupar al Sr. Secretario de la Presidencia las hipotéticas exigencias que, en creciente aumento, parecerían provenir de las víctimas o sus familiares en cuanto a las condiciones de cumplimiento de las penas por parte de quienes fueran declarados responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, si algo han aprendido con dolor es a proclamar, sin descanso, la vigencia de los derechos esenciales sin distingos, derechos que a las víctimas nunca se les han reconocido en su plenitud.

Por todo esto, nos preocupa profundamente que quien será el encargado oficialmente de llevar adelante instancias de investigación en materia de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país en los años del Terrorismo de Estado y su contexto, postule que el tema se resuelve mediante una suerte de teoría del “perdón” cuyos alcances e implicancias - nuevamente - banalizan el abordaje del tema en nuestra sociedad, relativizan los valores de Justicia y, por último, desdibujan las responsabilidades que le son institucionalmente propias del Estado uruguayo en la materia.

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