ARATIRÍ: El mal rayo…(17)
Plebiscito sí o no: la polémica
18 de enero de 2014
Hace apenas dos días publicamos un trabajo historiando, muy brevemente, el proceso de la minera Aratirí, sus implicancias económicas, la resistencia al mismo y al mismo tiempo apoyando el plebiscito que pretende prohibir a través de la Constitución de la República la minería metalífera a cielo abierto.
Coincidentemente en diversos medios, desde redes sociales hasta la prensa (diario La Juventud) hemos conocido las razones para la oposición al mismo.
A modo de síntesis de éstas reproducimos parcialmente una entrevista a Eduardo Rubio[1] (dirigente del movimiento 26 de marzo):
“En cambio esta es una pelea en la que se nos atan las manos y nosotros queremos tener las manos sueltas para seguir peleando. Creo que hay que alentar la batalla, la pelea, la movilización y organización en cada lugar en contra de la megaminería. Y creo también que tenemos que, respetando cada espacio, y acá hay un espacio de las organizaciones sociales que es indiscutible y es su lugar, pero tenemos que también es política. Porque acá hay que desenmascarar a aquellos que están de palabra en contra pero en los hechos a favor.
Chury: Tiene una ventaja esto que se inventó que es paralizar todo los otros movimientos...
Rubio: Exactamente, se ponen a juntar firmas y olvidate de lo demás.
Ángeles: Y todavía a dividirte, entre los que están a favor y los que están en contra...
Rubio: Por eso creo que es muy importante diferenciar, porque yo recorriendo el país y hablando con gente, mucha gente, te encontrás con compañeros que les llega esta idea y se suman todos, se ponen a juntar natural, es lógico pero cuando empezás a conversar el compañero inmediatamente percibe eso. Entonces, no podés hacer tabla raza, todos los que juntan firmas son..No, no, acá hay una dirección, hay una cabeza que pergeñó este movimiento, que tiene objetivos políticos y que hay que denunciarlo, como lo hizo acá la otra vuelta el compañero Bervejillo con una claridad indiscutible.”
Tomando estas declaraciones y otros argumentos de compañeros en diversos ámbitos contra el plebiscito los resumimos así: 1) los organizadores del mismo son una ONG que persigue “objetivos políticos”. Hacen ver que están en contra del proyecto pero en realidad están a favor, o sea, operan como una especie de “quinta columna” entre los opositores para anularlos y favorecer así la concreción de la minera
2) El proceso de recolección de firmas anula o imposibilita cualquier otra forma de movilización contra la minera.
3) como forma de fundamentar el punto 1 se argumenta que el Frente Amplio habría elaborado una verdadera estrategia de plebiscitos fallidos para, en realidad, consolidar procesos políticos contra los intereses populares. Se dice que después que algo (ley de caducidad, por ejemplo) ha sido plebiscitado y el “pueblo laudó” (frase ésta que usó la reacción dentro y fuera del FA para fundamentar la continuidad de la impunidad de los genocidas) no hay más que hacer.
Veamos: respecto al primer punto, se citan actitudes de Víctor Bacchetta[2] (cara visible del MOVUS, promotor del plebiscito) como fundamentación de su condición de (no se usa esa palabra pero el concepto está latente) traidor. En realidad, las personas que aparecen en la papeleta ante la Corte Electoral son: los ingenieros Carlos Anido e Ignacio Stolkin y la militante Ana Calviño Filippini. Bueno, si esto es una tenebrosa maniobra del enemigo tendrán que admitir una de dos posibilidades: o son “cretinos útiles” (como nos decían los fachos en otra época) o forman parte de la siniestra conspiración. No se admite la posibilidad más simple y directa: que sean personas tan bien intencionadas como los demás con relación al objetivo que se persigue (detener el proyecto minero Aratirí) y con las cuales se tiene una simple discrepancia táctica.
El argumento es completamente erróneo por dos razones: a) salvo que se presente una evidencia muy sólida no es correcto acusar de algo tan grave a estas personas. En principio, aún discrepando con ellas (y yo lo hago en una serie de cosas), todo lo sucedido hasta ahora demuestra que han luchado en forma consecuente contra el proyecto. b) Aún suponiendo la posibilidad de que fuera así, esto no impide razonar fríamente sobre el fenómeno de fondo que se discute: la inutilidad o conveniencia del mecanismo plebiscitario para lograr el objetivo. Como fundamento de la posición se afirma que el FA está de acuerdo con el plebiscito. Y se mencionan al efecto unas declaraciones del director de DINAMIGE Pier Rossi[3]:“Rossi considera que la actividad minera de gran porte va a cambiar la matriz productiva del país y comparte que un paso de tal magnitud sea resuelto por la sociedad mediante un plebiscito. Varios grupos ambientalistas en todo el país promueven un plebiscito para que resuelva si aprueba la instalación de Aratirí.”
El mismo Rossi sostuvo en 2011 exactamente lo contrario[4]: “Aclaró que no tiene ninguna posición respeto al proyecto Aratirí, ya que advirtió no llegó a la Dinamige ningún proyecto, y que por lo tanto se tendría que esperar que se presente formalmente la propuesta para empezar a debatir. Tampoco está de acuerdo con que una propuesta de esta naturaleza se plebiscite, ya que para eso hay un gobierno que fue electo y que desarrolla sus planes quinquenales.”
Realmente, no he visto ni oído a ningún jerarca del FA llamar a firmar para convocar al plebiscito. Por lo cual creo que las manifestaciones, contradictorias, de Rossi tienen tanto valor como las “como te digo una cosa…” que hizo, también sobre el plebiscito hace un par de años el mismísimo Mujica que primero la largó al aire y después se desdijo.
Creo que el fondo de la cuestión está en el punto número 3. O sea, convocar a plebiscitos que “se pierden” sería una estrategia del FA para consolidar determinadas políticas. Aparece aquí el plebiscito de “la rosada” para anular por vía constitucional la ley de caducidad. Recuerdo perfectamente que la iniciativa del mismo surgió desde el seno del PIT-CNT y me atrevo a afirmar que fue en 2008. En su momento me pareció una maniobra para desviar la atención de sectores populares de otros temas más importantes, como por ejemplo, la política económica y salarial del gobierno Vázquez. Y es perfectamente posible que esa impresión fuera correcta. Sin embargo sucedió algo que los promotores del fenómeno no esperaban: amplios sectores populares, dentro y fuera del PIT-CNT y del FA tomaron en 2009 la iniciativa con gran energía. Se lograron las firmas para que se votara en las elecciones generales de ese año. Y se estuvo cerca de lograr el objetivo. Es cierto, no se llegó a éste y eso le dio un argumento más a quienes defienden la impunidad aunque es clarísimo que lo que está primando en la práctica congelación de los procesos a los genocidas es la voluntad política, tanto del gobierno cuanto de la Suprema Corte.
Pero, ¿cuál fue el efecto político?: cientos o miles de jóvenes que se habían sumado entusiastamente al proceso, superando ampliamente a las decenas de veteranos militantes que también participaron, hicieron una valiosísima experiencia política. Militaron por algo a lo que habían sido llamados por la dirección del PIT-CNT y algunos de los partidos del FA (que se vieron completamente sorprendidos y superados por el fenómeno) y constataron “en vivo y en directo” como, al final, las direcciones los traicionaron. En lo personal debo reconocer que, junto al resto de Asamblea Popular en la que yo milité esas elecciones, nos equivocamos. No le dimos la menor pelota al asunto (basados en las razones expuestas más arriba) y no formamos parte de un proceso de toma de conciencia interesantísimo.
Sea como sea el proceso de “la rosada” tiene poco que ver con lo que está en juego ahora. Creo que es imposible comprenderlo sin tener en cuenta un hecho económico básico: el proyecto Aratirí tiene como base una categoría fundamental de la economía clásica (incluyendo al Marxismo): la renta de la tierra. En este caso la renta minera. El concepto implica que la empresa obtendrá, además de las ganancias reguladas por la tasa media existente en el tiempo del desarrollo del proyecto, una ganancia extraordinaria que se asimila a lo que Marx y Engels catalogaron como “renta diferencial de tipo II”. O sea, la renta del suelo que responde, no sólo a condiciones especiales de fertilidad y productividad (renta diferencial de tipo I) sino a la que partiendo de la base de ésta le suma una inversión en mejoras, máquinas, instalaciones, etc.
Esto significa que la empresa obtendrá, de persistir las condiciones de mercado vigentes los últimos años, ganancias muy superiores a las normales. En el trabajo anterior cuantificamos tentativamente el nivel de éstas.
Pero no sólo eso: el proceso de inversión necesario para poner en producción la mina implica la utilización de varios miles de trabajadores. Y, a diferencia de lo que sucede con las pasteras, que después de construidas utilizan muy poca mano de obra nueva (siguen empleando algunos miles de trabajadores en los montes y el transporte, pero estos puestos de trabajo existen en forma indiferente a que la celulosa se exporte como pasta de celulosa o como rolos o chips de madera); el proceso de extracción y transporte del mineral de hierro seguirá empleando algo así como 1.500 trabajadores mientras funcione.
Dado el nivel de ganancias que la condición de explotación rentística otorga a la minera pensamos que es muy probable que, tanto en la fase de construcción cuanto en la de explotación, el nivel salarial de la minera será superior al promedio en las ramas industriales, en particular en la de la construcción.
Desde el punto de vista político esto es muy relevante: a partir de que empiece la construcción de la mina (incluyendo el mineroducto y el puerto en Rocha) el proyecto tendrá varios miles de militantes activos en su favor. Hablamos de los trabajadores en el mismo y sus familias. Y aquí radica, precisamente, la diferencia esencial entre la lucha contra la impunidad y la lucha contra Aratirí. Una vez que la máquina económica se desencadene no habrá forma de pararla.
NI EL GOBIERNO NI LA EMPRESA NECESITARÁN OTRA LEGITIMIDAD QUE LA QUE LES DARÁ EL FORMIDABLE MOVIMIENTO ECONÓMICO GENERADO ALREDEDOR DE LA EMPRESA.
Suerte en pila a los que piensan que “seguiremos luchando a largo plazo contra la minería…etc.”
Todo esto explica, al mismo tiempo, la premura del gobierno para que se apruebe el proyecto y las desprolijidades que está dispuesto a cometer a tal efecto.
La economía se desacelera (y es posible que estemos a punto de entrar en una recesión), al FA le han aparecido líos de corrupción de gran repercusión y estamos en año electoral. Se vuelve un objetivo de primer nivel lograr que en octubre de este año la construcción de la minera y del puerto en Rocha estén en marcha. Esto considerando sólo los aspectos públicos y notorios del asunto. Todos tenemos la sospecha que hay algunos, de no menor significación, que no son públicos y tienen tanta importancia como los anteriores. Nos referimos, claro, a los “desinteresados” aportes a la campaña electoral que están en juego.
Reafirmamos, y nadie lo ha discutido, que el logro de las firmas necesarias en abril significa la congelación del proyecto hasta octubre.
Estos megaproyectos implican complejas ingenierías financieras para lograr los fondos necesarios. Y la seguridad jurídica es una pieza clave a esos efectos.
Por último nos referiremos al argumento que tiene que ver con, en palabras de Rubio: “En cambio esta es una pelea en la que se nos atan las manos y nosotros queremos tener las manos sueltas para seguir peleando. Creo que hay que alentar la batalla, la pelea, la movilización y organización en cada lugar en contra de la megaminería”
Nada más lejos de la realidad: juntar firmas para un plebiscito es, dentro de las opciones de la lucha de masas pacíficas, una más. Tal lo atestiguan los múltiples procesos que se dieron en la historia del país post-dictadura. Para juntar firmas es necesaria la movilización de cientos de militantes motivados e instruidos que entren en contacto con el pueblo. Nada más concientizador, tanto para los recolectores cuanto para los firmantes que eso.
En los hechos las formas principales de lucha empleadas hasta ahora han sido las marchas y manifestaciones. Algunas a nivel local (Cerro Chato y algunas otras localidades del interior), otras en Montevideo. No hay evidencia que hayan logrado detener el proceso, sino todo lo contrario. Pero hay más: la otra forma de lucha ha sido, precisamente, la recolección de firmas. Que, al ser de índole local, tampoco ha estorbado significativamente el asunto, por lo menos desde el punto de vista legal. Simplemente no logro comprender por qué es válido juntar firmas para un plebiscito departamental (de muy discutible o francamente nulo poder vinculante) y no lo es hacerlo a nivel nacional con la perspectiva, lejana pero cierta, de detener y eventualmente anular el proceso. Juntar firmas para el plebiscito no implica, para nada, dejar de manifestarse de otras formas. Todo lo contrario: las manifestaciones pueden ser oportunidades excelentes para juntar firmas y esto último puede permitir comunicar, difundir, etc. otro tipo de movilizaciones.
Lo claro es que dentro de algunas semanas, casi con seguridad se firmará un contrato de inversión que habilitará el proceso de negociaciones internacionales para financiar la obra.
PARA RESUMIR: ESTAMOS EN UNA FASE CRÍTICA. SEGUIR HACIENDO LO MISMO NO IMPEDIRÁ LA INSTALACIÓN DE ARATIRÍ. LA ÚNICA HERRAMIENTA CON ALGUNAS POSIBILIDADES DE ÉXITO ES LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PLANTEADA.
DESPUÉS QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MINA ESTÉ EN MARCHA NO HABRÁ FORMA DE DETENERLA.
SE IMPONE PENSAR CON LA CABEZA FRÍA…y el corazón caliente.
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[1] Diario La Juventud: 16 de enero. No reproducimos completa la entrevista debido a su extensión. Invitamos a los lectores a leerla.
[2] Al respecto se puede consultar en La Juventud del 16 de enero la entrevista completa a Rubio y la que se le realizó en ese medio a Bervejillo unos días antes.
[3] http://www.elpais.com.uy/
[4] http://www.lr21.com.uy/
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