Impunidad de golpistas y represores

Impunidad de golpistas y represores.

En diciembre de 1986 el Poder Ejecutivo tuvo éxito al presionar al Legislativo para que maniatara al Judicial y sellara así la impunidad de golpistas y represores. El domingo 21 de ese mes, tras 17 horas y 41 minutos de sesión, el Senado aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Estaba previsto que ese mismo lunes el coronel José Gavazzo abriera el desfile de criminales frente a los tribunales. Poco antes, el entonces comandante del Ejército y torturador confeso Hugo Medina, hoy fallecido, le informó al líder blanco Wilson Ferreira que había guardado en su caja fuerte las citaciones judiciales a cinco oficiales sospechosos de violar los derechos humanos. Eso bastó para asustar a Ferreira Aldunate, quien durante la dictadura sufrió vivencias que darían para filmar una docena fácil de thrillers bien tétricos y tristes. Pero no tenía miedo por él o su familia, sino por el país. Pensaba que el desacato era la antesala del golpe de Estado. Los últimos dos períodos de gobierno tienen algún paralelo con el de entonces. Claro, hay matices y también diferencias gordas. Desde 2005 gobierna el Frente Amplio, al que la dictadura torturó, desapareció e intentó asesinar como institución así como en el cuero y lomo de sus simpatizantes, militantes y dirigentes. Las presidencias de Tabaré Vázquez y José Mujica facilitaron por la vía administrativa el procesamiento, la condena y la prisión de un puñado de milicos, canas y civilicos de lo peor. De todos modos, el mensaje es el mismo que inauguró Julio Sanguinetti aquel diciembre: el Poder Judicial no es independiente, sino que está subordinado al Ejecutivo. Sólo una ley puede restaurar algún equilibrio. La magistratura uruguaya ya es de por sí bastante vulnerable a la influencia de los partidos. Por eso buena parte de los jueces se resisten a asumirse como poder. Ni sueñes con que alguno sentencie, con toda lógica, que la Ley de Caducidad es nula. Ni siquiera que es inconstitucional, aunque la Suprema Corte ya lo dijo. Ni tomarán en cuenta el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. Si detectan vacíos o contradicciones legales, hacen la plancha a la espera de lo que diga el Parlamento. El piedeletrismo les hace olvidar que las normas sirven en tanto herramientas para la Justicia, no al revés. Que son como canciones, porque además de letra llevan música. Pero la sordera cunde, y la impunidad es como el tinitus. En el período de Vázquez, algunos sectores del oficialismo trataron nuevamente de acabar con la impunidad por la vía legislativa. Mientras, el Poder Ejecutivo habilitaba la acción de la Justicia caso por caso, en estricto cumplimiento de la peor ley de la historia nacional, pero también opuso a los intentos de anulación sus ofertas de reconciliación y de “nunca más uruguayos contra uruguayos”. Así, a nadie extrañó que naufragara el trámite parlamentario, que viró hacia la iniciativa ciudadana derrotada en octubre de 2009. En este período, Mujica revocó los actos administrativos con que antecesores suyos ampararon a los acusados en la impunidad. Antes había dado señales claras de que aspiraba a perdonar a los represores. Llegó a pedir una reunión urgente con la bancada del Frente Amplio para marcar su oposición a otro intento legislativo por la anulación, y a desacreditar a su propio canciller, quien había participado en la elaboración de aquel proyecto. Faltan 25 días para que, según algunas bibliotecas, prescriban las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. En otras palabras, decenas o cientos de los peores criminales de la historia de este país festejarán haberse librado de juicio y condena. En algunos juzgados la actividad se acelera, pero en general todo sigue más bien lento. Como en el Frente Amplio, que todavía trata de conciliar seis o siete proyectos de ley para dejar sin efecto los plazos de prescripción, a fin de presentar uno en el Parlamento. Dos informaciones del diario Últimas Noticias nunca desmentidas refuerzan el pesimismo. La primera, que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, les dijo en agosto a los presidentes de los clubes militares que detrás de los juicios hay un “trasfondo político”, y que, en su opinión, “la prescripción debe regir a partir del primero de noviembre”. La segunda, que Mujica no presentará el aún inexistente proyecto oficialista a las cámaras ni urgirá su aprobación, según le adelantó él mismo al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto. O sea, sí, en octubre de 2011 el Poder Ejecutivo viene teniendo éxito al presionar al Legislativo para que mantenga maniatado al Judicial y selle así la impunidad de golpistas y represores. Es decir que otra vez hay que asistir al penoso espectáculo de tres poderes pusilánimes, que ven en el paso del tiempo la mejor solución para todos los problemas. Como vivir sólo para esperar la muerte.     Marcelo Jelen