LOS DETALLES DEL CASO PLUNA

Donde cayó el avión

22.12.2013 09:40

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El ministro de Economía Fernando Lorenzo “abusó de poder funcional” y “operó ilegítimamente de garante verbal frente al BROU, a favor de una empresa extranjera Cosmo”, consideró Juan Gómez, fiscal de la causa por Pluna. El documento señala que los controles a Leadgate "no fueron suficientes"

El pedido de fiscal Juan Gómez por el que fueron procesados los gerentes de Leadgate, el escribano que subastó los siete aviones de Pluna y por el que se pidió el procesamiento del ex ministro Fernando Lorenzo y el presidente del BROU, Fernando Calloia señala que hubo "oscuridades" desde el inicio de la intervención de Leadgate y que el gobierno no controló lo suficiente al menos hasta el año 2010.
En el documento Gómez pide procesar con prisión a los gerentes de Leadgate por un delito continuado de estafa, a Fernado Calloia y el ex ministro Fernando Lorenzo por un delito de abusos de funciones y al escribano que participó en la subasta de los siete aviones de Pluna, por un delito de certificación falsa.
La denuncia del Partido Nacional
El Partido Nacional presentó la denuncia en mayo de 2012, iniciando así la investigación sobre el caso Pluna. En esa oportunidad cuestionaron la celeridad con la que se contrató a la consultora FICUS Capital, como intermediaria para elegir un accionista para Pluna, las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas sobre el proceso de elección y vinculos familiares que podrían perjudicar la transparencia del proceso.
Además cuestionaron el incumplimiento del Plan de Negocios que Leadgate presentó, los negocios con la empresa AEROVIP-que había quebrado- presentados como una forma de acceder al mercado argentino, lo que no sucedió y las pérdidas de la empresa por 92 millones de dólares, entre 2007 y 2011.
En esa misma denuncia, el Partido Nacional cuestionó los altos costos de las asesorías y el sueldo de 17 mil dólares mensuales que ganaba cada uno de los tres gerentes de la empresa y la venta sistemática de los activos de la empresa, el edificio en Buenos Aires, las Oficinas en Río de Janeiro, el Argentino Hotel de Piriápolis, repuestos de aviones y hasta un motor.

Los gerentes de la empresa
Según relata la vista fiscal, como en la licitación para elegir un socio de Pluna no se requería que se presentaran empresas del rubro navegación aérea, los gerentes de Leadgate crearon una empresa en Panamá.
"Adquirieron en la República de Panamá la sociedad denominada Leadgate lnvestiment Corp, inscripta en el Registro Público de Panamá el 28 de dieciembre de 2006 poco tiempo antes de ser seleccionada por FICUS CAPITAL para el emprendimiento. Dable es señalar, que ya desde el principio, la mencionada empresa inicia una serie de oscuridades, que se mantendrán hasta el final de su actuación, toda vez que la constitución de garantía por el mantenimiento de la oferta, que se sitúa en dos millones de dólares, fue en definitiva prestada por Leadgate S.A., empresa distinta, de propiedad exclusiva de Campiani", señala el documento.
Si bien el fiscal reconoce la difícil situación en la que se encontraba el Poder Ejecutivo por la quiebra de Varig y los problemas de conectividad que esta trajo, entiende que los controles no fueron suficientes: "Los controles que debían ejercer tanto los Directores de Pluna Ente Autónomo, como los de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, al menos hasta el año 2010, no fueron suficientes, lo que impidió una exacta consideración sobre la forma en que se desarrollaba la operativa de Pluna S.A".
En ese sentido, señala que los socios privados tenían mayoría y que desde mediados de 2010 las decisiones se tomaban sólo con los votos de los empresarios. El fiscal señala que los tres procesados tenían la finalidad de remodelar la empresa, hacer crecer su valor, para luego venderla.
"Para conseguir tal objetivo era necesario presentar balances que no respondían a la realidad, hacerlos tardíamente, retacear la información a los directores públicos y contratar consultas con especialistas que reflejaban visiones parciales, siempre beneficiosas a los intereses de los indagados, como las realizadas por el Dr. Ricardo Olivera en el mes de abril de 2011", señala el documento.
"Comenzaron a gestionarse préstamos garantizados por la venta de pasajes, primero en el Uruguay, luego en la República Argentina, para finalmente gestionar un préstamo en la República Federativa del Brasil, por treinta millones de dólares con la opinión contraria de los directores públicos, que unido a la ya mencionada venta de los activos fijos, ilustra con claridad las dificultades que cursaba la empresa, negada por los indiciados, quiénes persistian en su propósito de conseguir un comprador", agrega el fiscal.
En ese marco es fiscal advierte la creación de "una compleja ingeniería de empresas" que eran utilizadas para modificar balances y transferir fondos desde Pluna a las otras empresas.
"La Fiscalía considera asimismo, que las estratagemas cumplidas por los indagados también se objetivizan en uso de empresas subsidiarias a PLUNA S.A., EASTERN JET 1 y 2, con importantes transferencias de fondos, que permitían luego la facción de balances consolidados; o el manejo en la República Argentina de las empresas AEROVIP Argentina, SAS S.A., creando una compleja ingeniería de empresas, les permitió girar fondos hacia ellas, por PLUNA S.A. (...) incrementando notoriamente los gastos de la propia PLUNA, en beneficio de las empresas subsidiarias o coligadas por ellos manejadas. A juicio del suscrito no es de recibo, bajo ningún concepto, la citada operativa, que pauta las oscuridades que se visualizaban desde el incio de la intervención de Leadgate", señala el documento. "Llama poderosamente la atención el uso de empresas con nombres similares, al igual que en las originarias Leadgate lnvestiment Corp y Leadgate S.A., que sin duda inducen a confusión, presente en la propia denuncia del Partido Nacional que refiere como empresa denunciada a Leadgate S.A. llustra sobre esa ingeniería de empresas también las circunstancias de que documentaciones o giros que debían efectuarse en favor de algunas de ellas, aparecieran en la contabilidad de otras", agrega.
Otro de los puntos tratados por el fiscal es el hecho de que en reiteradas ocasiones los ahora procesados intentaban vender sus acciones en Pluna, reforzando el interés por presentar la empresa como con funcionamiento regular, mientras que por otro lado incrementaban sus deudas.
Ya con cierta indignación, el fiscal da cuenta de los salarios y los bonos cobrados: "es bueno señalar que el manido argumento manejado por (uno de los indagados) que aportó treinta millones de dólares y se retirÓ con un dólar es absolutamente falso. Basta decir que como gerente percibían un salario de decisiete dólares mensuales, gozaban de importantes gastos de representación, cobraron un bonus de treinta y ocho mil dólares por la presunta buena gestión desarrollada en el año 2011, cuando ya habían iniciado lo que podremos catalogar como "calesita" con los cheques destinados al pago de ANCAp, recibieron pagos reparatorios por parte de PLUNA Ente Autónomo por mas de seiscientos dieciocho mil dólares y ello como mínima expresión de las irregularidades, que pese a la urgencia de este dictamen no pueden dejar de señalarse".
La deuda con ANCAP
Hasta diciembre 2010 la empresa cumplió con los acuerdos con ANCAP establecidos en 2008 pero después de allí, empezó a pagar en diferido e intentado a través de cambios en las fechas de los cheques "inducir a error" a los funcionarios de ANCAP, además de librar varios cheques sin fondos.
"No cabe duda alguna de que Pluna SA carecía de los fondos necesarios para cubrir los cheques reseñados, que fueron devueltos luego de que la empresa solicitara concurso, en algunos casos únicamente por la demora de ANCAP en presentarlos al cobro. No obstante ello, la Fiscalía considera que tanto por la forma de creación, la clandestinidad de sus entregas, sin ninguna comunicación con los Directores de Ancap cuando se variaba aspectos sustanciales de lo acordado, constituyen una de las tantas maniobras cuyo reproche pretenderá la Fiscalía", agrega el documento.
Lorenzo y Calloia
En cuanto a la participación del ex ministro Lorenzo y el presidente del Banco República en un delito de abuso de funciones, el fiscal Gómez señala que luego de la creación del fiedicomiso para la colocación de los siete aviones Bombardier CRJ 900, y la primer remate que fue suspendido por falta de oferentes, el ministro de Economía se comunicó telefónicamente con Calloia para que facilitara el aval necesario para presentarse al remate que se realizó el 1º de octubre de 2012.
"El lunes 1º de octubre de 2012, fecha de la subasta, aproximadamente al mediodía elSr.Ministro Fernando Lorenzo se comunicó telefónicamente con el presidente del Banco República, Fernando Calloia expresándole - según sus dichos - que el Sr. López Mena había manifestado que acercaría a una empresa, y que "Si ello ocurría, le estaba solicitando al BROU, que hiciera los máximos esfuezos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular", dice la vista fiscal.
El documento cuenta que Herán Calvo Sánchez se presentó cerca de la una de la tarde en la sucursal de Ciudad Vieja en representación de la aerolínea Cosmos y se le dio el aval, siendo Calvo el único oferente por 137 millones de dólares.
"El 3 de octubre son fotografiados almorzando en un restaurant de la Ciudad Vieja, el Ministro de Economía, el empresario López Mena, el español Calvo y otras dos personas, desencadenándose en consecuencia el escándalo social, gremial y político de público conocimiento", recuerda el fiscal.
Tras el incumplimiento de la garantía de Cosmos, el empresario López Mena envió una carta al presidente del Banco República, señalando que se haría cargo de la deuda, la carta fue escrita el 4 de marzo de este año.
Ante la sede, Lorenzo dijo que conoció el nombre de la empresa que llevaría López Mena el mismo día de la subasta y que llamó a Calloia para "conseguir la cooperación del BROU para que quiénes podían ser participantes en la subasta llegaran a serlo si estaba en condiciones"
"A pesar del legítimo esfuerzo del denunciado por descartar cualquier otra vinculación con el otorgamiento del cuestionado aval bancario, - a juicio de este dicente - emergen relevantes elementos probatorios que respaldan lo contrario. En efecto, el Sr. Ministro, excediendo los límites de su ámbito de competencia funcional, concedió el respaldo orgánico del Ministerio de Economía y Finanzas, en favor únicamente de la aerolínea española COSMO, desconocida en el mercado regional, y tan solo una de las cuatro interesadas en participar del remate de las siete aeronaves Bombardier CRJ 900 de la ex PLUNA - (a saber: Grupo Molinari, Mont Fortelco y la Embajada de Venezuela), para que, en el exiguo plazo de dos o a lo sumo tres horas, obtuviera ante el Banco de la República, el otorgamiento de un aval de mantenimiento de oferta por la suma de U$S 13.885.156 (Dólares Americanos), sin exigir simultáneamente la presentación de contragarantía, en detrimento y clara desigualdad con las restantes interesadas", señala el documento agregado que en el momento en que el BROU dio el aval "no contaba con la información mínima" para hacerlo.
A modo de prueba, el fiscal plantea la declaración de un funcionario del BROU: "recibo la llamada del Pte. Del Banco. Me pregunta sobre el aval, le comunico las condiciones que me había dado el solicitante para la misma y que al ser una firma extranjera que no tenía antecedentes en el banco y el solicitante no había ofrecido ninguna garantía en su respaldo, no podíamos considerar la garantía de mantenimiento de oferta. A lo que este me indica que se trataba de un tema de interés nacional ...., que él tenía el consentimiento de /os directores del banco necesarios para la aprobación del aval. La ejecutiva de cuentas estuvo presente también en esta conversación y se contaba en ese momento con muy poca información de la empresa COSMO".
"El ministro de Economía ilegitimamente operó de garante verbal frente al Banco República, en favor de una empresa extranjera COSMO S.L., mientras ésta entregara con posterioridad al 1" de octubre 2012,la Póliza pendiente", señala el documento.
A todo esto López Mena declaró: "La verdad es que no tuve intervención, porque cuando se concreta la empresa española, de acuerdo al pliego necesitaba un aval. El Ministro de Economía dijo "el aval se lo damos nosotros" porque no había tiempo, no se podía conseguir un aval en 10 días. Después yo le informo al Sr. Hernán Calvo que el aval se lo daba el gobierno y luego ellos debían conseguir una garantía para el aval".
"Los argumentos excusatorios manejados por ambos profesionales - en concepto del suscrito - son inadmisibles. No es concebible que en un Estado Democrático de Derecho, en un período de suma trascendencia histórica para el país durante el cual cierra la única aerolínea nacional, y se crea en forma excepcionalísima un Fideicomiso de Administración por la Ley 18.931, con el fin de procurar la transferencia de los activos de PLUNA a un nuevo titular a través de un procedimiento competitivo público de adjudicación, nada menos que el Ministro de Economía, y el Presidente del Banco República, interfieran propiciando una preferencia totalmente inaceptable e ilegítima, en relación a uno de los interesados en la subasta", concluye el fiscal.
Gómez agrega que Lorenzo "abusando de poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las siete aeronaves de la exPluna".
En cuanto a Calloia señala que "aceptando esta situación irregular instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval, sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva, COSMO S.L. fuera el único mejor postor".
"Desde luego que dichas actuaciones exceden la mera irregularidad administrativa, determinado una clara desigualdad con respecto a las restantes empresas interesadas en participar en la subasta. Se trata de verdaderos actos arbitrarios cometidos con abuso del poder funcional que ostentan los indagados, en virtud de sus respectivos cargos públicos", agrega.

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Documentos asociados:

vista_fiscal_21-12-13_pluna_leadgate_gomez.pdf - La vista fiscal