Veronika Engler (03-10-2012)
La impunidad se manifiesta de distintas maneras: en la dicotomía del tibio y confuso discurso
de nuestros políticos, discurso en el que por un lado cumplen con normas internacionales que exigen respetar los Derechos Humanos mientras se reconoce públicamente la violación de los mismos en nombre del Estado y por otro lado se lleva adelante una campaña de perdón hacia los militares que están presos y hacia los que deberían estarlo; se mantienen las cárceles VIP; se justifica a los que ocultan información pretendiendo que de brindarla deberían quedar eximidos de culpa; se les otorga prestamos y tarjetas de crédito; les pagamos interesantes jubilaciones a represores y dictadores que dedicaron sus vidas a reprimirnos. Y sobre todo se les permite a quienes están recluidos montar una red de contactos, conspirar, escribir artículos y hasta un libro desde la cárcel. Todo eso, sin aceptar que el discurso que pregonan está dirigido principalmente a los integrantes de las FF.AA., cosa que no es ningún secreto, ya que los mismos milicos lo declaran públicamente. Estos siniestros personajes utilizan los sitios web, publicaciones y entrevistas, para justificar la tortura como método necesario, los asesinatos y secuestros como un daño colateral de menor importancia y recalcar que no se arrepienten de nada. También denigran a quienes consideran sus enemigos, que son, en alguno de los casos quienes los quieren mandar a morir en sus casas como un gesto de “pongo la otra mejilla” y perdono. Desde el gobierno se permite que ellos expresen el odio a través de sitios y materiales que trasmiten ideologías fascistas y nazistas, por otro lado se acusa a los militantes por los DD.HH y a quienes quieren juzgar a todos los criminales, de vivir en el pasado y en el odio. Frases del presidente lo trasmiten desde hace tiempo: ““Tengo 14 años preso. pero no ando odiando a nadie. Acepto las canas, las arrugas y los dolores pero no vivo para odiar”, o “se hace lo que se puede”, repite continuamente que “no vive para odiar”, o “lo de atrás también hay que cerrarlo y hay que suturarlo” porque “hay que vivir”.
Sin embargo parecemos olvidar que todas las atrocidades cometidas por los militares, fueron, según ellos mismos, cometidas en defensa del país, el mismo país que no dudaron en robar y estafar a mansalva, como sus prontuarios lo prueban. No pueden, claro está, vestir de heroicos motivos las violaciones a mujeres, hombres y adolescentes, es difícil admitir públicamente que una parte de ellos son violadores y degenerados y la otra parte lo permitió y toleró convirtiéndose en el mismo tipo de escoria humana.
Solo hace falta revisar cifras para que los resultados de la Impunidad se muestren desnudos ante nuestros ojos: Existen aproximadamente 400 denuncias de violaciones a los DD.HH. Cometidas en nombre del Estado por militares y policías, a esta altura quizás sean muchas más. Sin embargo solo unos pocos han sido procesados y condenados a pesar de los años transcurridos en gobiernos democrático de todo pelo y color. Existe una lista actualizada por Familiares de 175 desaparecidos, solo se han encontrado los restos de 24 de ellas y ellos.
Revisé los prontuarios e historias de los militares y policías acusados de violaciones a los DD.HH. y encontré que varios fueron acusados en distintos momentos de delitos de estafas y robos. En otras palabras, son delincuentes y ladronzuelos cuya patria y honor les sirvió para llenarse los bolsillos. La diferencia que tienen con cualquier otro delincuente se basa en que vestían uniforme, portaban armas y sustentaban el poder otorgado por el Estado, actuaban además, en nombre de una honra militar dudosa; la defensa a la oligarquía y el ataque a todo lo que se les antojara Marxista y subversivo. De hecho son mucho más culpables que otro criminal porque se ampararon en la bandera, se ocultaron tras el escudo, el himno y todo el patriótico discurso que les enseñan a repetir como loros en el ejército y que nos machacaron durante la dictadura. El clarísimo mensaje que se le envía al pueblo y a la interna de las FF. AA, es que un uniforme te permite transgredir las normas y valores establecidos en una sociedad y te da otro estatus dentro de la delincuencia, con acceso a cárceles y tratamiento especial, un uniforme te protege y te pone por encima de cualquier otro ciudadano, dándote el derecho de hacer con él lo que quieras.
El uniformado no debe pensar, debe obedecer, si le señalan a un “enemigo”, lo va a atacar sin detenerse a razonar que ese “enemigo” es su vecino, su igual antes de que él vistiera el uniforme y le entregaran un arma. Adquieren lineamientos conductuales establecidos para obtener una mayor personalidad grupal. Se unen a “la mística militar”, los enseñan a respetar y dar la vida por símbolos que representan el honor de una patria que en realidad está lejísimos de la gente y lo que el pueblo necesita. Respetan las jerarquías cual autómatas. Hasta ahora no han comprendido que lo único defendible es la gente, es el pueblo. ¿Cómo pueden conciliar entonces el uso de la fuerza con los ideales de servicio e identificación con principios y valores propios de la sociedad a la que pertenecen? Tampoco se les exige formación para ingresar en el ejército, teniendo en cuenta el nivel educativo en este momento, es un acto doblemente arriesgado. Pensemos en la cantidad de analfabetos funcionales que salen con certificado de primaria completa por pases especiales o de extra edad. Para empuñar una escoba y limpiar en muchos lugares se necesita tener 3er año de liceo aprobado, para solicitar ingreso como soldado en el ejército nacional y empuñar un arma exigen solo certificado de primaria completa. ¿Cómo evitar que las señales de Impunidad formen a estos soldados que no cuentan siquiera con elementos de formación básica?. Por la vía de los hechos se les trasmite que cuando se cometen faltas en nombre del Estado, son justificables, olvidables, perdonables. Quienes fueron promotores de ese tipo de crímenes, están en su mayoría libres de todo pecado y los pocos condenados están recluidos en condiciones especiales.
Otra perla es que mantuvieran al Gral. Bonelli como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea luego de haber declarado que había sido copiloto de uno de los vuelos de la muerte, es sin duda parte de esta Impunidad que ejerce una rara forma de desagravio hacia los militares donde podemos situar la defensa a Dalmao, incluida visita en la cárcel por sus problemas de salud. La lista es larga.
Desde que nuestro ex presidente Tabaré Vázquez inauguró la Cárcel de Domingo Arena que costó 400.000 dólares, dio claras señales: La cárcel se divide en tres sectores y hay tres teléfonos públicos en el celdario, teléfonos atendidos por los presos. Las celdas están equipadas con muebles propios, con televisión y frigobar, tienen un servicio de cable (TV) abonada por el comando del ejército. Cuentan con un amplio régimen de visitas en los que acude bastante gente. El periodista Antonio Álvarez de cuyo blog obtuve muchos datos, publicó que acude un promedio de 40 personas a las visitas los martes, jueves (13 a 17 horas) y fines de semana (de 9 a 17). La cárcel cuenta con clínica propia, se permiten salidas al Hospital Militar y tienen servicio de emergencia móvil y consultorio odontológico. También tienen un gimnasio con bicicleta ergonométrica y caminador y una sala de visitas conyugales.
Hay una cancha de fútbol y un patio de recreo cercado con alambre y un salón comedor con estufa a leña, una heladera, una cocina y todos los que necesitan para cocinarse. Las visitas son vigiladas con cámaras, debe ser para no molestarlos. El recuerdo que tengo de las visitas con mi padre es espantoso, después de pasar por las denigrantes revisaciones no se me permitía tocarle ni un dedo (no entendí hasta ser más grande el fin de esos manoseos). Una vez comenzada la corta visita, los milicos hablaban y se reían continuamente o interrumpían lo que hablábamos con amenazas de suspensión, estaban siempre moviendo ostentosamente las armas y teníamos perros enormes que te observaban con babeantes bocas, muchas veces entre las rejas y el tejido que nos separaba. Visité a mi padre desde los 7 años hasta los 19 y esta situación variaba poco en los cuarteles. Mi hermana Paula comenzó a padecerlo a los 3 años por lo que cada visita significaba para ella días previos de dolores estomacales y mucha angustia, Dieter que es poco menor que yo guarda también penosos recuerdos de esa experiencia que fue el contacto que tuvimos durante nuestro desarrollo con papá.
La cárcel de Domingo Arena es gestionada por la policía. Esta guardia policial interceptó hace unos años material informático que la hija de Medina intentaba ingresar al local, descubriendo así un operativo de contrainteligencia que los “viejitos” realizaban, llamadas “acciones psicopolíticas”. Nancy Medina les llevaba un CD con información secreta de personalidades judiciales y políticas que los militares procesaban en sus computadoras personales, sacando así información al exterior para efectuar lo que llamaban “operativos enchastre” por Internet, también para dar lineamiento a la interna de las FF.AA. y mantener estrecho contacto con grupos fascistas del Uruguay y otros países, que pertenecen mayoritariamente a los países que intervinieron en el Plan Cóndor.
La Impunidad les permite al Coronel Ramas y a Gavazzo, escribir en la sección“Carta de los lectores” del semanario Búsqueda y de la web “En voz alta”. Desde la cárcel están estrechamente vinculados al grupo de Extrema Derecha Uruguaya que incentiva a la violencia contra homosexuales, judíos, comunistas y mujeres, al Foro Libertad y Concordia integrado por militares retirados y en actividad y a uruguaymilitaria.com, entre otros grupos de Facebook e instituciones y agrupaciones sociales cristianas.
La Impunidad pare otro hijo, el libro que Gavazzo publica, allí declara no estar arrepentido de lo que hizo, justifica la tortura y da más línea a las internas de las FF.AA. y a todo el que como él mismo carece de escrúpulo y es tan enfermo como para aplicar los mismos métodos sin que se le mueva una pestaña. En sus pocas luces, Gavazzo da incluso argumentos que justifican que se lo “agarre del gañote” para que de información de donde están los desaparecidos, tiene suerte de que ninguno de los que defendemos los Derechos Humanos nos revolquemos en la mierda como él lo hizo. No entiendo que se precisa para que los defensores de los “viejitos” se aviven de lo que habilitan con el discurso de olvido y perdón. El libro en si es seguramente basura como todo lo que de allí puede salir, como la página, como las declaraciones de todos ellos, lo que es inconcebible es que la Impunidad les permita seguir metidos en el escenario político. Para eso no están viejos… En fin, de más está decir que este tipo de seres existen y me atrevo a asegurar que con “nenes uniformados” que juegan a las violaciones en países extranjeros no deberíamos dudarlo. En ese tipo de mentes caen las arengas de estos enfermos.
Como antídoto del libro de este payaso al que se le está dando continuamente circo, les cuento que hace unos días fuimos invitados al preestreno de la película“Almanaque” dirigida por José Pedro Charlo, que habla de la experiencia de Jorge Tiscornia en el Penal de Libertad. Les recomiendo verla cuando tengan oportunidad. Con ese estilo sobrio, equilibrado y responsable que tiene Charlo de hacer películas, nos muestra una experiencia increíble de vida, de supervivencia en la cárcel. Vale la pena verla y recomendarla, ese tipo de testimonios con contenido moral, informativo y artístico rescatan la verdad y nos separan intelectual y moralmente de monstruos como Gavazzo y su intento por perpetuar y justificar los horrores cometidos.
Detrás de los uniformes y de la institución que conformó las llamadas Fuerzas Conjuntas se esconde mucha basura y un sinfín de trapos sucios que no se investigan. Los asesinos están protegidos por las políticas de Impunidad y se los cataloga como presos políticos. Son la escoria más baja de la sociedad, ¿hasta cuándo los van a proteger?
QUIENES SON:
DELINCUENTES, LADRONES, ASESINOS, TORTURADORES, VIOLADORES:
Ródriguez Buratti era el jefe del Departamento III, del Servicio de Información de Defensa (SID) que tenía a su cargo "Planes, Operaciones y Enlace". Era el superior de José Gavazzo entre otros. Se lo involucra a la represión del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el secuestro de Simón, hijo de Sara Méndez y al caso de María Claudia García de Gelman. Fue coronel de la dictadura. El domingo 11 de setiembre de 2006 se pegó un tiro en la cabeza con una pistola 9 mm que llevaba siempre en el auto. No pudo declarar ni ser procesado.
Tte. Gral. (r) Gregorio Álvarez Armellino
ex presidente de facto, dictador. El ex presidente de facto Gregorio Álvarez concedió una entrevista a Últimas Noticias desde la prisión de Domingo Arena. Allí contó que está enfrentándose a “lo peor”: el síndrome del ataúd. Además, preguntó “¿quién dice que hay desaparecidos?” y sostuvo que no se arrepiente de nada.
ex presidente de facto, dictador. El ex presidente de facto Gregorio Álvarez concedió una entrevista a Últimas Noticias desde la prisión de Domingo Arena. Allí contó que está enfrentándose a “lo peor”: el síndrome del ataúd. Además, preguntó “¿quién dice que hay desaparecidos?” y sostuvo que no se arrepiente de nada.
Coronel (r) José Nino Gavazzo;
Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados.
Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados.
Fue jefe operativo del Servicio de Información de Defensa.de Uruguay. Como tal estuvo al frente de Automotores Orletti y es responsable directo, entre otros crímenes de lesa humanidad, de la desaparición forzada de 140 uruguayos en la Argentina. La mayor operación que comandó fue contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Gavazzo solía torturar a sus víctimas a cara descubierta.
Gavazzo fue procesado por la Justicia por la comisión de un delito de violencia privada. Un procesamiento timorato y condicionado por la fiscalía, obviamente por el gobierno de la época, que pidió el cambio de carátula al delito inicialmente atribuido al torturador: extorsión. Junto a Gavazzo también resultó procesado otro conocido torturador y asesino que también retornará ante los estrados judiciales, está vez acusado por el asesinato de la nuera del poeta argentino Juan Gelman: Ricardo Medina (a) 'El Conejo'.
Coronel (r) Gilberto Vázquez: Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados. Fue condenado a la pena de 25 años de penitenciaría. Fue condenado a la pena de 25 años de penitenciaría.
El coronel (r) Gilberto Vázquez aseguró que la decisión de desaparecer gente durante la dictadura respondió a “razones económicas” y que la tortura era “útil” y “necesaria”. Un día antes de que la Justicia inicie las citaciones a militares por su participación en torturas, Vázquez dijo a Ultimas Noticias que “no había más remedio” que recurrir a ese método de interrogación y admitió que “con algunos se nos fue la mano”. Con una condena de 25 años que cumple en la cárcel de Domingo Arena, el militar afirmó que los uruguayos que retornaron desde Argentina en el “primer vuelo” no fueron“rescatados” por “cuestiones humanitarias” sino porque “eran fuente de información”. Calificó la muerte de María Claudia García como un “daño colateral” y dijo estar “orgulloso” de haber participado en la dictadura.“Yo estoy orgulloso de haber podido participar en la salvación del país. ¿Se imagina lo que hubiera sido un Uruguay comunista en medio de la guerra fría? ¿Vio lo que pasó en Vietnam? Acá hubiera sido espantoso. Era una cuestión práctica”
El coronel (r) Gilberto Vázquez es contrario a la Ley de Caducidad y asegura que siempre se opuso. “A mí nunca me gustó. No estaba de acuerdo. Siempre dije que si cometí errores, me tenían que juzgar porque a cada error, le corresponde una sanción”. Sin embargo, está convencido que aún sin Ley de Caducidad, no debió terminar en la cárcel porque aunque admite las torturas y las desapariciones, no se siente culpable. “Creo que no merezco estar preso. Di lo mejor de mí mismo, hice lo mejor que pude, asumí responsabilidades”, argumentó. Por otra parte, señaló que la realidad que viven los militares procesados por violaciones a los derechos humanos constituye “una fantasía, una payasada” porque Domingo Arena “no es una cárcel. Acá estamos como en un geriátrico”. Tomado de la entrevista de María José Frías en Ultimas noticias el 31 de enero del 2011
Montevideo Portalhttp://www.montevideo.com.uy/ notnoticias_130187_1.html
Coronel Luis Maurente: Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados. Fue condenado a la pena de 20 años, con el descuento para todos los casos de la prisión preventiva cumplida hasta el momento
Se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ("Cárcel de Militares"),
El pedido de extradición se realizó sobre fines de 2006. La solicitud de extradición queda en suspenso pero no prescribe, por lo que una vez que el proceso por el caso Soba culmine, el militar podrá ser extraditado y juzgado por los crímenes que se le imputan en la República Argentina, en esta y otras causas, indicaron las fuentes.
Se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ("Cárcel de Militares"),
El pedido de extradición se realizó sobre fines de 2006. La solicitud de extradición queda en suspenso pero no prescribe, por lo que una vez que el proceso por el caso Soba culmine, el militar podrá ser extraditado y juzgado por los crímenes que se le imputan en la República Argentina, en esta y otras causas, indicaron las fuentes.
Coronel (av) José Araujo Umpierrez Coordinador de los vuelos de Orletti. Era el Subdirector del SID durante la represión de los uruguayos en Argentina y cuando la desaparición del maestro Julio Castro. Fue quien ordenó a Bonelli y Malaquín pilotear los vuelos de Orletti. Sabe la identidad del oficial del Ejército a quien entregó a los desaparecidos del "segundo vuelo". Había sido denunciado por el ex agente Julio César Barboza. Araújo Umpiérrez era el representante de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) en la subdirección del Servicio de Información y Defensa (SID), que compartía con el Capitán de Navío Juan Carlos Volpe Sañudo y el Coronel del Ejército Pedro Víctor Font Raluy, bajo las órdenes del Director Coronel Juan Rodríguez Buratti.
Durante su "servicio" en la central de inteligencia de la dictadura uruguaya, Araújo Umpiérrez estuvo directamente involucrado en la coordinación del traslado ilegal de los uruguayos del "segundo vuelo" de Orletti y de la desaparición del maestro Julio Castro. La trayectoria represiva del aviador Araújo Umpiérrez fue denunciada, luego de la reinstitucionalización de Uruguay, por el ex agente Julio César Barboza, quien identificó a sus mandos en el SID y narró algunas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 1976 y 1977.
Durante su "servicio" en la central de inteligencia de la dictadura uruguaya, Araújo Umpiérrez estuvo directamente involucrado en la coordinación del traslado ilegal de los uruguayos del "segundo vuelo" de Orletti y de la desaparición del maestro Julio Castro. La trayectoria represiva del aviador Araújo Umpiérrez fue denunciada, luego de la reinstitucionalización de Uruguay, por el ex agente Julio César Barboza, quien identificó a sus mandos en el SID y narró algunas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 1976 y 1977.
Coronel Ernesto “Drácula” Soca: Responsabilizado por "28 delitos de homicidio" Soca fue identificado durante la indagatoria por una veintena de sobrevivientes por su actuación represiva en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti" (OT 18), en la República Argentina, y en la sede del SID de Bulevar Artigas y Palmar. Las víctimas lo reconocen como un activo partícipe de las torturas provocadas en ambos centros, por la particularidad de su risa y su voz. En este sentido, Sara Méndez recordó la actuación de Soca. "Yo en Orletti no lo vi, sí escuché la voz, estaba en casi todas las sesiones de tortura, insultaba a los presos, les decía 'pichi', les gritaba en más de una oportunidad que estaban preparando los 'jonca' porque íbamos a visitar a San Pedro". Méndez lo vincula directamente con una sesión de tortura contra León Duarte. "Yo no lo vi en Orletti, pero sí sentí su voz. Era una persona muy activa en la parte de torturas. Creo que trataba de amplificar los gritos de los torturados. Era un sádico, una persona que realmente disfrutaba con la tortura", dijo Sara Méndez al retirarse del Juzgado Penal de la calle Misiones, Por su parte, Ana Inés Quadros, otra ex detenida de Orletti, dijo a los medios de prensa: "Es una persona que, por sus características represivas es muy difícil de olvidar. Lo recuerdo como Drácula, porque así le decían".
Soca fue enjuiciado en el marco de la indagatoria por el "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti, causa por la cual fueron condenados ocho represores, entre ellos, José Nino Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira y Gilberto Vázquez. Enfrenta otro pedido de extradición desde Argentina, esta vez junto a José "Nino" Gavazzo y José Arab, en el marco de la causa que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide, quien instruye en la causa por el "robo de bebés" durante la última dictadura. La fiscal Olga Carballo se pronunció a favor de las extradiciones. El pedido de extradición se realizó sobre fines de 2006.
Tomado de La República. 10 9 10.
Inspector (r) José Sande Lima; Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados. Fue condenado a la pena de 20 años, con el descuento para todos los casos de la prisión preventiva cumplida hasta el momento.
Ex integrante del OCOA (Operación Comando Antisubversivo), llegó a ser director del Penal de Libertad en plena democracia, en 2006, terminó procesado por robar y vender los escombros del motín ocurrido en 2002. Con el producido de su emprendimiento ilegal se construyó una casa en La Floresta. La Jueza Letrada de San José, Adriana de los Santos, le tipificó el delito de "peculado" (artículo 153 del Código Penal), en una causa iniciada hace tres años.
Coronel (r) Carlos Calcagno: La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispuso el procesamiento con prisión del coronel (r) Carlos Calcagno, por “coautoría de dos delitos de desaparición forzada”, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana.
La magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Mirtha Guianze y dispuso el enjuiciamiento del militar, hasta ahora detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 8 (Cárcel Especial para Militares), ante un pedido de extradición librado por la Justicia paraguaya
Capitán de Navío Juan Carlos Larcebeau: Larcebeau fue enjuiciado como coautor de 29 homicidios por su participación directa en los operativos clandestinos realizados por los Fusileros Navales (Fusna) en Argentina, como parte de la "Operación Cóndor" de represión coordinada por las dictaduras que gobernaron en el Cono Sur en las décadas de los '70 y '80. Fue condenados como coautores de reiterados delitos de "homicidio muy especialmente agravado", tras las denuncias presentadas en 2007 por varios familiares de detenidos-desaparecidos.
Mayor (r) Ricardo Arab: Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados. Fue condenado a la pena de 25 años de penitenciaría. Fue condenado a la pena de 25 años de penitenciaría
Inspector (r) Ricardo “Conejo” Medina:
Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados. Fue condenado a la pena de 20 años, con el descuento para todos los casos de la prisión preventiva cumplida hasta el momento.
Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados. Fue condenado a la pena de 20 años, con el descuento para todos los casos de la prisión preventiva cumplida hasta el momento.
Mató a María Claudia García Irureta Goyena de Gelman en la Base Valparaíso y entregó a la hija de la víctima a una familia de policías. Fue Granadero, agente del SID, represor en Orletti, falso subversivo, empresario en seguridad, asesor político, conserje de un hotel, falsificador de dólares, jefe de chacras de la Jefatura de Policía de San José, dueño de locales nocturnos, extorsionista y hasta panadero. La justicia analiza hoy un pedido para reabrir el Caso Gelman en el que aparece como principal implicado de un crimen que no ha caducado. La nuera del poeta argentino Juan Gelman estaba embarazada cuando fue trasladada a Montevideo, donde la recluyeron en el Servicio de Información y Defensa (SID) de Bulevar Artigas y Palmar. Tuvo una hija en el Hospital Militar que fue entregada por el propio Medina a una familia de policías. A fines de 1976 o principios de 1977 fue derivada a la clandestina "Base Valparaíso" --cuya ubicación fue revelada por una investigación periodística de LA REPUBLICA--, donde funcionaba una flota de taxímetros que espiaban a la población. Allí habría sido asesinada por Ricardo Medina Blanco.
Su presencia en el SID hasta 1977 también lo implica en la detención y desaparición del maestro Julio Castro Pérez el 1º de agosto de 1977. Castro fue llevado a La Casona, un centro de reclusión que se ubicaba en la calle Millán y Loreto, donde está la cooperativa de viviendas de obreros de Cutcsa.
Entre 1978 y 1980, cuando el OCOA deja de ser dirigido por el general Amaury Prantl y el coronel José Nino Gavazzo, Medina habría pasado a cumplir funciones en el Penal de Libertad, donde permanecían detenidos cientos de presos políticos uruguayos.
Coronel (r) Jorge “Pajarito” Silveira: Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados. Fue condenado a la pena de 25 años de penitenciaría.
Alias: Siete Sierra, Chimichurri, Pajarito, Oscar 7
Miembro del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas OCOA
Además, de torturar, desaparecer, robar niños y asesinar, solía violar y agredir sexualmente a prisioneros adolescentes.
- Reconocido en Artillería 1, conocido como La Paloma: año 1973, agosto –diciembre.
- Coautor de la muerte de Laura Raggio, Diana Maidanic, Silvia reyes, el 21 de abril de 1974 bajo el mando de Gavazzo, Vadora y Cristi.
- Participa en 1974 de torturas y violaciones reconocido por cientos de mujeres y hombres. Junto a Gavazzo, Cordero y Rama.
- Se lo reconoce torturando en Artillería 1 y 4, Infantería 8 y 13.
- 1978/79, encargado de las presas políticas en Punta Rieles. Hecho denunciado por 375 mujeres.
- Tortura en centros clandestinos, Casa de Punta Gorda
- Se lo reconoce en el SID
- Buenos Aires, Argentina: Se le ve en Automotora Orletti junto Gavazzo, Rama. Participando de secuestros y desapariciones en el Plan Condor. (1976/77)
- Secuestra a Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela.
- Violador de estudiantes menores de edad durante 1981.
- 1981, pasa a desempeñar funciones en el Palacio Legislativo.
- Asesor de Amado en el gobierno de Sanguinetti. 1998.
Miembro del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas OCOA
Además, de torturar, desaparecer, robar niños y asesinar, solía violar y agredir sexualmente a prisioneros adolescentes.
- Reconocido en Artillería 1, conocido como La Paloma: año 1973, agosto –diciembre.
- Coautor de la muerte de Laura Raggio, Diana Maidanic, Silvia reyes, el 21 de abril de 1974 bajo el mando de Gavazzo, Vadora y Cristi.
- Participa en 1974 de torturas y violaciones reconocido por cientos de mujeres y hombres. Junto a Gavazzo, Cordero y Rama.
- Se lo reconoce torturando en Artillería 1 y 4, Infantería 8 y 13.
- 1978/79, encargado de las presas políticas en Punta Rieles. Hecho denunciado por 375 mujeres.
- Tortura en centros clandestinos, Casa de Punta Gorda
- Se lo reconoce en el SID
- Buenos Aires, Argentina: Se le ve en Automotora Orletti junto Gavazzo, Rama. Participando de secuestros y desapariciones en el Plan Condor. (1976/77)
- Secuestra a Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela.
- Violador de estudiantes menores de edad durante 1981.
- 1981, pasa a desempeñar funciones en el Palacio Legislativo.
- Asesor de Amado en el gobierno de Sanguinetti. 1998.
Semanario Alternativas:http://www.semanario- alternativas.info/archivos/ 2011/12-diciembre/197/PORTADA/ paginas%20portada/Articulos/ pajarito.html
Fotógrafo policial Nelson Bardesio: La jueza penal Graciela Eustacchio procesó al ex fotógrafo policial Nelson Bardesio por un delito de homicidio muy especialmente agravado por el caso del militante de izquierda Héctor Castagnetto, desaparecido en agosto de 1971. También procesó al ex agente de la Dirección de Inteligencia, Pedro Fleitas.
El abogado de Bardesio, Aníbal Martínez Chaer, adelantó que apelará el fallo. El delito por el que fue procesado el ex fotógrafo policial, al que se lo vincula con el "escuadrón de la muerte" que operó previo al golpe de Estado de 1973, tiene una pena de entre 20 y 30 años
Coronel (r) José Chialanza El General Miguel Dalmao y el Coronel retirado José Chialanza fueron procesados por el juez Penal de 10º Turno, Rolando Vomero, por considerarlos "coautores del homicidio muy especialmente agravado" de la docente y militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en junio de 1974.
Sabalsagaray, profesora de Literatura en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, al oeste de Montevideo. Fue detenida por personal militar en su domicilio de la calle Eduardo Acevedo 1710, el 29 de junio de 1974. A continuación fue trasladada al Batallón de Transmisiones 1 del Ejército, donde Dalmao se desempeñaba como alférez.
El magistrado señaló que "Se desconoce quiénes fueron las personas que realizaron la detención". Sin embargo, "una vez en el cuartel (Sabalsagaray) fue interrogada por personal militar del S2, cuyo jefe era Dalmao. Fue sometida a diversos tormentos, entre ellos sofocarla mediante presión en el cuello. En el transcurso de la sesión, la detenida falleció".
Por su parte, el coronel retirado Chialanza fue procesado en su condición de jefe del Batallón de Transmisiones Nº 1 (hoy Batallón de Comunicaciones Nº 1), cargo por el cual tenía "participación en las detenciones y posterior interrogatorio". "Como jefe - expresa el auto de procesamiento emitido por el juez Vomero- nada le podía ser desconocido" y "evidentemente también autorizaba los métodos de interrogatorio". Los procesados cumplirán pena de prisión en una cárcel especial para militares. El homicidio de la docente fue excluido de la Ley de Caducidad, declarada inconstitucional para ese caso.
Red Latina Sin Fronteras: http://red-latina-sin- fronteras.lacoctelera.net/ post/2010/11/12/uruguay-el- general-miguel-dalmao-y- coronel-retirado-jose
Coronel Aviador (r) Enrique Rivero: El juez Ruben Saravia procesó al teniente aviador retirado, Enrique Rivero, por el delito de encubrimiento. Rivero ya estaba en Domingo Arena procesado por otras causas de la dictadura Existe pedido de procesamiento para el teniente (r) Enrique Ribero, oficial de la Fuerza Aérea preso por el asesinato de Ubagesner Chávez Sosa. Ribero actuó como testigo del caso Ramos. En tal sentido, dijo haber descolgado el cuerpo de Ramos de la celda, lo que derivó en que Guianze pidiera su procesamiento con prisión por encubrimiento.
Coronel (r) Juan Carlos Gómez: La jueza penal de Paso de los Toros, Dra. Lilián Elhorriburu, procesó al Cnel. (r) Juan Carlos Gómez y al Tte. Cnel. (r) José Nino Gavazzo como autor y coautor, respectivamente, del homicidio muy especialmente agravado de Roberto Gomensoro Josman, quien fue castrado y se desangró en marzo de 1973. En 1973 Juan Carlos Gómez era mayor, según manifestó uno de los testigos, tenía un vehículo que se desplazaba a alta velocidad y participó en varias oportunidades de las torturas en Tacuarembó. Fue el último jefe de Policía de Maldonado durante la dictadura.
Ernesto Avelino Rama Pereira: Procesado "como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real". Había sido enviado a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires. Las investigaciones determinaron la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados. Fue condenado a la pena de 25 años de penitenciaría
Apodado, "Oscar 1", "El Tordillo", "El Gallego" o el "Puñales", fue detenido como medida cautelar en razón del pedido de extradición que sobre él recae desde la Justicia argentina. Junto a Eduardo Ferro, serían los oficiales que presuntamente dispusieron del cuerpo de María Claudia García de Gelman, y quienes en última instancia determinaron dónde sepultarlo.
Un memorando de Inteligencia militar firmado por el coronel (r) Ernesto Rama, que describe en detalle a una de las columnas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, constituiría una de las pruebas que analiza la Justicia en las causas de la desaparición de Washington Barrios y el asesinato de Silvia Reyes.
El pedido de extradición, proveniente del juez federal argentino Guillermo Montenegro, requiere a los ex militares, además de Ernesto Rama, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, José Arab, Ricardo Medina, y el fallecido Julio Vadora.
Coronel (r) Manuel Cordero Piacentini: Alias "303", "Manolo". Nació el 15.09.38. Ingresó al Arma de Artillería en el año 1951. Desde antes de 1973 integró los cuadros de Inteligencia coordinando con la asociación criminal Argentina Triple A, que estaba a cargo de José López Rega. Torturó a militantes en el cuartel de Artillería.
En el año 1976, con el grado de Mayor integró del SID. (Servicio de Información y Defensa) y la OCOA (Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas), en el marco del PLAN CONDOR.
Está acusado de la desaparición de Adalberto Soba en el año 1976 en Argentina y de Gerardo GattiY León Duarte. También está acusado del segundo "vuelo" donde son desaparecidos 22 uruguayos. Fue acusado por los sobrevivientes de Automotoras Orletti de torturas constantes, violaciones y asesinatos y de padecimientos inenarrables a otros luchadores extranjeros. Fue además acusado por la desaparición forzada de un niño, Simón Riquelo, el cual estuvo secuestrada su identidad; durante 22 años.
En el año 2004 se convirtió en prófugo de la Justicia uruguaya, desplazándose a la frontera con Brasil. En ese entonces el juez Balcaldi lo había acusado, en un juicio por desacato, por apología de la tortura. En la ciudad de Santana Do Livramento gozó de más impunidad hasta que el Supremo Tribunal Federal de Brasil votó en agosto del 2009, conceder la extradición a la Argentina para ser juzgado.
La fiscal Guianze había pedido que todos los procesados fueran condenados por el delito de "desaparición forzada". Sin embargo, el juez Charles, en su resolución desestimó esa tipificación y mantuvo el delito de "homicidio muy especialmente agravado" .Los desaparecidos en este caso son: Adalberto Soba, Gerardo Gatti, León Duarte, Alberto Mechoso, Ary Cabrera, Susana Trias, Mario Cruz, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Carlos Rodríguez, Domingo Queiro, Josefina Kleim, Washington González, Ruben Prieto, Julio Rodríguez, Jorge Zaffaroni, Emilia Islas, Juan Morales, Walner Bentancour, Roger Julien, Victoria Grisonas, Raúl Tejera, Juan Recagno, María Cárdenas, Bernardo Arnone y Juan Errandonea.
La fiscal Guianze había pedido que todos los procesados fueran condenados por el delito de "desaparición forzada". Sin embargo, el juez Charles, en su resolución desestimó esa tipificación y mantuvo el delito de "homicidio muy especialmente agravado" .Los desaparecidos en este caso son: Adalberto Soba, Gerardo Gatti, León Duarte, Alberto Mechoso, Ary Cabrera, Susana Trias, Mario Cruz, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Carlos Rodríguez, Domingo Queiro, Josefina Kleim, Washington González, Ruben Prieto, Julio Rodríguez, Jorge Zaffaroni, Emilia Islas, Juan Morales, Walner Bentancour, Roger Julien, Victoria Grisonas, Raúl Tejera, Juan Recagno, María Cárdenas, Bernardo Arnone y Juan Errandonea.
Desaparecidos:http://www.desaparecidos.org/ arg/tort/uru/cordero/
Kaos en la Redhttp://kaosenlared.net/ america-latina/item/8210- dossier-del-genocida-manuel- cordero.html
General Miguel Angel Dalmao está sometido a un proceso penal por existir semiplena prueba de que él fue quien mató a Nibia Sabalsagaray en un cuartel del Ejército en 1974, cuando la sometió a torturas. La Justicia de Uruguay procesó el 08nov10 con prisión preventiva al general del Ejército Miguel Ángel Dalmao, el primer militar en actividad enviado a la cárcel por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Dalmao era, desde el 01de febrero del 2008, comandante de División de Ejército IV, cargo en el cual permaneció hasta el 08 de noviembre del 2010, por cuanto las autoridades decidieron su pase a "situación de disponibilidad".
El General Miguel Dalmao y el Coronel retirado José Chialanza fueron procesados por el juez Penal de 10º Turno, Rolando Vomero, por considerarlos "coautores del homicidio muy especialmente agravado" de la docente y militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en junio de 1974.
Sabalsagaray, profesora de Literatura en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, al oeste de Montevideo. Fue detenida por personal militar en su domicilio de la calle Eduardo Acevedo 1710, el 29 de junio de 1974. A continuación fue trasladada al Batallón de Transmisiones 1 del Ejército, donde Dalmao se desempeñaba como alférez.
El magistrado señaló que "Se desconoce quiénes fueron las personas que realizaron la detención". Sin embargo, "una vez en el cuartel (Sabal/sagaray) fue interrogada por personal militar del S2, cuyo jefe era Dalmao. Fue sometida a diversos tormentos, entre ellos sofocarla mediante presión en el cuello. En el transcurso de la sesión, la detenida falleció".
Dalmao fue enjuiciado como encargado del S2 (inteligencia militar) de la unidad militar, en virtud del arresto administrativo del oficial Mario Segnini, jefe del S2. Los miembros del S2 eran los responsables de la "lucha antisubversiva", únicos con potestades para interrogar a los detenidos políticos.
Los procesados cumplirán pena de prisión en una cárcel especial para militares, donde desde 2006 están recluidos 17 oficiales retirados, entre ellos el ex dictador Gregorio Álvarez...
El homicidio de la docente fue excluido de la Ley de Caducidad, declarada inconstitucional para ese caso...
DATOS TOMADOS DEL BLOG DE ANTONIO ÁLVAREZ
Los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge“Pajarito” Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez fueron sentenciados por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, a una pena de 25 años de penitenciaria como autores responsables de 28 delitos de homicidio (“Caso Segundo vuelo”) muy especialmente agravados en reiteración real.
El coronel Luis Maurente y los policías Ricardo “Conejo” Medina y José Sande Lima fueron sentenciados a 20 años de penitenciaria, también como autores responsables de esos 28 homicidios, mientras que el soldado Ernesto Soca se mantiene en arresto preventivo tras la extradición a Argentina otorgada por la jueza Fanny Canessa.
También se encuentra bajo prisión administrativa (Hospital Militar) el coronel Carlos Calcagno, quien fue requerido en extradición desde Paraguay por la desaparición de Federico Tatter y tiene una causa abierta en Uruguay por el traslado ilegal de los desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en 1977.
Por su parte, el coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, detenido en la Base de Boiso Lanza, fue liberado cuando se rechazó una solicitud de extradición a Argentina , pero regresó a la cárcel a pedido de la fiscal Guianze por su papel en la coordinación del llamado “segundo vuelo” de Orletti.
El dictador general Gregorio Alvarez, y el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, imputados por delitos de “desaparición forzada” (“Terceros traslados”) que un Tribunal de Apelaciones terminó por tipificar como“reiterados delitos de homicidio especialmente agravados”. Dos semanas atrás, Álvarez fue procesado por el homicidio de Roberto Luzardo, militante tupamaro fallecido en el Hospital Militar en 1973. El juez Juan Carlos Fernández Lechini tipificó el delito de homicidio con “agravantes especiales e imprescriptibles”
El Coronel Ramas, actualmente en el Hospital Militar, igual que Gavazzo, escribe en la sección “Carta de los lectores” del semanario Búsqueda y de la web que los defiende enwww.envozalta.net.
Prisión domiciliaria logró Juan María Bordaberry luego de ser condenado por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Fue procesado además por otros 11 homicidios,
Juan Carlos Blanco, procesado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y por el homicidio de Zelmar y Toba, en su condición de civil, se mantiene recluido junto a otros presos comunes en la Cárcel Central ubicada en los sótanos de la Jefatura de Policía de Montevideo en San José y Yi.
Civiles: Juan María Bordaberry (Atentado a la Constitución, desapariciones y muertes) y Juan Carlos Blanco (Elena Quinteros) Ambos, además, por Michielini, Gutiérrez, Barredo y Whitelaw.
Causa Adalberto Soba (2º vuelo de Orletti): José N. Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas (en Hospital Militar), Luis Maurente, Jorge Pajarito Silveira, Ricardo Conejo Medina, José Sande y Ernesto Soca.
Causa terceros traslados: Gregorio Alvarez y Juan Carlos Larcebeau (Jorge Tróccoli está fugado).
Causa Roberto Gomensoro: Juan Carlos Gómez y Gavazzo.
Causa Ubagesner Chavez Sosa: José Araújo Umpiérrez y Enrique Ribero.
Causa Insaurralde y Santana: Carlos Calcagno.
Causa Escuadrón de la Muerte: Nelson Bardesio y Pedro Fleitas.
Causa Nibia Sabalsagaray: Miguel Angel Dalmao.
LAS CAUSAS QUE SE VIENEN
La jueza Mariana Motta y la fiscal Ana María Tellechea tienen a su cargo la indagatoria de la desaparición de Horacio Gelós Bonilla. Más de 20 militares estaban en enero de 1976 en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce
Motta y Tellechea entienden además en la causa de 19 muertes por tortura en el Batallón de Infantería de Colonia.
El juez Sergio Torres deberá pronunciarse sobre el pedido fiscal de procesamiento del coronel Tranquilino Machado por el homicidio del estudiante Ramón Peré en 1973, el abogado defensor Miguel Langón interpuso nuevos recursos para dilatar la decisión.
La derogación de la Ley de Caducidad abrió otro frente. Los integrantes de la Suprema Corte debían dar sentencia sobre la inconstitucionalidad de la caducidad en la causa de los Fusilados de Soca y del homicidio del coronel Ramón Trabal. Ya no será necesario.
La Suprema Corte de Justicia también debía fallar sobre los pedidos de casación interpuestos por los militares implicados en la causa del segundo vuelo de Orletti y en el caso del ex presidente Gregorio Álvarez por los terceros traslados.
Se acelerarán otras causas como las de la desaparición del maestro Julio Castro.
Caso Fontana de Heber (vinos envenenados) y la denuncia por casos de tortura presentada por ex presos políticos de la base Boiso Lanza.
Antonio Alvarez:http:// antonioalvarezperiodista. wordpress.com/
Lista de 326 militares y policías torturadores
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