La ONU insta a España a investigar las desapariciones del franquismo recordando que el delito de desaparición no prescribe.
Publicado: 16 nov 2013 | 1:30 GMT Última actualización: 16 nov 2013 | 4:00 GMT RT
EFE
El Comité de Desapariciones Forzadas (CDF) de la ONU ha invitado al país ibérico a adoptar las medidas, tanto legislativas como judiciales, necesarias para "superar los obstáculos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones", según ha informado la cadena española TVE.
Entre los obstáculos aludidos, el CDF hace especial referencia a "la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía". "Una amnistía es una norma pacificadora. Esta norma, 30 años después, no puede constituir un obstáculo para la justicia, y la justicia está necesariamente vinculada a la verdad, y la verdad es hija del tiempo", dijo el experto del comité, Álvaro Garcé García en una rueda de prensa en Ginebra, tras la presentación del informe sobre el cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en vigor desde finales del 2010.
En ese sentido, el informe de la ONU propone crear un órgano específico, una comisión de la verdad, "encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, particularmente las desapariciones forzadas", y da a España un plazo de un año para que avance en estas cuestiones.
La desaparición es un delito permanente y hay obligaciones que no están limitadas en el tiempo
Por su parte, España presentó los pasados 5 y 6 de noviembre su informe sobre la aplicación de la referida convención, en el que defendió que en su ordenamiento legal "no tiene lugar la investigación de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo por tratarse de delitos ya prescritos".
Sin embargo, el órgano de la ONU considera que la prescripción de este delito solo se produce en el momento en que "la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad". "La desaparición es un delito permanente y hay obligaciones que no están limitadas en el tiempo", aseveró Garcé.
Asimismo, en su documento final sobre España, el órgano de la ONU destaca la importancia de que los presuntos autores de estos crímenes sean enjuiciados y sancionados en caso de ser hallados culpables.
Entre los obstáculos aludidos, el CDF hace especial referencia a "la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía". "Una amnistía es una norma pacificadora. Esta norma, 30 años después, no puede constituir un obstáculo para la justicia, y la justicia está necesariamente vinculada a la verdad, y la verdad es hija del tiempo", dijo el experto del comité, Álvaro Garcé García en una rueda de prensa en Ginebra, tras la presentación del informe sobre el cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en vigor desde finales del 2010.
En ese sentido, el informe de la ONU propone crear un órgano específico, una comisión de la verdad, "encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, particularmente las desapariciones forzadas", y da a España un plazo de un año para que avance en estas cuestiones.
La desaparición es un delito permanente y hay obligaciones que no están limitadas en el tiempo
Por su parte, España presentó los pasados 5 y 6 de noviembre su informe sobre la aplicación de la referida convención, en el que defendió que en su ordenamiento legal "no tiene lugar la investigación de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo por tratarse de delitos ya prescritos".
Sin embargo, el órgano de la ONU considera que la prescripción de este delito solo se produce en el momento en que "la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad". "La desaparición es un delito permanente y hay obligaciones que no están limitadas en el tiempo", aseveró Garcé.
Asimismo, en su documento final sobre España, el órgano de la ONU destaca la importancia de que los presuntos autores de estos crímenes sean enjuiciados y sancionados en caso de ser hallados culpables.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/
Con esta resolución se confirma, una vez más, que la Suprema Corte de Uruguay está actuando CONTRA la legalidad y jurisprudencia internacional y violando TODOS LOS TRATADOS en materia de derechos humanos. Esa Corte no puede seguir en sus funciones!
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