Federación de Bases Patria Grande: Los fusilados de Soca interpelan a la justicia uruguaya

El pasado sábado 19 de diciembre se llevó a cabo el homenaje a los Fusilados de Soca en el Memorial que los recuerda, en Ruta 70 Camino de los Fusilados, Departamento de Canelones, al cumplirse 41 años de su asesinato.

La ceremonia que convocó a unas trescientas personas, contó con la presencia y la oratoria del Intendente de Canelones Prof. Yamandú Orsi, de la Directora de DDHH departamental Valeria Rubino, de la Secretaria de DDHH para el Pasado Reciente de Presidencia, Isabel Wschebor y de escasos ediles (Julio Aquino y Miguel Sanguinetti). Ni un solo diputado se hizo presente

En la actividad hicieron uso de la palabra Ana María Pereda por los familiares, Enrique Chalar por Crysol, Valeria Rubino por la Dirección de DDHH, Isabel Wschebor por la Secretaría de Presidencia y Yamandú Orsi en una clara muestra de su compromiso con la causa de la Verdad, de la Memoria y de la Justicia.

La parte artística contó con la actuación del poeta crysolero Miguel Angel “el cristo” Olivera, del cantor popular Jorge Prieto y del querido e infaltable Daniel Viglietti, quien además dio lectura a un mensaje de saludo enviado por la organización Donde Están de París.

Los fusilados de Soca interpelan

a la justicia uruguaya

Enrique Chalar, Secretario de Crysol, haciendo uso de la palabra,

en mensaje que reproducimos

A 41 años de su asesinato recordamos hoy a María de los Ángeles Corbo, embarazada de 6 meses en ese momento, a Graciela Estefanell, a Mirtha Hernández, a Héctor Brum y a Floreal García. Los homenajeamos como lo merecen todos los hombres y mujeres de esta tierra que optaron por el compromiso, por la militancia social y política, por la utopía de la felicidad de los pueblos, por una sociedad justa donde se pudiera soñar, luchar y vivir en libertad.

Eran uruguayas y uruguayos sencillos como todos nosotros. Tuvieron que salir del país, como lo tuvieron que hacer miles de compatriotas, para preservar su libertad y su integridad física cuando la dictadura era inminente. Ignoraban que el Plan Cóndor, diseñado en EEUU, empezaba a levantar vuelo.

El Plan Cóndor represivo de las dictaduras del Cono Sur no respetó fronteras geográficas, de la misma manera que no respetó Derechos Humanos, ni vidas ni normas legales, ni moral, ni libertades, para imponer un proyecto político en la región al servicio de los grandes intereses económicos que se beneficiaron con él.

Fueron secuestrados el 7 noviembre del año 1974 en Buenos Aires por comandos uruguayos que actuaban con el visto bueno de las autoridades de dicho país y en forma coordinada con ellas. Estuvieron recluidos en centros clandestinos en dicha ciudad y posteriormente trasladados en el operativo represivo que se conoce como “vuelo cero” a nuestro país. Luego de ser torturados en la Casona de Punta Gorda en la rambla, fueron ejecutados fríamente como represalia dictatorial para enmascarar su responsabilidad cuando también fue asesinado el coronel Ramón Trabal en Francia.

La decisión de fusilarlos fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, órgano asesor y con poder de decisión, al más alto nivel, de la dictadura cívico militar. Sus integrantes son plenamente conocidos. Algunos de ellos aún están vivos, en condiciones de ser indagados por la justicia. Aunque presidía el fallecido dictador Juan María Bordaberry, el Tte. Gral. Gregorio Alvarez, procesado por otros crímenes y recluido hoy en la cárcel de Domingo Arenas, lo integraba como Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Durante más de dos décadas la Ley de Caducidad, que fue votada para consagrar la impunidad de estos crímenes imprescriptibles e inamnistiables, impidió que la justicia cumpliera con sus obligaciones y cometidos básicos.

Aunque la pretensión punitiva del Estado fue restablecida plenamente por la Ley 18 831, a 41 años de los sucesos, judicialmente hablando, aún estamos en veremos. El proceso judicial no ha podido avanzar sustancialmente, a pesar de los esfuerzos desplegados en su momento por la jueza de la causa, la Dra. Mariana Mota, quien en febrero de 2013 fue desplazada al ámbito civil por la Suprema Corte de Justicia.

Con el patrocinio de los centros militares que ofician de estado mayor de los criminales de ayer, los terroristas estatales y sus defensores, han desplegado una estrategia global focalizada en el terreno judicial que incluyó maniobras dilatorias, postergación de las comparecencias argumentando razones de salud, negativas y mentiras falaces, presiones directas e indirectas sobre los distintos operadores, incluso sobre los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Las actuales dificultades para el avance judicial en las diferentes causas son sumamente preocupantes para todos quienes valoramos la democracia conquistada por la lucha de nuestro pueblo y deseamos la plena consolidación de ella para que Uruguay sea, auténticamente, un país de primera.

Sin justicia en su más amplio sentido, con investigaciones a fondo, esclarecedoras de los hechos y de las responsabilidades, no habrá verdad, no se podrá saber el quiénes, el cuándo, el dónde, el cómo, el porqué de las graves violaciones a los derechos humanos, de las desapariciones, de los asesinatos, de las ejecuciones extrajudiciales, de los crímenes en las torturas. El camino de encontrar los restos de nuestros detenidos desaparecidos se hace, incluso, cuesta arriba.

Justicia para afirmar la democracia

Mirar hacia el futuro significa afirmar plenamente la democracia superando las secuelas del pasado terrorista. Mirar al futuro es consolidar una sociedad con pleno respeto de los DDHH como pilar básico del relacionamiento ciudadano. Mirar el futuro es construir un Uruguay con sólidos cimientos de no repetición en base a lo establecido, detallada y pormenorizadamente, por la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas.

El cumplimiento de las directrices de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas para asegurar la plena transición democrática compromete a todos los poderes del Estado. Compromete al Poder Ejecutivo, compromete al Poder Legislativo y también al Poder Judicial.

La sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay es de cumplimiento obligatorio, también, para todos los operadores judiciales, a todos los niveles, también para los señores integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

El Estado uruguayo al más alto nivel debe asumir públicamente su responsabilidad por lo sucedido y ofrecer las disculpas correspondientes.

María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García: ustedes siguen estando con nosotros. Son y serán inolvidables. Tan inolvidables como todos nuestros detenidos desaparecidos por quienes también seguimos reclamando Verdad y Justicia.

Están y estarán presentes con nosotros, en nuestra lucha diaria y en la lucha de las generaciones venideras pues Uds. No son solo memoria sino vida abierta al futuro y a la esperanza.

Por Verdad, Justicia, Memoria y Nunca,

pero Nunca Más, terrorismo de Estado.