Placa en memoria de Roslik y otras víctimas de dictadura

Gobierno y sociedad civil colocan placa en memoria de Roslik y otras víctimas de dictadura

Tomado de www.presidencia.gub.uy

Los asesinatos como el de Vladimir Roslik son delitos de lesa humanidad que no prescriben y no quedarán impunes, enfatizó la ministra María Julia Muñoz al hablar este domingo en el descubrimiento de una marca de la memoria en el cuartel de Fray Bentos donde fue torturado hasta la muerte el último mártir de la dictadura. Horas antes se procedió a un acto similar en el sitio donde estaba asentado el Batallón Nº 5 de Mercedes.

La primera cita se cumplió en el edificio donde funcionó el Batallón Nº 5 de Infantería del Ejército y que hoy alberga una terminal de ómnibus y centro de compras. En ese lugar, numerosas personas cumplieron detención ilegal durante la dictadura (1973-1985) y fueron víctimas de crueles abusos y torturas.

La fecha elegida para el descubrimiento de placa recuerda el asesinato en 1972, en Montevideo, del estudiante mercedario Joaquín Klüver a manos de un comando de las entonces Fuerzas Conjuntas, mientras repartía volantes en defensa de la educación.

Luego la comitiva se trasladó al Batallón de Infantería Nº 9 del Ejército, en Fray Bentos, donde el médico Roslik, un descendiente de inmigrantes rusos nacido en San Javier, departamento de Río Negro, fue torturado hasta morir el 16 de abril de 1984, en las postrimerías de la dictadura.

En el acto realizado en la entrada del cuartel se leyó una carta de la viuda de Roslik, la actual diputada suplente María Cristina Zavalkin, ante la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura encabezadas por Muñoz, de Río Negro, de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, del Sindicato Médico del Uruguay y de la Federación Médica del Interior.

Esta placa también fue respuesta al pedido de un grupo de ciudadanos fraybentinos.

Estos sendos actos de memoria y homenaje forman parte de una serie de actividades de ese tenor previstas por la Comisión Especial creada por la Ley 18.596, integrada por los ministerios de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Economía y Finanzas, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y por Crysol - Asociación de ex Presas y Presos Políticos de Uruguay.

Los reconocimientos públicos forman parte de una política pública que promueve acciones simbólicas tendientes a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegitimo del poder del Estado uruguayo, como indica la norma.

Anteriormente se fijaron sitios de memoria en el cuartel de Infantería Mecanizada N° 10 de Treinta y Tres, donde fue asesinado por torturas Luis Batalla el 25 de mayo de 1972, cuando aún regía el sistema democrático en el país gobernado por Juan María Bordaberry, y en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia del Sacramento, donde murió de igual manera Aldo Perrini, el 3 de marzo de 1974.

También se colocó una placa de la memoria en la seccional 3ª de Policía de la ciudad de Paso de los Toros, en memoria a las 157 expresas políticas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que resistieron las imposiciones de la dictadura entre 1972 y 1985.

La Comisión anunció, además, que el 18 de diciembre se realizarán actividades similares en Montevideo, en los centros de reclusión del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), la Prefectura Nacional Naval y la Dirección de Inteligencia Naval.

Un médico entregado a su pueblo

Para Muñoz, el homenaje en memoria de Roslik tiene un significado especial dado su condición de colega y por lo que fue su muerte por torturas cuando la dictadura expiraba.

Roslik dio su vida para trabajar con su gente de manera con total capacidad, pero con mucha modestia y entrega para su pueblo, dijo la ministra.

Recordó que en la fecha de su muerte “todos estábamos convencidos de la pronta caída de la dictadura cívico militar del país”.

“Para todo la comunidad médica fue terriblemente doloroso cerciorarnos que, además de Manuel Liberoff (1976) y María Antonia Castro (1977) detenidos-desaparecidos en Argentina, teníamos un compañero asesinado en Fray Bentos”, repasó.

Añadió que en ese momento el Sindicato Médico del Uruguay denunció todas las violaciones de derechos humanos, levantando en alto la bandera de la ética de la profesión. En ese sentido señaló que la Federación Médica del Interior fue la identidad gremial que juzgó a sus propios colegas implicados en delitos de lesa humanidad.

Muñoz subrayó que el asesinato de Roslik no va a quedar impune y, dirigiéndose a su viuda, dijo que comprende su dolor y la dificultad por ello para hacerse presente en el lugar del homenaje a su esposo.

Luego aseguró, en nombre de todos los médicos uruguayos y del Gobierno nacional, que esos asesinatos son delitos de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben y no pueden quedar impunes.

La máxima garantía de que no exista la impunidad y que nunca más haya procesos dictatoriales que afecten la dignidad de las personas son los jóvenes y las organizaciones sociales que están siempre buscando la verdad, puntualizó.

Los familiares de los detenidos desaparecidos, Crysol como organización social que siempre van a estar presentes por verdad y justicia, son parte de esa garantía.

La ministra de Educación y Cultura enfatizó que, con las organizaciones sociales, cualquier gobierno puede estar siempre apoyado.

Por su parte, Nicolás Pons, en nombre de la Comisión de Reparación, dijo que estos espacios de memoria aportan información valiosa para reconstruir la verdad de lo corrido entorno a esas violaciones y servir como material probatorio en los procesos judiciales aquellos que están en curso y los que se pueden abrir en el futuro.

También brindan reparación simbólica para las víctimas y ofrece garantías de no repetición, además de asegurar el derecho a la verdad que fue definido por la comunidad internacional como aquel que tienen las víctimas y sus familiares de conocer lo ocurrido, en particular la identidad de los autores de los crímenes, las causas, los hechos y circunstancias en que estos se produjeron.

Pons sostuvo que las políticas de identificación señalización y creación de sitios de memoria en predios que estuvieron y están bajo la órbita de las Fuerzas Armadas puedan brindar información sobre los hechos y contribuir con los procesos de reforma y concientización de estas instituciones.

Expresó que el ministerio trabaja transversalmente para encontrar los espacios para que los diferentes actores sociales, en especial los vinculados al campo educativo, participen de la reflexión y el debate de como incluir los derechos humanos como componente sustancial de las políticas de enseñanza.