Texto de la proclama que fuera leida
por parte de Todos y Todas contra la IMPUNIDAD
La lucha contra la impunidad nos convoca hoy nuevamente, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, frente a este local de las Fuerzas Armadas, hoy llamado CALEN pero que supo ser el tristemente célebre SID de los años 70.
La lucha contra la impunidad nos convoca hoy nuevamente, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, frente a este local de las Fuerzas Armadas, hoy llamado CALEN pero que supo ser el tristemente célebre SID de los años 70.
Durante la dictadura militar, el edificio en el cual actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, fue la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) de las Fuerzas Armadas, verdadera coordinación represiva de las tres armas : ejército, marina y aviación.
En este lugar, altamente simbólico, fue donde a partir de 1970, durante el gobierno de Pacheco Areco, se recolectaba información con métodos ilegales de escuchas, y se planificaba la represión contra nuestro pueblo. Poco a poco se convirtió en uno de los centros neurálgicos de los equipos de inteligencia vinculado directamente a Orletti, destinados a la represión donde se ejecutaba el mismo Plan Cóndor.
En dictadura, esta casona, fue un lugar de transito permanente de detenidos y de tortura sistemática. Fue depósito de ciudadanos traídos ilegalmente al país.
En dicho lugar estuvieron los uruguayos trasladados en el Primer Vuelo y en el Segundo Vuelo, entre otros, nuestros compañeros que permanecen desaparecidos hasta el día de hoy.
En dicho lugar también estuvo recluida María Claudia García de Gelman antes de dar a luz a Macarena y ser trasladada con destino desconocido. También pasaron por aquí niños como los hermanos Julien.
Uruguay fue un activo participante del Plan Cóndor, dicho plan coordinaba las acciones de los servicios represivos. Las autoridades uruguayas enviaban por vía diplomática la lista de uruguayos “requeridos por su militancia política en Uruguay”, verdaderas “condenas a muerte”, resultado de las cuales es la desaparición de 200 uruguayos que se encontraban mayormente en la Argentina , pero también en Chile y en Paraguay.
Durante mucho tiempo se creyó que esos uruguayos habían sido ejecutados y desaparecidos en la Argentina. Hoy sabemos que fueron secuestrados en la Argentina con la participación de militares y policías uruguayos actuando en forma encubierta, trasladados clandestinamente a Uruguay, torturados, asesinados y sus cuerpos desaparecidos hasta el momento actual.
EL ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea , brigadier Enrique Bonelli, confirmó, por primera vez oficialmente en un informe, la participación de esa fuerza en los traslados clandestinos llevados a cabo durante la dictadura en forma conjunta con el Ejército.
También está documentado que la Armada Nacional estuvo activamente involucrada en el secuestro, torturas, traslados clandestinos y desaparición de militantes opositores.
Hoy ya nadie puede negar ni ignorar los traslados y las ejecuciones!
Hoy la tierra ya habló, devolviendo al pueblo los huesos de algunos de sus mejores hijos!
Recientemente descubierto el cuerpo de Roberto Gomensoro Josman es un ejemplo paradigmático de la crueldad y la saña: le cortaron los testículos y lo dejaron desangrarse!
Ocho militares y policías fueron condenados, a 20 y 25 años de prisión, como autores responsables de veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real por el secuestro y traslado clandestino al Uruguay en la causa conocida como "Segundo Vuelo".
Todos los uruguayos conocemos sus nombres: José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima, y Manuel Cordero quien fuera extradito a la Argentina , entre los más de 400 torturadores denunciados.
Pero no se les imputó el delito de “desaparición forzada” que correspondería para dicho casos y que se ignora en los juzgados uruguayos.
La Desaparición Forzada es un crimen complejo, imprescriptible e inamnistiable, que supone la violación de múltiples derechos humanos, un crimen de lesa humanidad :
- la privación de la libertad del militante
- la negativa a reconocer su detención, con el fin de sustraerla
de la protección de la ley.
- la víctima es torturada en un paradero oculto, para que el crimen y sus responsables no se puedan identificar y denunciar.
- se busca intimidar o aterrorizar a la comunidad
- los efectos de la desaparición forzada perduran y se van prolongando y amplificando en el tiempo.
En Uruguay ni uno solo de los encauzados recibe esta condena, así la justicia de nuestro país sigue siendo omisa frente a los tratados firmados por el país.
Al día de hoy, en nuestro país, los tres poderes del Estado son omisos:
- los jueces se niegan a aplicar la normativa vigente y siguen tipificando como “homicidios especialmente agravados” lo que en realidad son Crímenes de Lesa Humanidad
- el Parlamento aún no ha anulado la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado como se reclama
- el Poder Ejecutivo no establece las herramientas que permitan investigar y destruir el “pacto de silencio” de los represores para llegar a la verdad: pedido de desclasificación de archivos y respaldo total a las víctimas aportando todo el apoyo del Estado para llegar a la verdad.
El desconocimiento de lo ocurrido con los Detenidos Desaparecidos uruguayos obedece, sin duda, a la vigencia en Uruguay de la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado que fuera aprobada por el Parlamento a fines de 1986.
Desde su aprobación se suspendieran todas las investigaciones frente a las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas.
La interpretación del Artículo 4º que realizara el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez permitió comenzar a investigar algunos casos y condujo a la prisión a algunos de los principales involucrados en dichos crímenes.
El “pacto de silencio” y la “obediencia debida” de los torturadores y asesinos y la absoluta falta de colaboración han impedido dilucidar las circunstancias de los mismos.
Queda mucho por hacer. No fueron ocho, ni diez, ni doce los militares involucrados en la represión. Hoy hay mas de 400 denuncias.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia declaró en octubre 2009 que la misma es inconstitucional y violatoria de las disposiciones legales, y también el Poder Ejecutivo y el Legislativo declararon la inconstitucionalidad de dicha ley, la Ley de Caducidad sigue vigente.
Nosotros decimos que es una vergüenza que aún tengamos vigente la Ley de Caducidad y exigimos que se la erradique de nuestro ordenamiento jurídico, porque sigue siendo una ley inmoral e injusta
Mientras Uruguay no anule la Ley de Caducidad será imposible seguir avanzando en la construcción de un país democrático con pleno funcionamiento institucional con tres poderes independientes tal como lo establecido por las disposiciones constitucionales.
Por eso hoy, las organizaciones sociales, culturales, sindicales y de defensa de derechos humanos organizadas en Todas y todos contra la Impunidad seguimos exigiendo acabar con la ley de Caducidad y dar un paso más en erradicar la Impunidad.
POR VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA
Y NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO!!!
BASTA DE IMPUNIDAD!
ANULAR YA LA LEY DE CADUCIDAD!
TODAS Y TODOS CONTRA LA IMPUNIDAD SE DECLARA EN EN ESTADO DE ALERTA Y DE ASAMBLEA PERMANENTE ANTE EL IMMINENTE INGRESO DE LA LEY INTERPRETATIVA AL PARLAMENTO!!!
LLAMAMOS A RODEAR EL PALACIO LEGISLATIVO EN EL MOMENTO EN QUE SE VOTE DICHO PROYECTO!!!
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