ELLOS SIGUEN PONIENDO LAS CONDICIONES, NOSOTRAS EL CUERPO

ABORTO EN URUGUAY

ELLOS SIGUEN PONIENDO LAS CONDICIONES, NOSOTRAS EL CUERPO

Por LILIÁN ABRACINSKAS.

Uruguay ha pasado a integrar la lista de países que habilitan la interrupción de embarazos no deseados, hasta las doce semanas de gestación. Un cambio legal que luego de 25 años de lucha desde el movimiento social no refleja lo que se buscaba dado que el aborto sigue siendo considerado un delito.

De todas maneras se ha avanzado en relación a otros países de la región y del mundo, donde se registran retrocesos. Contar con servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto seguro, es importante a pesar de todas las complicaciones que establece la ley.

En octubre de 2012, el Poder Legislativo aprueba un texto con muchas modificaciones que dejaron por fuera las reivindicaciones históricas de los grupos feministas y las fuerzas sociales a favor de la despenalización del aborto. Se mantiene el delito de aborto pero se ampliaron las condiciones para no aplicar la pena. Éstas determinan un plazo de hasta 12 semanas de gestación cuando es por solicitud de la mujer, hasta las 14 cuando el embarazo es producto de una violación, sin plazo cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer o el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Pero también establece que la mujer debe pasar por la consulta de profesionales de la ginecología, la psicología y la asistencia social que deberán informarles sobre los riesgos del aborto, las políticas de apoyo a la maternidad y la alternativa de la adopción; y debe tener cinco días de reflexión antes de acceder a la interrupción.

Los servicios habilitados son aquellos de las instituciones afiliadas al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), por lo tanto no es posible que clínicas privadas u organizaciones especializadas puedan hacerlo, porque estarían fuera de lo que establece la ley y por lo tanto cometerían el delito de aborto.

Los grupos anti-derechos intentaron derogar la ley 18.987 (IVE), el 23 de junio de 2013, pero sufrieron una importante derrota. Lograron sólo 8,9% de adhesiones del electorado cuando requerían el 25% para habilitar un referéndum derogatorio. Este resultado legitimó la validez de la agenda social impulsada, después de tantos años, por las organizaciones de la sociedad civil entre las que MYSU, en tanto organización feminista, cumplió una función de conducción y liderazgo.

Este hito cerró la fase del debate político para abrir la de la prestación de servicios a través de la implementación de la atención de aborto en el país. En diciembre de 2013 se cumplió el año de la puesta en marcha y en ese periodo se pueden identificar avances, pero también muchas dificultades. Algunas de éstas eran previsibles dado que la ley establece condiciones que exigen recursos humanos que no están disponibles en el país y, por lo tanto, muchos centros de salud no cuentan con ginecólogos, asistentes sociales y profesionales de la salud mental que integren el equipo de referencia que debe informar a la mujer que solicita una interrupción. Lo que, obviamente, es un obstáculo de acceso a los servicios para muchas mujeres de ciudades chicas, e incluso de capitales departamentales, que deben trasladarse hacia otros lugares lejos de su residencia para acceder al servicio y no cometer el delito de aborto.

Se registran demoras, además, en las fechas de consulta para cumplir con el complejo procedimiento, lo que pone en riesgo el realizarlo antes de las 12 semanas. Mujeres trabajadoras de comercio y fábricas relatan que les resulta extremadamente difícil solicitar tres días en una semana para ir al médico (y cumplir con la consulta con los tres profesionales que pueden actuar en conjunto o no) y deben faltar el día que se realizarán la interrupción. Ellas corren riesgo de perder sus trabajos o los incentivos por presentismo, lo que les implica una rebaja en salarios que ya son bajos. Las mujeres extranjeras, con menos de un año de residencia, no tienen derecho a los servicios de aborto, y las menores de 18 años deben tener autorización de adultos a cargo para solicitar la interrupción.

También se han presentado otras dificultades como la objeción de conciencia de los ginecólogos, que son los únicos habilitados por ley para suministrar la medicación abortiva o para realizar la evacuación quirúrgica. De acuerdo a datos oficiales, 30% de ginecotocólogos han objetado conciencia, algunos concentrados en el mismo lugar del país, lo que determina que haya departamentos donde el 100% de los profesionales son objetores.

Desde el Ministerio de Salud se implementó con celeridad la ley, definiendo el método medicamentoso como la técnica preferencial, lo que no permite que la mujer pueda optar por otra como es el caso de la aspiración endouterina, que sólo se realiza si no se produce el aborto por medicamentos. Se elaboraron guías clínicas, se habilitó mifepristona en tiempo récord (sólo llevó un mes incorporarla al vademécum), se compraron rápidamente las dosis de mife+misoprostol para su distribución en las farmacias de las instituciones afiliadas al SNIS. También se ha procurado resolver, de forma parcial, algunas de las dificultades registradas por la objeción de conciencia, enviando profesionales no objetores a los lugares detectados en régimen de una vez por semana.

«El sistema está dejando fuera a muchas mujeres que aún deben recurrir al circuito clandestino para resolver la situación.»

Las cifras oficiales sobre el número de abortos realizados en los servicios legales datan de junio de 2013, con un promedio de 450 mensuales, cifra que estaría muy por debajo de las estimaciones del año 2003, que calculaban 2.750 abortos por mes en la práctica clandestina. Si bien es imposible comparar una situación con otra, la diferencia es muy importante. Es altamente probable que el sistema esté dejando fuera a muchas mujeres que aún deben recurrir al circuito clandestino para resolver la situación. Incluso se ha tenido que lamentar el fallecimiento de una mujer joven, en el mes de setiembre de 2013, por haberse realizado el aborto en pésimas condiciones.

Todavía, por lo tanto, se deben sortear muchos obstáculos y trabajar denodadamente para difundir los servicios, monitorear la existencia y calidad de los mismos, así como informar y promover que las mujeres hagan uso de ellos a pesar de lo complicado del trámite.

Habría, además, que combatir y superar el estigma que prevalece sobre la práctica, porque quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, con baja autoestima y con más exposición a los mensajes anti-abortistas, están más desprotegidas y siguen corriendo riesgos por estar solas y recurrir a formas inseguras para resolver la situación. Mantener la figura del delito de aborto alimenta este estigma.

Queda pendiente modificar el texto legal, dado que el promulgado no respeta cabalmente los derechos de las mujeres. Los poderes Legislativo y Ejecutivo sostienen una concepción de tutelaje y control sanitarista sobre las decisiones reproductivas, poniendo en tela de juicio la capacidad ética de las mujeres para tomar decisiones de forma autónoma. Las posibilidades de modificación del texto legal deberán evaluarse a futuro en función de próximos contextos políticos.

En este año 2014, Uruguay tendrá elecciones nacionales para nuevo Presidente y Poder Legislativo. Por lo tanto, es necesario trabajar denodadamente para que la ciudadanía se apropie de lo logrado y resista ante cualquier intento de retroceso

Mysu / COMCOSUR MUJER No. 406 – 26/02/2014