Los crímenes de lesa humanidad NO son "delitos comunes" y, además, pueden ser juzgados en cualquier otro país
Francia condena, gracias a la justicia universal, a un militar hutu por el genocidio de Ruanda
Pascal Simbikangwa, excapitán acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los tutsis, ha sido penado con 25 años de cárcel
EFE París 15/03/2014 09:21 Actualizado: 15/03/2014 09:38 Público
El Tribunal de lo Criminal de París condenó hoy a 25 años de cárcel al excapitán hutu Pascal Simbikangwa por complicidad en el genocidio cometido en Ruanda en 1994, aplicando el principio de justicia universal.
Tras doce horas de deliberación entre tres magistrados profesionales y seis jurados, el tribunal le halló autor en el delito de genocidio y cómplice en el de crímenes contra la humanidad en una masacre que dejó, al menos, 800.000 víctimas mortales en pocas semanas. La fiscalía había solicitado cadena perpetua contra Simbikangwa, de 54 años y postrado en una silla de ruedas por un accidente ocurrido en 1986, quien se había declarado inocente.
Se trata de una sentencia histórica en Francia, cuyo papel en el genocidio ruandés arroja sombras por la indulgencia del Ejército galo con los hutus. Esa actitud llevó a las autoridades surgidas en Ruanda tras el genocidio a lanzar acusaciones de complicidad en las masacres y las relaciones entre Kigali y París se vieron seriamente afectadas durante décadas, aunque se han normalizado en los últimos años. El veredicto pone fin a seis semanas de juicio, el primero en Francia sobre el genocidio, en el que se tomó declaración a una veintena de testigos llegados expresamente de Ruanda o por vídeo-conferencia, algunos de ellos asesinos arrepentidos.
El relato de los testigos coloca a Simbikangwa como el responsable de movilizar y armar a las milicias que realizaban controles para identificar a los tutsis durante las masacres que acabaron con la vida de 800.000 personas en varias semanas de 1994.
A veces sonriente y refiriéndose a sí mismo en tercera persona, Simbikangwa ha negado ante el jurado su implicación, ha clamado por su inocencia y ha asegurado que no llegó a ver ninguno de los 800.000 cadáveres. Se enteró años más tarde, leyendo. "Pienso en todas las víctimas tutsis. Perdón por todas las debilidades de mi condición, que no me han permitido ayudaros como hubiera querido", dijo en su alegato el antiguo capitán hutu.
La fiscalía, sin embargo, le sitúa como la cabeza de unos servicios secretos que servían como arma de vigilancia y represión contra la oposición interior al presidente ruandés, Juvenal Habyarimana. Es decir, como cómplice de crímenes contra la humanidad en un genocidio que se produjo ante la "débil respuesta de la comunidad internacional", en el que "entre 150.000 y 250.000 mujeres fueron violadas", además de millares de desplazados forzados a huir a los países limítrofes, según datos de la ONU.
Los letrados de Simbikangwa argumentaron que el retrato del "hombre en la sombra" de su cliente se había construido antes del proceso, y que en el juicio se subestimó el valor de las pruebas para fabricar un relato basado en una deducción "abstracta". "Hace falta un culpable a la altura de la infracción", resumía el defensor Fabrice Epstein, en un juicio "político" que concluye a pocos días de que se cumpla el vigésimo aniversario del genocidio.
Simbikangwa, capturado en octubre de 2008 por un asunto de tráfico de documentación falsificada en la isla francesa de Mayotte, fue juzgado en París, y no en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), con sede en la localidad septentrional tanzana de Arusha. Se debe a que existen acuerdos judiciales que estipulan que esa corte procesa a los máximos responsables del genocidio y los tribunales nacionales, cuando sean competentes, a sus mandos.
En Francia hay abiertas 25 instrucciones similares en virtud del principio de justicia universal que permite a los magistrados juzgar a extranjeros en territorio francés, y en concreto desde 1996 para el genocidio ruandés.
Tras doce horas de deliberación entre tres magistrados profesionales y seis jurados, el tribunal le halló autor en el delito de genocidio y cómplice en el de crímenes contra la humanidad en una masacre que dejó, al menos, 800.000 víctimas mortales en pocas semanas. La fiscalía había solicitado cadena perpetua contra Simbikangwa, de 54 años y postrado en una silla de ruedas por un accidente ocurrido en 1986, quien se había declarado inocente.
Se trata de una sentencia histórica en Francia, cuyo papel en el genocidio ruandés arroja sombras por la indulgencia del Ejército galo con los hutus. Esa actitud llevó a las autoridades surgidas en Ruanda tras el genocidio a lanzar acusaciones de complicidad en las masacres y las relaciones entre Kigali y París se vieron seriamente afectadas durante décadas, aunque se han normalizado en los últimos años. El veredicto pone fin a seis semanas de juicio, el primero en Francia sobre el genocidio, en el que se tomó declaración a una veintena de testigos llegados expresamente de Ruanda o por vídeo-conferencia, algunos de ellos asesinos arrepentidos.
El relato de los testigos coloca a Simbikangwa como el responsable de movilizar y armar a las milicias que realizaban controles para identificar a los tutsis durante las masacres que acabaron con la vida de 800.000 personas en varias semanas de 1994.
A veces sonriente y refiriéndose a sí mismo en tercera persona, Simbikangwa ha negado ante el jurado su implicación, ha clamado por su inocencia y ha asegurado que no llegó a ver ninguno de los 800.000 cadáveres. Se enteró años más tarde, leyendo. "Pienso en todas las víctimas tutsis. Perdón por todas las debilidades de mi condición, que no me han permitido ayudaros como hubiera querido", dijo en su alegato el antiguo capitán hutu.
La fiscalía, sin embargo, le sitúa como la cabeza de unos servicios secretos que servían como arma de vigilancia y represión contra la oposición interior al presidente ruandés, Juvenal Habyarimana. Es decir, como cómplice de crímenes contra la humanidad en un genocidio que se produjo ante la "débil respuesta de la comunidad internacional", en el que "entre 150.000 y 250.000 mujeres fueron violadas", además de millares de desplazados forzados a huir a los países limítrofes, según datos de la ONU.
Los letrados de Simbikangwa argumentaron que el retrato del "hombre en la sombra" de su cliente se había construido antes del proceso, y que en el juicio se subestimó el valor de las pruebas para fabricar un relato basado en una deducción "abstracta". "Hace falta un culpable a la altura de la infracción", resumía el defensor Fabrice Epstein, en un juicio "político" que concluye a pocos días de que se cumpla el vigésimo aniversario del genocidio.
Simbikangwa, capturado en octubre de 2008 por un asunto de tráfico de documentación falsificada en la isla francesa de Mayotte, fue juzgado en París, y no en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), con sede en la localidad septentrional tanzana de Arusha. Se debe a que existen acuerdos judiciales que estipulan que esa corte procesa a los máximos responsables del genocidio y los tribunales nacionales, cuando sean competentes, a sus mandos.
En Francia hay abiertas 25 instrucciones similares en virtud del principio de justicia universal que permite a los magistrados juzgar a extranjeros en territorio francés, y en concreto desde 1996 para el genocidio ruandés.
¡NO PRESCRIBEN!
Memoria Pública
CGT pide amparo a la ONU para anular la condena de dos anarquistas ejecutados por el franquismo
En 1963 Francisco Granados y Joaquín Delgado fueron condenados a morir en el garrote vil acusados de colocar artefactos explosivos en la Sección de Pasaportes de la Dirección General de Seguridad y en la Delegación Nacional de Sindicatos
EFE Barceona 28/01/2014 16:25 Actualizado: 28/01/2014 16:49 Público
Francisco Granados y Joaquín Delgado.
El sindicato CGT ha pedido al relator de la ONU para la protección de los Derechos Humanos, Pablo de Greiff, que es martes visita Barcelona, la anulación de todos los juicios sumarísimos de la dictadura, especialmente los que afectaron a los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado.
La secretaria de Acción Social de CGT, Irene de la Cuerda, ha explicado que se entrevistará con De Greiff, a quien reivindicará la rehabilitación de los militantes Federación Ibérica de Juventudes Libertarias Francisco Granados y Joaquín Delgado, ambos de 30 años, condenados a muerte en 1963 por un tribunal militar.
El día 31 de julio de 1963 la policía detuvo a Granados y Delgado como presuntos autores de la colocación de dos bombas de escasa potencia en la sección de pasaportes de la Dirección General de Seguridad y en la Casa Sindical. El 13 de agosto de ese mismo año se confirmó la celebración de un consejo de guerra sumarísimo y la condena a muerte de los dos acusados.
Un Consejo de Guerra les condenó sin otras pruebas que las declaraciones arrancados bajo tortura
Como recuerda Carlos Artola, el Consejo de Guerra sumarísimo anunciado sólo 48 horas antes de su celebración les condenó sin otras pruebas que las declaraciones arrancados bajo tortura, en un juicio lleno de irregularidades que incluyen el hecho de que el defensor no tenía título de abogado. Granados y Delgado negaron cualquier participación en las acciones armadas que se les atribuían y reconocieron ser miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.
En 1996, Antonio Martín y Sergio Hernández confesaron que ellos fueron los verdaderos autores de esa acción en un documental de la televisión francesa. Sin embargo, la justicia nunca ha reconocido la inocencia de los dos ejecutados. Ahora, CGT solicita al relator la rehabilitación de Francisco Granados y Joaquín Delgado como víctimas del franquismo.
De la Cuerda ha recordado que, tras varios años de instrucción en los juzgados, la Sala quinta de lo Militar del Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por los familiares de los dos libertarios, en una posición "que no es nueva porque antes ya había denegado el recurso de la condena a muerte del anarcosindicalista Joan Peiró en 1942", ha indicado.
En 1996 otros dos anarquistas reconocieron ser los verdaderos autores de los atentados
Sin embargo, la representante sindical invoca que dos de los cinco miembros de la citada sala militar emitieron un voto particular a favor de la admisión del recurso al considerar ambos magistrados que en el caso de Granados y Delgado, cuando se les condenó, se afectó el derecho a la tutela judicial efectiva, "impidiendo con ello el descubrimiento de la verdad", ha añadido la sindicalista.
Pablo de Greiff visita España desde el pasado día 21 de este mes y hasta el 3 de febrero próximo para conocer y valorar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. El colombiano De Greiff, experto en derechos humanos, fue nombrado primer Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en marzo de 2012, y es independiente de cualquier gobierno.
No prescriben, son crímenes de lesa humanidad y pueden ser juzgados en cualquier otro país. La desaparición forzada también.
Memoria Pública
Galicia, radiografía de un exterminio
Casi 5.000 gallegos fueron asesinados por la represión franquista entre 1936 y 1939. Familiares de víctimas de la dictadura presentan denuncias ante el consulado argentino por la desaparición y asesinato de sus seres queridos.
ALEJANDRO TORRÚS Madrid 15/03/2014 21:25 Actualizado: 15/03/2014 21:26 Público
Una mujer junto a una tumba del cementerio de Mondoñedo. MIGUEL FREIRE
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En Galicia no hubo Guerra Civil entre 1936 y 1939. Pero sí un exterminio sistemático de la población fiel a la República. En tan sólo tres años fueron asesinados 4.699 ciudadanos gallegos. Siete de cada diez (3.233) fueron ejecutados en los llamadospaseos franquistas. El resto, 1.466, fueron asesinados mediante la ejecución de una sentencia a muerte, según los datos del proyecto Nomes e Voces. Un auténtico exterminio en una zona donde la Guerra no duró más de unos días.
"Lo que pasó en Galicia es una prueba de que el golpe tenía una intención exterminadora, pues no era para nada necesario. (...) En Galicia no hubo matanzas de curas y hacendados. Lo que sí hubo fue muchas muertes controladas, instigadas o toleradas por las autoridades militares", explica Federico Cocho, autor de Guerra civil. Que pasou en Galicia e en España(Xerais) en una entrevista a El Mundo.
Con Galicia bajo el control del bando franquista desde los primeros momentos del golpe militar, "los perpetradores y sus seguidores a nivel local comienzan a demostrar que éste lleva aparejada una inusitada violencia", según recoge el informe de Nomes e Voces. Así, en los primeros meses de la Guerra Civil fueron asesinados en Galicia los cuatro gobernadores civiles, los alcaldes de cinco de las siete ciudades gallegas y los 26 de las poblaciones más importantes. Fueron ejecutadas también las máximas autoridades militares gallegas que se opusieron al golpe, los civiles más activos en la defensa de la legalidad y aquellos con cierta relevancia social en determinadas comunidades como maestros, médicos, farmacéuticos y abogados. En total, 4.699 ciudadanos asesinados.
El abuelo y el tío abuelo de Esther García, una de las denunciantes, formaban parte de aquellos gallegos que no esperaban la "inusitada violencia" desplegada por los seguidores del golpe contra ellos. Manuel Díaz González, médico de O Incio (Lugo) y primer alcalde de la República en dicha localidad, y su hermano José Díaz, elegido en las últimas elecciones nuevo alcalde del municipio, creyeron que a pesar del golpe militar no debían huir de la localidad porque de nada se les podía imputar. Estaban equivocados. "Los falangistas de O Incio empezaron con las amenazas a la familia. Nadie daba crédito de lo que estaba pasando. Un día apareció muerto el perro de mi tío y ya decidieron los hermanos que tenían que escapar", cuenta aPúblico Esther García, que explica que finalmente los dos hermanos fueron capturados y trasladados a la prisión de Monforte de Lemos, donde ofrecieron a Manuel partir al frente como médico de los nacionales: "Yo no soy veterinario, no curo animales", contestó Manuel, según relata Esther.
A partir de ese momento comenzó el particular infierno de Manuel. Fue sacado de la cárcel en un paseo nocturno aunque consiguió escapar herido refugiándose en casa de un "amigo suyo de derechas", el famacéutico de Sarria Antonio Peña. "Allí fue apresado por la conocida cuadrilla de falangistas de Layosa. Le fueron atadas las manos a una soga prendida de la cola de un caballo y fue arrastrado durante varios kilómetros hasta llegar a la entrada de O Incio. Al llegar allí, aún con vida y consciente, fue asesinado. Luego le amputaron un dedo para robarle la alianza", prosigue Esther.
Era el 11 de septiembre de 1936. En los primeros cinco meses de 1936 fueron asesinados en Galicia un promedio de 14,25 personas por día, mientras que a finales de 1939 la cifra de ejecuciones había descendido a 0,7 al día. Un día después, el 12 de septiembre, aparecieron en la cuneta de la carretera N-634, en un lugar conocido como voltas de Prado, cinco cadáveres. Uno de ellos tenía seis dedos en una mano. Así identificaron los vecinos a Bruno Martínez, tío abuelo de Miguel Freire, investigador de la ARMH que ha denunciado este caso ante la Justicia argentina.
"Estaban acusados de haber hecho frente a las tropas sublevadas, es decir, de oponerse al alzamiento nacional. (...) No eran ni sindicalistas exaltados, ni agitadores políticos, sólo habían tenido la mala suerte de haber participado en asociaciones sindicales y políticas", cuenta Miguel a Público, que añade que "la represión y el terror continuó cebándose en las familias de estas personas, que tuvieron que padecer acoso y humillaciones, el incendio y saqueo de sus casas y las burlas e insultos cuando los primeros de noviembre llevaban flores a las sepulturas donde se habían enterrado a sus familiares asesinados".
En octubre de este 1936 fue también asesinado Julio Sanz Martín, enfermero-practicante en la Marina. Su nieta, Elvira Sanz, lo denuncia ante la Justicia argentina. "Mi abuelo tenía 34 años. El 22 de octubre de 1936 fueron unos hombres a su casa, donde vivía con su mujer y sus dos hijos, y dijeron que se lo llevaban a un juicio. Al día siguiente, el 23 octubre, apareció el cadáver en una cuneta de San Juan de Ouces. Su muerte quedó anotada en el Registro Civil causada por una "hemorragia intensa".
El único motivo por el cual Julio Sanz pudo ser asesinado es "publicar algunos artículos sobre reivindicaciones laborales" en diversas revistas y "estar afiliado a Izquierda Republicana". Como Julio, la represión en el estamento militar en Galicia afectó a 140 marinos ejecutados, así como al almirante Antonio Azarola Gresillón; el general de división Enrique Salcedo y el gobernador militar de Galicia Rogelio Caridad Pita.
Así, en la Galicia de la Guerra Civil pueden ser perseguidos y exterminados desde un líder comunista local a un simpatizante de un sindicato que busca mejorar sus condiciones económicas pasando por la "burguesía progresista que a través del socialismo, el republicanismo o el galeguismo aspiran a consolidar el liberalismo democrático". "No se trata, pues, de un ataque a una posible revolución de tipo soviético —sin ninguna base documental—, sino de acabar con un sistema en el que cobra el protagonismo principal la participación ciudadana en un escenario tendente a la modernidad y el progreso", concluye la investigación de Nomes e Voces.
"Lo que pasó en Galicia es una prueba de que el golpe tenía una intención exterminadora, pues no era para nada necesario. (...) En Galicia no hubo matanzas de curas y hacendados. Lo que sí hubo fue muchas muertes controladas, instigadas o toleradas por las autoridades militares", explica Federico Cocho, autor de Guerra civil. Que pasou en Galicia e en España(Xerais) en una entrevista a El Mundo.
Con Galicia bajo el control del bando franquista desde los primeros momentos del golpe militar, "los perpetradores y sus seguidores a nivel local comienzan a demostrar que éste lleva aparejada una inusitada violencia", según recoge el informe de Nomes e Voces. Así, en los primeros meses de la Guerra Civil fueron asesinados en Galicia los cuatro gobernadores civiles, los alcaldes de cinco de las siete ciudades gallegas y los 26 de las poblaciones más importantes. Fueron ejecutadas también las máximas autoridades militares gallegas que se opusieron al golpe, los civiles más activos en la defensa de la legalidad y aquellos con cierta relevancia social en determinadas comunidades como maestros, médicos, farmacéuticos y abogados. En total, 4.699 ciudadanos asesinados.
Fueron ejecutadas las máximas autoridades militares gallegas que se opusieron al golpe
Ejemplos de casi todos ellos se encuentran entre las denuncias que esta semana han presentado una decena de familiares de hombres y mujeres de desaparecidos durante la dictadura, vinculados a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ante el cónsul de la República Argentina en Vigo, Roberto Gudiño dentro de la llamada Querella argentina.El abuelo y el tío abuelo de Esther García, una de las denunciantes, formaban parte de aquellos gallegos que no esperaban la "inusitada violencia" desplegada por los seguidores del golpe contra ellos. Manuel Díaz González, médico de O Incio (Lugo) y primer alcalde de la República en dicha localidad, y su hermano José Díaz, elegido en las últimas elecciones nuevo alcalde del municipio, creyeron que a pesar del golpe militar no debían huir de la localidad porque de nada se les podía imputar. Estaban equivocados. "Los falangistas de O Incio empezaron con las amenazas a la familia. Nadie daba crédito de lo que estaba pasando. Un día apareció muerto el perro de mi tío y ya decidieron los hermanos que tenían que escapar", cuenta aPúblico Esther García, que explica que finalmente los dos hermanos fueron capturados y trasladados a la prisión de Monforte de Lemos, donde ofrecieron a Manuel partir al frente como médico de los nacionales: "Yo no soy veterinario, no curo animales", contestó Manuel, según relata Esther.
A partir de ese momento comenzó el particular infierno de Manuel. Fue sacado de la cárcel en un paseo nocturno aunque consiguió escapar herido refugiándose en casa de un "amigo suyo de derechas", el famacéutico de Sarria Antonio Peña. "Allí fue apresado por la conocida cuadrilla de falangistas de Layosa. Le fueron atadas las manos a una soga prendida de la cola de un caballo y fue arrastrado durante varios kilómetros hasta llegar a la entrada de O Incio. Al llegar allí, aún con vida y consciente, fue asesinado. Luego le amputaron un dedo para robarle la alianza", prosigue Esther.
Era el 11 de septiembre de 1936. En los primeros cinco meses de 1936 fueron asesinados en Galicia un promedio de 14,25 personas por día, mientras que a finales de 1939 la cifra de ejecuciones había descendido a 0,7 al día. Un día después, el 12 de septiembre, aparecieron en la cuneta de la carretera N-634, en un lugar conocido como voltas de Prado, cinco cadáveres. Uno de ellos tenía seis dedos en una mano. Así identificaron los vecinos a Bruno Martínez, tío abuelo de Miguel Freire, investigador de la ARMH que ha denunciado este caso ante la Justicia argentina.
"Estaban acusados de haber hecho frente a las tropas sublevadas, es decir, de oponerse al alzamiento nacional. (...) No eran ni sindicalistas exaltados, ni agitadores políticos, sólo habían tenido la mala suerte de haber participado en asociaciones sindicales y políticas", cuenta Miguel a Público, que añade que "la represión y el terror continuó cebándose en las familias de estas personas, que tuvieron que padecer acoso y humillaciones, el incendio y saqueo de sus casas y las burlas e insultos cuando los primeros de noviembre llevaban flores a las sepulturas donde se habían enterrado a sus familiares asesinados".
En octubre de este 1936 fue también asesinado Julio Sanz Martín, enfermero-practicante en la Marina. Su nieta, Elvira Sanz, lo denuncia ante la Justicia argentina. "Mi abuelo tenía 34 años. El 22 de octubre de 1936 fueron unos hombres a su casa, donde vivía con su mujer y sus dos hijos, y dijeron que se lo llevaban a un juicio. Al día siguiente, el 23 octubre, apareció el cadáver en una cuneta de San Juan de Ouces. Su muerte quedó anotada en el Registro Civil causada por una "hemorragia intensa".
El único motivo por el cual Julio Sanz pudo ser asesinado es "publicar algunos artículos sobre reivindicaciones laborales" en diversas revistas y "estar afiliado a Izquierda Republicana". Como Julio, la represión en el estamento militar en Galicia afectó a 140 marinos ejecutados, así como al almirante Antonio Azarola Gresillón; el general de división Enrique Salcedo y el gobernador militar de Galicia Rogelio Caridad Pita.
Objetivo: destruir la sociedad
El asesinato selectivo o indiscriminado no fue la única vía de represión. Con el objetivo de destruir una sociedad civil, plural y organizada fueron condenados a cadena perpetua 1.597 ciudadanos y 1.981 fueron sentenciados a diferentes penas de prisión inferiores. En total, 28.234 víctimas gallegos sufrieron algún tipo de persecución judicial por las nuevas autoridades militares. "Es imposible la cuantificación o estimación sobre otras formas de coerción o violencia: desde los encarcelamientos y torturas hasta las rapas y purgas de mujeres que se perpetran con idéntica escenificación en todo el territorio gallego y, a diferencia de las otras tipologías represivas, estaban diseñadas para su exhibición pública", señala la investigación de Nomes e Voces.Así, en la Galicia de la Guerra Civil pueden ser perseguidos y exterminados desde un líder comunista local a un simpatizante de un sindicato que busca mejorar sus condiciones económicas pasando por la "burguesía progresista que a través del socialismo, el republicanismo o el galeguismo aspiran a consolidar el liberalismo democrático". "No se trata, pues, de un ataque a una posible revolución de tipo soviético —sin ninguna base documental—, sino de acabar con un sistema en el que cobra el protagonismo principal la participación ciudadana en un escenario tendente a la modernidad y el progreso", concluye la investigación de Nomes e Voces.
La utilización de las letales pelotas o de las balas de goma pueden ser denunciadas ante la ONU. Son crímenes del Estado.
La familia de Iñigo Cabacas lleva el caso al Relator de la ONU
Viernes, 14 de Marzo de 2014 15:44
La abogada de la familia Cabacas, Jone Goirizelaia, ha solicitado a la jueza que instrye la causa la imputación de más personas por la muerte del aficionado del Athletic y ha llevado el caso al Relator de la ONU sobre actuaciones policiales incorrectas.
Jone Goirizelaia ha confirmado en una conferencia de prensa en Bilbo que ha solicitado más imputaciones a la jueza que instruye la causa por la muerte de Iñigo Cabacas, al entender que en este caso, hay «responsabilidades en cascada», más allá del autor material del disparo que provocó la muerte del joven aficionado del Athletic hace casi dos años.
La abogada de la familia no ha querido desvelar la identidad de los nuevos imputados que pide por respeto al procedimiento judicial, pero ha comentado que estas nuevas imputaciones, pedidas hace algo más de un mes, se añaden a las que ya solicitó el pasado año y que la jueza desestimó, ante lo cual la acusación particular presentó el pasado mes octubre un recurso que todavía no se ha resuelto.
Las nuevas imputaciones se basan en las pruebas practicadas y en declaraciones públicas, como la carta de un ertzaina publicada en GARA en la que dijo que aquella noche, tras ver las heridas de Cabacas, se ordenó recoger las pelotas lanzadas en el callejón y los fusiles, y «desapareció» el libro que recoge qué agentes usaron ese tipo de material, algo que, para Goirizelia, buscaba «dificultar» la investigación.
De todas formas, ha recalcado que lo importante de este caso no es si se han ocultado o destruido pruebas, sino que «alguien disparó y mató a una persona, que no estaba haciendo nada, en una carga policial desproporcionada y que no cumplía los reglamentos», ni los internacionales, ni los de la propia Ertzaintza.
Goirizelaia ha comentado que la familia desea que la instrucción vaya más rápida, pero ha opinado que la jueza está haciendo una investigación «concienzuda» y no es «lenta».
También ha agradecido la colaboración con la investigación de los cuatro ertzainas imputados hasta ahora, que respondieron a las preguntas de todas las partes, pese a no estar obligados a declarar al ser imputados en vez de testigos.
En cambio, ha criticado la «pasividad clara y manifiesta» de la Fiscalía en este caso, hasta el punto de no asistir a algunas declaraciones.
A la ONU
Al margen del procedimiento judicial, ha explicado que la familia ha decidido, tras consultar con organizaciones europeas dederechos humanos, recurrir al Relator de la ONU para casos de actuaciones policiales incorrectas.
«Nos parece importante de cara al modelo policial porque el Relator de la ONU da recomendaciones a los Estados para corregir actuaciones», ha señalado.
Por su parte, amigos de Iñigo Cabacas han subrayado que les «da igual la política» y que lo que quieren es «justicia y que paguen» quien hizo el disparo y quien lo ordenó.
http://www.naiz.info/es/
La abogada de la familia no ha querido desvelar la identidad de los nuevos imputados que pide por respeto al procedimiento judicial, pero ha comentado que estas nuevas imputaciones, pedidas hace algo más de un mes, se añaden a las que ya solicitó el pasado año y que la jueza desestimó, ante lo cual la acusación particular presentó el pasado mes octubre un recurso que todavía no se ha resuelto.
Las nuevas imputaciones se basan en las pruebas practicadas y en declaraciones públicas, como la carta de un ertzaina publicada en GARA en la que dijo que aquella noche, tras ver las heridas de Cabacas, se ordenó recoger las pelotas lanzadas en el callejón y los fusiles, y «desapareció» el libro que recoge qué agentes usaron ese tipo de material, algo que, para Goirizelia, buscaba «dificultar» la investigación.
De todas formas, ha recalcado que lo importante de este caso no es si se han ocultado o destruido pruebas, sino que «alguien disparó y mató a una persona, que no estaba haciendo nada, en una carga policial desproporcionada y que no cumplía los reglamentos», ni los internacionales, ni los de la propia Ertzaintza.
Goirizelaia ha comentado que la familia desea que la instrucción vaya más rápida, pero ha opinado que la jueza está haciendo una investigación «concienzuda» y no es «lenta».
También ha agradecido la colaboración con la investigación de los cuatro ertzainas imputados hasta ahora, que respondieron a las preguntas de todas las partes, pese a no estar obligados a declarar al ser imputados en vez de testigos.
En cambio, ha criticado la «pasividad clara y manifiesta» de la Fiscalía en este caso, hasta el punto de no asistir a algunas declaraciones.
A la ONU
Al margen del procedimiento judicial, ha explicado que la familia ha decidido, tras consultar con organizaciones europeas dederechos humanos, recurrir al Relator de la ONU para casos de actuaciones policiales incorrectas.
«Nos parece importante de cara al modelo policial porque el Relator de la ONU da recomendaciones a los Estados para corregir actuaciones», ha señalado.
Por su parte, amigos de Iñigo Cabacas han subrayado que les «da igual la política» y que lo que quieren es «justicia y que paguen» quien hizo el disparo y quien lo ordenó.
http://www.naiz.info/es/
Uno de los mayores criminales de lesa humanidad
Uribe acusado
Escrito por Por Ana Teresa Badía Valdés
Creado en Viernes, 14 Marzo 2014 15:11
Creado en Viernes, 14 Marzo 2014 15:11
El congresista de Colombia Iván Cepeda acusa en su último libro al ex presidente Álvaro Uribe de haber fundado un grupo paramilitar en una de sus fincas, de acumular tierras y de proteger a un general de la Policía que hoy está encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico.
El texto “Por las sendas de El Ubérrimo” (Ediciones B) está documentado con declaraciones de testigos a la Fiscalía General, informes de la Contraloría sobre el patrimonio de Uribe y la confesión ante la Justicia estadounidense del general Mauricio Santoyo, quien fue jefe de seguridad del ex mandatario.
El libro se basa en las investigaciones que ha realizado el propio Cepeda, aspirante a senador en las elecciones del 9 de marzo por el Polo Democrático Alternativo (PDA), y que ha escrito junto al candidato a la Cámara de Representantes Alirio Uribe, ex presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Ambos acusan al ex jefe del Estado de “haber fundado por venganza una agrupación armada que azotó con sus masacres y crímenes selectivos a varias poblaciones del nordeste antioqueño”.
También de “haber llevado al Palacio de Nariño a generales de la Policía que estaban al servicio de capos narcoparamilitares, haberse apropiado de tierras destinadas a los labriegos de Córdoba y lucrarse con los dineros públicos a través del abuso de su enorme poder como jefe de Estado”.
En una reciente entrevista con la agencia española Efe, el legislador, hijo del asesinado senador de izquierda Manuel Cepeda, explicó que este libro es la segunda parte de ’A las puertas de El Ubérrimo’ (Debate, 2008), en el que relató las acciones criminales que ocurrían en torno a esa finca, propiedad de Uribe, en Córdoba, uno de los bastiones del paramilitarismo en Colombia.
En el libro también se muestra al “Uribe terrateniente”, quien “acumuló tierras y utilizó recursos de la Nación para construir canales de drenaje para beneficio de sus predios”, según dijo. Todo ello, según Cepeda, fue una “violación de la ley”.
Los autores finalmente usan la confesión del general Santoyo, extraditado en el 2012 a Estados Unidos para relatar que Uribe introdujo en la sede del Ejecutivo a criminales.”Santoyo reconoce que era un hombre infiltrado en Palacio al servicio del narcotráfico y al servicio del paramilitarismo”, manifestó el político investigador.
Cepeda, quien además preside el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), anunció que entregará este libro como prueba a la Corte Penal Internacional (CPI), ante la que radicó hace un año una denuncia contra Uribe por espionaje ilegal durante su gobierno.
Uribe en la Corte
Desde 2013 Uribe es investigado por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por crímenes contra los derechos humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la Justicia colombiana.
Uno de los informes se refirió a los llamados “falsos positivos”, el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muertos en combate.
Al tribunal llegaron más de tres mil casos reconocidos por la propia fiscalía colombiana. Por tanto, existen razones para creer que se trató de una política de Estado y esos asesinatos, cometidos para aumentar el éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.
Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por ésteMemoria Pública
Ferrán Gallego: "El fascismo español no fue muy diferente de otros fascismos"
El historiador analiza en su último libro las características fascistas de la Falange y del franquismo entre 1936 y 1950
Jose Oliva / EFE Barcelona 16/03/2014 08:00 Público
El obispo de Málaga hace el saludo fascista tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad.
El historiador Ferran Gallego analiza en su último libro, El evangelio fascista, la evolución del fascismo español desde la República hasta 1950, que, según ha explicado el autor, denota que "el caso español no fue muy diferente del de otros fascismos europeos de los años 30". La única peculiaridad que Gallego señala para el régimen que arranca en 1936 es que "conquista el poder a través de una guerra civil, pero en ningún caso se puede negar su naturaleza fascista".
Gallego indica que "decir que no hubo fascismo en el régimen franquista es tanto como negar el antifascismo que combatió en la Guerra Civil española y el espíritu de las Brigadas Internacionales, que vienen a España a luchar contra el fascismo".
Rompe asimismo Gallego la vieja idea de la historiografía de que el fascismo español llegó tarde y mal: "Es verdad que cuando quiere ganarse adeptos, la mayor parte de sus potenciales clientes se han hecho de la CEDA o del carlismo, pero el fascismo como fenómeno de masas es en Europa un fenómeno de los años 30, con la única excepción de Italia".
En El evangelio fascista (Ed. Crítica), Gallego sitúa el embrión de ese fascismo ya en plena República, porque "no deben confundirse el partido y el espacio cultural de fascinación por el fascismo" que ya se encuentra en Calvo Sotelo y el Bloque Nacional, que "se declaraban fascistas pero no militaban en Falange".
Para el historiador barcelonés, Falange, un partido minoritario durante la República, se convierte en el partido hegemónico a partir de 1936 porque "es congruente con el momento de guerra civil, ya que era un partido militarizado, no pedía la vuelta de ningún rey, tiene un discurso populista, cree en la movilización de la masas y su ideario da por superada la democracia parlamentaria". Además, "su doctrina se ajusta a la situación de violencia extrema que hay en España y está dispuesta a aceptar un caudillaje carismático".
A su juicio, el golpe de Estado del 18 de julio propició el surgimiento de un movimiento de masas a favor de fascismo: "No es un mero golpe militar, puesto que se suma un poder civil con 60.000 milicianos falangistas y 30.000 requetés". Falange, añade Gallego, proporciona un ideario al ejército, cuyos oficiales tendrán la obligación de militar en Falange, algo que no sucede en la Alemania nazi.
La Guerra Civil permite a los fascistas además "una unidad del mando", que no se produce en el bando republicano. La diversidad de fuerzas que se integraron en la sublevación de 1936 acabó más adelante facilitando la oportuna desfascistización del régimen, convertido en un estado nacional-católico. "Cuando el fascismo europeo cae, el español aguanta porque se muestra como garante de un catolicismo glorioso y ya en 1944-45 plantea una especie de vía española hacia el estado católico huyendo del totalitarismo alemán".
Opina Gallego que, por esa razón, no es exacto hablar de una antítesis entre católicos y fascistas en el período analizado, ya que "el falangismo es desde su formación un partido profundamente católico", que encuentra en el Imperio de Carlos V el referente simbólico de la defensa de la sociedad católica frente a protestantes y turcos.
El autor de Todos los hombres del Führer y El mito de la Transición cierra su análisis en 1950 porque poco antes se produceel último debate cultural de la España de la posguerra sostenido por Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar, partidarios de "incorporar a la Generación del 98, a Machado y Ortega, a la idea de España", frente a intelectuales como Rafael Calvo Serer que "rechazan hablar de varias Españas legítimas".
Gallego indica que "decir que no hubo fascismo en el régimen franquista es tanto como negar el antifascismo que combatió en la Guerra Civil española y el espíritu de las Brigadas Internacionales, que vienen a España a luchar contra el fascismo".
Rompe asimismo Gallego la vieja idea de la historiografía de que el fascismo español llegó tarde y mal: "Es verdad que cuando quiere ganarse adeptos, la mayor parte de sus potenciales clientes se han hecho de la CEDA o del carlismo, pero el fascismo como fenómeno de masas es en Europa un fenómeno de los años 30, con la única excepción de Italia".
En El evangelio fascista (Ed. Crítica), Gallego sitúa el embrión de ese fascismo ya en plena República, porque "no deben confundirse el partido y el espacio cultural de fascinación por el fascismo" que ya se encuentra en Calvo Sotelo y el Bloque Nacional, que "se declaraban fascistas pero no militaban en Falange".
Para el historiador barcelonés, Falange, un partido minoritario durante la República, se convierte en el partido hegemónico a partir de 1936 porque "es congruente con el momento de guerra civil, ya que era un partido militarizado, no pedía la vuelta de ningún rey, tiene un discurso populista, cree en la movilización de la masas y su ideario da por superada la democracia parlamentaria". Además, "su doctrina se ajusta a la situación de violencia extrema que hay en España y está dispuesta a aceptar un caudillaje carismático".
A su juicio, el golpe de Estado del 18 de julio propició el surgimiento de un movimiento de masas a favor de fascismo: "No es un mero golpe militar, puesto que se suma un poder civil con 60.000 milicianos falangistas y 30.000 requetés". Falange, añade Gallego, proporciona un ideario al ejército, cuyos oficiales tendrán la obligación de militar en Falange, algo que no sucede en la Alemania nazi.
La Guerra Civil permite a los fascistas además "una unidad del mando", que no se produce en el bando republicano. La diversidad de fuerzas que se integraron en la sublevación de 1936 acabó más adelante facilitando la oportuna desfascistización del régimen, convertido en un estado nacional-católico. "Cuando el fascismo europeo cae, el español aguanta porque se muestra como garante de un catolicismo glorioso y ya en 1944-45 plantea una especie de vía española hacia el estado católico huyendo del totalitarismo alemán".
Opina Gallego que, por esa razón, no es exacto hablar de una antítesis entre católicos y fascistas en el período analizado, ya que "el falangismo es desde su formación un partido profundamente católico", que encuentra en el Imperio de Carlos V el referente simbólico de la defensa de la sociedad católica frente a protestantes y turcos.
El autor de Todos los hombres del Führer y El mito de la Transición cierra su análisis en 1950 porque poco antes se produceel último debate cultural de la España de la posguerra sostenido por Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar, partidarios de "incorporar a la Generación del 98, a Machado y Ortega, a la idea de España", frente a intelectuales como Rafael Calvo Serer que "rechazan hablar de varias Españas legítimas".
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