DOCENTES: CARTA ABIERTA A LA POBLACIÓN
Los uruguayos somos testigos de uno de los episodios más tristes de ataque a la educación pública y a los docentes que la han sostenido ofrendando su trabajo, su esfuerzo y su compromiso con la sociedad, la educación y los estudiantes.
Con liviana irresponsabilidad se afirma, desde algunos sectores políticos, que la educación está en crisis, que ha fracasado, que los docentes utilizan el peso de las corporaciones en su beneficio, y otra serie de comentarios descalificadores que dañan la imagen y la moral del cuerpo docente.
Incluso se llega a reivindicar las reformas neoliberales de los 90, que son, junto con las aberraciones perpetradas en la dictadura las verdaderas responsables del deterioro educativo y espiritual que ha sufrido nuestro país.
No tenemos dudas de que las únicas beneficiadas con este ataque a la educación pública son las empresas de educación privada, que transforman la educación en una mercancía sometida a las leyes del mercado y que profundizan y legitiman la segmentación de la sociedad.
A la salida de la Dictadura, la mayoría de las administraciones que se sucedieron agregaron algún aspecto que erosionó al Sistema Educativo Nacional.
El gobierno de la educación frenteamplista mejoró las condiciones.
Creció el presupuesto, hubo una apertura a la participación de docentes y estudiantes, que culmina con la incorporación a los órganos de gobierno de la ANEP.
Pero ninguno de esos aspectos logró modificar la tendencia al deterioro de las administraciones precedentes.
Por lo anterior, la educación uruguaya tiene acumulados retrasos, insuficiencias y errores sobre los cuales no surgen acuerdos tanto en el diagnóstico como en las medidas a tomar.
A todo esto se agrega un nuevo mal: el uso mediático que los dirigentes de los partidos políticos han hecho de sus críticas.
Críticas que no están dirigidas a la mejora del sistema sino al rédito político personal o partidario que de él se quiere extraer.
Los mismos que critican parecen tener las soluciones ya que se autoconvocan a un “diálogo nacional”, que en realidad es un diálogo de cúpulas políticas confirmando el alerta formulado por José Pedro Varela:
“Así, pues, en todas partes hay ventajas y conveniencias positivas en hacer independiente de los otros ramos de la administración pública, la administración de la educación común, pero en la República Oriental, como en todo pueblo que en la misma situación política se encuentre, esa independencia es condición indispensable para tener éxito: sin ella la educación del pueblo seguirá el vaivén de las convulsiones políticas, y tendrá una existencia intermitente, débil y enfermiza”. Varela. J. P. – La Legislación Escolar, Cap. XIV – De la Independencia de la administración escolar.
La partidización que estamos presenciando respecto del debate sobre educación, tiene un solo efecto posible: debilitar el sistema educativo, generar inseguridad y falta de continuidad o sea una “existencia intermitente, débil y enfermiza”. Quienes ostentan el título de representantes de la soberanía nacional se convierten ahora en los únicos y legítimos educadores y todo el sistema educativo debe someterse a sus designios subordinándose a sus soluciones mágicas.
Han existido oportunidades importantes que fueron desaprovechadas y que hubiesen podido marcar el rumbo que la educación necesitaba para realmente transformarse en una política pertinente garantizada por el Estado.
Una primera instancia fue la del Debate Educativo, una experiencia que pese a las dificultades naturales y las generadas por resistencias, significó un hecho histórico de protagonismo popular.
Los aportes de este debate y las conclusiones del posterior Congreso de la Educación “Julio Castro” del año 2006, fueron desoídas atendiendo antes que resultados, los límites formales que existían para no tomar las propuestas y consejos vertidos en ellos.
La segunda instancia fue la de la discusión de la Ley de Educación 18.437.
Una mirada realmente puesta en la educación hubiese atendido lo que la sociedad demandaba.
Pero una vez más se perdió la oportunidad de percibir a la educación como tal y a la sociedad como la principal protagonista de su construcción.
Se atendió más a las necesidades de los acuerdos de grupos políticos que a la preocupación por la educación misma.
Fue una ley que no dejó satisfecho a nadie porque no encaró organizar el sistema educativo y marcarle principios, sino que fue una ley para satisfacer las necesidades de las organizaciones políticas.
El resultado de todo este proceso es un sistema educativo cargado de problemas que se han acumulado a lo largo de distintas administraciones: el apartamiento de la sociedad y de sus formas organizativas; un sistema educativo transformado en un espacio de uso mediático de quienes tienen intereses ajenos a la educación y ven en ella el terreno para su cacería personal.
A esta altura, los abajo firmantes piensan que no se trata de hacer una propuesta más que se sume a las existentes.
Se trata de reivindicar principios básicos que han quedado distantes.
La educación es para la sociedad y es ella quien debe marcar los rumbos que tiene que tener.
No puede ser planificada entre cuatro paredes o por acuerdos con dirigentes políticos.
Ésa ha sido la constante hasta la fecha y así se ha llegado al punto en el que hoy se encuentra.
Afirmamos que la educación es un derecho humano, que por ello el Estado debe garantizarla para todos durante toda la vida pero que es la sociedad en su conjunto la que debe estar vigilante y participando activamente en la definición de sus objetivos y principios fundamentales. Al salvaguardar la enseñanza de los vaivenes del poder político, se garantiza que el reclutamiento y la jerarquización del docente se haga en virtud de su capacidad profesional, se defiende el derecho de éste a elegir sus autoridades en vista de los intereses superiores de la enseñanza, se asegura su libertad de cátedra y que la educación no quede supeditada a cambiantes intereses circunstanciales.
Es hora de que la educación salga de los pasillos de los acuerdos de un núcleo reducido de personas.
Es hora de retomar el vínculo con la sociedad.
Hoy la educación no necesita una agenda nacida de la presión de un grupo de dirigentes políticos.
No se puede volver a perder la oportunidad de que la sociedad, la educación y el gobierno se encuentren en eso que es realmente una política de estado.
Su instrumento es el Congreso.
Hoy se necesita nuevamente una instancia de Congreso con participación de todos, incluyendo los partidos políticos (que son algo más que un pequeño número de dirigentes).
Se necesita porque es la única salida y se necesita porque es un deber establecido por la propia Ley.
El artículo 45 de la misma dice:
“El Congreso Nacional de Educación constituirá el ámbito nacional del debate del Sistema Nacional de Educación y tendrá carácter de asesor y consultivo en los temas de aplicación de la presente ley. Será convocado por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública como mínimo en el primer año de cada período de gobierno”.
Existen oportunidades que una vez que se pierden no es fácil reencontrarlas.
Es el momento imprescindible para que el gobierno demuestre su visión de estado y se apoye en él.
Por lo expuesto promovemos la eliminación de los acuerdos de cúpula, el retorno a la institucionalidad respetando la autonomía consagrada constitucionalmente y el inicio de un proceso de debate social que estimule la profundización de la conciencia social sobre la trascendencia de la Educación Pública Nacional.
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