La cuestión está entre la libertad y el despotismo

La cuestión está entre la libertad y el despotismo

La Suprema Corte de Justicia (Injusticia) viene colocando a Uruguay como un paria a nivel internacional en materia de los Derechos Humanos. La Resolución de la Corte de declarar "delitos comunes" a los crímenes de lesa humanidad ha despertado las alarmas en todo el mundo, dado que una supuesta democracia desafía a todo el orden jurídico internacional en la materia y absuelve en masa a los criminales. Criminales de lesa humanidad en tanto sus crímenes se llevaron adelante desde el Estado, por cuenta de éste, y por razones de índole político con el fin de aplastar toda oposición a una dictadura cívico-militar y más tarde militar a secas. Al ser crímenes de lesa humanidad las tropelías implementadas por ese Estado, además con un gobierno ilegal e inconstitucional, los responsables de ellas, todos, y sus cómplices, todos, son criminales de lesa humanidad, cómplices de criminales de lesa humanidad, colaboradores, instigadores y toda la graduación desde el dictador de turno al milico raso qué ayudó a enterrar clandestinamente a las víctimas, desde el médico presente en las torturas para "calibrar" el nivel de las mismas, hasta los fiscales y jueces que archivaron denuncias y expedientes, en consecuencia todos los implicados, al ser criminales de lesa humanidad son responsables de delitos que no prescriben. Esa ha sido y es la praxis del derecho internacional en la materia de los DDHH desde Nuremberg a la fecha, y que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido amplificando vía diversas convenciones internacionales que han sido ratificadas y pasado a ser convenciones de la ONU, por ejemplo contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas. 

La Suprema Corte uruguaya rompe con esa legalidad internacional y coloca a Uruguay al márgen de la misma y encima hace el ridículo más completo cuando define estos crímenes como "delitos comunes". Equiparando incidentes entre hinchadas de fútbol con las brutales golpizas a prisioneros maniatados en los cuarteles militares, poniendo al mismo nivel una violación individual con la industrial violación de prisioneras y prisioneros, políticos, prisioneros bajo responsabilidad del Estado, aplicada como medida de tortura masiva y de hacer uso del "botín de guerra" como así los criminales consideraron a los prisioneros. Se incluye en la misma categoría al robo de bebés y recién nacidos, de madres prisioneras, torturadas y luego desaparecidas, con un robo en algún hospital. Esta brutal violación de las normas internacionales es, de por sí, UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS en tanto cobija, proteje y da impunidad e inmunidad a los criminales. Automáticamente los hace cómplices de crímenes de lesa humanidad. Lógicamente esto desata la alarma internacional. Y es de esperarse qué estas alarmas deriven en sendas condenas internacionales tal cual lo fué en el caso de la familia Gelman, el qué aún no esta terminado ya que el Estado uruguayo con gobierno "progresista", aún no ha cumplido con la totalidad del fallo de la Corte Interamericana. La "amurallada" Corte se piensa que logrará resistir el embate, tanto el repudio masivo en Uruguay como el que viene creciendo a nivel internacional. No lo lograrán porque en la medida que son crímenes que NO PRESCRIBEN podrán pasar decenios y los embates contra el Estado uruguayo como responsable, más allá del gobierno de turno, van a proseguir como el actual ejemplo sobre las víctimas del franquismo le viene demostrando al mundo. 

Además de que al ser CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD LOS MISMOS PODRÁN SER JUZGADOS EN CUALQUIER PAÍS Y EN CUALQUIER MOMENTO. No habra "muralla" de la impunidad que lo vaya a poder resistir. Miembros de la Suprema Corte que han hecho carrera en tiempos de dictadura no podrían estar sentados en esos sillones. Fiscales hijos de los militares autores materiales del golpe y responsables durante la dictadura de torturas y muertes, no podrían estar en esos cargos. La actual "muralla" puso sus piedras durante la dictadura fascista, y a pesar de proclamadas "vuelta a la democracia" y "elecciones", impasibles han seguido amontonando piedras a la muralla de la fortificación fascista, cubriendo así a los criminales que andan sueltos y a todos los cómplices también, incluídos jueces y fiscales. El voltear esa "muralla" equivale al ir a fondo para el esclarecimiento de todos los crímenes del fascismo y el juicio y castigo a los responsables. Mientras que esa "muralla" no caiga el fascismo gozará de impunidad y desde su interior proseguirán su labor de zapa contra la maltrecha democracia burguesa del presente. Los centros militares y los retirados militares han tomado vuelo y ya hacen declaraciones públicas reivindicando el pasado y sus crímenes. Para ellos no hay sanciones, interrogatorios, fiscales y jueces en disposición de juzgarlos, tienen impunidad, reforzada últimamente con la resolución de la Suprema Corte. Al no haber reacción alguna en el  ámbito político, parlamentario y gubernamental, se les esta dando carta blanca para la reedición de sus fechorías criminales.Sobre este fenómeno también advierte el relator de la ONU. 

Hay amenazas de prisión para los que solidarizaron con la Jueza Mota, acusados de "motín", "asonada","toma", y hasta "secuestro" dicen los dinosaurios de la Suprema Corte, pero ni una palabra sobre quienes reivindican los crímenes y se juntan para festejarlos en una implícita promesa del ya largamente agitado "volveremos!" que han pintado en los dormitorios de la escuela militar o han amenazado al anterior ministro de Defensa Rosadilla. Lo de Mota ha merecido un capítulo aparte para el relator de la ONU ya que de hecho ha sido el detonador de esta situación actual, que solamente esta en sus comienzos, sobre eso no hay que confundirse, dado que la expulsión de Mota trancó 55 expedientes que estaban listos para resolución de condena, y el apoyo popular motivó la escalada contra los militantes sociales y organizaciones populares para enjuiciar y tratar de condenar a militantes sociales, lo que a su vez da luz verde para la ofensiva policial en todos los terrenos, reprimiendo las protestas, a los jóvenes y criminalizando organizaciones. No hay que olvidar que todo esto viene dándose respaldado, de hecho o por omisión, por el conjunto de los partidos políticos. Así como respaldado por el gobierno que a partir del reclamo público de Mujica desde su audición radial privada le exigió a la Suprema Corte la expulsión de la Jueza Mota. El Frente Amplio todavía no ha dicho una palabra sobre el caso Mota, formalmente dijeron estar en contra de la impunidad decretada por la SCJ, pero no fué más que un saludo a la bandera, pero sobre el caso Mota no han abierto la boca. Ni uno solo de los legisladores del vertical, intolerante y monolítico aparato-partido de Gobierno,el Frente Amplio, ha siquiera intentado diferenciarse de dichos y hechos de Mujica, lo que agrava la situación mediante esa actuación claramente corporativa qué más y más se asienta en la represión policial. 

Mujica es el gran y primer responsable de este proceso actual. Fué él y solo él quien llamó a los "amurallados" de la SCJ a la acción contra Mota, que era -en realidad- contra la continuación del enjuiciamiento a los criminales de lesa humanidad Esto a pesar de las claras advertencias de la Corte Interamericana. Si Mujica lo planeo en sus detalles o si se le escapó de las manos lo sabrá solo él y en definitiva a nadie le debe de importar, lo que cuentan son los hechos concretos y ahí los tenemos. Mujica tan hablador en foros internacionales difundiendo absurdos mensajes que el primero en violar es él mismo y su gobierno, en su propio país, ha estado en silencio, no ha dicho nada sobre las lapidarias conclusiones del Relator de la ONU. Él que tan presto ha sido para condenar con los peores insultos y diatribas a la lucha de los sindicatos o de los maestros, por ejemplo, o de los ecologistas, no ha dicho ni una palabra sobre algo tan trascendente como han sido estas conclusiones. Ni un comentario. Se ha hecho el desentendido, en lugar de asumir - como corresponde - su actuación y tratar de defenderla. De las conclusiones del Relator de la ONU queda bien claro que la expulsión de Mota es una agresión contra el enjuiciamiento de los criminales de lesa humanidad. Mujica deberia salir en su audición y decir qué fué él quién inició todo esto. Las conclusiones actuales a nivel internacional no han tomado en cuenta las razones de Mujica para exigir la expulsión de Mota. Básicamente porque nunca las dió. Pretendió colocarlo como un problema formal, una "falta" de la Jueza Mota, pero nadie se ha tragado esa estupidez. Empezando por los "amurallados" de la SCJ qué aprovechando el invite presidencial directamente declararon que todos los crímenes de lesa humanidad habían prescripto yya que eran "delitos comunes". Tampoco nadie a nivel internacional se lo traga. Todos han entendido que Mujica está frenando los juicios a los criminales de lesa humanidad y buscando la manera de que no sean condenados. Los porque los sabrá el mismo. Lo que interesan son los hechos y ellos son bien claros.

Si fueran consecuentes podrían reconocer que las conclusiones del Relator de la ONU condenan las resoluciones internacionalmente consideradas ILEGALES de la SCJ, rechazan la expulsión de la Jueza Mota, y llaman a rectificación inmediata. Por lo tanto, quienes hicieron acto de presencia en UN ACTO PÚBLICO OFICIAL para apoyar a la Jueza Mota tenían y tienen razón, al igual que la Jueza Mota, y que los intentos de la SCJ, la prensa de derecha, el Fiscal Zubía hablando de "asonada", "secuestro", "motín", "toma", "ocupación", no son más que insultos fascistas provenientes de gente inspirada en el fascismo y cobijadora de los fascistas criminales de lesa humanidad. Los rehenes, los siete militantes sociales a los que pretenden encarcelar, tuvieron razón ya que estaban apoyando la aplicación de la leyes internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, estaban apoyando las convenciones de la ONU y la práctica internacional tal cual lo vemos en sucesivos juicios que se llevan adelante en varios países. Solo una mentalidad fascista a la que no le importa ni interesa lo que son las convenciones internacionales que el mismo Uruguay ha firmado puede pretender condenar a quienes han defendido esos principios. La cuestión, hoy como ayer, sigue siendo "entre la libertad y el despotismo" y en este caso entre los principios universales y las leyes que los amparan y los remanentes del fascismo y la dictadura. El Frente Amplio con su silencio de aparato político intolerante y monolitista socava la democracia, si un hombre, por mas presidente que sea, ha desatado una tal tormenta es el deber de un partido que antes se decía de izquierda y ahora se llama de progresista, el fijar una clara posición de condena. Tienen ahora, progresistas tan apegados a lo legal, tienen ahora lo que ha dicho el relator de la ONU que no es ningun "radical" como gustan estigmatizar, no hay razones pues para callarse la boca. Más que nada cuando la cuestión esta entre la libertad y el despotismo.

Colectivo del Blog Noticias Uruguayas