por Antonio Elías (*)
Un gobierno en disputa que se definió a favor del capital
Los intereses del trabajo y el capital convivieron y disputaron en temas cardinales en el primer gobierno nacional del Frente Amplio, en particular en temas relacionados con la inserción internacional y la extranjerización de la economía. El rasgo capitalista estructural, la explotación de la fuerza de trabajo, mantuvo invariadas las formas que en Uruguay han tenido carácter duradero: alta precariedad e informalidad del trabajo, escasa agregación de valor, en definitiva, un sistema productivo de mala calidad y baja competitividad. En dicha disputa desigual, el dominio del capital fue creciendo a lo largo del tiempo y se consolidó el modelo agroexportador con su consecuente proceso de primarización, la profundización de la apertura a la inversión transnacional en nuevas instalaciones y la extranjerización de la propiedad de la capacidad productiva existente, en particular de la tierra.
El peso que tuvo la clase trabajadora se expresó en los aumentos del salario real, la ampliación de los derechos de los asalariados y el consecuente fortalecimiento de los sindicatos. Se reinstalaron y ampliaron los consejos de salario, se aprobaron las leyes de negociación colectiva y de fuero sindical, lo cual fortaleció al movimiento sindical en la lucha con el capital por las reivindicaciones inmediatas.
Esta situación fue calificada por nosotros como «los caminos que se bifurcan» asumiendo que no se podía transitar ambas tendencias sin llegar a un punto de confrontación. Nos equivocamos, los beneficios salariales obtenidos, las mejoras en las condiciones laborales y la alternativa de un giro a la izquierda expresada en la candidatura de José Mujica, lograron que importantes sectores de trabajadores mantuvieran su apoyo al Frente Amplio independientemente de los profundos cambios estructurales que se estaban produciendo en la economía a favor del gran capital.
El gobierno de Vázquez aplicó una política económica ortodoxa buscando con leyes y subsidios la captación de inversión extranjera directa y simultáneamente logró un amplio apoyo social con las medidas favorables a los trabajadores (activos y pasivos) y las políticas asistenciales dirigidas a los sectores más sumergidos, las que fueron funcionales para consolidar un consenso favorable al fortalecimiento del capitalismo y a la extranjerización de la economía.
Las declaraciones que realizara en 2005 el ministro de Economía Danilo Astori marcaron el camino: “Para hacer algo en serio por los uruguayos que viven en la indigencia es que necesitamos hacer los acuerdos con el FMI, alimentar el clima de negocios, para que haya inversiones que generen empleo y, de ese modo, contribuyan a disminuir y erradicar la pobreza. Eso es de izquierda”. (Búsqueda, 18/08/2005)
Las leyes en defensa de la competencia, la desmonopolización de mercados donde participaban empresas públicas estratégicas como ANTEL y ANCAP – parcialmente privatizadas -, el fortalecimiento y ampliación de las zonas francas, el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos que subordina la independencia de nuestro país respecto a las inversiones de ese origen, el Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas dual (donde pagan más los trabajadores que los capitalistas) y, la frutilla de la torta, el intento de firmar un TLC con Estados Unidos se transformaron en políticas del gobierno “progresista”. Todo lo cual generó un aumento de la concentración y centralización del capital, con su contrapartida de exclusión y marginación social.
En 2009 el 10 % más rico de la población dispone del 31.9 % del ingreso total y el 10% más pobre solo accede al 2.2 %. El ingreso sumado de los seis primeros deciles llega solo al 30.8 %. Debe aclararse, además, que el ingreso dentro de cada decil no se distribuye de forma homogénea, lo que implica, seguramente, que el uno por ciento más rico reciba más del 12 %. La desigualdad de la distribución del ingreso se reflejaba directamente en los indicadores de pobreza más dolorosos: la pobreza infantil. El 37,8 % de los niños menores de seis años eran pobres, la cifra sube fuertemente en Montevideo, 44.1 %. De seis a doce años la situación es similar, 36.2 % en el país y 43.7 % en Montevideo. Cifras totalmente explicables sabiendo que el 20 % más pobre de la población recibía solo el 5.7 % de los ingresos totales.
En 2009 la DGI dejó de recaudar por lo que ellos denominan “gasto tributario” y que son subsidios directos o indirectos, principalmente al capital, 38.134 millones de pesos, que equivalen al 5,36 % del Producto Bruto Interno. Esa cifra es mayor que el presupuesto sumado de la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República y es equivalente a la masa salarial que pagaba el Gobierno Central.
¿Quiénes eran los beneficiarios de esos subsidios? En esencia los dueños de las riquezas del país – una buena parte de ellos extranjeros -, que se ven beneficiados con exoneraciones por el 98% del Impuesto al Patrimonio, el 55% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y el 44,1% del IRPF que pagaban las rentas derivadas del capital.
Entre 2005 y 2009 hay un pronunciado aumento de la riqueza generada en el país que, como se mostró anteriormente, se concentra cada vez más en pocas manos, consolidando la estructura regresiva del ingreso generada por el sistema capitalista agudizada por la crisis de 2002 y los instrumentos económicos utilizados para salir de la misma.
El modelo de inserción internacional adoptado en ese período explica, en buena medida, dichas desigualdades en tanto favorece la extranjerización de la economía con una creciente influencia de las empresas transnacionales en la toma de decisiones económicas del gobierno. El capital extranjero adquirió un peso creciente en la producción exportable y en la formación de precios en sectores claves de la economía nacional tales como las cadenas productivas de arroz, carne, soja y forestación.
Los subsidios otorgados para atraer inversión extranjera directa redujeron en forma importante los recursos de que disponía el Estado para atender las demandas sociales e impulsar un proyecto de desarrollo autónomo con una fuerte inversión pública, supuesto que ese fuera su objetivo.
A modo de síntesis puede decirse que en los primeros cinco años de gobierno frenteamplista, y pese a una crisis capitalista de enorme magnitud, la hegemonía ideológica del neoliberalismo continuó omnipresente con sus contradicciones y debilidades y se profundizó el capitalismo. El paquete ideológico neoliberal siguió teniendo una influencia determinante en la toma de decisiones del gobierno.
Como colofón de esta parte no podemos dejar de mencionar que el Dr. Tabaré Vázquez hizo público que en el marco del conflicto con Argentina por la instalación de Botnia había pedido apoyo a los Estados Unidos y que Bush aceptó su pedido de protección expresando que Uruguay era “socio y amigo” de los Estados Unidos.
Mucho agua corrió bajo los puentes para que la concepción antioligárquica y antiimperialista del FA se transformara en boca de uno de sus principales dirigentes en “sociedad y amistad” con el principal estado terrorista internacional, aquel que formó a los torturadores y sostuvo todo tipo de golpes militares en Latinoamérica, bloquea a Cuba y ocupa militarmente varios países del mundo. Peor aún fue la actitud de la dirección del FA que, ante la posterior renuncia de Vázquez a la vida política pública, decide por unanimidad pedirle que revea su decisión legitimando así lo actuado por el ex–presidente.
(*) Miembro de la Red de Economistas del Uruguay, docente universitario y asesor sindical.
Publicado en el Semanario “Voces”, el 17 de octubre de 2013
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