Abuso policial en Uruguay: torturas a detenidos

Institución de Derechos Humanos relata casos de tortura a detenidos

Un informe oficial reclama erradicar el abuso policial

Un hombre viajó con su hija de siete años de Tacuarembó a Montevideo. Cerca de las cinco de la mañana llegaron a la terminal de Tres Cruces y se dirigieron a la parada de ómnibus en Haedo y Daniel Muñoz: su destino final era El Pinar.

Policías. La INDDHH le pidió al Ministerio del Interior que revise el tiempo de formación

VIVIANA RUGGIEROdom may 10 2015 El País uy

Mientras esperaban, fueron abordados por funcionarios policiales, que solicitaron los documentos de ambos e interrogaron sobre qué hacían allí a esa hora. Luego de varios minutos en los que las preguntas se reiteraban constantemente y el hombre ya estaba molesto, llegaron más móviles.

Una mujer policía tomó a la niña en brazos y la introdujo en el patrullero. Él se resistió. Fue golpeado por los policías y reducido en el suelo. Cuando estaba inmovilizado, uno de los efectivos lo tomó de la cabeza y golpeó en repetidas oportunidades. Recibió patadas y piñas.

Él terminó en la Seccional 4ta y su hija en el Hospital Pereira Rossell. Todo se inició, según el Ministerio del Interior, por una denuncia anónima de un vecino al que le resultó curioso que un hombre estuviera en la calle con una niña a esa hora.

La pequeña fue finalmente rescatada por su madre y al cabo de unas horas el hombre quedó en libertad.

Cuando la familia dijo que quería hacer la denuncia por lo ocurrido, le informaron que él debía ser examinado en el Hospital Español. Allí estuvo de 9:30 a 0:30 del día siguiente.

El caso, en el que hubo violación del derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a la privacidad y la protección de la dignidad, es relatado en el último informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que envió la semana pasada a la Asamblea General.

Allí enumera varias denuncias recibidas por abuso policial y le reclama al Ministerio del Interior que mejore la capacitación de los funcionarios policiales, que realice un seguimiento permanente de la conducta de estos y que trabaje en la erradicación definitiva de los malos tratos.

Tras relatar un caso similar al homicidio de Sergio Lemos (19) en el barrio Santa Catalina en noviembre de 2013 producto de un indebido accionar policial, el informe asegura que el Ministerio del Interior "debe mandatar" a la Policía para que "trabaje en profundidad en la incorporación de nuevos métodos de formación y capacitación continua sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego para todo el personal que cumple funciones ejecutivas".

Este pedido ya había sido presentado en informes anteriores de la institución.

La INDDHH solicita también que se revise el tiempo destinado a la formación del personal subalterno.

"La presión social muchas veces lleva a que las autoridades competentes opten por tener más funcionarios policiales en las calles en poco tiempo, lo que no implica que se trate de mejores funcionarios policiales", advierte.

El marco doctrinario policial, estableciendo como finalidad institucional el respeto de la vida humana en cualquier circunstancia, también es parte de las solicitudes que realiza la institución.

Información.

Ante varias de las denuncias, cuenta el documento, realizaron un pedido de información al Ministerio del Interior que, en varios casos, se demoraron o, al momento de presentar el informe, aún no había llegado. Eso ocurrió, por ejemplo, con un caso en el que un joven de 26 años murió por disparos de arma de fuego efectuados por un grupo de funcionarios policiales en un procedimiento en el barrio Marconi, mientras investigaban una rapiña.

Según relata la INDDHH detalladamente en el documento, solicitaron en varias oportunidades a la cartera que informara acerca de las investigaciones de los hechos denunciados y los procesos disciplinarios iniciados.

Sin embargo, el Ministerio del Interior demoró casi un año y medio en remitir alguna información, lo cual es calificado como una falta grave por la institución que es presidida por Mirtha Guianze.

"Los organismos del Estado involucrados deben respetar el principio de buena fe, colaborando activamente con las investigaciones iniciadas. Esto no es otra cosa que poner en práctica el compromiso asumido por el Estado uruguayo cuando decidió crear la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo el 24 de diciembre de 2008", asegura.

Cuestiona que en reiteradas oportunidades el Ministerio del Interior hizo referencia a la reserva, confidencialidad e incluso el "secreto" de algunas informaciones solicitadas y afirma que la cartera incurre en un error.

"Hace una interpretación equivocada de las normas de acceso a la información, según lo establece el Bloque de Constitucionalidad que comprende las normativa constitucional y el marco jurídico sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente en nuestro país (...) Esta Institución sostiene que dichos argumentos carecen de todo asidero conforme con la doctrina, la jurisprudencia y los estándares en materia de los órganos de control incorporados en normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que son derecho positivo vigente en Uruguay", sentencia.

Después de recibir información, tras analizarla y contar con "elementos de convicción suficiente" en este caso la institución concluyó que el Estado uruguayo violó el derecho a la vida de la víctima. "La mencionada violación del derecho humano a la vida es consecuencia directa de un procedimiento policial plagado de irregularidades, y llevado adelante, desde el punto de vista operativo, con total desconocimiento de lo que dispone la normativa vigente en el país".

Primero en todo.

Desde el 1° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, la institución realizó 449 intervenciones, que se dividen en denuncias y asesoramientos.

De acuerdo con las denuncias efectuadas, los principales derechos vulnerados son la integridad personal (20,5%), el derecho al trabajo (17,0%), derechos vinculados al acceso a la Justicia (15,5%), e igualdad y no discriminación (12,9%).

Al igual que en 2013, los organismos que aparecen con mayor número de denuncias son el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Estado (una denominación utilizada para casos en los que la vulneración del derecho no puede ser adjudicada a un organismo públi- co en particular). Estos son seguidos por el Inau/Sirpa, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Al igual que en los informes anteriores también, la mayoría de las denuncias se concentran en la capital del país (74.4% para los casos de denuncias y 68.5% en los casos de asesoramientos).

Casi la totalidad de las personas que denuncian son mayores de edad. Hay, además, una leve tendencia que indica una mayor presencia de las mujeres como denunciantes y solicitando asesoramiento.

INDDHH tiene denuncias de tortura en comisarías.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que es presidida por Mirtha Guianze y que funciona desde diciembre de 2008, relata en su informe anual, enviado la semana pasada al Parlamento, una denuncia que llegó a su poder sobre un caso ocurrido en enero de 2013.

El episodio tiene como protagonistas a policías, vestidos de civil que se trasladaban en un automóvil particular de color blanco. Los efectivos detuvieron a un menor de edad, que estaba en situación de calle. Fue trasladado a la Jefatura de Policía de Montevideo y allí fue sometido a "torturas", como "submarino seco" y "la modalidad clásica de sumergir la cabeza de la persona detenida en un tacho de agua". Recibió también, según el informe, golpes en varias partes del cuerpo.

"Luego de interrogarle, le manifestaron que le habían confundido con un familiar y le dejaron en libertad, tras varias horas de detención", relata.

La institución pidió información sobre lo ocurrido al Ministerio del Interior que, luego de reiteradas solicitudes, respondió negando los hechos.

Sin embargo, la INDDHH concluyó que "existen elementos de convicción suficientes para afirmar que los hechos denunciados son ciertos, y que, por lo tanto, la persona denunciante fue detenida arbitrariamente y sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios de la Jefatura de Policía de Montevideo", asegura el documento.

Existen elementos, además, para afirmar que la detención "no fue registrada ni comunicada a la Justicia Competente, según establece el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Procedimiento Policial".

Ante este panorama, se recomendó a la cartera que realice una investigación "pormenorizada" de los hechos denunciados, determinándose las eventuales responsabilidades administrativas y/o penales.

En guardia ante "El Guardián"!

En Uruguay se sigue torturando, continúa la política del "gatillo fácil" policial y reina la impunidad para el aparato represivo. Se habla de "progresismo" pero resulta muy difícil de entender como Bonomi, por ejemplo, quién fuera torturado por la represión de la dictadura y que ha sido y sigue siendo el responsable y jefe de los aparatos represivos policiales admita tales prácticas y sea parte de la planificación de las estrategias y metodologías represivas. Estos hechos no son ninguna calumnia de los "ultras", lo dice, explica, fundamenta y prueba una institución del Estado cuyo cometido es controlar las violaciones a los DDHH. 

Igualmente parece no importarle al "progresismo" ya que han habido muchas denuncias, así como asesinatos que forman parte de una modalidad represiva de imponer el terror como manera de "tener la situación bajo control". Se lo ha visto bajo los dos anteriores gobiernos del FA, agudizado durante el de Mujica y a partir de la toma del bastón de mando por parte de Bonomi. Y para remate el canciller Nin Novoa ha llevado adelante sus cobardes ataques contra la hermana Venezuela pero no ha dicho ni una sola palabra sobre estos hechos PROBADOS que se viven en Uruguay en donde campea la impunidad. La impunidad de antes, no haciendo nada para juzgar a los criminales de lesa humanidad y la de hoy que forma parte de una modalidad represiva que protege a sus ejecutores que se saben impunes. 

No se crea que esto es "invento" del FA uruguayo, ni de Mujica, esta es la actual modalidad y estrategia que vemos en los propios EEUU y sus salvajes asesinatos de afroamericanos. Es una línea imperial "globalizada" de la que Uruguay lacayunamente ha aceptado ser parte.

Por si faltasen pruebas ahí tenemos a "El Guardián" que está inspirado en el "Patriotic Act" que introdujo Bush después del 11 de setiembre como modalidad para el control de toda la población en cada uno de sus actos estableciendo de hecho una dictadura fascista, en la práctica, aunque revestida de "democracia". El imperio ha exigido que sus aliados EN TODO EL MUNDO se guíen por los mismos "principios" y estrategia represiva y de control, a nombre de una guerra total y eterna, sin fin ni motivos claros más que alegar que se está "bajo ataque", y cuando ni esto se ve, sostienen como lo han hecho con las torturas que si no han habido ataques ha sido gracias a la represión y a los controles totales con la tortura, los secuestros y detenciones ilegales, los asesinatos y las desapariciones como método. El mismo que el propio imperio recomendó e instruyó a los represores de las dictaduras de los 70-80 y 90 del siglo pasado. 

La argumentación empleada por el imperio, de claro corte nazi, es que se necesita una control total y una represión absoluta de manera de que no puedan haber grietas por donde se cuele "la actividad enemiga". Es decir que lo ponen como condición para sus aliados ya que es un asunto de su propia "seguridad nacional". Lacayunamente los gobiernos del FA uruguayo han aceptado ser parte de esa estrategia para mejor servir a la seguridad del imperio. Es en ese marco que se implementa el control ciudadano, antidemocrático, violatorio de los derechos del hombre garantizados por la ONU y violatorio de los princpios de la propia Constitución uruguaya a través del llamado "El Guardián". El que le da potestades al aparato represivo policial y probablemente el militar también, cosa que no se sabe porque todo es secreto, pero es lógicamente posible dado que las FFAA están, a su vez, atadas y son parte de la guerra total a través de los acuerdos estratégicos, secretos, firmados por el "progresismo" con el Pentágono. 

"El Guardián" como el "patriotic Act" de la dictadura yanqui, no tiene límites,TODO ES POSIBLE Y FACTIBLE DE SER CONTROLADO, todas las libertades pueden ser violadas, ya que no se trata de clarificar ningún supuesto delito ya cometido sino que su función, como lo dice el nombre, es de vigilancia, preventiva, Es así como hemos visto que la práctica yanqui lleva a que para "prevenir" (es decir actuar como "guardián") se controlan TODAS las bibliotecas en los EEUU para saber lo que cada quién ha leído. Por ejemplo. Dado que la "inspiración" alega ser preventiva en ese marco cabe todo lo imaginable. Si una persona, pongamos por caso, compra una moto, dependiendo de quién maneje "El Guardián" eso es controlable y el comprador también, así como el vendedor, ya que esa moto puede o podría ser parte de un plan delictivo, político o no. No hay límites para este control, y la clave se encuentra en la "inspiración" imperial original que determina de que se trata de UNA GUERRA TOTAL, PERMANENTE, SIN FIN Y EN TODOS LOS PLANOS.

Así las cosas el fichaje por parte del Ministerio del Interior al mando de un extorturado y "exantisocial" (según la definición represiva que lo condujo a la cárcel) el Ministro del Interior Bonomi, lleva al registro de los antisistema, como se los denomina, violando así princpios básicos de la ONU y de la Constitución dado que es un fichaje de las opiniones de los ciudadanos (se le ha olvidado a Nin Novoa, pero todavía está a tiempo de salir a los medios como parte de su "cruzada" por los DDHH), el tal fichaje además de ilegal de acuerdo a los principios de la ONU es secreto e incontrolable, NO SE HAN EXPUESTO PÚBLICAMENTE NI LOS CRITERIOS NI LOS FUNDAMENTOS SEGÚN LOS CUALES UN CIUDADANO PASA A SER FICHADO Y DE LA LISTA Y REGISTRO DE LOS "ANTISISTEMA". Con lo que se crea una situación en que el ciudadano común no sabe que es lo que puede pensar u opinar. Lo que nos lleva a la generalidad represiva aplicada por la dictadura cuyo fin era precisamente el que nadie pensara ni opinara puesto que podría a llegar a ser ilegal. 

El control de las redes sociales es una parte sustancial de este "guardián". Esta cobertura para el control es importada directamente desde los EEUU. Es la que aplica el Pentágono, la CIA, la NSA y la DEA así como otros servicios de espionaje. La cobertura, según los casos, puede ser "la guerra contra las drogas" o "la guerra contra el terrorismo" o hasta el "lavado de dinero" y el "contrabando", coberturas todas para hacer asiminable el control dictatorial de la población así como de sus opiniones. Se viola la Constitución en cada uno de los aspectos y posibilidades abiertas por este masivo control. 

Estamos pues en una situación en que la defensa de los derechos democráticos y las libertades públicas se ha vuelto a poner sobre el tapete con renovada fuerza dado que la amenaza es real y concreta. "El Guardián" puede espiar, por ejemplo, un debate en las redes entre sindicalistas para organizar una protesta o un paro. Los que interpretan la información lo hacen como los de la CIA y con su asesoramiento. Pueden trazar una proyección de ese eventual paro o protesta que Pedro, Juan y María están discutiendo, y arribar a la conclusión de que pone en riesgo "la seguridad nacional". De alli a mayores e intensos controles de la vida en todos sus aspectos de esos sindicalistas  y como resultado acciones represivas concretas, hay un solo paso y en ese camino se va. 

Valga mencionar que se pretende resguardar a "El Guardián" con que ha sido aprobado por la SCJ, sí, leyó bien, la SCJ de la impunidad, la cobijadora de los criminales de lesa humanidad, esa misma SCJ vendría a ser el "garante" del tal "guardián".

HAY QUE ESTAR EN GUARDIA ANTE "EL GUARDIÁN", DESDE YA, ANTES DE QUE SEA TARDE.

Colectivo de Noticias Uruguayas

La Corte y Ministerio del Interior trabajan en el sistema espía

Ultiman detalles antes de implementar El Guardián

La Suprema Corte de Justicia elaborará junto con el Ministerio del Interior un protocolo para comenzar a implementar cuanto antes a El Guardián, el sistema de vigilancia electrónica que implementará la Policía y que permitirá realizar escuchas telefónicas y seguimiento de correos electrónicos y redes sociales.

La escucha se iniciará por orden judicial. Foto: A. Colmegna

dom may 10 2015 El País uy

Ambos organismos firmarán mañana lunes un acuerdo de trabajo para ultimar detalles sobre este sistema.
"Se trata de un memorándum de entendimiento para poner a trabajar grupos en diferentes áreas", explicó a El País el ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique. "Y habrá un protocolo específico sobre el tema de El Guardián", agregó.
En principio se estimó que el sistema de escuchas comenzaría a aplicarse desde este mismo mes. Sin embargo, el ministro de la Corte aclaró que no se implementará hasta que se resuelvan algunas cuestiones que solicitó la Corte.

"El grupo de trabajo tiene que generar un informe. La Corte analizará si este es satisfactorio en cuanto a los temas que se han planteado. Se analizará y luego daremos el ok", explicó.
Alrededor de este sistema de vigilancia hay un halo de incertidumbre por la poca información que se ha hecho pública.
La Justicia, incluso, no hizo lugar al pedido de acceso a la información pública que presentó el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
CAinfo solicitó información sobre el protocolo regulatorio de El Guardián, que todavía se está ultimando.
El Guardián es un sistema de vigilancia electrónica que suplantará a los 22 sistemas de escucha "caseros" que funcionan en el país actualmente. Con este software se puede acceder de forma simultánea a 800 celulares y 200 teléfonos fijos; también habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.
Según dijo a El País el fiscal de Corte, Jorge Díaz, este sistema no cambia en nada los protocolos actuales. Díaz dijo que ya existe confidencialidad en el uso de la información de las escuchas. Y, aclaró, en caso de que se viole esta confidencialidad, se está en la presencia de un delito.
Según Díaz, las compañías telefónicas están obligadas a proporcionar datos de sus clientes y contenido de las escuchas siempre que medie una resolución judicial. y esta es necesaria, a su vez, para iniciar todo el proceso.
Según el Ministerio del Interior, el oficial del caso que requiera una escucha debe elevar una solicitud de interceptación al fiscal, este la evalúa y eleva, a su vez, al juez que es quien resolverá la pertinencia o no de la misma.
La parte operativa, la interceptación en sí misma, se hará efectiva por parte de la operadora de telecomunicaciones a instancia judicial.
Según el Ministerio, la compra a una empresa brasileña de este sistema por US$ 2 millones se debió a una búsqueda de mejores tecnologías para, entre otras cosas, el combate al narcotráfico.
El acuerdo que firmará el Ministerio y la Corte también incluye, dijo Pérez Manrique, aspectos que atañen a la "comunicación de los sistemas informáticos entre el Ministerio y el Poder Judicial para acelerar notificaciones" y otros aspectos vinculados a la violencia de género.