Ley de impunidad: una condena anunciada. G. Grisoni

Una condena más anunciada

que la muerte de la crónica.

Por Gastón Grisoni (*)

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El Frente Amplio ha presentado en el Parlamento una ley destinada a declarar inaplicables algunos artículos de la Ley de Caducidad. La misma, en un acto de verdadera sumisión ante la prepotencia de los militares liderados por el Gral. Raúl Medina, fue sancionada  por el  órgano legislativo a fines del año 1986.

El propósito manifiesto de la iniciativa es el de evitar una segura condena a nuestro país por parte de la Corte Interamericana de DDHH ante la demanda presentada por Macarena Gelman y su abuelo, Juan Gelman, por la desaparición de María Claudia García de Gelman a fines del año 1976.

Es público y notorio que Uruguay deberá dejar sin efecto, a corto plazo, la Ley de Caducidad, cualquiera sea el camino legislativo que se transite para ello. Los fallos de la Corte Interamericana de DDHH son inapelables y de aplicación obligatoria para los Estados.

A diferencia de los pronunciamientos que realiza la Comisión Interamericana de DDHH, que no son vinculantes ni mandatorios, los fallos de la Corte son de cumplimiento forzoso para los Estados.

El simple pronunciamiento  de la Corte Interamericana de DDHH hacia un país, ya es para el mismo, un enorme descrédito y bochorno a nivel internacional. Refleja un país de cuarta, que no honra  los tratados y convenciones internacionales que soberanamente suscribe.

Uruguay será tapa en todos los medios de prensa a nivel internacional. La Corte Interamericana de DDHH condenó a Uruguay por no cumplir con la normas de DDHH. Será seguramente el titular en medios de prensa como El Herald Tribune, Times y otros órganos internacionales.

El no cumplimiento de la resolución de la Corte sería harina de otro costal. Las consecuencias serán de otra índole y naturaleza. No tenemos conocimiento de ningún país que no haya cumplido con una resolución en tal sentido.

Lo más significativo, sin duda, será el motivo de la condena. Uruguay no será condenado por impedir que se investigue la muerte o la desaparición en oscuras circunstancias, hace más de treinta años, de un supuesto líder guerrillero, con varios delitos de sangre en su haber y su segura participación en atentados terroristas que costaron la vida a decenas de ciudadanos inocentes.

Uruguay será condenado por negarse a investigar la desaparición de una adolescente de 20 años que fue secuestrada en Argentina, trasladada ilegal y secretamente a otro país, el nuestro, en una operación conjunta de fuerzas represivas transnacionales, a los solos efectos de apropiarse de la criatura que llevaba en su vientre y posteriormente hacerla desaparecer.

Todos los crímenes por razones políticas son despreciables e injustificables, pero algunos, por su magnitud, por su crueldad, por lo repudiable en sí, lastiman la sensibilidad más que otros. Este es uno de esos casos.

Haciendo política menor, invocando el respeto a  pronunciamientos populares que ellos no respetaron ya que en su momento impúdicamente los obstaculizaron, especulando con la posibilidad de poder mencionar en las próximas elecciones  que Uruguay, con un gobierno de izquierda, fue condenado por violar los DDHH, dirigentes históricamente comprometidos con la Impunidad hacia los criminales de la dictadura, entorpecen y frenan el debate parlamentario para aprobar dicha ley.

Hace menos de un año, llamaron públicamente a no invertir en Uruguay. Ahora se regocijan con la idea de una bochornosa condena.

Luego del fallo condenatorio de la Corte, para levantar la imagen de Uruguay, se necesitaría, por lo menos, un gol de Forlán, entrando al arco rival con la pelota dominada, luego de haber eludido a toda la defensa, golero incluido, en el último minuto del alargue de un partido jugado por nuestra celeste ante un rival como España. Y de taquito. Con menos de eso, no hay chance.

La ley de Caducidad es injusta, inconstitucional e inmoral. Impide el funcionamiento pleno del principio de la separación de poderes. Mantiene dependiente del Poder Ejecutivo al Poder Judicial para cumplir con sus cometidos en crímenes de Lesa Humanidad. Más de un millón y cien mil uruguayos reclamaron en forma militante su anulación hace pocos meses. Debería ser anulada por dichas razones, esencialmente, para asegurar el pleno Estado de Derecho y fortalecer la democracia. Evitar la segura e inminente condena por parte de la Corte Interamericana de DDHH es un plus para actuar con mayor energía y convicción democrática en forma inmediata.

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(*) Son opiniones de carácter personal que no representan, necesaria y forzosamente, en un ciento por ciento, ni comprometen, las del colectivo que en ocasiones suelo representar.