Advierten criminalización de la protesta

Estado de malestar

20.09.2013 15:49

El Servicio de Paz y Justicia, expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” ante el pedido de procesamiento con prisión por los incidentes en la SCJ. La integrante de SERPAJ, Madelón Aguerre dijo a Montevideo Portal que no se trata de un hecho aislado y llamó a “no personalizar” el caso. Ielsur, el Pit-Cnt y Familiares se expresaron en el mismo sentido.

El Servicio de Paz y Justicia expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo”, ante la situación judicial que enfrentan siente militantes por los disturbios ocurridos el 15 de febrero en la Suprema Corte de Justicia.

El organismo asegura que los acusados “expresaron su disconformidad por el desplazamiento de la jueza Mariana Mota de las causas de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente, destinándola a la órbita civil. Esta medida fue considerada discriminatoria y sancionatoria por más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas, quienes expresaron su respaldo a la magistrada”.

“Las posteriores sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que en la práctica buscan consagrar la impunidad, fueron condenadas por muchos organismos internacionales. Esto muestra el grave deterioro que en materia de respeto y defensa de los derechos humanos sufre hoy nuestro país ante la pasividad del sistema político•, señala el comunicado difundido este jueves.

Para el organismo, la acusación fiscal es desproporcionada con la protesta y “conforma un elemento más que refuerza la escalada de violencia institucional en la que vienen incurriendo determinados actores estatales en perjuicio de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y condenando y estigmatizando a ciertos grupos sociales (como son los pobres y los jóvenes)”.

“La criminalización de la protesta social forma parte de los métodos más totalitarios y represivos a los que apelan los Estados para negar la justicia a quienes la reclaman. Una Justicia verdaderamente independiente y garantista de los derechos de la ciudadanía, debería condenar esas prácticas en vez de avalarlas”, afirmaron.

En conversación con Montevideo Portal, la integrante de SERPAJ, Madelón Aguerre, señaló que no se trata de una actitud aislada de un fiscal, señalando que una situación de impunidad genera violencia.

Aguerre señaló también que es “delicado” que de un centenar de personas que se manifestaron en la SCJ, se “eligió cierto perfil” y llamó a no personalizar el tema y centrarse en cuál es la actitud del Estado.

Por su parte, Familiares de Detenidos Desaparecidos, se expresaron en el mismo sentido, señalando que es “absolutamente inaceptable que en el mismo país donde el Estado violó los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ante lo cual continúa dolorosamente omiso, seamos hoy testigos de nuevos avasallamientos ante el irreductible derecho democrático de manifestarse”.

“¿Es acaso admisible que quienes reclaman legítimamente al Estado que el mismo asuma proactiva y efectivamente su responsabilidad, además de no ser escuchados reciban como respuesta un insólito castigo?”, cuestiona el comunicado calificando la situación como una “insultante e indigna contradicción, mediante la cual se diluye cada vez más el sentido de justicia por el cual todos los ciudadanos debemos velar”.

Desde el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay se alertó sobre “la necesidad de terminar con la práctica judicial de citar a declarar en sede policial o legitimar la indagatoria policial”, considerando que “contraviene la salvaguarda de la inmediatez judicial, correlato imprescindible del respeto al debido proceso legal y la garantía de que exista una defensa en forma”.

Además señala la “informalidad” con que se realizaron las citaciones al juzgado, debido a que algunos fueron interceptados en la calle y advierte sobre una “tendencia policial/judicial a la criminalización de la protesta”.

“La actual coyuntura de agravamiento de la judicialización y criminalización de la protesta (y de la pobreza) muestra la irresponsabilidad con la que se adjudica dolor y cárcel para ciertos grupos sociales. Los pedidos de procesamiento por la protesta en el edificio de la Suprema Corte de Justicia forman parte del avance y endurecimiento de medidas de carácter punitivo de control del espacio público y criminalización de problemas sociales, como respuesta simbólica al clamor de mano dura. Los desbordes punitivos que se están viviendo a nivel normativo y de prácticas institucionales en nada contribuyen a construir un país vivible para todos”, concluye el comunicado de IELSUR.

También la central sindical expresó su rechazo a lo ocurrido, considerándolo una forma de “judicializar las movilizaciones populares” y defendiendo la legitimidad de la protesta: nuestra organización siempre ha respetado a la justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en este caso nosotros tenemos la convicción de que de no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicara a las organizaciones de la sociedad”.

Montevideo Portal