Dice que hubo "desviación de poder"

La jueza Mota enfrenta a la Corte y pide anular traslado

La jueza Mariana Mota presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra su traslado de una sede penal a una civil. Alega que la Suprema Corte de Justicia actuó con "desviación de poder".

Corte de Justicia removió a Mota del juzgado penal que ocupaba desde 2009. Foto: Inés Guimaraens

Pablo Meléndrez - El País uy

A casi siete meses de haber sido trasladada del juzgado penal de 7° turno a la sede civil de 1er turno, Mota no da el tema por cerrado y ahora recurrió al TCA para pedir la nulidad de su remoción, que fue dispuesta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero.
En el recurso de nulidad que presentó el lunes 2 representada por el abogado Antonio Rammauro, Mota no pone en duda el poder de la Corporación para trasladar magistrados, pero cuestiona que, en su caso, no haya dado los argumentos para tal decisión.
"Se entiende que se violan normas de derecho y que hay desviación de poder porque la Corte actuó con un fin distinto al que la norma le dio. La administración tiene el poder discrecional de trasladar a los jueces pero no puede no dar las razones en las que basa su decisión", dijo Rammauro.
A fines de junio, los ministros de la SCJ rechazaron por unanimidad un recurso administrativo presentado por Mota contra su traslado por considerarlo improcedente, ya que la Constitución le asigna a la Corporación "competencia originaria, exclusiva y excluyente" en relación a la designación y traslado de todos los jueces.
Rammauro indicó a El País que el trámite del recurso ante el TCA (que no tiene efecto suspensivo alguno) puede insumir cerca de dos años, pero señaló que hasta que no haya resolución la carrera funcional de Mota seguirá su curso.
El abogado aclaró que quien se siente "afectada" es Mota, por lo que el recurso ante el TCA no tiene incidencia en la situación de otros magistrados que también fueron ascendidos o trasladados a consecuencia de su movimiento.

Para Rammauro, la SCJ no puede alegar que Mota cumplió un ciclo en la sede penal ya que había sido designada en ella en 2009 y hay jueces penales "que están en sus cargos hace cinco, diez o 15 años".
Según el abogado de la jueza, con el traslado de su representada el máximo órgano judicial quiso enviarle "una señal" a Mota y también a los demás magistrados penales. "Se saca a un juez que piensa distinto que la Corte y eso es un mensaje para Mariana pero también para los demás", dijo.
Además, Rammauro observó que el traslado de Mota "coincidió" con la resolución de la SCJ que declaró inconstitucional la ley que amplió la prescripción de los delitos cometidos por militares en la dictadura.

Especializada.

Estando al frente del juzgado penal de 7° turno de Montevideo, Mota concentró más de 50 casos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y algunos de sus fallos en esa temática fueron objeto de gran polémica.
De hecho, su labor en esos temas generó que la magistrada fuera respaldada por organizaciones de izquierda y grupos sindicales. Mota entiende que el derecho internacional está por encima de la normativa interna en esa temática, posición que sostiene la SCJ.
Mota "es una jueza especializada en derechos humanos", remarcó Rammauro. En cambio, cuando en junio rechazó el recurso administrativo de la jueza, la SCJ planteó una visión diferente y señaló que su formación extracurricular "no muestra mayor nivel de destaque".
En relación a la formación de Mota en la temática de derechos humanos, la Corporación abundó: "existió un ámbito de capacitación de alto nivel y de extensa carga horaria, que contó con el aval de la Corporación que permitió formar a diferentes magistrados en materia de derechos humanos, entre los que se encontraba la recurrente, que solo asistió a una clase; ello independientemente de los cursos u otras actividades académicas que cada uno pudiera haber decidido realizar".

Sin el fiscal.

Uno de los argumentos formales que en su momento planteó Mota contra su traslado, es que la SCJ tomó la decisión sin la consulta previa al fiscal de Corte, tal como lo prevé la Constitución.
La Corporación reconoció que si bien ese hecho "constituye una irregularidad en el trámite, no ostenta virtualidad invalidante del acto administrativo en cuestión". Y en el mismo sentido señaló que la SCJ ha omitido la consulta al fiscal de Corte en otros traslados, lo que "descarta un actuar discriminatorio" en contra de Mota.

Fiscal tiene a estudio expediente por ocupación de la Suprema Corte

El fiscal penal Gustavo Zubía tiene a estudio desde hace varios días el expediente que indaga la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), llevada a cabo el pasado 15 de febrero por grupos sindicales y de izquierda que rechazaron el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado de la órbita civil.
La indagatoria apunta a determinar si los ocupantes incurrieron en el delito de "asonada" por la ocupación del Palacio Piria, sede del máximo órgano judicial.
En las últimas semanas, la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Zubía tomaron declaraciones en calidad de indagados a una decena de personas, entre ellas, la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza.
El pasado 7 de agosto, unas 60 personas presentaron un escrito ante la jueza Merialdo indicando que estuvieron presentes en la ocupación de la SCJ y por esa razón plantearon que también deberían ser citados a declarar.
De todos modos, solicitaron el archivo del expediente, ya que consideraron que se trata de un proceso "criminalizador y estigmatizante".