Zabalza: Presión sicológica

-Presión sicológica

Una tarde, en el cuartel de Paso de los Toros, quedó de capitán servicio el “Chepe” González. Se emborrachó como dios manda y bajó a las catacumbas  verduguearmos un poco para matar el aburrimiento. Fué el día que Raúl Sendic le lanzó una trompada a través de las rejas y el “Chepe” se descontroló totalmente: “van a terminar como esos “pichis” que aparecieron flotando, pero los vamos a tirar acá nomás en el Río Negro”, gritó histérico. Esta primer noticia sirvió para sonsacar más información a los guardias.  Explicaron que los muertos eran “chinos” que tiraban de los barcos de pesca. Con algo de imaginación supusimos algo similar a los “vuelos de la muerte”.

El primero lo encontró Aurelio Leiva, el 8 de noviembre de 1975, exactamente al mediodía, en la ciudad de Carmelo, frente a la cantera vieja de Martín Chico.  El último hallazgo lo hizo Rogelio González,  el 7 de abril de 1979 a las seis de la mañana, entre el balneario Santa Mónica y la boya petrolera, en Jose Ignacio, departamento de Maldonado.  En total fueron 31 cadáveres los que aparecieron en las playas de Colonia, Montevideo, Maldonado y Rocha. Debieron  pasar casi 35 años hasta que el equipo de López Mass lograra darles una identidad a cinco de los cuerpos hallados:   Maria Rosa Mora, Floreal Avellaneda y Raúl A. Niño (argentinos), Liborio Gadea (paraguayo) y Atilio Eleuterio Arias (uruguayo).

Todos los cuerpos fueron examinados por médicos forenses que no descubrieron nada sospechoso en los signos de violencia previa a la asfixia por inmersión y en sus muñecas maniatadas con alambres. Sin investigar los hechos se procedía a enterrar el cadáver lo más rápidamente posible como “nn” y la prensa informaba que era un marinero asiático desconocido. Decenas de fiscales y jueces uruguayos omitieron investigar la identidad de los cadáveres y de quienes los habían asesinado. Encubrieron crímenes de lesa humanidad, Sin embargo, dada la impunidad ambiente que reina en Uruguay, continuaron sus carreras y algunos, como Jorge Ruibal Pino, llegaron a la Suprema Corte de Justicia.   

En 1978 Jorge Ruibal Pino era fiscal letrado de Carmelo.  Como relata Walter Pernas en BRECHA, “A tres semanas de haber desempacado en su nueva oficina, llegó el aviso: el señor Emilio Diez caminaba a las ocho de la mañana por la costa del Parador Punta Gorda, en Nueva Palmira, donde las aguas del río Uruguay se juntan con las del Río de la Plata, cuando encontró un cuerpo tendido en la arena, boca abajo”.  Ruibal Pino decidió arrojar a la papelera los prinicipios generales de la Justicia y se enroló definitivamente en las filas del ejército cívico de la dictadura uniformada.  Los méritos hechos le valieron hacer carrera a paso redoblado y en menos de un año fue Juez Letrado del departamento de Colonia. En su despacho dormían varios de los expedientes de los cadáveres hallados en el Río de la Plata.  Con sus jóvenes 33 años Jorge Ruibal Pino volvió a hacerse el sota. Qué importaban unos cadáveres más o menos, lo importante era  detener el avance del comunismo internacional. Entonces Ruibal Pino no sintió que nadie lo presionara sicológicamente, pertenecía al brazo judicial del poder cívico militar.

En 1981 Ruibal Pino recibió el premio que merecia su falta de escrúpulos y fue nombrado en un juzgado penal de Montevideo, justo donde estaba radicado el expediente del maestro Julio Castro.  La cuestión de los desaparecidos lo perseguía. Cuando apenas retornada la legalidad tutelada, los familiares del maestro intentaron desempolvar la causa, Ruibal Pino no dudó un instante en colocar otro ladrillito en la muralla de impunidad.  

Es lícito que el lector se pregunte como diablos un tipo con tales antecedentes llegó a la Suprema Corte de Justicia, el organismo supuestamente encargado de velar por la aplicación de la legislación que protege los derechos humanos.  Cuando quedó vacante un cargo de ministro de la Corte, en el parlamento no hubo acuerdo para nombrar una persona más idónea y Jorge Ruibal Pino, además de ser masón, era el más antiguo miembro de los tribunales de apelación.  Sin embargo, como el Poder Judicial argentino está tan activo hoy día, corre el peligro de ser llamado en calidad de indagado porque, como es sabido, del otro lado del charco las atrocidades cívico militares no prescriben.  Ruibal Pino sintió el peligro y decidió amurallar el poder judicial para proteger la impunidad de los terroristas de Estado y, de paso, la suya propia.  Al prejuzgar que están prescriptos los crímenes del terrorismo de Estado, se estaba curando en salud. También lo hizo al apartar de las causas de derechos humanos a las juezas Mariana Mota y  Rosana Canclini. Obedeciendo la sentencia Gelman de la Corte Interamericana, la Dra. Canclini estaba diligenciando rápidamente el expediente ficha 2-39048/2011, donde se denuncia por tortura a los jefes, subjefes y encargados del S-2 de las unidades donde estuvieron recluídos los llamados “rehenes”. Un montón de torturadores serían llamados a declarar.   

La Suprema está decidida a tomar medidas ejemplarizantes con algunos de los que fuimos a presenciar la represalia contra Mota y Canclini para que no quedara en secreto. Los ministros tienen la piel muy delicada cuando les reclaman Verdad y Justicia y se quejan de que sufrieron presión sicológica el 15 de febrero del 2013. Sienten que en dicha instancia su libertad de movimientos se vió afectada y temían por su integridad física. Ciegos y sordos a la legislación internacional en materia de derechos humanos, no fueron tan sensibles ni puntillosos en sus primeros tiempos de magistrados. Siguen siendo funcionales al Plan Cóndor y al terrorismo de Estado.

Jorge Zabalza